El pasado día 1,
el ministro de Educación (MINEDU), Morgan Quero,
manifestó que desde que asumió el cargo ha separado 198 docentes y
administrativos sentenciados por terrorismo y apología (12), violación de
libertad sexual (91), tráfico ilícito de drogas (8), violación de la intimidad
(2), homicidio (7), proxenetismo (2), secuestro (3), proposiciones a niños y
adolescentes (2), femicidio (1), de los cuales 105 son docentes y 23
administrativos, y, en las últimas semanas se separaron otros 70, la pregunta
sería ¿cuántos docentes más, sentenciados o denunciados, se encontrarán
actualmente infiltrados en el sistema educativo nacional?
Es incomprensible que esta
clase de docentes enseñen en los colegios sin tener idoneidad profesional,
solvencia moral ni salud mental, poniendo en riesgo la integridad de los
estudiantes. El ministro Quero ha reiterado en diferentes entrevistas, como
gran noticia, que su portafolio promueve estas separaciones como parte de su
compromiso de “Escuelas Seguras”, sin embargo, señor ministro, no se trata de
hacer propaganda a su gestión, más bien, se trata de dar estricto cumplimiento de
la Ley 29988 de diciembre 2012 (reglamentada en mayo 2017 con DS-004-2017-MINEDU) que establece medidas extraordinarias para el personal docente y
administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicados en
delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual,
tráfico ilícito de drogas y otros, disponiendo que los sentenciados deben ser
separados definitivamente o destituidos de manera automática, y los denunciados,
separados preventivamente.
Además, dicha ley crea el Registro de Personas Condenadas o
Procesadas por los mencionados delitos, inclusive dispone que anualmente el MINEDU debe supervisar
las instituciones educativas bajo su competencia (públicas de educación básica,
técnico productivo y superior pedagógico, tecnológico y artístico) para que no
exista ningún docente incluido dictando clases o personal administrativo
laborando, pero nadie conoce dicho Registro, el cual debería ser público.
Bajo este panorama, nuestro
sistema educativo, a pesar de ser el sector más importante para el futuro de
nuestro país, lamentablemente presenta falta de recursos, precaria y deficiente
infraestructura, insuficiente cantidad de docentes preparados, y las
prácticas pedagógicas son de muy baja calidad, además, la situación se agrava con la existencia
de grupos de docentes que cometen delitos, lo cual representa un hecho abominable
porque esta profesión se ejerce para el desarrollo de la persona
en un marco de compromiso ético y moral, siendo los más peligrosos los seudo
profesores pro senderistas y terroristas, porque hacen apología al terrorismo
introduciendo su nefasta ideología y concientización
de odio y destrucción, especialmente a niños
y jóvenes de centros educativos de áreas
rurales y zonas marginales y alejadas,
buscando que sigan esta
funesta doctrina y renuncien a su individualidad, creatividad, autonomía y
análisis como proceso de identificación.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de junio de 2024
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