ESPEREMOS CON FE QUE GANE FP, PERO SIN DESCUIDAR LA VIOLENCIA COMUNISTA

Finalmente, el conteo oficial de la ONPE está certificando todas las proyecciones estadísticas, modelos, análisis y estimaciones realizadas, las cuales, faltando menos del 2% del conteo de las mesas, mantendrían la tendencia y resultaría ganador el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (FP), sobre el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez (JP). Y de concretarse, sería un triunfo patriótico que generaría inmensa esperanza con enormes expectativas favorables para nuestro país porque FP respalda la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, la estabilización económica, promoción de ,la inversión, defensa de los derechos humanos y la educación y formación con valores y principios. Pero lo más importante es que FP estaría derrotando a una coalición extremista y radical de tendencia comunista marxista, la cual resultaría nefasta para nuestro país porque propugna la lucha de clases e incita el odio, busca la captura ideológica del Estado y representaría regresar, con mayor peligro, intensidad y agresividad, al populismo autoritario y corrupto que inició su socio y aliado Castillo desde julio 2021, quien después, con Dina Boluarte, destruyeron nuestra institucionalidad llenando los organismos claves del Estado con comunistas radicales, familiares y partidarios para poder controlar el Estado, lo cual nos llevó al caos, inestabilidad, desorden, confusión absoluta y confrontación.

 

Basándose en el conteo rápido que elaboró IPSOS, el cual no es un resultado oficial, Sánchez, junto con simpatizantes y aliados estratégicos celebraron efusivamente la victoria, arengando consignas de triunfo, inclusive, muchos de sus aliados ya habían tenido coordinaciones para cubrir ministerios, quienes, de no ganar JP las elecciones, se convertirán en acreedores políticos.

 

El comunista Sánchez, con grave irresponsabilidad y desfachatez, y, sin esperar el término de conteos oficiales de la ONPE, está azuzando peligrosamente a la violencia, con gritos destemplados ha advertido: “Desconociendo el voto de las regiones, eso no lo vamos a tolerar, llamamos a las fuerzas patrióticas, democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino, a que se movilicen a defender la voluntad democrática”, convocaciones insensatas que están ocasionando múltiples señales agresivas de comunistas, tales como del dirigente del Fenatep-Movadef, Lucio CCallo, quien amenaza bloquear el puente internacional de Ilave, en Puno; Jaime Quito, Hernando Zevallos y el vocero de JP, Walter Flores, quienes están convocando marchas a nivel nacional; Víctor Pizarro, presidente de las comunidades campesinas del Cusco, quien coordina para que cada provincia convoque en distritos a todos los coordinadores, ofreciendo hospedaje y alimento para viajar a Lima; Raúl Noblecilla, conocido comunista, arenga a “defender la voluntad popular a cualquier sacrificio”; inclusive el ML-19 (Movimiento de Liberación 19 de julio) organización Tupacamarista, antiimperialista y anticapitalista, que en 2021 con JP apoyaron la candidatura de Castillo, ha presentado un pronunciamiento llamando a JP y a Sánchez para poner en marcha el plan de movilización popular permanente en costa, sierra y selva por la defensa de la voluntad popular.

 

Bajo este panorama, el comandante general de la PNP Óscar Arriola, al responder por la posibilidad de una “nueva toma de Lima”, aseguró que ésta se evitará, y que el deber de la fuerza es proteger a quienes resulten afectados por eventuales hechos violentos y a quienes tienen a su cargo bienes del Estado, además, situando el operativo a escala nacional, aseguró que “la policía va a garantizar la seguridad de los 34 millones de peruanos”. Le tomamos la palabra general Arriola.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2026

 

  

NUESTRO VOTO POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD

Mañana, domingo 7, durante la segunda vuelta electoral, los peruanos que somos demócratas y exigimos libertad y estabilidad para nuestro país, votaremos por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (FP), porque respalda la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, la estabilización económica, promoción de la inversión, defensa de los derechos humanos y educación y formación con valores y principios.

 

No votaremos por el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez (JP), porque como partido comunista marxista, propugna la lucha de clases e incita el odio, busca la captura ideológica del Estado y representa el camino que amenaza a nuestro país de regresar al experimento fracasado del populismo autoritario de corrupción, inestabilidad y confrontación que inició su socio y aliado Castillo desde julio 2021 en su nefasto período de 1 año y 130 días, y el 7 diciembre 2022, al intentar dar un golpe de Estado, fue destituido terminando en la cárcel.

 

De llegar al poder JP, nos traería devastadoras consecuencias por su ideología expansiva, confiscadora y totalitaria. Increíblemente, aun estando prohibido constitucionalmente y por ley, a solo 7 días de la segunda vuelta, Sánchez tuvo la desfachatez de presentar un nuevo plan de gobierno (lo cambió 2 veces en un día) para sustituir las siguientes acciones radicales y extremistas de su plan de Gobierno original, único válido para efectos electorales: Un reemplazo total de la Constitución por intermedio de un proceso popular o Asamblea Constituyente (lo cual no es una alternativa constitucional, y con este cambio Juntos por el Perú busca la permanencia del presidente sin plazos para perpetuarse en el poder); la creación de una democracia sustantiva, participativa y popular, y de un poder popular “el pueblo” como nuevo poder del Estado; renegociación de los TLC, eliminación de contratos-ley y mayor control estatal de los recursos; estatizaciones; y la alineación al eje de Cuba-Venezuela-Nicaragua (con lo cual Sánchez copiaría el modelo venezolano de Maduro del socialismo del siglo XXI que no consideraba dictadura).

 

En economía, el partido comunista de Juntos por el Perú creará empresas públicas, afectará la inversión privada y la minería formal, perjudicará la producción y el crecimiento, aumentará la inflación, se incrementarán los precios de alimentos básicos, aumentará hasta S/1,500 el sueldo mínimo vital, afectando a micro y pequeñas empresas, se reducirá el empleo y aumentará la informalidad, habrá gran fuga de capitales y talentos. En educación, incrementará la ideología comunista en los colegios con cursos politizados extremistas. También, apoyará la minería informal e ilegal en todo el país y los cultivos ilegales de coca en el Vraem, además, llenará de comunistas todas las instituciones del Estado y, para colmo, también ejecutará una segunda reforma agraria.  

 

Pero lo más grave es la influencia del etnocacerismo de Antauro Humala en JP pese a su radicalismo extremo y haber sido sentenciado a 19 años de prisión por la asonada del “andahuaylazo” con el asesinato de 4 policías, además, es muy grave el acuerdo político firmado el 12 de mayo entre Sánchez y el Fenatep (fachada del Movadef) para “cambio de Constitución e impulsar la libertad de los luchadores populares y el cese de los llamados juicios penales”.

 

Los peruanos demócratas, con nuestro voto por FP, tenemos la gran responsabilidad de impedir que el gobierno comunista marxista de JP nos avasalle con acciones radicales y extremistas y se perpetúe en el poder, destruya nuestra democracia, nuestras libertades individuales, de expresión, mercado, empresa, industria y finanzas y empuje a nuestro país al despeñadero.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de mayo de 2026

  

PEDRO FRANCKE: EXPERTO EN MAQUILLAR PLANES DE GOBIERNO RADICALES DE PARTIDOS COMUNISTAS

Con el radicalismo comunista marxista leninista planteado en el ideario de Perú Libre y las propuestas extremas que pregonó Castillo en su campaña de la primera vuelta, Pedro Francke, ofreció sus servicios para moderar el plan de gobierno, exactamente como lo está haciendo ahora con Juntos por el Perú, preparándose con una táctica de maquillaje y engaño. Francke, como Sánchez, siempre estuvieron de acuerdo en cambiar la Constitución, es hora de cambiarla reiteraba Francke en diciembre 2020. En el campo económico tanto los gobiernos de Castillo como el actual plan de gobierno de Sánchez, coinciden en desmontar la economía de mercado y proyectar una economía centralmente planificada. Solo 6 meses le duró el maquillaje de Francke como ministro de Economía de Castillo, y al ser reemplazado se sacó la careta y dijo que tenía problemas para despachar con Castillo y según su evaluación, el gobierno no tenía un rumbo estratégico para encaminar al país.

 

En el caso de las propuestas de campaña de Sánchez (identificado con el desastroso gobierno de Castillo), Francke, que fue improvisado hace pocos días como su consejero económico, siendo experto maquillador de partidos comunistas radicales, durante el debate con Carranza, trató, con un discurso adaptado, de edulcorar las irracionales propuestas de Sánchez como no postular por el crecimiento económico sino por un crecimiento humano, o que el presidente del BCR, Julio Velarde, no los representa y lo van a echar, Francke aseguró que le pedirán a Julio Velarde continuar en el BCR, también dijo que no habrán estatizaciones, se respetarán los contratos, se tendrá una política económica de estabilidad, incentivarán y promoverán la inversión privada y la meta del déficit fiscal será 1%, realmente un doble discurso maquillador que los peruanos demócratas no debemos creer porque el Plan de Gobierno de Sánchez incluye propuestas de políticas radicales con mayor intervención estatal y revisión de contratos ley, lo cual genera desconfianza generalizada.

 

Es increíble que el comunista Sánchez no tenga cuadros económicos en su partido que respalden su candidatura y se ha visto obligado a presentar a Francke como maquillador para intentar apaciguar los mercados, la confianza empresarial y la inversión extranjera y ganar algunos votos, a pesar que cuando fue ministro de Economía de Castillo, fue un fracaso, el dólar llegó a alcanzar niveles récord mayores a S/ 4.130 que obligó al BCR a realizar millonarias intervenciones cambiarias por más de US$ 7,300 millones, además, la Bolsa de Valores de Lima sufrió cuantiosas pérdidas y hubo una gran salida de capitales de nuestro país de US$ 22,500 millones, perdimos competitividad de rentabilidad minera, además, en 2022, más de 628,000 peruanos pasaron a la categoría de pobres y más de 400,000 peruanos salieron del país por el golpe inflacionario y la pérdida de oportunidades.

 

Bajo este panorama, el candidato Sánchez nos quiere presentar una situación similar a la que desarrolló Castillo con su ministro de Economía Francke, quien trata de maquillar las ideas marxistas, confrontacionales e intolerantes de un sistema económico promotor del estatismo que el partido Juntos por el Perú expone claramente en su plan de gobierno, con mensajes contradictorios que crean desconfianza en todos los sectores empresariales nacionales y extranjeros en contar con predictibilidad para invertir, generar empleo y brindar bienestar a los ciudadanos peruanos. Votemos por la democracia y no por el comunismo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de mayo de 2026

 

  

COMUNISTA SÁNCHEZ REITERA CONVOCAR ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

                  

El candidato comunista marxista radical Roberto Sánchez, y su grupo ideológico, han repetido hasta el cansancio, que de llegar al poder van a imponer una Asamblea Constituyente a pesar de su inviabilidad constitucional, y peor aún, pretenden llevarlo a referéndum, Sánchez ha declarado que “hay que derogar esa ley que ha arrebatado el derecho al referéndum”, refiriéndose a la ley 31399 del 30 enero 2022 que protege la Constitución para limitar el referéndum. La obsesión y prioridad comunista es cambiar la Constitución vigente. Sánchez, quien se autodenomina “candidato castillista”, ha manifestado textualmente que, con una nueva Constitución, van a nacionalizar el gas de Camisea y ha reiterado su propuesta de nacionalización como soberanía sobre nuestros recursos naturales.

 

Pero este estribillo de la Asamblea Constituyente y cambio de Constitución comenzó desde el periodo preelectoral del golpista Castillo. Cuando juró como presidente, en julio 2021, lo hizo “por una nueva Constitución Política”, también en julio 2023, cuando Waldemar Cerrón juró como segundo vicepresidente del Congreso, lo hizo por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, igualmente, Sánchez lo enfatiza como una de sus principales banderas políticas, su argumento es que la actual carta magna favorece a las élites económicas, genera mayor desigualdad y pobreza, por lo cual plantea un nuevo modelo que reconozca a Perú como un Estado “plurinacional”. La táctica comunista para lograr sus objetivos es creando narrativas falsas articuladas para amplificar cualquier inconsistencia o injusticia y relacionarlas como un clamor de protestas de marginados y vulnerados que deben ser reivindicados.

 

Sánchez y el comunismo en general, quieren imponer una Asamblea constituyente para cambiar la Constitución con el fin de suplantar el capítulo económico (título III) porque nuestra Constitución es contraria al ideario comunista ya que regula la economía social de mercado e iniciativa privada y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, comercio e industria, además, el rol económico del Estado estimula la creación de riqueza, han pasado casi 33 años de vigencia de nuestra Constitución promoviendo en nuestro país la estabilidad y desarrollo económico. Además, buscan destruir las libertades de mercado, empresa, industria, finanzas, libertades individuales y de expresión y eliminar el impedimento de reelección presidencial inmediata (artículo 112°) para perpetuarse como dictadura indefinidamente en el poder, siguiendo el ejemplo de Cuba (74 años), Nicaragua (47 años) o Venezuela (26 años).

 

Bajo este panorama, el economista Pedro Francke (conocido locuaz izquierdista que ya fue ministro de Economía del golpista Castillo) ha sido convocado por Juntos por el Perú como asesor económico para dar ideas sobre el tema económico, intentando atenuar el grave extremismo y radicalismo de Sánchez, así, Francke trata de dar tranquilidad al sector privado y dice que no habrán estatizaciones y que pedirán la ratificación de Julio Velarde en el BCR, y que es viable elevar el sueldo mínimo a S/1,500, todo lo cual es una falsa táctica que está siendo usada para mejorar la votación de Sánchez, sin embargo, éste, con ideas contrarias, aún no ha avalado a Francke. Lo cierto es que, si el comunista Sánchez saliera elegido, sería imposible que deje su entorno radical (Antauro Humala) y la influencia de personajes vinculados a organizaciones subversivas. En este caso, nos esperaría transitar hacia un inexorable y enorme caos y a la peor inestabilidad social, política y económica que podría ocurrir en nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de 2026

ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA: TURBIA Y PARCIALIZADA

La Asociación Civil Transparencia, conocida como Transparencia, se autodefine como una asociación que trabaja por la calidad de la democracia y representación política plural en el Perú, sin embargo, Álvaro Henzler, mientras era presidente y vocero de dicha asociación, que ha participado como observadora electoral en las elecciones 2026, ha mostrado permanente acuerdo o apoyo al Jurado Nacional de Elecciones, durante y después del proceso electoral, no es una observadora electoral independiente ni imparcial. Según Giuliana Caccia, directora de la Asociación Origen, Transparencia ha recibido de Open Society Foundations de George Soros la cantidad de US$ 100,000 para contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de la institución.

 

El 12 de abril, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dispuso que la votación se extienda hasta el día 13, Henzler saludó efusivamente esa decisión sin prestarle mayor atención a las graves irregularidades direccionadas por ONPE para torcer las elecciones en Lima. De manera inexplicable, el día 12 no difundió el conteo rápido de Transparencia e Ipsos, según él, por problemas logísticos, pero cuando vieron que Datum presentó el mismo día 12 su conteo rápido ubicando a Keiko Fujimori con 16.8%, seguida de López Aliaga con 12.9% y Sánchez 5° con 9.4%, se apuraron el día 13 en presentar su conteo rápido, colocando a Keiko Fujimori con 17.1% pero con datos muy diferentes que favorecían a Sánchez con 12.4%, lejos de López Aliaga con 11.3%. Presuntamente Datum difundió los datos correctos, y Transparencia e Ipsos, habrían incluido resultados ficticios de las actas serie 900 para poner 2° a Sánchez, información que en ese momento nadie conocía, lo cual debería ser profundamente investigado.

 

Esta grave situación de como Transparencia e Ipsos obtuvieron esos resultados tan elevados a favor de Sánchez, podría tener una explicación, justamente, el pasado 5 de mayo, en el programa televisivo Beto a Saber, se denunció que en diciembre 2025, Henzler, a través de su otra Asociación Civil Lucaris, recibió S/ 42,500 del JNE por una charla de “motivación y sensibilización para taller de ejes estratégicos”, acción inconcebible, antidemocrática y dolosa por el cargo que ostentaba como presidente de Transparencia, agravado por su actuación como asociación observadora electoral el 12 de abril.

 

Coincidentemente, el mismo día de la denuncia contra Henzler, Transparencia publicó un informe de observación electoral extremadamente parcializado, respaldando la legitimidad del proceso y también apoyaron el rechazo del JNE sobre pedidos de nulidad y elecciones complementarias, a pesar que una gran  mayoría de peruanos reclamaba anular las elecciones por haberse cometido un presunto fraude electoral, además, sobre el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) manifiesta que solo dificultó su implementación en varias mesas, cuando realmente tuvo fallas generalizadas, principalmente en el software, habiendo el JNE dispuesto que ONPE no lo siga utilizando, lo cual Corvetto incumplió deliberadamente para seguir alterando la votación del proceso electoral.  

 

Bajo este panorama, la grave denuncia contra Henzler que lo obligó a renunciar irrevocablemente el 8 de mayo, por, según él, haber cometido un “error de criterio”, realmente se trató de un comprometido conflicto de intereses que ha interferido profundamente con su capacidad de actuar de manera imparcial y objetiva enturbiando gravemente la observación electoral de Transparencia, generado serias dudas y desconfianza en la ciudadanía por su apoyo al cuestionado, irregular e ilegítimo proceso electoral 2026, y seguramente, con consecuencias nefastas para nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de mayo de 2026

  

DESPUÉS DEL CAOS ELECTORAL, JNE Y ONPE EJECUTAN ACCIONES PARA CONFUNDIR A LA POBLACIÓN

En setiembre 2025, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que en el proceso electoral 2026 utilizará nuevos sistemas informáticos y tecnológicos para garantizar mayor seguridad y transparencia en las Elecciones, informó que había rediseñado el sistema de cómputo de votos incorporando inteligencia artificial para la lectura y procesamiento de actas, así como el uso del sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) para ayudar y mejorar la votación en la elaboración de actas y presentación de resultados. Para la implementación de dichos sistemas solicitó S/451 millones, de los cuales, para el STAE S/144 millones.

 

Sobre el STAE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, está seriamente comprometido porque un mes antes de las elecciones sabía que presentaba vulnerabilidades, detallando en un informe de fiscalización que podrían afectar la integridad, trazabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada en las mesas de votación, sin embargo, no tomó ninguna acción para corregir las fallas y permitió su uso en las elecciones. Durante el proceso, junto con el gravísimo retraso en la apertura de las mesas de sufragio, el STAE presentó fallas generalizadas, y recién, el JNE dispuso que Corvetto deje de usarlo y restablezca la operación manual, sin embargo, éste no cumplió y ordenó deliberadamente que continúe usándose, originándose graves irregularidades que comprometieron los resultados de la votación.

 

Después de producirse este caos electoral, el JNE y la ONPE están ejecutando acciones para confundir a la población. Por un lado, el pasado día 2, el JNE informó que ha dispuesto una auditoría informática integral de la primera vuelta, sin dar detalles de su fecha de inicio, procedimiento, tiempo de duración, y si su ejecución va a concluir antes de proclamar los resultados. Y la ONPE, extrañamente el mismo día 2, emite un comunicado sobre la situación generada el 12 de abril, aduciendo que “las críticas y cuestionamientos obedecen al desconocimiento del funcionamiento del sistema y el descontento generado por los eventos ocurridos el día de los comicios”, por lo tanto, añade que “la democracia se sostiene en el respeto a las instituciones y a los resultados electorales”, pero para confundir aún más a la ciudadanía, 3 días después realizó una conferencia de prensa, donde el subgerente de Gobierno Digital e Innovación de ONPE, Fernando Zapata, señaló que desde el 13 noviembre 2025 la empresa MIT Corporation realizó una auditoría sobre amenazas y vulnerabilidades en los 3 sistemas de cómputo, y que, ¡oh sorpresa¡ recién ha culminado el 29 de abril, después de las elecciones del 12 de abril.

 

Bajo este panorama, el JNE y la ONPE tratan de hacer creer a la población que el resultado de la elección fue correcto y debe respetarse, pero jamás podrán ocultar las graves y groseras acciones e irregularidades dirigidas para comprometer los resultados de una irregular, dolosa, engañosa y manipulada votación que ha quebrado la voluntad popular creando una inmensa y creciente crisis de desconfianza electoral de la ciudadanía. El JNE debería, antes de proclamar los resultados, disponer una auditoría internacional que verifique los sistemas informáticos de la ONPE y efectúe un control concurrente integral de los programas de conteo de votos, incluyendo la situación de votación de la Serie 900, para garantizar la transparencia de todo el proceso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2026

 

  

JNE DEBE REVISAR Y SUBSANAR GRAVES IRREGULARIDADES Y PARCIALIDAD DE ONPE EN EL PROCESO ELECTORAL

Paradójicamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante las últimas elecciones, emitió normas pidiendo a la ciudadanía tener “una votación ordenada, confiable y transparente donde prime la libertad de elección”, sin embargo, Corvetto generó precisamente lo contrario, retrasó la votación demorando la distribución de material electoral y tecnológico en Lima Metropolitana hasta después de las 2 de la tarde para recién abrir las mesas de sufragio que debió iniciarse a las 7 de la mañana, afectando a partidos de derecha ya que mucha gente que fue temprano a votar se retiró sin hacerlo, generándose enormes protestas. La ONPE demostró falta de planificación, incapacidad, ineficiencia hasta presuntas acciones premeditadas de parcialidad a partidos de izquierda.

 

Lo más grave fue que Corvetto implementó, para Lima y Callao, un sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) para supuestamente registrar información, imprimir actas de instalación, sufragio y escrutinio, captura y fotografías de firmas y firmantes, transmitiendo los datos directamente al centro de cómputo para acelerar resultados y reducir errores de transcripción manual, sin embargo, dicho STAE fue un fracaso total, se presentaron fallas en todo el sistema, principalmente en la incompatibilidad del Software, en las laptops, impresoras y cartuchos de tinta de pésima calidad. Por haberse presentado infinidad de reclamos de mesas de votación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dispuso que Corvetto no siga usando el STAE y restablezca la operación manual, sin embargo, éste no cumplió y ordenó deliberadamente que continúen usándolo. Lo inaudito es que para implementar este sistema la ONPE adquirió 30,000 laptops e impresoras que pocas sirvieron, y muchas, aún sin usar, están almacenadas en depósitos de la ONPE en Lurín, además, recién en febrero (a 2 meses de las elecciones), con absoluta falta de planificación, lanzó una convocatoria para cubrir más de 15,000 plazas de coordinadores técnicos STAE para asistir a miembros de mesa y personeros.

 

Bajo este panorama, existe una crisis generalizada de desconfianza Ahora vemos como el reemplazante de Corvetto, Bernardo Pachas, nos dice a los peruanos, de manera flemática e imperturbable, que a pesar de las “irregularidades registradas” el proceso continuará a la siguiente etapa electoral.

Por su parte, el JNE, Burneo, responsable de la fiscalización del proceso electoral y de proteger y resguardar su transparencia con probidad y firmeza, sin embargo, aún no toma ninguna decisión que repare o subsane los irreales y engañosos resultados del sufragio. El JNE y su pleno no debería descartar la posibilidad de disponer la realización de una elección complementaria parcial o total en Lima Metropolitana, además, debería revisar las alteraciones denunciadas en las actas electorales a nivel nacional, asimismo, investigar unas 4,000 actas de zonas rurales iniciadas con número ”9” que estarían adicionando miles de votos irreales al candidato de extrema izquierda Sánchez, también debería considerar la conveniencia de realizar una auditoría de las cédulas de sufragio y acras electorales a cargo de una entidad internacional reconocida (que podría demorar entre 5 a 7 días). El JNE debe asegurar la legalidad y transparencia del proceso y cumplir el artículo 176° de la Constitución “El escrutinio debe ser reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas”, caso contrario, se afectará seriamente nuestra democracia, se deslegitimizará al próximo gobierno y se pondría en grave peligro nuestra institucionalidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. fecha 25 de abril de 2026

  

SISTEMA ELECTORAL NO HA GARANTIZADO LIMPIEZA DE ELECCIÓN Y HA ENSOMBRECIDO NUESTRA DEMOCRACIA

              

El Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como función principal el planeamiento, organización y ejecución de todos los procesos electorales, sin embargo, en esta elección, principalmente la ONPE, su jefe, Piero Corvetto fue responsable directo de graves demoras, retrasos e irregularidades en la instalación de mesas y material electoral, direccionadas solo en la capital y principalmente en bastiones electorales de Renovación Popular, lo que habría ocasionado que cientos de miles de votos no se hayan concretado afectándose el derecho a sufragar y también restándole votos a dicho partido político. 

 

La contratación de la ONPE a la empresa Servicios Generales Galaga SAC para traslado de material electoral es muy sospechosa porque fue contratada anteriormente en 4 oportunidades (entre 2020 y 2023), siendo penalizada hasta en 3 oportunidades, en la gestión de Corvetto por retrasos injustificados. Debe investigarse si es un acto de corrupción o de intención deliberada para demorar el traslado del material electoral. También llama la atención que el JNE, Burneo Bermejo, cuya función es fiscalizar los procesos electorales, no haya tomado conocimiento sobre este antiguo y grave caso irregular que estaba sucediendo en la ONPE. Increíblemente el procurador y representante del JNE, Ronald Angulo, ha informado que la segunda vuelta se seguirá llevando a cabo con absoluta normalidad.

 

Además, la implementación por la ONPE del STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), para agilizar el procesamiento y difusión de los resultados electorales, ha demostrado vulnerabilidad e ineficacia en su operación por falta de logística operativa y dificultades técnicas en errores de acceso y conectividad a internet, además de equipos y laptops inoperativas, lo cual ha generado mayor retrasó en las elecciones y desconfianza del sistema por posibilidad de ser usado para un posible fraude.

 

Corvetto debería dejar el cargo y ser reemplazado para la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 7 de junio. Al igual que en el proceso electoral 2021, en que, a pesar de su ineptitud fue vergonzosamente ratificado por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ) vinculada a sectores de izquierda, su actuación en esta elección 2026 ha sido nefasta, generando dudas y sospechas, es responsable de la ejecución de un proceso desordenado, lleno de irregularidades y demoras que han afectado el proceso electoral y ensombrecido nuestra democracia.

 

Bajo este panorama, a Corvetto, quien, sin sonrojarse, niega graves irregularidades, le corresponde prisión preventiva por alterar el resultado de una elección, según el artículo 359° del Código Penal (Atentados contra el derecho de sufragio) dispone pena privativa entre 2 y 8 años a quien altere de cualquier manera el resultado de una elección. Actualmente ha sido denunciado penalmente por el mismo JNE por delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del acto electoral, conjuntamente con sus gerentes de Organización, Administración y Gestión Electoral. Igualmente, la JNJ, por unanimidad de sus 7 magistrados, le han abierto investigación preliminar (el artículo 182° de la Constitución establece que la JNJ puede removerlo por falta grave); también tiene otra denuncia penal formalizada por López Aliaga por omisión de funciones en flagrancia, y además, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo está investigando por presunta comisión del delito Contra la Administración Pública-Colusión en agravio del Estado.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de abril de 2026

 

 

  

ELECCIONES 2026: ¿QUE FUTURO QUEREMOS PARA NUESTRO PAÍS?

El día de mañana, 12 de abril, se realizarán las Elecciones Generales 2026 con participación de 36 partidos y de 27.3 millones de peruanos habilitados para votar. Este proceso electoral es muy importante para nuestro país porque los peruanos debemos buscar cambiar el rumbo de nuestra reciente historia con un frágil escenario de inestabilidad política, fragmentación de partidos y una profunda desconfianza institucional que nos viene acechando desde hace casi 3 décadas (solo en los últimos 10 años pasaron 8 presidentes y actualmente tenemos 4 expresidentes presos), pero lo más grave de los últimos años es el incremento de inseguridad ciudadana que no es combatida y se extiende exponencialmente a nivel nacional. Esta compleja situación la podríamos revertir en este proceso electoral. ¿Qué futuro queremos para nuestro país?

 

Votemos por un candidato en el que prime la honestidad y coherencia, que tenga conceptos claros para que en su gobierno pueda mejorar el sistema político con mayor transparencia, justicia, igualdad, y además, fortalecer las instituciones para otorgar a nuestra democracia legitimidad, solidez y sostenibilidad.

 

Votemos por un candidato con valores, cualidades, virtudes y convicciones, que sea preparado, capacitado, con ideas claras, con vocación de servicio, que pueda enfrentar, con convicción, la corrupción, las economías ilegales, la enorme burocracia gubernamental y la grave inseguridad ciudadana.

 

No votemos para presidentes y vicepresidentes de partidos políticos sin cohesión ideológica, programática, sin identificación ni integración, tampoco por partidos de izquierda radical y antisistema que usan prácticas fascistas empleando términos de nacionalismo y justicia social, que su único fin es cambiar la Constitución y llevarnos hacia un Estado totalitario, tampoco, por partidos con recurrente transfuguismo político que engañan y estafan la voluntad del voto ciudadano, ni por partidos que falsificaron firmas para inscribirse en las elecciones, ni por aquellos partidos financiados por la minería ilegal, y menos por partidos populistas y demagogos que son incoherentes entre su discurso político y la realidad, que hasta ofrecen indultar al golpista Castillo o gastar las reservas internacionales de nuestro país, además, no votemos por partidos sin filtros éticos que tienen en sus listas candidatos con sentencias penales (incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducir en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones, estafas, entre otros).

 

No votemos por partidos que actúan solo por conveniencia y buscan en la política un medio esencial de vida tratando de mantener el poder para copar espacios y cargos, lo cual inexorablemente se transformará en focos de corrupción como un sistema enquistado delictivo en la política. Las trapacerías políticas amparadas por el poder tienen un profundo impacto negativo sobre nuestra sociedad, estas actitudes frivolizan la función pública y disminuyen la calidad de la política bloqueando el camino de nuestro país hacia el desarrollo.

 

Bajo este panorama, si queremos el mejor futuro para nuestro país, debemos votar como una obligación cívica evitando el ausentismo (incluyendo los 2.6 millones de peruanos mayores de 70 años cuyo voto es facultativo), y haciéndolo  a través de un voto bien informado, con serenidad y responsabilidad, por un candidato que pueda alcanzar, mediante patrones de acción y organización, el bienestar de la sociedad, el logro del bien común y el fortalecimiento de una estructura de virtudes y valores públicos dejando de lado todo interés personal o partidario por conveniencia.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de abril de 2026

  

ONPE: PIERO CORVETTO EN SU LABERINTO

 

A menos de 4 meses de las elecciones generales 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a cargo de Roberto Burneo, resolvió declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular por haberse llevado un proceso con vicios de nulidad y fraude interno, marginándolo del proceso electoral 2026. El JNE acusó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de Piero Corvetto, de arbitrariedades por incurrir en omisiones por insuficiente reacción en procesar y supervisar al no cumplir observaciones y advertencias de sus fiscalizadores. La ONPE ha rechazado las observaciones y el informe del JNE a pesar de ser el organismo rector permanente de los procesos electorales. Dicho enfrentamiento y discrepancias ocasionaron una crisis institucional y un clima de incertidumbre sobre el papel de ONPE para organizar los comicios generales. El excongresista Ricardo Burga anunció una denuncia penal contra Corvetto.

 

Otro caso que demuestra incapacidad de ONPE es la falta de eficacia y seguridad de un software elaborado por cuenta propia para implementar el voto digital, sobre el cual, el pasado día 19 el JNE determinó su inviabilidad por no contar con mecanismos de seguridad necesarios ni garantía para las elecciones. La ONPE, en octubre pasado habilitó la plataforma oficial de registro y contrató la firma CGTS CORP para que evalúe su software (¿cuánto habrá costado?), el 12 de este mes, confirmó facilidades de voto para más de 2 millones de personas entre policías, militares y otros, sin embargo, resultó ser un sistema inviable.

 

Corvetto fue seleccionado como jefe de la ONPE en agosto 2020 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuyo presidente, Aldo Vásquez, era decano de la PUCP, de la misma facultad donde éste laboraba. Desde julio 2019 fue jefe del Gabinete de Asesores de RENIEC, que elaboró el padrón electoral, lo cual le restaba transparencia al asumir su cargo en ONPE. Su actuación en el proceso 2021 fue pésima, su comunicación fue casi nula, según dijo, no se habían preparado para la cantidad de desinformación que hubo; sobre la publicación de actas, dijo que en 2021 “no hubo tiempo”, pero para 2026, dice, implementará “descargas masivas”, tampoco incluyó de manera adecuada los símbolos y fotografías de candidatos en las franjas electorales; destruyó las cédulas de votación, pero para 2026 el Congreso ha dispuesto conservarlas 90 días.

 

También Corvetto es señalado por haber adquirido en 2022 un terreno para construir la sede central, pero está 3 años abandonado. Además, por una demanda de “hábeas data” que presentó Fuerza Popular en enero 2021, el pasado día 18 la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó un fallo que obliga a ONPE a entregarle las listas de electores por mesa de sufragio de la segunda vuelta, que por 4 años se había negado sistemáticamente, esto podría aclarar el resultado real de la elección 2021 que fue ganada con solamente 44,263 votos.

 

Bajo este panorama, Corvetto tuvo serios cuestionamientos en el proceso 2021, presentó dudas, sospechas y falta de credibilidad, no debió ser ratificado por 4 años adicionales por la anterior JNJ para hacerse cargo del proceso electoral 2026.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de diciembre de 2025

PREOCUPANTES ACCIONES DE RENIEC ACRECIENTAN DESCONFIANZA CIUDADANA

 

Carmen Velarde asumió el 31 agosto 2020 como titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y, a pesar que en las elecciones 2021 fue responsable que el padrón electoral incluyera cientos de personas fallecidas aptas para votar, del enorme desabastecimiento para obtener DNI y no haber entregado su declaración jurada de intereses al inicio de su administración, en julio 2024 fue ratificada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por 4 años más, hasta julio 2028. 

 

Ya durante el presente proceso electoral 2026, se presentaron, en abril 2025, en los padrones de los partidos políticos para su inscripción en las elecciones 2026, cientos de casos de afiliaciones indebidas, sin consentimiento, pudiendo haber sido utilizada la exposición masiva de datos personales sensibles de la base de datos de Reniec (DNI, direcciones, fotos y firmas) que quedaron accesibles de manera irregular, Reniec confirmó que se trató de un mal uso interno de la plataforma e increíblemente indicó que su función la obligaba solo a cotejar y no determinar las firmas falsas. Por tal motivo, ya se reiteraba la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de datos personales para detectar y sancionar accesos irregulares.

 

Sin embargo, la última semana de octubre pasado Reniec emitió la consulta de la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las elecciones 2026, debiendo solo incluir información de distrito, mesa de sufragio y número de DNI, pero el sistema habilitó nuevamente información privada muy sensible (DNI, direcciones, fotos y firmas) vulnerando estándares de custodia de información personal, y lo más grave, abriendo la posibilidad de facilitar delitos como extorsión, robo de identidad o uso indebido de información personal, y aunque Velarde reitera que la publicación del padrón inicial cumple los artículos 198 y 203 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE, ley 26859), la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia (ANPD) precisó que la LOE no autoriza exhibición de información sensible (artículo 197).

 

Actualmente Velarde tiene investigaciones de oficio en la JNJ, la Contraloría General y la ANPD, además, fue citada a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso donde ha insistido irresponsablemente que por exigencia de ley no pudo colocar demasiadas medidas de seguridad en la difusión del padrón inicial.

 

Bajo este panorama, Reniec tiene la obligación de proteger y custodiar los datos personales de los peruanos, pero no ha cumplido. La JNJ que selecciona y supervisa a autoridades del sistema electoral, debería investigar todos los antecedentes de Velarde, desde que inició su gestión en agosto 2020, incluyendo las graves negligencias reiterativas en desprotección del padrón electoral y vulneración a la normativa de datos personales y considerar la apertura de un proceso disciplinario que debería concluir con su destitución.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de noviembre de 2025

 

 

 

ELECCIONES 2026: DESCONFIANZA E INCERTIDUMBRE

 

Estamos a solo diez meses de las elecciones generales del 12 abril 2026, con 43 partidos y unos 10,000 candidatos, y la desconfianza e incertidumbre sigue en aumento. Desde el 22 de noviembre 2024, en que Roberto Burneo Bermejo asumió como Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a pesar de conocer la advertencia que le hiciera en setiembre 2024 la Contraloría General de la República al JNE sobre fallas estructurales en procedimientos para verificar y sancionar a partidos políticos por afiliaciones irregulares y firmas falsas, no tomó ninguna acción para suspender la inscripción de los partidos involucrados, a pesar de tratarse de actos que atentan contra la democracia y transparencia del proceso electoral y que ameritarían una denuncia constitucional.

 

El JNE, cuya función principal es administrar la justicia electoral y fiscalizar los procesos electorales, pudo, de oficio, haber corroborado las inscripciones ilegales de los partidos involucrados y aplicar el artículo 32.3 de la ley 27444 de Procedimiento Administrativo General que permite declarar nulos los actos administrativos basados en documentación falsa. Sin embargo, tibiamente presentó un proyecto de ley al Congreso planteando modificar el Código Penal, para, por falsedad documental y suplantación de identidad de los partidos, suspender su inscripción y otorgarles responsabilidad penal, lo cual no sería posible por haber culminado el plazo, el 12 de abril pasado, para realizar cualquier reforma legal o cambio de leyes durante el proceso electoral.

 

Aunque el JNE haya insistido que seguirá evaluando estas afiliaciones indebidas mediante una “fiscalización posterior”, también ha reconocido su inviabilidad: “si no es en este proceso, que sea para el otro”, creando aún más desconfianza e incredulidad, aumentándola aún más por su insólita definición sobre las elecciones 2026 como “la tormenta perfecta”. Una última encuesta de CPI reveló que 48.1% de peruanos no confía en absoluto en el JNE.

 

Otro tema que genera enorme incertidumbre es sobre la inscripción de alianzas o coaliciones electorales, cuyo plazo límite es el 2 de agosto, y no se aprecian mayores avances para estas elecciones. Al respecto, considerando que 52% de peruanos se identifica con una posición política de derecha y centroderecha (Datum 27-4-25) es fundamental que partidos que la comparten, construyan una alianza sólida que posibilite, al candidato propuesto, recibir una alta cantidad de votos que le otorgue mayor probabilidad de triunfo y legitimidad para gobernar.

 

Bajo este panorama, por la desconfianza que genera el caso de partidos políticos usando afiliaciones ilegales y firmas falsas para inscribirse en las elecciones 2026, es inadmisible que habiendo recurrido al falseamiento, engaño y fraude delictivo continúen impunemente en carrera electoral, debiendo haber sido suspendidos y denunciados. El JNE no puede mirar de costado, su deber primordial es proteger y resguardar la justicia electoral con probidad, firmeza y decisión.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de junio de 2025

SISTEMA ELECTORAL VULNERABLE A LA MANIPULACIÓN Y AL FRAUDE

Las fábricas de firmas y afiliaciones indebidas y falsas realizadas por partidos políticos a miles de ciudadanos han causado indignación nacional y amenaza el proceso electoral 2026. La responsabilidad recae en el Sistema Electoral, donde no asumen su responsabilidad. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría General de la República, desde setiembre 2024, con informe-030-2024-OCI/0280-SOO, le advirtió sobre fallas estructurales en procedimientos para verificar y sancionar a partidos políticos que presenten afiliaciones irregulares de ciudadanos sin su consentimiento, inclusive le recomendó aplicar el artículo 32.3 de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General que permite declarar nulos actos administrativos basados en documentación falsa, en ese entonces, Salas Arenas, con cómplice silencio, no tomo ninguna acción.

El nuevo Jurado, Burneo Bermejo, al asumir el cargo (22 noviembre 2024), no hizo nada tampoco, ni investigó, ni denunció, solo por presión presentó tardíamente denuncias por afiliaciones ilegales de partidos involucrados, y aunque manifestó que “el marco normativo es un poco limitado”, por la gravedad de esta situación, debe tomar las acciones legales urgentes para suspender la inscripción de los partidos políticos involucrados para las elecciones 2026.

 

En el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde koechlin, asumió el cargo en agosto 2020 por 4 años, y a pesar que en las elecciones 2021 fue responsable de un padrón electoral con cientos de personas fallecidas aptas para votar, además del desabastecimiento para obtener DNI, fue ratificada por 4 años más por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), y aunque increíblemente indica que su función es solo cotejar las firmas, es responsable por la filtración masiva de datos personales y no verificar las firmas falsas de los partidos políticos, por lo que la nueva JNJ, que asumió el 6 enero 2025, debería investigarla y destituirla.

 

El mismo caso es del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, su actuación en 2021 fue nefasta, como juez y parte, ejecutó el proceso electoral habiendo sido parte de elaborar el padrón electoral, y la anterior JNJ también lo ratificó por 4 años más, la nueva JNJ debería analizar su caso porque la desconfianza que genera es altísima para quien debe resguardar las cédulas de sufragio 2026, debería ser reemplazado.

 

Bajo este panorama, en nuestro país existe una profunda desconfianza hacia el Sistema Electoral, partidos políticos e Instituciones, las elecciones de 2006 son cruciales para señalar el rumbo de nuestro país, de la estabilidad del Estado de derecho y la democracia. En un contexto de fragmentación política y procedimientos fraudulentos, los peruanos debemos ser muy rigurosos y exigentes y votar responsablemente por candidatos con cualidades positivas, políticas, éticas, y transparentes, y no hacerlo por candidatos improvisados y aventureros, y menos, por partidos que presentaron afiliaciones ilegales.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de mayo de 2025

 

  

ELECCIONES GENERALES 2026: INCIERTO PROCESO ELECTORAL

 

En las próximas elecciones generales del 12 de abril 2026, más de 27 millones de peruanos (incluidos 2.5 millones de nuevos votantes) elegiremos, para el período 2026-2031, entre 43 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas y 11,300 candidatos, al presidente de la República, 2 vicepresidentes, 70 senadores, 120 diputados y 5 parlamentarios andinos. La inscripción del “aluvión” de 43 partidos representa una grave crisis de representación y desprestigio que nos obliga a votar en una desmesurada y desproporcionada cédula, situación que resta seriedad al proceso, incrementa el descrédito, creando un panorama complejo de incertidumbre y un entorno incierto. Este embrollo fue generado por Martín Vizcarra al promulgar, en agosto 2019, la ley 30995, reduciendo  la cantidad de firmas para inscripción de partidos, de 750,000 a 25,000. 

Lamentablemente los partidos políticos representativos, de alcance nacional, recién van apareciendo después de haber invernado en períodos no electorales, no han promovido, ni mínimamente, la participación ciudadana en política ni han representado e intermediado como interlocutores de las demandas y necesidades de la población con el Estado, no se identifican con la ciudadanía por presentar serias deficiencias de institucionalidad, transparencia y falta de representantes legítimos y dirigentes capacitados. Ahora, se entremezclan con mini partidos desconocidos que no congregan una mínima cantidad de militantes inscritos y participantes activos, muchos de ellos, buscarán con vehemencia y desesperación negociar ofreciéndose como “vientres de alquiler” atentando contra la democracia, ya vemos como candidatos, por interés, se inscriben en partidos que jamás han militado y no coinciden con principios ni postulados.

Y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), durante el proceso 2021 a cargo de Salas Arenas, tuvo graves denuncias por robo de votos, falsificación de actas, firmas falsas, adulteración en mesas, miembros de mesa suplantados, etc. creando un grave descrédito institucional, situación que el actual JNE, Roberto Burneo, debería analizar profundamente y tomar las acciones correspondientes para conducir el proceso de manera justa y transparente, garantizando su legalidad para que represente la legítima voluntad del pueblo.

Bajo este panorama, nos espera un incierto proceso, por la desconfianza en el Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC) en éstos 2 últimos cargos, increíblemente, permanecen los mismos titulares seriamente cuestionados por su pésima gestión durante el proceso 2021 (Corvetto y Velarde), además, por los 43 partidos inscritos, el descrédito de los partidos políticos y la debilidad  institucional. Esperemos que al plazo del 2 de agosto se inscriban alianzas electorales que reduzcan las candidaturas y que al 23 de diciembre se inscriban las mejores formulas presidenciales y listas de candidatos; pero, principalmente, es urgente fortalecer la participación ciudadana y la conciencia y cultura cívica para que el voto sea reflexivo, por propuestas verdaderamente diáfanas, viables, responsables, claras y realistas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de abril de 2025

PÉSIMA GESTIÓN DE INTEGRANTES DEL SISTEMA ELECTORAL

El Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El JNE, Salas Arenas, ha concluido hace 2 días (21 de noviembre) su período de 4 años, y, aunque la constitución prevé la reelección (artículo 180°), su pésima gestión no lo ameritó y él mismo pidió al Poder Judicial ser reemplazado, siendo elegido. el pasado 24 de octubre, el nuevo JNE, Roberto Burneo Bermejo. 

 

Durante el proceso electoral 2021, el Pleno del JNE funcionó incompleto con 4 miembros, debiendo ser 5 (Constitución, artículo 179°), Salas Arenas tuvo el poder del voto dirimente en casi todas las controvertidas decisiones y disputas electorales, no ofreciendo ninguna garantía electoral, además, cuando el miembro de la Fiscalía solicitó revisar el padrón de electores sobre las mesas impugnadas en la segunda vuelta, Salas Arenas se opuso argumentando que generaría alteración del cronograma electoral, no siendo verificadas las graves denuncias por falsificación de actas, firmas falsas, adulteración en mesas, miembros de mesa suplantados, etc. ganando el expresidente golpista Castillo por mínima diferencia (44,263 votos). Además, Salas Arenas fue militante del partido radical de izquierda Patria Roja, lo cual concuerda su última acción de haber admitido la inscripción del partido radical de izquierda antidemocrático de Antauro Humala (A.N.T.A.U.R.O), argumentando increíblemente que estuvo de vacaciones y no intervino.

Respecto al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no era el más indicado para organizar, planificar y ejecutar un transparente proceso electoral porque antes de ser nombrado a este cargo formó parte del comité de Reniec que elaboró el padrón electoral; inconcebiblemente, recién ahora, manifiesta que para 2026 implementará descargas masivas de actas porque en 2021 “no hubo tiempo”. Y la jefa Nacional de Reniec, Carmen Velarde, encargada de registrar las identificaciones, fue responsable de un padrón electoral que incluyó cientos de personas fallecidas aptas para votar, además del desabastecimiento para obtener DNI. Aunque en julio pasado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó a Corvetto y Velarde hasta 2028, el Pleno del Congreso aprobó el miércoles 20, en primera votación, reducir el mandato del JNE a 2 años y eliminar la reelección en ONPE y Reniec, y, de ser aprobado en segunda votación, se nombrarían nuevos miembros en estos dos cargos. 

Bajo este panorama, esperamos se apruebe  el proyecto de Ley 3955/2022-CR para que el CCFFAA mantenga una copia de respaldo o reserva de las cédulas no impugnadas, y, además, con la elección de nuevos miembros del Sistema Electoral, permitiría tenerse mayor seguridad en el próximo proceso electoral, y el resultado de la votación sea el reflejo exacto y oportuno de la voluntad de los electores expresada en las urnas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de noviembre de 2023

 

 

¿POR QUÉ SALAS ARENA SE NIEGA A ACEPTAR COPIA DE RESPALDO DE ACTAS Y CÉDULAS?

 

El artículo 291 de la Ley Orgánica de Elecciones (N° 26859) dispone que cinco ejemplares del Acta Electoral deben ser enviados solo a organizaciones a cargo del proceso electoral, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al Jurado Electoral Especial y a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, no existiendo en ningún otro organismo una copia de respaldo o de reserva, es decir, ellos actúan como juez y parte, como ocurrió en el proceso electoral 2021, lo cual es inconcebible.

 

El pasado 10 de enero el Congresista José Cueto presentó el Proyecto de Ley N° 3955/2022-CR, muy bien sustentado, en el que formula la modificación de la Ley 26859, en el artículo 291 para que al concluirse el escrutinio se entregue un sexto ejemplar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y en el artículo 300, para que las cédulas escrutadas, y no impugnadas, también sean entregadas al CCFFAA en el mismo ejemplar del Acta Electoral; actualmente, estas cédulas son destruidas al final del escrutinio. El proyecto de Ley también señala que el Acta Electoral y las cédulas de votación serán almacenadas hasta que concluya el proceso con la proclamación de los resultados electorales, siendo recién destruidas en coordinación con el JNE y la ONPE.

 

Salas Arenas, inmediatamente calificó de inviable dicho proyecto con el argumento de que los integrantes de las FF AA son electores (el personal del JNE y la ONPE también son electores) y no podrían custodiar el material electoral, además una sexta copia supondría un costo adicional innecesario. Con su negativa pretende que, en el próximo proceso electoral, el JNE y la ONPE actúen nuevamente como juez y parte.

 

Bajo este panorama, el Proyecto N° 3955/2022-CR presentado por el congresista José Cueto debe ser aprobado en el Pleno para evitar lo que sucedió en el proceso electoral 2021, con una copia de respaldo o reserva, se hubieran demostrado las prácticas sistemáticas de irregularidades como robo de votos, falsificación de actas, firmas falsas, adulteración en mesas, miembros de mesa suplantados, personas fallecidas incluidas en padrones de votación, etc. que definitivamente alteraron los resultados del escrutinio, incumpliéndose el artículo 176° de la Constitución “El escrutinio debe ser reflejo exacto de la voluntad del elector”, 50% de peruanos dudaron de este proceso, y el JNE recibió 56% de rechazo. En dicha elección el JNE se negó a entregar copias de las actas, en tal caso, una copia adicional hubiera servido para demostrar todas las graves irregularidades, y, con una diferencia de votos tan reducida (44,263 votos) hasta podría haber cambiado el resultado final de las elecciones.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de abril de 2023