EN EMERGENCIA LA INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL


El actual ministro de Educación, José Chang, (MINEDU) ha señalado que unas 26,905 instituciones educativas se encuentran en riesgo de colapso, lo cual, además, fue claramente advertido en CADE Educación 2026. Para el Instituto Peruano de Economía (IPE) la brecha de infraestructura educativa es de S/ 172,000 millones, la que, al ritmo actual de inversión, el Estado tardaría unos 20 años en cubrirla en 20 regiones del país, afectando a más de 3 millones de escolares, y en otras regiones, como Huancavelica y San Martín, tardaría hasta más de 40 años. Solo en Lima Metropolitana, de 190 colegios públicos existentes, la Contraloría identificó, en marzo pasado, 144 de ellos con graves deficiencias en paredes, techos y pisos.

 

Además, nuestra infraestructura educativa no está preparada para un evento climático severo como podría presentarse con el fenómeno El Niño, tampoco si sucediera un terremoto de gran magnitud. Durante el período junio-agosto 2026, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) identificó, a nivel nacional, 5,084 locales educativos expuestos a riesgo muy alto y 10,982 a riesgo alto por inundaciones.

 

A pesar que la Ley 28044, Ley General de Educación, establece que todas las instituciones educativas deben estar dotadas de infraestructura adecuada y segura, mobiliario, materiales y recursos educativos, equipamiento con tecnología vigente y servicios básicos indispensables para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, además, que contamos con un Plan Nacional de Infraestructura Educativa vigente (PNIE 2017-2028) que propone la planificación de la infraestructura educativa a largo plazo, considerando el mejoramiento, rehabilitación, ampliación, construcción, sustitución, reforzamiento y gestión de la infraestructura existente, lamentablemente, durante muchos años, muy poco se ha cumplido, habiéndose llegado al extremo del grave deterioro y precariedad de la actual infraestructura educativa pública a nivel nacional, lo cual representa enorme obstáculo para el aprendizaje de estudiantes, y para las condiciones laborales de docentes, lo cual perjudica su capacidad de innovar y mejorar los procesos educativos en el aula.

 

El pasado 27 de agosto el gobierno ha declarado en emergencia la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional (DS-013-2026), debiendo el MINEDU, elaborar, en un plazo de 30 días hábiles (que se cumple este lunes 9), las normas para impulsar una reforma de la gestión de la infraestructura escolar, para reducir brechas existentes y fortalecer la planificación, gestión, mantenimiento y sostenibilidad de los colegios públicos, sin embargo, esta normativa será de muy difícil cumplimiento porque no considera ninguna partida adicional, disponiendo solo del presupuesto de MINEDU.

 

Bajo este panorama, entre los principales factores que intervienen en esta debacle de infraestructura educativa, especialmente en gran porcentaje de colegios de zonas rurales, son: el deterioro critico de colegios que representa alto riesgo para estudiantes y docentes; la insuficiente e inequitativa infraestructura; exigua inversión en construcción y mantenimiento; y, falta de servicios en agua potable, electricidad y conectividad.  

 

Dichos factores evidencian la necesidad de implementar políticas de distribución equitativa, mejorando la planificación y ejecución de inversiones para asegurar el derecho a una educación de calidad. Los gobiernos regionales y locales son los principales responsables de la infraestructura educativa porque concentran el 77% del presupuesto de inversión y no lo ejecutan adecuadamente en avance de obras, por falta de gestión, negligencia, incapacidad, ineficiencia o por casos de corrupción, debiendo ser estrictamente controlados y fiscalizados por el Ministerio de Educación.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de octubre de 2026

 

 


DESPROPÓSITO: CONGRESO APROBÓ, POR INSISTENCIA, CREACIÓN DE 22 NUEVAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS



 

El pasado 17 de setiembre el Pleno del Congreso concretó un despropósito, aprobó por insistencia, un dictamen para la creación de 22 nuevas universidades públicas en 15 regiones, que sumadas a las actuales 50 se incrementarían a 72, dicho dictamen que recoge 40 proyectos de ley presentados sistemáticamente por los partidos Perú Libre y Bloque Magisterial, fue aprobado con 72 votos (increíblemente solo 5 en contra y 29 abstenciones), aun encontrándose observado por el Ejecutivo porque el presupuesto 2025 no incluye recursos para construcción, ampliación o adecuación de infraestructura universitaria.

 

Los congresistas no han analizado aspectos imprescindibles como estudios previos y planificación en infraestructura, financiera y técnica, entre ellos, el presupuesto para la creación e implementación de cada universidad (7 años en promedio) ni la demanda de estudiantes y disponibilidad de docentes en cada región, tampoco, la afectación financiera que ocasionarían éstas 22 nuevas universidades contra las actuales 50 en funcionamiento y licenciadas por la SUNEDU, perjudicándolas para cumplir estándares básicos de calidad en infraestructura, docentes, investigación y servicios, además, las nuevas universidades, tendrían también que obtener el licenciamiento. 

 

El Congreso ha actuado de manera populista viendo en la creación de universidades públicas una forma de hacer campaña electoral,  lo cual se explica por los argumentos del presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo (Perú Libre) quien manifestó que la norma busca atender una necesidad urgente de ampliar el acceso a la educación superior y no compromete al equilibrio fiscal, pues se aplicará bajo criterios de "progresividad", sin embargo, en su concepto progresista no aclaró el problema de recursos económicos; según Minedu, para abrir una universidad con solo 3 carreras y sin laboratorios se requiere un presupuesto de unos S/ 100 millones.

 

Una mayor cantidad de universidades no es indicativo de mejor calidad educativa, lo fundamental es la excelencia académica y formación integral para que los nuevos profesionales salgan muy bien capacitados para contribuir al avance y bienestar de la sociedad, sin embargo, nuestra calidad educativa universitaria pública es muy baja, en los 3 World University Rankings 2025 (QS, ARWU y THE) que miden la calidad mundial de educación y docencia universitaria, solo figuran las universidades públicas peruanas, en QS San Marcos (puesto 986), en THE Cayetano Heredia (puesto 1,130), y en ARWU ninguna entre 2,000 universidades.

 

Bajo este panorama, el Congreso, en lugar de crear 22 nuevas universidades públicas (dictamen que debe ser revisado y anulado) ha debido debatir, proponer y aprobar leyes para fortalecer las 50 universidades licenciadas y facilitarles la creación de filiales regionales, además, por existir gran demanda de profesionales técnicos en el mercado laboral, deberían concentrar mayores esfuerzos en mejorar y expandir la educación técnica superior mediante el incremento de institutos tecnológicos especializados.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de octubre de 2025

 


TORBELLINO CONGRESAL PARA CREAR UNIVERSIDADES SIN TOMAR EN CUENTA LA CALIDAD EDUCATIVA


 

Durante el período julio 2021-2024, principalmente las bancadas de Perú Libre y Bloque Magisterial presentaron, en forma sistemática e irresponsable unos 140 proyectos de ley para creación de universidades nacionales, argumentando que el Estado debe acercarse a las localidades para facilitar el acceso a la educación universitaria y evitar más migraciones. Entre 2022 y 2023 el Congreso aprobó la creación de 2 universidades públicas en Puno y Cajamarca, pero en 2024 promovió la creación de 12 adicionales. En mayo 2024, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso y parlamentario de Perú Libre presentó 17 proyectos y su bancada ya llegaba a 47 iniciativas. 


De todos los proyectos presentados hasta el 20 de diciembre 2024, crearon, con leyes promulgadas, 20 universidades, pero el día 21, “entre gallos y media noche”, a la 01:50 de la madrugada, con un mínimo y rápido debate, aprobó, en primera votación, nada menos que la creación de 20 universidades adicionales en 15 regiones del país, aumentando a un total de 40. Todo estaba preparado, lo único que pronunció el presidente de la Comisión de Educación y ponente de Perú Libre, Segundo Montalvo, que “esta creación de universidades contribuirá al cierre de las brechas educativas y al impulso de la competitividad de las quince regiones beneficiadas”, fue el endeble razonamiento que logró reunir 50 votos, suficientes para aprobarlo, pero sin considerar aspectos técnicos, de calidad educativa, ni presupuestarios. 


El problema es que el Congreso, al crear 40 nuevas universidades, actúa tomando una decisión populista, pues es imposible fundar universidades en corto o mediano plazo, además, no han tomado en consideración aspectos técnicos imprescindibles en cada región (cantidad de estudiantes y disponibilidad de docentes), tampoco han analizado el presupuesto público necesario para cada universidad y su directa afectación a las 50 universidades licenciadas por La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), perjudicándolas en el  cumplimiento de sus estándares básicos de calidad en infraestructura, personal docente, investigación y servicios. 


Nuestro sistema educativo, en general, es de muy baja calidad, y particularmente, la universidad pública está pésimamente evaluada, en el último QS World University Rankings 2025, entre 1,500 universidades de 106 países, solo figuran en los últimos puestos 2 universidades públicas licenciadas, San Marcos, en el grupo de puestos 901-950, y Nacional de Ingeniería. entre 1201-1400. La creación de 40 nuevas universidades, afectará aún más esta crítica situación. 


Bajo este panorama, se debería: 

1) El Congreso, reconsiderar la aprobación de éstas 40 nuevas universidades; 2) Fortalecerse las 50 universidades licenciadas y facilitarles la creación de filiales en las regiones que se necesiten; 

3) Reforzarse la función de supervisión y fiscalización de la Sunedu; y, 

4) Implementarse una educación técnica adecuada a nuestra realidad.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de enero de 2025


EDUCACIÓN: NOMBRAMIENTO AUTOMÁTICO DE DOCENTES CONTRATADOS DETERIORA LA MERITOCRACIA


 

El pasado 21 de junio de 2023 el Congreso aprobó el proyecto de ley 1587/2021-CR que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular, de manera automática solo con tener 3 años como contratados, sin ningún concurso público, prueba o evaluación de conocimiento que demuestren su mérito, aptitud y capacidad didáctica. Increíblemente, este proyecto de ley no pasó por la Comisión de Educación del Congreso que era presidida por Gladys Echaíz (pasó únicamente por las comisiones de Trabajo y Presupuesto), en su debate solo participaron 14 congresistas, la mayoría del Bloque Magisterial (8) y de Perú Libre (3), y fue aprobada con 82 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, con votos en bloque de los partidos Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Alianza para el progreso. El hecho es que bajo las disposiciones de esta ley 1587/2021-CR, según el aplicativo informativo AIRSHP del MEF, se nombraría sin concurso a 129,582 docentes, y originaría un gasto anual de más de S/ 4,500 millones.   

 

En este contexto, el 18 de julio 2024, el Ejecutivo observó dicho proyecto de ley básicamente porque la Ley de Reforma Magisterial (ley 29944), que regula la Carrera Pública Magisterial, establece aplicación de evaluaciones del desempeño en el cargo, precisando que únicamente ingresan a la carrera magisterial quienes alcancen plaza vacante, por lo tanto, los nombramientos de manera directa contradicen el principio de mérito, capacidad e igualdad, porque no cumplen las condiciones de acceso a una plaza de manera indeterminada, debiendo obtenerse por concurso público de méritos en un régimen de igualdad de oportunidades, considerando además, que la evaluación es imprescindible para la progresión en la carrera porque contribuye de manera importante en la mejora de la calidad educativa, la cual, según la Constitución, corresponde al Estado supervisarla (artículo 16°).

 

Bajo este panorama, nuestro sistema educativo es el sector más importante para el futuro de nuestro país, el Congreso no debería aprobar esta ley por insistencia porque deteriora la meritocracia y afecta las practicas pedagógicas, los congresistas deberían analizar la lamentable situación de nuestra realidad educativa, desnudada por la última prueba PISA con resultados críticos en el área urbana y muy graves en el área rural, la mayoría de estudiantes solo llegó hasta el 2° nivel (únicamente responden reactivos básicos y realizan inferencias sencillas), por el contrario, deberían formular y presentar leyes que mejoren la calidad educativa, capacitando y evaluando permanentemente a los docentes para que puedan estimular en los alumnos la creatividad y el análisis, y, por su lado, el gobierno, formular políticas públicas para brindar un acceso educativo equitativo, como derecho, a estudiantes de todo nivel socioeconómico.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de setiembre de 2024

 

 


DOCENTES SENTENCIADOS POR GRAVES DELITOS INFILTRADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO



El pasado día 1, el  ministro de Educación (MINEDU), Morgan Quero, manifestó que desde que asumió el cargo ha separado 198 docentes y administrativos sentenciados por terrorismo y apología (12), violación de libertad sexual (91), tráfico ilícito de drogas (8), violación de la intimidad (2), homicidio (7), proxenetismo (2), secuestro (3), proposiciones a niños y adolescentes (2), femicidio (1), de los cuales 105 son docentes y 23 administrativos, y, en las últimas semanas se separaron otros 70, la pregunta sería ¿cuántos docentes más, sentenciados o denunciados, se encontrarán actualmente infiltrados en el sistema educativo nacional?

 

Es incomprensible que esta clase de docentes enseñen en los colegios sin tener idoneidad profesional, solvencia moral ni salud mental, poniendo en riesgo la integridad de los estudiantes. El ministro Quero ha reiterado en diferentes entrevistas, como gran noticia, que su portafolio promueve estas separaciones como parte de su compromiso de “Escuelas Seguras”, sin embargo, señor ministro, no se trata de hacer propaganda a su gestión, más bien, se trata de dar estricto cumplimiento de la Ley 29988 de diciembre 2012 (reglamentada en mayo 2017 con DS-004-2017-MINEDU) que establece  medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicados en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas y otros, disponiendo que los sentenciados deben ser separados definitivamente o destituidos de manera automática, y los denunciados, separados preventivamente.  

 

Además, dicha ley crea el Registro de Personas Condenadas o Procesadas por los mencionados delitos, inclusive dispone que anualmente el MINEDU debe supervisar las instituciones educativas bajo su competencia (públicas de educación básica, técnico productivo y superior pedagógico, tecnológico y artístico) para que no exista ningún docente incluido dictando clases o personal administrativo laborando, pero nadie conoce dicho Registro, el cual debería ser público.  

 

Bajo este panorama, nuestro sistema educativo, a pesar de ser el sector más importante para el futuro de nuestro país, lamentablemente presenta falta de recursos, precaria y deficiente infraestructura, insuficiente cantidad de docentes preparados, y las prácticas pedagógicas son de muy baja calidad, además, la situación se agrava con la existencia de grupos de docentes que cometen delitos, lo cual representa un hecho abominable porque esta profesión se ejerce para el desarrollo de la persona en un marco de compromiso ético y moral, siendo los más peligrosos los seudo profesores pro senderistas y terroristas, porque hacen apología al terrorismo introduciendo su nefasta ideología y concientización de odio y destrucción, especialmente a niños y jóvenes de centros educativos de áreas rurales y zonas marginales y alejadas, buscando que sigan esta funesta doctrina y renuncien a su individualidad, creatividad, autonomía y análisis como proceso de identificación.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de junio de 2024

 

 

 

 


PRUEBA PISA DESNUDA NUESTRA LAMENTABLE REALIDAD EDUCATIVA



 

Lo que actualmente sucede en nuestro país, insatisfacción ciudadana por falta de atención de sus necesidades (84% desaprueba a Boluarte y 76% a Otárola), un régimen con falta de liderazgo que no ha aprobado ni elaborado nada relevante, crece la inseguridad ciudadana, una economía en declive, enfrentamientos en el Congreso y Ministerio Público, etc., este panorama nos desvía la atención para analizar y debatir la grave situación de la educación escolar, principal recurso de un país para construir una ciudadanía responsable, solidaria y ética, y con futuro viable. 

 

El pasado 5 de diciembre, la OCDE presentó los resultados de la última prueba PISA-2022 (Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes) que mide la capacidad de estudiantes en matemáticas, comprensión lectura, ciencias, y pensamiento creativo (este último resultado será publicado en junio 2024); por nuestro país intervinieron 8,787 estudiantes de secundaria (edad 15 años), de 337 colegios (73% públicos, 27% privados). Los resultados se miden en 6 niveles de aprendizaje, el 6° es el óptimo, en nuestro caso, los resultados son críticos en el área urbana y muy graves en el área rural, la mayoría de estudiantes solo llegó hasta el 2° nivel (únicamente responden reactivos básicos y realizan inferencias sencillas): en matemáticas (área urbana 66%, rural 89%), en comprensión lectora (área urbana 50%, rural 79%), y en ciencias (área urbana 52%, rural 78%).

 

Aunque nuestro problema educativo es estructural, actualmente está en declive pronunciado, primero, porque Castillo creó la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), y actualmente Boluarte la defiende incondicionalmente, a pesar oponerse a la carrera docente y a la meritocracia, además, mantiene ascendencia sobre grupos radicales de maestros y su fundamentalismo sindical afecta nuestra democracia;  segundo, porque en este gobierno, en sus dos fases, han pasado seis ministros de Educación, siendo imposible seguir una adecuada política educativa; tercero, porque el Congreso, en setiembre pasado, repuso automáticamente a 14,000 profesores interinos cesados que no quisieron rendir evaluaciones o desaprobaron, afectando la reforma educativa y la meritocracia; y, cuarto, porque el gobierno incumple su deber constitucional de asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada, y de supervisar el cumplimiento y calidad de la educación (artículo 16).

 

Bajo este panorama, la última prueba PISA ha desnudado nuestra lamentable realidad educativa por lo que la ministra de Educación debería renunciar. El gobierno está obligado a implementar políticas que mejoren su calidad, capacitando y evaluando permanentemente los docentes (y no lo contrario) para que estimulen en los alumnos creatividad y análisis, y, como derecho esencial, brindar un acceso equitativo a estudiantes de todo nivel socioeconómico porque actualmente no garantiza iguales oportunidades de desarrollo de las capacidades de aprendizaje.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de enero de 2024

 

 


GRAVE COLISIÓN CONTRA LA MERITOCRACIA EN LA CARRERA PÚBLICA DOCENTE



 

El pasado 21 de junio el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 1587-2021-CR, en el que, de manera excepcional y sin concurso público, se otorga el nombramiento automático de docentes de Educación Básica Regular solo con tener 3 años de contrato, lo cual atenta contra la meritocracia y representa una injusticia contra los docentes que se esforzaron para asistir a cursos de compensación y aprobar obligatoriamente los concursos de mérito de nombramiento. Esta iniciativa, claramente comunista y populista, fue una de las principales promesas de campaña electoral del corrupto Castillo, y, cuando fue electo, aseguró que su gobierno revisará y derogará los procesos de evaluación para nombramiento de profesores de la Ley de Reforma Magisterial 29944, la cual, justamente, impulsa el fundamento de mérito y capacidad de los profesores en el ingreso, permanencia, mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial.

 

Resulta muy extraño que este proyecto de ley que fue presentado hace 15 meses (28 marzo 2022) por Pasión Dávila del Bloque Magisterial, recién haya sido activado y votado en el Congreso en bloque por las bancadas de izquierda radical y Alianza para el Progreso, y algunos de Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, de manera irresponsable y con inusitada rapidez, cuando tenemos ad portas una elección de la Mesa Directiva del Congreso, ¿otra repartija?

 

A menos de un mes que Castillo perpetrara un golpe de Estado, firmó, el 11 noviembre 2022, una ley que convierte 41,138 plazas eventuales (de contrato) a orgánicas (de nombramiento) para maestros de escuelas públicas, destinando S/ 140 millones para financiar nuevas vacantes de profesores auxiliares y administrativos, exigiendo además, el reconocimiento de años de servicio de los maestros para colocarlos en la escala magisterial; cabe mencionar que los incrementos remunerativos de los profesores contratados, al ser nombrados, varían entre 100% y 210%, desde la primera hasta la octava escala magisterial.

 

Bajo este panorama, dicha ley aprobada, que increíblemente no pasó por la comisión de Educación del Congreso cuya presidenta es Gladys Echaíz (solo pasó por comisiones de Trabajo y Presupuesto) colisiona gravemente contra la meritocracia en la carrera pública docente porque se está eliminando las evaluaciones de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad, así como de habilidades generales de los profesores. Esta ley, que debería ser nuevamente revisada en el Congreso, según Otárola será observada por el poder Ejecutivo, ha sido rechazada por Minedu, por el Consejo Nacional de Educación (CNE) y otros expertos en Educación, porque representa un pésimo antecedente que atenta contra la formación de los escolares, futuro de nuestro país, que requieren de una buena y adecuada escuela pública, con docentes debidamente preparados, capacitados y exigentemente evaluados.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de julio de 2023

 


BOLUARTE PROTEGE A SINDICATO FENATEP CREADO POR EL DELINCUENTE CASTILLO



 

El pasado día 5, en una conferencia de prensa, la presidenta Boluarte fue consultada sobre si evaluaría retirarle la licencia a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) debido a que están promoviendo paro de docentes, contestando que “no hay una causal, no tendríamos por qué quitarle la licencia de inscripción”. Realmente, es imposible que lo haga porque desde la primera fase del gobierno del golpista Castillo, quien creó la Fenatep, Boluarte está alineada porque también es comunista y va a defender este sindicato hasta las últimas consecuencias.

 

Si, señora Boluarte, hay muchas causales, Ud. conoce perfectamente que la Fenatep es un sindicato impulsado por Castillo cuando, como dirigente sindical, condujo una huelga magisterial entre junio y setiembre 2017, Ud. sabe que tiene orientación radical y opuesta a la carrera docente y la meritocracia, también sabe que desde 2019 fue rechazada su inscripción, y que el 30 de julio 2021 fue inscrito de manera irregular por Iber Maraví, miembro de conare-sutep, el primer día que asumió el Ministerio de Trabajo, renunciando un mes después (31 agosto). Además, Ud. está muy interesada en que Fenatep tome la representación de los maestros y el control de la Derrama Magisterial, a cargo del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) desde hace 35 años (1988) que cuenta con 200,000 maestros afiliados y con activos que superan los S/ 2,000 millones.

 

El pasado 25 de febrero, el comité nacional de la Fenatep realizó una asamblea nacional en cuya agenda analizaron la situación educativa y magisterial y el fortalecimiento de la lucha del pueblo acordando “integrarse de manera orgánica a la huelga nacional indefinida del pueblo” y demandan el cierre del Congreso, una nueva Constitución, libertad de Castillo y hasta (por estrategia) piden la renuncia de Boluarte.

 

Bajo este panorama, estamos advertidos, en esta segunda fase del gobierno comunista de Boluarte continúa la infiltración terrorista a través del Fenatep, buscan cambiar el currículo nacional de educación básica y la política educativa con sesgos ideológicos de la izquierda radical. Algunos miembros del Comité Ejecutivo de este sindicato tienen vinculaciones con Movadef y con proterroristas, además de Iber Maraví, con presunta participación en actos subversivos de sendero luminoso, Efraín Condori que hace apología del terrorismo, César Tito Rojas, ex presidente de Conare-Movadef, Moisés Chipana, dirigente de Movadef, Segundo Vásquez de Movadef quien considera que sendero luminoso es una organización política, el ex ministro de Educación Gallardo, uno de los fundadores de Fenatep y la dirigente Mary Coila, entre otros.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de marzo de 2023

 

COMUNISTA CASTILLO CON SU GREMIO FENATEP TRATA DE CAPTURAR LA DERRAMA MAGISTERIAL



 

El pasado día 7, en sesión del Consejo de Ministros, Castillo y el ministro de Educación Serna firmaron el DS 009-2022-MINEDU modificando los estatutos de la Derrama Magisterial (DM) actualmente gestionada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sutep) incrementando de 6 miembros del actual consejo directivo a 13, argumentando democratizar la directiva, pero el Sutep ya no tendrá representantes directos. El ministro Serna, quien demuestra pésima gestión en Educación, invirtiendo el primer semestre solo 30% del presupuesto a pesar de profundas carencias en infraestructura educativa, ha reconocido que dicho decreto busca sacar del cargo a los miembros del Sutep, el gremio mayoritario de maestros en nuestro país. Lo que intenta este gobierno comunista es favorecer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) gremio fundado por Castillo e impulsado cuando, como dirigente sindical, condujo una huelga magisterial entre junio y setiembre 2017.

 

La inscripción de Fenatep fue rechazada desde 2019 en el Ministerio de Trabajo, sin embargo, Iber Maraví, docente ayacuchano vinculado a la facción radical Conare-Sutep y severamente cuestionado por presunta participación en actos subversivos de Sendero Luminoso, formalizó este gremio en forma “express” el primer día en el cargo (30 julio 2021), y un mes después renunció (31 agosto), fue nombrado por Castillo solo para inscribir a Fenatep, gremio con orientación radical que está copando el Minedu para imponer su ideología educativa y desactivar la meritocracia magisterial, además, en claro conflicto de intereses, Fenatep es patrocinada y apoyada por Castillo desde el Ejecutivo.

 

Bajo este panorama, la promulgación de este Decreto sería inconstitucional y podría ser derogado por el Congreso debido a que la DM no puede ser intervenida por el gobierno por tratarse de una institución de seguridad social de derecho privado que está incluida en el sistema financiero formal junto con otras entidades como empresas, AFP, bancos, compañías de seguro y cuya administración y gestión se encuentran controladas por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS), además que viene operando hace 34 años generando utilidades y cuenta con un patrimonio de alrededor de S/ 3,000 millones, que es lo que más le interesaría al comunista Castillo y a los fundadores y dirigentes de Fenatep que se reúnen asiduamente con él en Palacio, por eso, días antes de asumir el gobierno, durante una Convención Nacional de Fenatep, adelantándose a la segura inscripción del sindicato, Castillo pidió a los dirigentes que vayan organizando las bases, resaltando: “primero matamos al lobo y después nos repartimos el cuero”, lo que, en sus actitudes, lo pinta de cuerpo entero.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de julio de 2022

 

 

EL DRAMA DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO EN MANOS DE COMUNISTAS EXTREMISTAS



 

Nuestro sistema educativo, el sector más importante para el futuro de nuestro país está en crisis y lamentablemente en muy malas manos, con el copamiento del ministerio de Educación (Minedu) de dirigentes comunistas radicales que seguramente buscarán introducir entre nuestra juventud una concientización revolucionaria extremista con una nefasta ideología de odio y destrucción. A este gobierno comunista no le interesa en absoluto mejorar la educación en el país, la cual está en manos de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), un sindicato de extrema izquierda creado por Castillo e integrado por los miembros más beligerantes ligados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

 

En 5 meses han pasado tres ministros, primero, Cadillo, un profesor galardonado por Minedu en 2015 y considerado en 2017 entre los 50 mejores docentes del mundo y que fue retirado del Ministerio por presiones de Fenatep, Castillo lo despidió con un mensaje de WApp, fue cambiado por Gallardo, un dirigente comunista, marxista-leninista radical, con filiación pro senderista, que rápidamente fue censurado en el Congreso por la ignominiosa filtración de pruebas de evaluación docente, y el último ministro, Rosendo Serna, que juró hace solo 11 días, es integrante de Juntos por el Perú y según Perú Libre, no ha sido su propuesta. Este ministro tiene una antigua sentencia del Tribunal Constitucional por abuso de autoridad, y, según sus propias declaraciones en noviembre pasado, cuando era director regional en Huánuco, no cree en la meritocracia porque cuestiona la complicación que le dan las evaluaciones a los maestros y aduce que solo tienen que saber lo elemental debiéndose cambiar la evaluación con pruebas más pertinentes.

 

Bajo este panorama, con el gobierno comunista de Castillo, nuestro sistema educativo pasa por una grave crisis sin precedentes donde solo sirven los intereses políticos y sindicales. Esto sucede porque está dirigido por un controvertido y cuestionado grupo sindical auspiciado por el gobierno que prioriza sus intereses particulares y sindicales y enaltece la mediocridad sobre el conocimiento porque propone derogar la Ley Magisterial y buscan reponer a miles de maestros que no aprobaron evaluaciones lo cual afectará y precarizará profundamente nuestro sistema educativo.

 

No queremos esta caótica y nefasta ideología educativa comunista extremista, requerimos todo lo contrario, un sistema educativo democrático que implemente políticas que mejoren la calidad de la educación, que estimule la creatividad y el análisis, y otorguen, como derecho esencial, un acceso equitativo a los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, garantizándoles iguales oportunidades de desarrollo y aprovechamiento de sus potenciales de aprendizaje.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de enero de 2022

MINISTRO DE EDUCACIÓN GALLARDO: EL MÁS PELIGROSO DEL GABINETE



 

El actual titular de Educación, Carlos Gallardo, es el más peligroso de este gabinete porque es un dirigente comunista, marxista-leninista radical, con filiación pro senderista, responsable del sector más importante para el futuro de nuestro país, que ha asegurado introducir el próximo año una nueva orientación curricular, y con el copamiento del ministerio de dirigentes comunistas radicales, seguramente prevalecerá una concientización revolucionaria terrorista entre nuestra juventud con una nefasta ideología de odio y destrucción.


 

Este ministro comunista es integrante del Comité nacional de reorientación y reconstitución del Sutep (Conare-Sutep) y de la creada por Castillo federación nacional de trabajadores en la educación del Perú (Fenatep) ambos vinculados a Movadef, brazo político del grupo criminal Sendero Luminoso que está cumpliendo su antiguo anhelo de afianzarse en el Ministerio de Educación.

 

Gallardo es un activo agitador político, participante en revueltas callejeras, plantones y huelgas magisteriales que promueve el sectarismo de orientación radical, es absoluto opositor a la carrera docente, está en contra de la meritocracia magisterial y busca implementar el nombramiento automático sin examen, según él “su práctica en las aulas ya los ha calificado”, considera que la educación no es un servicio público esencial y pretende cambiar la ley de reforma magisterial, incluso, hace años, presento una acción ante el Tribunal Constitucional para que los docentes prontuariados puedan ingresar al magisterio, lo cual fue rechazado.

 

El pasado día 13, durante el último examen para nombramiento docente 2022 (que Gallardo intentó aplazar o postergar) se filtraron respuestas del examen y existen denuncias por presuntos actos de corrupción y pedidos de renuncia del ministro, además, ha sido citado a la Comisión de Educación del Congreso por dichas irregularidades, ya que el examen podría haberse comercializado o ser parte de un intento premeditado de Gallardo para boicotear el proceso.

 

Bajo este panorama, un comunista radical marxista-leninista como Gallardo es la persona más peligrosa y menos indicada para promover el rol esencial que debe cumplir la educación respecto al desarrollo y la mejora auténtica de las condiciones de vida de los peruanos. En nuestro sistema educativo debe eliminarse la ideologización radical comunista llevada hacia la lucha de clases, así como el destructivo y pernicioso fundamentalismo sindical que irresponsablemente preconiza este gobierno afectando la democracia, y, contrariamente, debemos avanzar en el valor del mérito de capacitación y evaluación permanente de los docentes y del esfuerzo que propongan para brindar a nuestros estudiantes un proceso educativo democrático, humano y reflexivo, complementado con participación de instituciones sociales indispensables como la familia, los medios de comunicación y la sociedad democrática en su conjunto.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de noviembre de 2021

 

INFILTRACIÓN IDEOLÓGICA POR DÉCADAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO




El partido Perú Libre, actualmente en el gobierno, es comunista, marxista-leninista con filiación pro senderista, con ideología violenta y totalitaria que intenta cambiar la Constitución para destruir las libertades individuales y de expresión, de mercado, empresa, industria, finanzas, y perpetuarse en el poder, sin embargo, recién ahora, nos preguntamos ¿Cómo pudimos haber llegado a esta situación en nuestro país de mayoría democrática, amante de la libertad y la paz social? Para llegar a este extremo, los izquierdistas y comunistas partidarios de Sendero Luminoso-Movadef, activaron desde hace más de cuatro décadas la tesis educativa comunista: “solo con la educación, concientización revolucionaria y conquista de la fortaleza ideológica más profunda y potente de las jóvenes generaciones de estudiantes será posible la edificación y conquista del comunismo”. Así, nuestro sistema educativo estuvo invadido de ideología izquierdista, comunista y senderista desde 1980, pero a partir de 2004 incrementaron una actitud más activa al interior del magisterio, impartiendo ideologías subversivas en colegios y universidades.

 

Aunque parezca increíble, un informe del Consejo por la Paz (2005) denunció que 800 profesores de colegios y universidades mantenían vínculos con Sendero Luminoso (excarcelados, con antecedentes y requisitoriados por terrorismo), entre 2006 y 2010 activaron su adoctrinamiento comunista en las escuelas populares con rebrotes terrorista en distintas universidades copando puestos estratégicos, reapareció la predica senderista en las Universidades San Marcos y La Cantuta, en 2010 otro informe denuncia que 454 terroristas excarcelados trabajaban en el Sector Educación, 50 de ellos nombrados en 35 universidades del país, en 2012 ocho rectores de universidades revelaron la existencia de grupos de tendencia subversiva en sus centros de estudio, además, miles de libros escolares que desvirtuaban absolutamente la realidad que vivía el país se entregaban a colegios a nivel nacional, indicando aberraciones, como por ejemplo, que “los terroristas luchan por un país mejor”. Lamentablemente muchos de estos problemas aún persisten.

 

Bajo este panorama, la continua incursión ideológica en nuestro sistema educativo y el desentendimiento casi absoluto de gobiernos y autoridades en temas de educación y cultura, ha permitido que la izquierda y los comunistas pro senderistas hayan propagado en colegios, universidades y escuelas populares esta nefasta ideología de odio y destrucción entre nuestra juventud, logrando que muchos estudiantes y jóvenes hayan estado dispuestos a creer de manera incondicional en esta funesta doctrina y renunciando a su individualidad y autonomía emitieron su voto electoral por el partido comunista marxista-leninista de Perú Libre sin haber sopesado el peligro que representa para nuestro país su proyecto totalitario y destructivo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de setiembre de 2021

 

DESMEDIDO INTERÉS DE CASTILLO POR LA DERRAMA MAGISTERIAL


 

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, severamente cuestionado por su presunta participación en actos subversivos, apenas asumió el cargo, inscribió al sindicato creado por Castillo denominado Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) de orientación radical y opuesto a la carrera docente y meritocracia, además, miembros de su Comité Ejecutivo tiene vinculaciones con Movadef. Castillo está muy interesado en que su sindicato tome la representación de los maestros y el control de la Derrama Magisterial (DM) la cual está a cargo del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) desde hace 33 años (1988).

 

La DM es una institución al servicio de los maestros a nivel nacional y administra sus aportaciones, fue creada en diciembre 1965 (DS-078), en 1984 el gobierno la transfirió a los gremios magisteriales, y en 1988 (DS-021-88-ED) se estableció el Sutep como órgano de dirección mayoritaria, definiéndose como entidad sui generis, tipo asociativo y de derecho privado con funciones de tipo empresarial, siendo su marcha administrativa, financiera y económica supervisada por el Ministerio de Educación (Minedu) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), por el contrario, el sindicato Fenatep, en claro conflicto de intereses es patrocinado y apoyado por Castillo desde el Ejecutivo. La DM ofrece servicios a sus asociados como créditos, formación educativa, cultura, hotelería, bazares y viviendas, y administra los aportes mensuales de 200,000 docentes asociados y sus activos superan los S/ 2,000 millones (la Fenatep de Castillo solo tiene 250 afiliados).

 

Bajo este panorama Castillo tiene desmedido interés en la Derrama Magisterial, inclusive durante la huelga de 2017, encabezada por él, demandaba su intervención y pedía a los profesores desafiliarse. Según Lucio Castro, secretario general del Sutep, Castillo tiene intereses particulares para capturar esta institución “saben de los fondos que genera cada año y por ello desean apoderarse”. El pasado día 22 de agosto, el parlamentario de Perú Libre, Edgar Tello, ha solicitado al Minedu un informe de la DM sobre la situación administrativa, financiera y económica y los convenios suscritos.

 

Días antes de asumir el gobierno, Castillo, como adelantándose a una segura inscripción de su sindicato (rechazado en 2019), durante una Convención Nacional de Fenatep, invocó a su comité nacional que al ser inscrito el sindicato, los dirigentes tengan su licencia sindical para que organicen cada una de las bases, además manifestó que “lo político tiene su momento, pero lo sindical es eterno”, y, sin ninguna desfachatez, terminó declarando una consigna comunista: “primero matamos al lobo y después nos repartimos el cuero”.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de setiembre de 2021

 

CORONAVIRUS IMPACTA NUESTRA PRECARIA EDUCACIÓN ESCOLAR


El inicio del año escolar 2020 estaba programado para el pasado 16 de marzo pero tras confirmarse 13 casos de coronavirus en el país fue suspendido hasta el día 30, posteriormente fue aplazado al 12 de abril y finalmente se iniciará el 4 de mayo de manera gradual, y como estrategia temporal, este lunes 6 se iniciarán clases virtuales para 6 millones de estudiantes de escuelas públicas (las privadas con 2 millones ya las iniciaron). Es drástica pero necesaria la medida temporal de suspensión escolar presencial, pero este plazo podría extenderse si el aislamiento se prolonga lo cual afectaría la continuidad del proceso educativo escolar de este año.

Según el Ministro de Educación Martín Benavides (Minedu), se usará la plataforma “Aprendo en Casa”, un multicanal por internet, televisión y radio, pero con nuestra escasa infraestructura digital la educación a distancia no podrá brindarse adecuadamente con flexibilidad, facilidad de acceso, conexión permanente y mucho menos con insuficientes docentes capacitados en desempeño tecnológico para enseñanza y seguimiento de avances, además, nuestra infraestructura de educación en red no es homogénea y el acceso de conexión es insuficiente para cubrir las enormes desigualdades entre Lima y el resto de regiones, o entre costa, sierra y selva, o entre zonas urbanas y rurales.

Aunque Minedu asegure que 60% de la población tiene internet, según registros del  Organismo Supervisor  de inversión privada en telecomunicaciones (Osiptel) el acceso a internet fijo a nivel nacional es 7.7% (7 de cada 100 habitantes) y 26.68% a nivel hogares. En zonas rurales, donde solo 4.8% de hogares tienen internet, se usará radio y televisión, que si bien es un recurso útil para agregar valor a la educación, no cubre los mínimos requisitos de enseñanza virtual por falta de interacción.

Bajo este panorama, el auge de nuevas tecnologías digitales ha revolucionado los métodos de enseñanza, sin embargo, es lamentable nuestra realidad educativa digital, de 82,000 colegios a nivel nacional solo 40% cuenta con equipamiento tecnológico adecuado, el 21% de colegios no tienen acceso a internet y de un total de 550,000 docentes a nivel nacional solo 45% tienen habilidades en tecnologías de información (TIC). Esta realidad debe obligar al Ejecutivo a revisar nuestro precario sistema educativo e iniciar una transformación empleando competencias digitales que implican el uso creativo, crítico y seguro de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de docentes y alumnos y aborde todas las áreas del conocimiento.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de abril de 2020


SUNEDU: UNIVERSIDADES Y FALTA DE INVESTIGACIÓN


El pasado 26 de diciembre la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas (UAP) por incumplimiento de condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria 30220 (julio 2014), entre las más importantes deficiencias se refiere a actividades de investigación. Es increíble que en esta universidad con 17 filiales a nivel nacional, 80,000 graduados y 65,000 estudiantes matriculados solo el 1% de sus docentes realizan actividades de investigación, asigna mínimo presupuesto para implementación de centros de investigación, presenta falta de proyectos de producción y transferencia tecnológica, entre otras.

La Sunedu, creada con la misma Ley Universitaria 30220, para otorgar o denegar licencia de funcionamiento evalúa ocho condiciones básicas de calidad (CBC), la cuarta CBS involucra actividades de investigación como que las universidades cuenten con líneas de investigación aprobadas, presupuesto, equipamiento, presentación de proyectos de investigación y protección de propiedad intelectual, docentes que ejecuten actividades de investigación y que estén registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e innovadores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica (Concytec),  

La actividad de investigación universitaria se mide con la publicación de investigaciones bajo estándares internacionales, entre ellos, la cantidad de documentos de investigación citables (citan o usan investigaciones de universidades para generar más conocimiento a nivel mundial) según el último Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria de la Sunedu el Perú tiene 1,600, mientras que Brasil (68,000), México (11,000), Chile (10,000) y Colombia (8,000), además por la cantidad de revistas académicas indexadas y documentos citables (Perú 700, Brasil 68,000, Chile 10,000) y citas de investigación (Perú 200, Brasil 40,000, Chile 4.000).

Bajo este panorama, nuestras universidades se encuentran en actividades de investigación e innovación rezagadas y muy por debajo del nivel regional (en el ranking mundial QS solo figuran tres universidades peruanas por debajo de las 500 mejores). Según la Ley Universitaria la investigación es uno de los ejes de la universidad peruana, define  que “la universidad es una comunidad  académica orientada a la investigación y a la docencia”, es pertinente de la enseñanza e investigación con la realidad social y tiene como fin realizar y promover la investigación científica y tecnológica. Resulta fundamental que las universidades implementen políticas para incrementar la cantidad de investigadores y una mayor consonancia e instalación de estructuras y dinámicas para promover la investigación formativa como herramienta del proceso de enseñanza y aprendizaje de métodos investigativos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EPRESO, fecha 4 de enero de 2020


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