El
actual ministro de Educación, José Chang, (MINEDU) ha señalado que unas 26,905
instituciones educativas se encuentran en riesgo de colapso, lo cual, además,
fue claramente advertido en CADE Educación 2026. Para el Instituto Peruano de
Economía (IPE) la brecha de infraestructura educativa es de S/ 172,000
millones, la que, al ritmo actual de inversión, el Estado tardaría unos 20 años
en cubrirla en 20 regiones del país, afectando a más de 3 millones de
escolares, y en otras regiones, como Huancavelica y San Martín, tardaría hasta
más de 40 años. Solo en Lima Metropolitana, de 190 colegios públicos
existentes, la Contraloría identificó, en marzo pasado, 144 de ellos con graves
deficiencias en paredes, techos y pisos.
Además,
nuestra infraestructura educativa no está preparada para un evento climático
severo como podría presentarse con el fenómeno El Niño, tampoco si sucediera un
terremoto de gran magnitud. Durante el período junio-agosto 2026, el Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED)
identificó, a nivel nacional, 5,084 locales educativos expuestos a riesgo muy
alto y 10,982 a riesgo alto por inundaciones.
A
pesar que la Ley 28044, Ley General de Educación, establece que todas las
instituciones educativas deben estar dotadas de infraestructura adecuada y
segura, mobiliario, materiales y recursos educativos, equipamiento con
tecnología vigente y servicios básicos indispensables para el proceso de
enseñanza y aprendizaje, y, además, que contamos con un Plan Nacional de
Infraestructura Educativa vigente (PNIE 2017-2028) que propone la planificación
de la infraestructura educativa a largo plazo, considerando el mejoramiento,
rehabilitación, ampliación, construcción, sustitución, reforzamiento y gestión
de la infraestructura existente, lamentablemente, durante muchos años, muy poco
se ha cumplido, habiéndose llegado al extremo del grave deterioro y precariedad
de la actual infraestructura educativa pública a nivel nacional, lo cual
representa enorme obstáculo para el aprendizaje de estudiantes, y para las
condiciones laborales de docentes, lo cual perjudica su capacidad de innovar y mejorar
los procesos educativos en el aula.
El
pasado 27 de agosto el gobierno ha declarado en emergencia la infraestructura
de los colegios públicos a nivel nacional (DS-013-2026), debiendo el MINEDU,
elaborar, en un plazo de 30 días hábiles (que se cumple este lunes 9), las
normas para impulsar una reforma de la gestión de la infraestructura escolar,
para reducir brechas existentes y fortalecer la planificación, gestión,
mantenimiento y sostenibilidad de los colegios públicos, sin embargo, esta normativa
será de muy difícil cumplimiento porque no considera ninguna partida adicional,
disponiendo solo del presupuesto de MINEDU.
Bajo
este panorama, entre los principales factores que intervienen en esta debacle
de infraestructura educativa, especialmente en gran porcentaje de colegios de
zonas rurales, son: el deterioro critico de colegios que representa alto
riesgo para estudiantes y docentes; la insuficiente e inequitativa
infraestructura; exigua inversión en construcción y mantenimiento; y, falta de
servicios en agua potable, electricidad y conectividad.
Dichos
factores evidencian la necesidad de implementar políticas de distribución
equitativa, mejorando la planificación y ejecución de inversiones para asegurar
el derecho a una educación de calidad. Los gobiernos regionales y locales son
los principales responsables de la infraestructura educativa porque concentran
el 77% del presupuesto de inversión y no lo ejecutan adecuadamente en avance de
obras, por falta de gestión, negligencia, incapacidad, ineficiencia o por casos
de corrupción, debiendo ser estrictamente controlados y fiscalizados por el
Ministerio de Educación.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de octubre de
2026
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