PROYECTO HIDROVÍA AMAZÓNICA: 9 AÑOS DE MALA GESTIÓN

Hace 9 años (mayo 2010) nace el proyecto Hidrovía Amazónica, el más importante para enlazar los puertos amazónicos, cuando el Ministerio de Transportes le encargó a ProInversión ejecutar el proceso, este proyecto comprende la construcción de canales de navegación de 56 metros de ancho y 1.8 de profundidad, en una extensión de 2,687 kilómetros sobre partes de los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas, ProInversiòn contrató al consorcio argentino-peruano EIH-H&O para la elaboración del estudio de factibilidad siendo aprobado en diciembre 2012 (RS.076-2012-EF) abarcando el dragado de unos 3 millones de m3 de arena, sedimentos, rocas y otros materiales, apertura en pasos de los ríos, señalización, y su operación y mantenimiento, inicialmente representaba una inversión de US$.64 millones aumentando hasta US$.95 millones 5 años después cuando se firmó la concesión (setiembre 2017) con el Consorcio chino-peruano Hidrovía Amazónica (Cohidro), además, dicha valoración no comprende los costos sociales y ambientales.

Desde su inicio fue mal conducido por ProInversión con prórrogas recurrentes, varios diseños de contratos, retrasos y cambios de fechas en aperturas de sobres y otorgación de buena pro, falta de comunicación de bondades del proyecto a pobladores de la zona (424 comunidades nativas de 14 etnias), falta de visión sobre la consulta previa, y diferentes viajes de funcionarios por el mundo para atraer postores.

Actualmente el proyecto presenta serios cuestionamientos, en marzo pasado el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) rechazó el pedido de reconsideración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según un estudio de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) el dragado del lecho fluvial en los 4 ríos generaría impactos negativos sobre hábitats y ecosistemas de la selva, alterando los cuerpos de agua y su velocidad, afectando los patrones de inundación, erosión de las márgenes, transporte de sedimentos y formación de islas y canales, lo cual debería profundizarse en el EIA.

Bajo este panorama, desde la firma de la concesión (setiembre 2017) se preveía que el EIA y de ingeniería estarían terminados en setiembre 2019 y la primera etapa de la Hidrovía en 2020, lo cual es imposible. El gobierno debería poner mayor atención a este importante proyecto para la intercomunicación entre poblaciones amazónicas actualmente limitadas en su desarrollo por existencia de restricciones navegables. Asimismo, la Contraloría General de la República debería realizar una acción de control a este proyecto que ha representado enormes gastos al país producto de una mala gestión de ProInversión.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de aril de 2019

GRILLETES ELECTRÓNICOS Y SISTEMA PENITENCIARIO

El pasado 21 de marzo, Carlos Sulca, quien habría formado parte de una red de narcotráfico en el Callao, después de haber cumplido 18 meses de prisión preventiva sin que el Ministerio Público concluya la investigación, salió del penal de Challapalca, en Tacna, para cumplir detención domiciliaria en su casa de Lima bajo custodia policial, distrayendo gran cantidad de policías de sus labores. Este es uno de los más de 200 casos que se encuentran con detención domiciliaria incluidos cabecillas de Sendero Luminoso (Osmán Morote y Margot Liendo) además de sicarios, extorsionadores, peligrosos asaltantes, y otros delincuentes, pudiendo usar al sistema de vigilancia electrónica personal a través de grilletes electrónicos los procesados cuyas condenas sean menores de 8 años de prisión o no tengan condena, según reportes policiales muchos procesados con detención domiciliaria burlan la seguridad (el año 2017 de 238 procesados 115 quebraron alguna vez el arresto).

La normatividad para el uso de grilletes electrónicos se remonta hace 9 años al promulgarse la ley 29499 (enero 2010) que establece la vigilancia electrónica personal, y su reglamento (DS-003-2010-JUS agosto 2010). En agosto 2010 se decidió la adquisición de 2,000 grilletes contándose con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria, sin embargo nunca se concretó. Desde julio 2017 existe un contrato con la empresa Geosatís por la operación de solo 33 grilletes, de ellos solo se han usado 14 en el cercado de Lima a manera de plan piloto siendo monitoreados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero no se puede realizar un balance sobre su funcionamiento por la poca cantidad de  grilletes en uso, tampoco se puede ampliar a otros distritos por problemas técnicos de conectividad.

Bajo este panorama los grilletes electrónicos son implementos importantes en el sistema penitenciario y deberían usarse en la mayor cantidad posible de internos con detención domiciliaria para control efectivo y evitar fugas, solucionar en parte el hacinamiento de penales y reducir la cantidad de policías para custodias. Actualmente el Sistema Nacional Penitenciario se encuentra en estado de emergencia desde enero 2017 por 4 años, inicialmente por 2 años hasta enero 2019 y prorrogado 2 años adicionales hasta enero 2021 por persistir los motivos que lo originaron para su reestructuración y la del INPE principalmente por la sobrepoblación de internos en penales (128%), también por falta de medios necesarios: humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de abril de 2019

GRAVE PRONÓSTICO: EN DOS AÑOS HABRÍA SEQUÍA EN LIMA

El pasado día 19 (tres días antes del Día Mundial del Agua) Iván Lucich, presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), manifestó que en Lima probablemente tengamos una sequía en los próximos dos años, añadiendo que la ciudad no va a tener agua potable por lo menos durante los próximos cinco años lo que podría implicar reducciones del servicio de entre seis y ocho horas diarias; esta situación se presenta por la falta de inversión de Sedapal en Mecanismos de Retribución por Servicios Ambientales (Merese) para conservación de fuentes de agua, principalmente la cuenca del Río Rímac y obras de cabeceras de cuenca. Cabe mencionar que hace una semana Sedapal tiene nuevo presidente y nuevos directores.

El Perú tiene 54 cuencas y 3 de ellas (Rímac Chillón y Lurín) proveen agua a Lima y Callao. El río Rímac como principal abastecedor (80%) recibe con déficit suministro hídrico de precipitaciones pluviales de zonas alto andinas (5,000 msnm), del deshielo de glaciares, de 19 lagunas embalsadas y de 3 represas (Yuracmayo, Huascacocha y Antacoto) con capacidad de almacenaje de 330 millones de m3 en época de lluvias (diciembre a marzo) para abastecer Lima en época de estiaje (abril a noviembre), pero se almacena mucho menos por escasez de lluvias en la sierra, el caudal del Rímac debe mantener 40 m3/s pero el medio anual es 26 m3/s obligando al uso de 350 pozos de acuíferos subterráneos cuyos volúmenes disminuyen gradualmente. Con dos o tres años de sequías en la sierra se produciría una grave sequía en Lima que afectaría a 10 millones de habitantes (para el 2040 serían 14 millones).

Bajo este panorama, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) Lima sufre de escasez severa de agua, además el millón de personas que no tienen red de agua pagan hasta 5 veces más por agua de camiones cisternas. Es urgente que el gobierno considere acciones para enfrentar graves situaciones, tales como, el crecimiento poblacional, la expansión urbana y los efectos del cambio climático sobre las reservas de agua; asimismo, es prioritario asignar mayores recursos para mejorar los servicios de agua con obras de almacenamiento (nuevas represas), saneamiento, tratamiento de aguas superficiales y residuales, sostenibilidad de los sistemas; y además, buscar otras fuentes de abastecimiento, descontaminar el río Rímac, e implementar una cultura de ahorro del agua y su valorización como recurso indispensable para la vida.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de marzo de 2019

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES NOS DESBORDAN

Al día de hoy, sábado 30, se cumplen 55 días desde que un grupo de comuneros de Fuerabamba, en la provincia de Cotabambas, Apurímac (a altura del fundo Yavi Yavi), bloquea la vía por donde transitan los vehículos de la empresa minera china MMG con toneladas de cobre extraído del yacimiento minero Las Bambas. Este proyecto donde se encuentra una de las mayores reservas mineras del país cuya convocatoria a través de Proinversión fue hace 16 años (agosto 2003) e inició operaciones en marzo 2011 ha pasado hasta la actualidad por infinidad de conflictos: protestas, movilizaciones, paros indefinidos, disturbios (5 comuneros muertos y decenas de civiles y policías heridos), estados de emergencia, detenciones, medidas de fuerza, marchas de sacrificio, entre otros.

Este conflicto de Las Bambas es solo uno de los más graves entre 133 conflictos socioambientales a nivel nacional detectados por la Defensoría del Pueblo, de estos,  71 involucran al sector minero y 56 son casos activos, gran porcentaje de ellos ocurren en el corredor minero (zona sur del país) y en la mayoría de casos las comunidades donde operan las empresas mineras demandan por incumplimiento de acuerdos y compromisos sociales y de planes de acción ambiental asumidos en las mesas de diálogo y por uso de recursos hídricos de cabeceras de cuenca, quebradas, lagunas y acuíferos. En realidad los conflictos sociales, principalmente de desarrollo minero, nos están desbordando a pesar de haberse creado diversas instituciones adscritas a la PCM para tratar de resolverlos, entre ellos, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad-(ONDS) para dirigir el proceso de diálogo y prevenir conflictos sociales, el Viceministerio de Gobernanza Territorial que está por encima de la ONDS teniendo como competencia el diálogo y la resolución de conflictos.

Bajo este panorama la prevención, gestión y manejo de conflictos sociales, activos y latentes, representa un grave problema actual, muchos de ellos comenzaron hace años y aún no son resueltos porque no existe una política clara para abordarlos y solucionar los problemas de fondo. Los conflictos sociales están relacionados a la gobernabilidad, respeto a los derechos fundamentales, desarrollo social y cultura de diálogo y paz. La violencia en conflictos sociales es un desenlace que debemos evitar con capacidad preventiva (inteligencia, información y análisis), estrategias de diálogo y acercamiento, y no solo negociar cuando las carreteras están bloqueadas, como el caso actual en Las Bambas, caso contrario, la situación se tornará insostenible.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO fecha 30 de marzo de 2019

INTRUSIÒN IDEOLÓGICA TERRORISTA EN SESIÒN 171º DE CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su período de sesiones 171º en Sucre, Bolivia (7 al 16 febrero) efectuando 24 audiencias públicas sobre casos de derechos humanos en doce países, entre ellos el Perú sobre el cual se presentaron informes sobre “Situación de personas defensoras de derechos humanos y política integral de protección” (día 12), y “Denuncias de violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes LGBTI” (día 14), audiencias donde participaron representantes del Estado Peruano. Pero lo más grave sucedió en otra audiencia pública (día 13) sin representantes del Estado peruano donde personas vinculadas a cinco organizaciones afines al grupo criminal Sendero Luminoso (SL) despotricaron y desvariaron ideológicamente contra el Estado.

Un video presentado por la ONG de derechos humanos Waynakuna-Perú, nos permite constatar con gran indignación como Natalia Oslo, representante del Movimiento de amnistía y derechos fundamentales (Movadef), grupo de fachada de SL, denuncia ante comisionados de la CIDH que el Estado peruano aplica una política de persecución contra dicha organización para proscribir los derechos de la sociedad peruana, y los persigue por adoptar una línea ideológica marista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, inclusive se atrevió a presentar al Estado peruano como policiaco, corrupto y explotador. También intervino Alex Cárdenas, representante de la organización Ratio Iuris (brazo legal de SL) manifestando que en Perú existe una política antiterrorista contra quienes tienen ideas afines al marismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, resaltando que Abimael Guzmán está en aislamiento 16 años sin derechos en el penal ilegal de la Base Naval del Callao que no tiene base jurídica, pidiéndole a la CIDH se pronuncie por su vida.

Sendas protestas y explicaciones se difundieron apenas aparecieron las informaciones sobre dicha audiencia, el Ministerio de RR EE expresó su malestar y protesta por permitirse exponentes de ideología terrorista, también el Ministerio de Justicia explicó que el Estado peruano solo fue convocado a dos audiencias públicas pero no a esta tercera donde participaron personas vinculadas a SL, sin embargo, según el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abräo, en el período 14 noviembre-7 diciembre 2018 recibieron inscripciones de 468 personas de organizaciones sociales para participar en las audiencia públicas tomando la palabra 80, solo bastaba que autoridades peruanas verificaran el registro de inscripción de  personas afines a SL. Mientras no efectuemos estricto seguimiento y control de estas organizaciones (existen unos 30 grupos con nexos con SL) su estrategia político-ideológica seguirá avanzando hasta rebasarnos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de marzo de 2019