MAJES-SIGUAS II: INCREÍBLE, 14 AÑOS Y MÍNIMOS AVANCES


El pasado día 10, en una entrevista, el presidente Francisco Sagasti manifestó su deseo de reactivar, entre otros, el Proyecto Majes-Siguas II. Este proyecto, desde mayo 2006 en que Proinversión convocó su concesión, muy poco ha avanzado. Majes-Siguas II es la continuación de una primera etapa que culminó en 1985 con la construcción de la Represa de Condoroma para irrigar 23,000 hectáreas en la pampa de Majes, y consiste en la ejecución de obras de afianzamiento hídrico e infraestructura de irrigación para incorporar 38,500 hectáreas en la pampa de Siguas.


Increíblemente esta obra está perseguida 14 años por problemas y controversias. En mayo 2006 Proinversión convocó su concesión y recién en setiembre 2010 fue adjudicada al consorcio Cobra Instalaciones-España y Cosapi-Perú, y aunque el proyecto inicial fue concebido para invertirse US$ 148 millones, la suscripción fue por US$ 425 millones, y encima, los trabajos fueron suspendidos (2010-2013) por conflictos legales con el gobierno regional del Cusco por el desvío del río Apurímac, solucionándose en abril 2015 y firmándose un nuevo contrato con inversión incrementada hasta US$ 550.5 millones producto de 12 adendas suscritas.

 

Las obras se reiniciaron en 2015, con mínimo avance (16%) y volvió a paralizarse a fines de 2017, en julio 2018 Cosapi se aleja del proyecto quedando a cargo de Cobra Instalaciones-España, empresa que presentó otra adenda, la número 13, para implementar un sistema de riego tecnificado y otras obras que ocasionaría un nuevo incremento de US$ 110 millones elevando el costo a US$ 660.5 millones. Esta adenda tiene reparos de la Contraloría General y de la Autoridad Nacional del Agua, además hay una investigación inconclusa del Congreso disuelto sobre actos y procesos administrativos del proyecto. Una obra que inicialmente se concibió para invertir US$ 148 millones, se elevaría hasta US$ 660.5 millones.

 

Bajo este panorama, debe priorizarse el reinicio de este megaproyecto que crearía condiciones para desarrollar US$ 360 millones anuales de producción agroexportadora, pero también deben investigarse todos los procesos realizados. En la situación actual, el gobernador regional, Elmer Cáceres, que en 2018 aseguró que no firmaría la adenda 13, el pasado día 11 aceptó firmar una adenda con supervisión especializada para elaborar y presentar su versión final, pero aún quedan pendientes la compra de terrenos de Pusa Pusa, el Estudio de Impacto Ambiental, certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el mantenimiento de las hidroeléctricas de Lluta y Liuciia. Desde su reinicio se calcula que el proyecto demoraría 7 años.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de enero de 2021

 

NUESTRA SINUOSA E INEFICAZ LUCHA CONTRA LAS DROGAS

 


En febrero 2007 se aprobó una estrategia de “preferente interés nacional” para promover y elevar el desarrollo, situación socioeconómica y calidad de vida en el Valle de los ríos Apurímac. Ene y Mantaro (Vraem) con presencia e intervención del Estado (DS-003-2007-DE) para reducir los cocales ilegales y la producción de droga, pero 5 años después, sin resultados positivos, fue derogada y reemplazada por otra estrategia con similares prioridades para el Vraem (DS-074-2012-PCM), también sin resultados que destacar. Se perdieron muchos años y no mejoró la situación en este convulsionado Valle, seguían aumentando considerablemente cultivos ilegales de coca y producción de cocaína.

 

En junio 2017, siendo presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías Claux, se aprobó la primera Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021 elaborada por esa Comisión (DS-061-2017-PCM). El objetivo principal de Masías era reducir el total de cultivos ilegales de las zonas cocaleras a 25,000 hectáreas (existían 50,000), inclusive Devida proyectaba el 2018 para inicio de erradicación en el Vraem, pero nunca se ejecutó. En julio 2018 Rubén Vargas Céspedes reemplazó a Masías y presentó la “Estrategia Vraem 2021” (DS-102-2018-PCM) también enfatizando el desarrollo social y económico sostenible del Vraem. Vargas renunció a Devida el 15 noviembre 2020 dejando muchos temas sin aclarar, siendo reemplazado 11 días después por Fidel Pintado Pasapera.  

 

Bajo este panorama, Devida, responsable de diseñar y conducir la Política Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y formular, diseñar y proponer la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas debería aclarar la incoherencia por la existencia de dos estrategias vigentes hasta fines de 2021 y aunque en ambas prevalece la atención al Vraem, esta convulsionada zona no ha mejorado. También, porque desde 2018 no se publican Monitoreos de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; según Devida al 2019 existen 54,655 hectáreas lo cual difiere enormemente de las 72,000 que registra la Oficina de Política Nacional para Control de Drogas de EE.UU (ONDCP), además, debe explicar porque no tenemos cifras oficiales de producción de cocaína desde 2008 (eran 302 toneladas), en la recién promulgada Política Nacional Contra las Drogas al 2030 (DS-192-2020-PCM diciembre-2020), se registra una producción estimada de cocaína al 2017 de 411 toneladas, pero según ONDCP para dicho año fueron 491 toneladas y en 2019 produjimos 705 toneladas, elevadísima cifra que representa 41.5% de las 1,700 que se producen a nivel mundial.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de enero de 2021

 

LOTE 192 DE PETRÓLEO (LORETO): 50 AÑOS DE CONTAMINACIÓN




El pasado 16 de diciembre la empresa argentina Pluspetrol Norte anunció su liquidación al haberle negado, el Ministerio de Energía y Minas, en tercera instancia, el Plan de Abandono del Lote petrolero 192 (ex-1AB) ubicado en el distrito de Andoas, Datem del Marañón, región Loreto, asentado sobre 500,000 hectáreas y donde existen comunidades nativas. Hace tres días (30 de diciembre), en comunicado conjunto de los Ministerios del Ambiente, Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), señalan que la empresa Pluspetrol Norte está obligada a remediar los pasivos ambientales por ser responsable de 1,500 impactos del lote-192 (y del lote 8 que actualmente opera) durante su período de operación 2001-2015, habiendo recibido 4,000 UIT de multas y las respectivas sanciones.

 

El lote-192 es el mayor productor de petróleo en el país, hasta 2019 estuvo produciendo 6,500 barriles diarios (12% de la producción nacional que asciende a 53,000 barriles diarios), cuenta con reservas probadas para 20 años, sin embargo, tiene un historial contaminante por graves atentados ambientales. En 1970 la Occidental Petroleum Corporation (Oxy) inició operaciones utilizando prácticas contaminantes destructivas y dejando áreas de producción y exploración contaminadas. Recién 14 años después (1984), por reiteradas denuncias de contaminación de las comunidades nativas, el gobierno la declaró como “la zona medioambiental más dañada del país”. Recién en 1993 se promulgó el marco reglamentario ambiental de hidrocarburos, y en 1996, por primera vez, se priorizó una evaluación ambiental y territorial del área.

  

En 2001 Oxy vendió la concesión del Lote-192 a Pluspetrol Norte, empresa que debió presentar en 2002 su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y a pesar de no cumplirlo, se le amplió 4 años el plazo hasta 2006 y después hasta 2010 mediante un Plan Ambiental Complementario (PAC) que incluía 91 sitios impactados que debían remediarse, lo cual nunca cumplió. En 2015 concluyó su contrato y desde agosto de dicho año la compañía canadiense Frontera Energy tiene contrato de servicio temporal para explotación hasta el primer trimestre 2021 y luego el contrato de licencia sería otorgado a Petroperú.

 

Bajo este panorama, tras 50 años de explotación del Lote-192 los casi 2,000 impactos ambientales producidos no han sido remediados, debiendo dársele prioridad por ocasionar graves daños contaminantes en la salud de las comunidades indígenas (Andoas, Nueva Jerusalén, Pampa Hermosa, Pacacuro y Santa Elena), en cuencas de ríos (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) y en suelos, bosques y medio ambiente.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de enero de 2021

 

EXECRABLES ATAQUES NARCOTERRORISTAS


El pasado lunes 21, tres embarcaciones Hovercraft del componente naval del Vraem, encontrándose en operaciones de control fluvial en el río Apurímac (altura centro poblado Puerto Palmeras, Satipo, Junín), fueron atacadas desde un lugar boscoso de tierra con armas de largo alcance. En este execrable ataque narcoterrorista que fue inmediatamente repelido por personal de abordo, lamentablemente falleció en acto del servicio a la Patria el Oficial de Mar 2°. Gustavo Valladares Neyra, quedando otros tres tripulantes heridos. El río Apurímac es permanentemente custodiado en operaciones de vigilancia por la Marina, especialmente en las zonas adyacentes donde existe alta producción de cocaína a fin de evitar el tránsito fluvial de droga o de insumos químicos.

 

Es muy preocupante que en el Vraem, durante el presente año, además del último ataque al personal de Marina, se produjeron otros tres ataques narcoterroristas, uno en marzo, en Huanta, Ayacucho (dos fallecidos del Ejército y un policía), y en octubre dos ataques, el 20 en ruta del Vraem a Pangoa (un fallecido del Ejército) y el 30 de octubre en Huanta (dos policías fallecidos), sin embargo, detrás de estos ataques estarían involucrados narcotraficantes en alianza con los terroristas que operan en el Vraem, y lo habrían hecho por venganza debido a que patrullas del Ejército y Policía el 19 de junio incautaron 1.5 toneladas de cocaína en La Convención, Cusco, deteniendo a 15 personas, y una semana después allanaron un laboratorio de producción de cocaína en la quebrada Parhuamayo, Huanta, Ayacucho, y detuvieron a 6 narcoterroristas pertenecientes a una columna que es brazo operativo del cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino “José”, incautándoles armas, municiones y droga.

 

Bajo este panorama, todos los integrantes de las FFAA y PNP caídos en estos actos narcoterroristas han dado su vida por la Patria y deben ser reconocidos por todos los peruanos, y los que continúan seguirán luchando con la moral muy alta. El peligroso incremento de ataques y emboscadas en el Vraem demuestra que, con recursos del narcotráfico, los terroristas se están recomponiendo y mejorando su capacidad para ejecutar acciones armadas. Es prioritario que el Gobierno actúe aumentando la presencia del Estado mejorando la situación social y condiciones de vida, además, en el campo militar, debe mejorarse el sistema de inteligencia estratégica, reforzar las medidas de seguridad en desplazamientos, uso de aviones no tripulados (UAV) y destinar mayores recursos para mejorar el equipamiento, armamento y comunicaciones para el combate al narcoterrorismo en esa convulsionada zona.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de diciembre de 2020

 



CARAL: EN RIESGO NUESTRA CIUDADELA MÁS ANTIGUA DE AMÉRICA

 


Desde octubre pasado la arqueóloga peruana Ruth Shady y otros funcionarios del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (Peacs) vienen recibiendo amenazas de muerte de traficantes de terrenos (con términos como “van a terminar a cinco metros bajo tierra”) por haber denunciado a la Policía y a la Fiscalía la invasión y daños irreparables, con maquinaria pesada, de varias estructuras de los edificios de nuestra ciudadela más antigua de América y una de las más antiguas del mundo.

 

La Doctora Ruth Shady es la descubridora de Caral, en 1,994 fundó el Proyecto Arqueológico Caral y dirige desde 2003 el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe que se encarga de revalorizar y proteger nuestro patrimonio y sus alrededores, desde esa fecha se ejecutan excavaciones e investigaciones, siguiendo un Plan Maestro para convertir el Valle de Supe y su patrimonio cultural en un eje de desarrollo socioeconómico, además de dar a conocer a nuestro país y al mundo sus valores sociales y culturales y preservarlos para beneficio de las actuales poblaciones y del futuro.

 

Caral está ubicada en Barranca, a 200 kilómetros de Lima y levantada al margen del río Supe, tiene más de 5,000 años de antigüedad (aproximadamente 3,000 años AC) y representa la base de la primera civilización andina y foco originario de nuestra cultura que surgió casi en simultaneo con otras del viejo mundo (Mesopotamia, Egipto, India y China). Nuestra ciudadela fue declarada en 2006 de preferente necesidad pública la investigación, conservación y puesta en valor, y en 2009 declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 

Las graves amenazas de muerte contra la Dra. Shady ha ocasionado que no haya regresado a Caral desde el inicio de la pandemia para no exponer su vida. Este deplorable acto delictivo ha levantado pronunciamientos de rechazo de Concytec y de prestigiosas academias Nacionales de Ciencias de Perú, Argentina, Costa Rica y EE UU, y, además, llamados a las autoridades nacionales para defender y preservar este importante patrimonio arqueológico.

Bajo este panorama, nuestra ciudadela se encuentra desprotegida por una expansión no planificada de poblaciones aledañas que ocasiona invasiones, tráfico de tierras, concesiones agrarias y mineras ilegales. Las autoridades policiales y culturales no deben permitir invasiones en Caral debiendo ser inmediatamente desalojadas, nuestra ciudadela fue invadida por un clan que extendió su ocupación hasta 58 hectáreas y el problema se agrava por traficantes de tierras que ingresan y se apropian del territorio, desde que se inició la pandemia se registraron nueve invasiones.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de diciembre de 2020

 

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