NUESTRA ENDEBLE PRODUCTIVIDAD

La productividad es clave para alcanzar un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo, se logra mediante un aumento continuado de la producción total de bienes y servicios finales en determinado tiempo a precios de mercado. Un país productivo activa en su proceso de forma eficiente y óptima el uso de los factores de producción (capital, trabajo y tierra) lo cual se conoce como productividad total, es decir, obtener máxima producción con mínimos recursos.

Lamentablemente en nuestro país la productividad total ha disminuido en los últimos años, según The Conference Board, entre 2011 y 2014 disminuyó -7.8%, influyendo en la reducción de nuestro crecimiento económico de 5.8% el 2013 a 2.4% en 2014, para el 2017 se proyecta 2.5%, muy por debajo del crecimiento poblacional (más de 3%), lo cual podría incrementar el porcentaje actual de pobreza de 20%. Según la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development necesitaríamos crecer 7% año a año por 26 años para cerrar nuestra brecha frente a los países desarrollados.

En agosto 2014 (gobierno de Humala) se implementó el Plan Nacional de Diversificación productiva (invirtiéndose S/ 300 millones) y se creó un Consejo Nacional con el objetivo de alcanzar un crecimiento de 7% en el PBI, según el plan, promoviendo la diversificación productiva, adecuando regulaciones y simplificación administrativa y expandiendo la productividad, sin embargo, la Organización para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas (ONUDI) encontró gruesos errores en su concepción, siendo desechado por el actual gobierno porque según Pedro Olaechea, actual Produce, “como plan no sirve”.

Bajo este panorama la productividad se asocia, además del crecimiento PBI, con la evolución de variables económicas como salarios, inversiones, tipo de cambio, tasas de interés, por lo tanto, deberíamos basar nuestro crecimiento no solo en las inversiones (principalmente mineras) sino elevar con mayor énfasis nuestra endeble productividad, siendo necesario mejorar el capital humano con una educación escolar de calidad y capacitación post escolar para atraer talento hacia la economía del conocimiento, invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación aplicando nuevas tecnologías organizativas y científicas para aumentar valor agregado, igualmente, manteniendo un entorno institucional estable, invirtiendo en vías e infraestructura, promoviendo mayor inclusión laboral, flexibilizando el mercado de trabajo, creando empleos de calidad, impulsando nuevos emprendedores, y en la medida que las empresas inviertan en innovación y tecnología aumentarán su productividad influyendo en la reducción de la informalidad, uno de los principales problemas del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de diciembre de 2017 


SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL PENAL

La implementación del sistema de vigilancia electrónica personal penal a través del uso de grilletes electrónicos fue normado con ley 29499, enero 2010 y su reglamento (DS-003-2010-JUS), considerándose la adquisición de 2,000 grilletes con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria por S/150 millones, asegurando el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) su uso para 6,000 internos. Recién 7 años después, en enero del presente año, se reguló su uso (DL 1322) y en abril se otorgó la buena pro al consorcio Geosatis (empresa mexicano-peruana), actualmente hay solo dos reclusos usando grillete.

Estos dispositivos deberían usarse con carácter urgente para 240 procesados que se encuentran con arresto domiciliario por exceso de carcelería u otros motivos y requieren vigilancia policial (presencial y en muchos casos aleatoria), lo cual distrae las labores de muchos policías para verificar que permanezcan en su domicilio, pero esta condición judicial muchas veces es burlada, tal es el caso del delincuente Luis Donayre Flores (a) “Pato Ciego”, que el pasado 24 de noviembre, encontrándose con arresto domiciliario fue detenido en San Isidro tras robar a una cambista. 

Las autoridades penitenciarias resaltan que este sistema personal de vigilancia electrónica es prioritario para solucionar el hacinamiento de los penales, pero no debe considerarse como papel decisivo sino solo como un mecanismo para aliviarlo, tenemos 69 cárceles con capacidad para 36,000 reclusos pero actualmente albergan 84,000 con una terrible sobrepoblación de 133% que reflejan un grave descuido de décadas en políticas penitenciarias urgentes debido, entre otras razones, a cálculos electorales de los políticos porque no representan votos en el corto plazo.

Actualmente el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE están desde inicio de año declarados en emergencia por 2 años (DL 1325 fecha 5 enero) por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura, pero ha pasado un año y no se aprecian mejoras, lo que realmente se requiere es: agilizar las sentencias en el Poder Judicial (de 88,000 internos, menos de la mitad han sido sentenciados); eliminar los altos índices de corrupción penitenciaria y judicial; construir nuevas cárceles y ampliar la infraestructura en los espacios disponibles de las actuales; optimizar la gestión administrativa penitenciaria; implementar correccionales para trabajos en talleres y actividades educativas; mejorar la capacitación de los agentes penitenciarios; estudiar la factibilidad para tercerización de la administración y gestión de los penales; y mejorar las condiciones de los reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción social.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de diciembre de 2017


SIN RASTROS DEL SUBMARINO “SAN JUAN”

El pasado lunes 13 el submarino Armada Argentina ARA “San Juan” (32 años en servicio) zarpó con 44 tripulantes del puerto de Ushuaia hacia la Base Naval Mar del Plata; el día 15 comunicó su última posición a 233 millas (432 kilómetros) frente al Golfo de San Jorge, reportando además una avería en baterías, desde allí a Mar del Plata la distancia es 650 millas (1,050 kilómetros) debiendo haber arribado (dependiendo de su velocidad) el domingo 19 o lunes 20, pero esto no sucedió. El jueves 16 se inició una búsqueda marítima y aérea, el viernes 17 se declaró estado SAR (búsqueda y rescate) en un área de 43,000 km2 con apoyo de 10 países (entre ellos el Perú), pero sin resultados hasta la fecha.

Para comprender la operación de submarinos convencionales referiremos algunos alcances: pueden navegar en inmersión (sin usar snorkel) por aproximadamente hora y media a máximas velocidades como 25 nudos (46 Km/h), pero a mínimas velocidades como 3 nudos (5.5 km/h) hasta 8 días; cuando la capacidad de baterías baja al límite permisible, deben cargarse operando las máquinas diésel y generadores con aire del exterior izando el mástil del snorkel a 45 pies (14 metros) de profundidad. Las baterías (entre 480 y 960, con media tonelada de peso cada una) reciben estrictas medidas e inspecciones de seguridad por la cantidad de sistemas asociados.

Un submarino en emergencia o con avería debe salir inmediatamente a superficie soplando tanques de lastre, si no pudiera hacerlo por mal tiempo u otro motivo debe mantenerse a profundidad de periscopio (45 pies); en caso extremo, por falla en baterías o propulsión, una alternativa es sentarse en el fondo hasta ser ubicado, en esta condición disminuye el oxígeno (O2) y aumenta el anhídrido carbónico CO2) afectando la tripulación, debiendo ser nivelado soltando O2 de botellas metálicas y activando cartuchos eliminadores de CO2, operación que brinda autonomía de 6 a 8 días o más, dependiendo de su adecuado manejo y mínimo movimiento abordo..

Bajo este panorama a pesar que la búsqueda del submarino “San Juan” entró a fase crítica por el tiempo transcurrido y que el jueves 23 la Armada Argentina confirmó una explosión ocurrida el día 15 en la zona donde desapareció el submarino, hagamos votos y elevemos nuestras oraciones para que sus tripulantes continúen luchando contra la adversidad y puedan sostener sus máximos esfuerzos hasta ser ubicados y rescatados.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de noviembre 2017


REZAGADOS EN CALIDAD DE EMPLEOS Y REMUNERACIONES

El pasado día 7 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el Índice de Mejores Trabajos que analiza las condiciones laborales de 17 países de América Latina a través de medidores de empleo en cantidad (tasa de participación laboral y ocupación) y calidad (tasas de formalidad y trabajo con salario suficiente para superar la pobreza) con puntuaciones de 0 a 100 (donde 100 significa máximo trabajo formal con salario suficiente). Con mayor puntuación figuran Uruguay (71.9) y Chile (64.9): Perú ocupa el 12° puesto (54.7) debajo del promedio de América Latina (57.1). Aunque nuestros medidores de cantidad son altos (participación laboral 81.1 y ocupación 78.4), en calidad son muy bajos, informalidad (puesto 14° con 16.5 puntos) y sueldo insuficiente (puesto 12° con 42.8 puntos).

La generación de empleo de calidad en nuestro país ha sido casi nula los últimos años; de cada 10 empleos generados solo 2 son de calidad, los empleos en empresas formales de 10 a más trabajadores ha crecido a tasas inferiores al 1%, este año se han creado solo 0.4% de empleos y 6.6% de la PEA cae mensualmente en desempleo, el desempleo juvenil es 3 veces mayor que en adultos; respecto a 2016 se perdieron 160,000 empleos formales, aparecieron 300,000 nuevos empleos informales y unas 250,000 personas entrarían al subempleo el 2018. Además, el gobierno prometió la creación de un seguro de desempleo pero ha sido postergado y está casi descartado por la alta informalidad laboral.

Nuestro mercado laboral presenta una altísima informalidad (70%) y muy baja productividad, según la investigación Trabajo Decente en América Latina 50% de trabajadores recibe menos del sueldo mínimo (actualmente S/.850, el 7° más bajo de América Latina y El Caribe), además, nuestras brechas salariales entre hombres y mujeres bordea el 40%, y, entre 2014 y 2016 las remuneraciones medias reales de trabajadores formales se redujeron 0.5%. Nuestro PBI per cápita (ingreso promedio por ciudadano) bordea los US$ 5,500 (menos de la mitad que Uruguay, Chile o Panamá).

Bajo este panorama, para incrementar el empleo de calidad (incorporación a planilla, acceso a seguridad y previsión social) y la capacidad adquisitiva de las remuneraciones promedio es imprescindible mejorar nuestra capacidad económica nacional, y para ello, debemos reducir la informalidad laboral, promover la estabilidad laboral, mejorar la industrialización, elevar la productividad y fomentar la capacitación de los jóvenes para aumentar la mano de obra calificada.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de noviembre 2017


INFORME DESCLASIFICADO SOBRE ACUERDO CHILE-BOLIVIA

Estados Unidos desclasificó recientemente documentos del Departamento de Estado donde aparece un informe “confidencial” dirigido al presidente Jimmy Carter notificándole que en diciembre 1975 el presidente del gobierno militar Augusto Pinochet ofreció a su homólogo boliviano Hugo Banzer una franja de territorio de 10 km con acceso al mar sin incluir áreas para un puerto marítimo, pidiendo “intercambio de territorio y derechos sobre agua dulce de Bolivia”, advierte que “Chile buscaba una alianza con Bolivia contra el Perú” y señala que este ofrecimiento reduciría tensiones en el área, debiendo la estrategia de EE UU apoyar a Bolivia a tener acceso al mar por ser una causa internacional muy popular y fomentaría la cooperación entre países del área.

Pero ¿en qué consistió realmente dicho acuerdo y como intervino el Perú? El 8 de febrero 1975, durante el “abrazo de Charaña” entre Pinochet y Banzer, normalizaron relaciones diplomáticas y arribaron al acuerdo de cesión de Chile a Bolivia de un corredor entre la línea Concordia y el extremo norte de Arica con canje compensatorio de tierra y mar cedidos y derecho chileno de aprovechar totalmente las aguas del río Lauca. Diez meses después, dicho acuerdo fue consultado al Perú (nota diplomática 685, diciembre 1975) en cumplimiento el artículo 1° del Protocolo Complementario del Tratado Perú-Chile de 1929.

Perú contestó en noviembre 1976 condicionando su aprobación al establecimiento en Arica de un área territorial bajo “soberanía compartida” de Bolivia, Chile y Perú, administración portuaria común, concesión para construcción de un puerto boliviano manteniendo soberanía sobre el mar adyacente al litoral del territorio bajo “soberanía compartida” y establecimiento de un polo de desarrollo económico mancomunado. Chile la rechazó por considerarla una alternativa diferente al acuerdo con Bolivia. En marzo 1977 Bolivia y Chile cesaron definitivamente sus relaciones por no ponerse de acuerdo en las compensaciones solicitadas por Chile.

Actualmente ambos países afrontan un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una demanda boliviana presentada en abril 2013 requiriendo la obligación de Chile para negociar “de buena fe” una salida soberana al mar. Compete al Perú su neutralidad, estar atento a los alegatos orales y al fallo final proyectado para 2018 y analizar los probables cursos de acción a seguir si el fallo dispone la convocación de una negociación de Chile con Bolivia, lo cual podría abrir la posibilidad de involucrar a nuestra frontera sur y nuestros intereses marítimos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 noviembre 2017


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