TERRORISTA SENTENCIADA DEL MRTA EN EL CONGRESO

Nancy Madrid, condenada por terrorismo a 18 años de prisión por el delito de afiliación terrorista en agravio del Estado, y quien según la Dirección de Lucha contra el Terrorismo (Dircote) perteneció a la cúpula del grupo terrorista MRTA junto con Peter Cárdenas (lugarteniente del fundador Víctor Polay), increíblemente estuvo trabajando casi dos años en el Congreso de la República (desde el 27 julio 2016) como “asistente” de la legisladora del Frente Amplio (FA) María Foronda, pero lo preocupante es que la presencia de esta terrorista no fue detectada por su partido (FA), ni por nadie del Congreso, ni por alguna entidad del Estado relacionada a lucha antiterrorista, sino por un programa televisivo difundido el domingo pasado (Panorama).

Esta terrorista reconoció ante magistrados de la Sala Penal para Casos de Terrorismo haber alquilado una vivienda en el distrito de San Borja para ser usada como “cárcel del Pueblo” y es sindicada como administradora de esos sórdidos socavones  excavados en sótanos de domicilios particulares donde el MRTA confinó a 46 hombres de negocios entre 1984 y 1997, sometiéndolos a inhumano cautiverio, maltratándolos, torturándolos e interrogándolos en sus “juicios populares” y solo eran liberados después de pagar millonarios “cupos de guerra”, otros perecieron en manos de sus captores que hasta contaban con comandos de aniquilamiento. Además, esta terrorista trabajó anteriormente 5 años (2008-2013) nada menos que como educadora en una asociación de grupos juveniles en El Agustino habiendo tenido la posibilidad de transmitir a los jóvenes su ideología criminal que los terroristas jamás abandonan ni se arrepienten por ello.

Aunque esta terrorista, al ser detectada, debió ser inmediatamente despedida por la congresista Foronda, no lo hizo argumentando que “lo que se dice de mi asistente es una patraña”, dándose el lujo la terrorista de renunciar a un privilegiado “puesto de confianza” que ni siquiera requirió postular a concurso público para recibir del dinero de todos los peruanos un sueldo mensual de S/.3,500, además de bonificaciones, asignación por alimentación diaria, bono navideño, seguro de salud, vacaciones pagadas, un sueldo adicional completo en julio y diciembre y derecho a compensación por tiempo de servicio, habiendo recibido en el año y 10 meses más de S/ 130,000 que deberían ser inmediatamente devueltos al Congreso por la congresista Foronda, independientemente de efectuársele una prioritaria investigación y la evaluación de su desaforo..

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de mayo de 2018

SE REQUIERE MÁXIMO CONTROL FRONTERIZO POR DISIDENTES FARC

Tras 52 años de guerra que dejaron en Colombia 8 millones de víctimas, entre muertos (220,000), desplazados y desaparecidos, el 24 de noviembre 2016, el gobierno y las FARC suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, unos 8,000 integrantes iniciarían su traslado a las zonas de concentración y entregarían sus armas, sin embargo, muchos de ellos no han desistido de la lucha armada ni estregaron las armas, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), junto con milicias y facciones vinculadas agruparían entre 1,200 y 1,400 integrantes.

Esta disidencia está generando problemas en otras fronteras, una de las facciones liderada por “Guacho” ha desbordado en Ecuador asesinando a tres ecuatorianos secuestrados en la frontera, acciones que podrían repetirse en fronteras de Brasil, Panamá, Venezuela y Perú. En nuestro país el pasado 15 de abril un colombiano de 19 años, Neider Machacury, fue detenido por la policía en el centro poblado Soplin Vargas, provincia de Putumayo, Loreto, por ofrecer dinero a dos menores intentando convencerlos que se unan a un grupo disidente que opera en la frontera con Perú.

Posteriormente, el pasado día 8, el Alcalde de la provincia de Putumayo, Segundo Julca, aseguró que disidentes del Frente Oliver Sinisterra (con gran acceso a recursos del narcotráfico) ingresaron en la madrugada desde la frontera colombiana hasta el frontis del municipio dejando un comunicado solicitando apoyo financiero, también a viviendas de San Antonio del Estrecho llamando a jóvenes para que se unan a sus filas, asimismo, la Fiscalía ha determinado que entre marzo y abril pasados ingresaron el lado peruano un grupo de colombianos armados y encapuchados que han tratado de captar menores de edad para que se unan a los disidentes. Recordemos que el departamento colombiano Putumayo ha sido históricamente para las FARC zona de disputa por el control de cultivos de coca, procesamiento y comercialización de droga, así como importante área de repliegue.

Bajo este panorama se debe activar máximo control en la zona fronteriza de nuestra provincia de Putumayo, las acciones realizadas por los disidentes en nuestra frontera representan una grave violación territorial con peligrosas consecuencias. La compleja implementación del proceso de reincorporación social y económica de los exguerrilleros aún presenta complicadas dificultades existiendo el riesgo de que muchos puedan ser cooptados por los disidentes. Todavía en Colombia están latentes muchas inquietudes y cuestionamientos respecto a una paz completa, sostenible y duradera.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de mayo de 2018

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PERÚ: 5.5 MILLONES DE HECTÁREAS DE TIERRAS DEGRADADAS

Entre los días 26 y 27 de abril se realizó en nuestra capital la IV reunión anual de la Iniciativa 20x20, cuyo objetivo es que los países miembros de América Latina y el Caribe recuperen 20 millones de hectáreas de tierras degradadas al año 2020. Esta iniciativa fue lanzada durante la Cumbre del Cambio Climático (COP-20) en Lima (diciembre 2014) por ocho países de la región, entre ellos, el Perú que se comprometió a restaurar 3.2 millones de hectáreas. Actualmente hay 19 países inmersos en esta Iniciativa.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) nuestro país tiene más de 9 millones de hectáreas deforestadas de bosques tropicales, de las cuales 5.5 millones son consideradas degradadas o abandonadas en 12 departamentos con prioridad de restauración alta y muy alta. Cuando Perú, en 2014, se comprometió a restaurar las 3.2 millones de hectáreas, el ministro de Agricultura, Juan Benites, manifestó que este esfuerzo entusiasta del Perú demuestra la intensidad del problema de la constante pérdida de nuestros bosques, que pone en riesgo el futuro del país. En febrero 2017 el ministro José Hernández aseguró que se estaba fortaleciendo acciones para cumplir el compromiso y restaurar 2 millones mediante reforestación productiva y 1.2 millones mediante proceso de recuperación de áreas degradadas, pero indicó falta de capital privado. El actual ministro, Gustavo Mostajo, sostiene que su meta es detener la deforestación para no seguir degradando las tierras.

Bajo este panorama, realmente nada se ha avanzado, faltando 2 años 8 meses hasta fines del año 2020 es imposible cumplir con la restauración comprometida, toda vez que existe un ritmo de pérdida anual de 150,000 hectáreas de bosques por agricultura migratoria y actividades ilícitas (en los últimos 15 años fueron destruidos 2 millones de hectáreas), sin embargo, las plantaciones forestales registradas a nivel nacional alcanzan solo 40 mil hectáreas.

Contamos con una amplia normativa forestal para restaurar las tierras degradadas (25 normas entre Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Legislativas y Ministeriales y la última, hace 7 días, de la Dirección Ejecutiva sobre lineamientos para restauración de ecosistemas forestales), pero increíblemente no tenemos un Plan Nacional Forestal (sigue postergado desde el año pasado), estratégico e imprescindible documento cuya falta debilita el accionar y desarrollo del sector forestal que no permite el mejor aprovechamiento y gestión de nuestros recursos forestales, tampoco detener la deforestación ni avanzar en la prioritaria restauración de tierras degradadas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de mayo de 2018

POBREZA: PREOCUPANTE REBROTE EN MÁS DE UNA DÉCADA

Según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho-2017) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en nuestro país aumentó en 2017 a 21.7% (1% respecto a 2016), pero preocupa que dicho incremento se presenta después de 13 años, en que anualmente venía reduciéndose. Con este rebrote se registra actualmente 6’906,000 de peruanos en esta situación y 1’200,000 son pobres extremos. Los niveles de pobreza rural son inadmisibles, 44.4% pobres, y en el ámbito rural llega a 15.1%. El INEI determina la incidencia de pobreza utilizando el método de medición “línea de pobreza monetaria” mediante el valor de una canasta mensual mínima que para 2017 fue S/338 por persona (S/11.27 diarios) para alimentación y cubrimiento de necesidades esenciales mínimas para vivir (salud, educación, vestido, vivienda, transporte, enseres y otros), y para medición de pobreza extrema una canasta de S/183 (S/6.1 diarios) para subsistir cubriendo solo las mínimas necesidades nutricionales.

Dicho método de medición debería ser analizado porque no mide integralmente la pobreza ya que no evalúa el desarrollo social que incluye medición de índices de desarrollo y oportunidades humanas y otros aspectos incidentes de la pobreza como necesidades y servicios básicos insatisfechos, desnutrición, anemia, exclusión social, capacidades, etc., además, solo considera el gasto de los hogares y no el ingreso, todo lo cual no permite la adecuada adopción de políticas públicas ni la eficiente gestión de programas sociales en su focalización e identificación nacional.

La medición de la pobreza debería ser multidimensional que mida de manera integral las privaciones de la población, sin embargo, sea cual fuere el método, mientras continuemos con bajísimos niveles de crecimiento económico los niveles de pobreza hacia el 2021, año de nuestro Bicentenario, podrían seguir aumentando, como en 2017, o también estancarse. Según el Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) la pobreza solo podrá reducirse significativamente con tasas de crecimiento sostenidas mayores al 5%.

Bajo este panorama para reducir la pobreza existen muchos factores, el principal, la reactivación de la economía, dinamizando la inversión privada, generando confianza y fortaleciendo las ventajas competitivas para mejorar el crecimiento del PBI e incrementar la recaudación tributaria, además, realizar reformas esenciales en educación, salud, laborales y sociales que permitan generar empleos formales de calidad y mejoras en el acceso a recursos y oportunidades de los millones de peruanos en situación de pobreza que viven con derechos recortados por diferencias injustificadas e injustas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de abril de 2018

NUESTRA ABANDONADA FRONTERA CON BRASIL Y COLOMBIA

En la denominada triple frontera se unen los dos mayores productores mundiales de cocaína (Colombia y Perú) y el mayor consumidor en Latinoamérica (Brasil). La localidad de Santa Rosa, último poblado peruano de la región Loreto colinda con Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) y es conocido como centro de acopio de drogas; aún con esporádicas operaciones contra el narcotráfico policiales y militares entre los tres países, en nuestra frontera se incrementa el tráfico de drogas conforme aumentan los cultivos de coca; la pasta básica pasa literalmente flotando desde Santa Rosa a Leticia y Tabatinga escondida en botes y hasta en vientres de pescados congelados es una corta navegación de cinco minutos por el río Amazonas. Santa Rosa tiene apariencia de abandono, calles de tierra, suelos inundables, dos pequeñas escuelas, una posta médica y mínimo personal policial, sin embargo, en la zona de nuestra frontera la trata de personas es una actividad cotidiana donde muchas menores son traídas vía fluvial desde Iquitos.

Desde 2006 nuevas tecnologías de narcotraficantes permitieron el cultivo y procesamiento de coca en zonas húmedas. En la provincia de Mariscal Castilla con sus cuatro distritos (Yavarí, Ramón Castilla, Pebas y San Pablo) en su capital Caballococha y en Cushillococha y Bellavista Erené se estima que actualmente existen unas 15,000 hectáreas de cocales ilegales que son convertidas en pasta básica cuyo precio por kilo es US$ 300 en el lado peruano, pasándolo a Leticia aumenta a US$ 2,000 y a Tabatinga a US$ 3,000, la cocaína de alta pureza hasta triplica estos precios. En 2015 en estas zonas se erradicaron 13,800 hectáreas pero en 2016 no hubo erradicación por amenazas de muerte de narcotraficantes colombianos, y actualmente, además de la resiembra, se cultivan nuevas áreas alejadas de asentamientos humanos en ambas márgenes del río  Amazonas (San Pablo, San José de Cochiquinas, Alto monte y Nuevo Chimbote).

Bajo este panorama, el Estado está ausente en nuestra abandonada triple frontera a pesar de la existencia de narcotráfico enraizado en la economía local. Hace cuatro años el gobierno presentó un programa de apoyo para su desarrollo sostenible fortaleciendo la presencia del Estado, el acceso a servicios básicos e infraestructura, y en el que Devida priorizaría un plan de emergencia para ejecutar programas de desarrollo productivos a corto plazo e iniciativas laborales y de empleo de impacto rápido, lo cual lamentablemente jamás se llevó a cabo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de abril de 2018