NUESTRO VOTO POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD




Mañana, domingo 7, durante la segunda vuelta electoral, los peruanos que somos demócratas y exigimos libertad y estabilidad para nuestro país, votaremos por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (FP), porque respalda la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, la estabilización económica, promoción de la inversión, defensa de los derechos humanos y educación y formación con valores y principios.

 

No votaremos por el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez (JP), porque como partido comunista marxista, propugna la lucha de clases e incita el odio, busca la captura ideológica del Estado y representa el camino que amenaza a nuestro país de regresar al experimento fracasado del populismo autoritario de corrupción, inestabilidad y confrontación que inició su socio y aliado Castillo desde julio 2021 en su nefasto período de 1 año y 130 días, y el 7 diciembre 2022, al intentar dar un golpe de Estado, fue destituido terminando en la cárcel.

 

De llegar al poder JP, nos traería devastadoras consecuencias por su ideología expansiva, confiscadora y totalitaria. Increíblemente, aun estando prohibido constitucionalmente y por ley, a solo 7 días de la segunda vuelta, Sánchez tuvo la desfachatez de presentar un nuevo plan de gobierno (lo cambió 2 veces en un día) para sustituir las siguientes acciones radicales y extremistas de su plan de Gobierno original, único válido para efectos electorales: Un reemplazo total de la Constitución por intermedio de un proceso popular o Asamblea Constituyente (lo cual no es una alternativa constitucional, y con este cambio Juntos por el Perú busca la permanencia del presidente sin plazos para perpetuarse en el poder); la creación de una democracia sustantiva, participativa y popular, y de un poder popular “el pueblo” como nuevo poder del Estado; renegociación de los TLC, eliminación de contratos-ley y mayor control estatal de los recursos; estatizaciones; y la alineación al eje de Cuba-Venezuela-Nicaragua (con lo cual Sánchez copiaría el modelo venezolano de Maduro del socialismo del siglo XXI que no consideraba dictadura).

 

En economía, el partido comunista de Juntos por el Perú creará empresas públicas, afectará la inversión privada y la minería formal, perjudicará la producción y el crecimiento, aumentará la inflación, se incrementarán los precios de alimentos básicos, aumentará hasta S/1,500 el sueldo mínimo vital, afectando a micro y pequeñas empresas, se reducirá el empleo y aumentará la informalidad, habrá gran fuga de capitales y talentos. En educación, incrementará la ideología comunista en los colegios con cursos politizados extremistas. También, apoyará la minería informal e ilegal en todo el país y los cultivos ilegales de coca en el Vraem, además, llenará de comunistas todas las instituciones del Estado y, para colmo, también ejecutará una segunda reforma agraria.  

 

Pero lo más grave es la influencia del etnocacerismo de Antauro Humala en JP pese a su radicalismo extremo y haber sido sentenciado a 19 años de prisión por la asonada del “andahuaylazo” con el asesinato de 4 policías, además, es muy grave el acuerdo político firmado el 12 de mayo entre Sánchez y el Fenatep (fachada del Movadef) para “cambio de Constitución e impulsar la libertad de los luchadores populares y el cese de los llamados juicios penales”.

 

Los peruanos demócratas, con nuestro voto por FP, tenemos la gran responsabilidad de impedir que el gobierno comunista marxista de JP nos avasalle con acciones radicales y extremistas y se perpetúe en el poder, destruya nuestra democracia, nuestras libertades individuales, de expresión, mercado, empresa, industria y finanzas y empuje a nuestro país al despeñadero.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de mayo de 2026

  

PEDRO FRANCKE: EXPERTO EN MAQUILLAR PLANES DE GOBIERNO RADICALES DE PARTIDOS COMUNISTAS



Con el radicalismo comunista marxista leninista planteado en el ideario de Perú Libre y las propuestas extremas que pregonó Castillo en su campaña de la primera vuelta, Pedro Francke, ofreció sus servicios para moderar el plan de gobierno, exactamente como lo está haciendo ahora con Juntos por el Perú, preparándose con una táctica de maquillaje y engaño. Francke, como Sánchez, siempre estuvieron de acuerdo en cambiar la Constitución, es hora de cambiarla reiteraba Francke en diciembre 2020. En el campo económico tanto los gobiernos de Castillo como el actual plan de gobierno de Sánchez, coinciden en desmontar la economía de mercado y proyectar una economía centralmente planificada. Solo 6 meses le duró el maquillaje de Francke como ministro de Economía de Castillo, y al ser reemplazado se sacó la careta y dijo que tenía problemas para despachar con Castillo y según su evaluación, el gobierno no tenía un rumbo estratégico para encaminar al país.

 

En el caso de las propuestas de campaña de Sánchez (identificado con el desastroso gobierno de Castillo), Francke, que fue improvisado hace pocos días como su consejero económico, siendo experto maquillador de partidos comunistas radicales, durante el debate con Carranza, trató, con un discurso adaptado, de edulcorar las irracionales propuestas de Sánchez como no postular por el crecimiento económico sino por un crecimiento humano, o que el presidente del BCR, Julio Velarde, no los representa y lo van a echar, Francke aseguró que le pedirán a Julio Velarde continuar en el BCR, también dijo que no habrán estatizaciones, se respetarán los contratos, se tendrá una política económica de estabilidad, incentivarán y promoverán la inversión privada y la meta del déficit fiscal será 1%, realmente un doble discurso maquillador que los peruanos demócratas no debemos creer porque el Plan de Gobierno de Sánchez incluye propuestas de políticas radicales con mayor intervención estatal y revisión de contratos ley, lo cual genera desconfianza generalizada.

 

Es increíble que el comunista Sánchez no tenga cuadros económicos en su partido que respalden su candidatura y se ha visto obligado a presentar a Francke como maquillador para intentar apaciguar los mercados, la confianza empresarial y la inversión extranjera y ganar algunos votos, a pesar que cuando fue ministro de Economía de Castillo, fue un fracaso, el dólar llegó a alcanzar niveles récord mayores a S/ 4.130 que obligó al BCR a realizar millonarias intervenciones cambiarias por más de US$ 7,300 millones, además, la Bolsa de Valores de Lima sufrió cuantiosas pérdidas y hubo una gran salida de capitales de nuestro país de US$ 22,500 millones, perdimos competitividad de rentabilidad minera, además, en 2022, más de 628,000 peruanos pasaron a la categoría de pobres y más de 400,000 peruanos salieron del país por el golpe inflacionario y la pérdida de oportunidades.

 

Bajo este panorama, el candidato Sánchez nos quiere presentar una situación similar a la que desarrolló Castillo con su ministro de Economía Francke, quien trata de maquillar las ideas marxistas, confrontacionales e intolerantes de un sistema económico promotor del estatismo que el partido Juntos por el Perú expone claramente en su plan de gobierno, con mensajes contradictorios que crean desconfianza en todos los sectores empresariales nacionales y extranjeros en contar con predictibilidad para invertir, generar empleo y brindar bienestar a los ciudadanos peruanos. Votemos por la democracia y no por el comunismo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de mayo de 2026

 

  

COMUNISTA SÁNCHEZ REITERA CONVOCAR ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE CONSTITUCIÓN


                  

El candidato comunista marxista radical Roberto Sánchez, y su grupo ideológico, han repetido hasta el cansancio, que de llegar al poder van a imponer una Asamblea Constituyente a pesar de su inviabilidad constitucional, y peor aún, pretenden llevarlo a referéndum, Sánchez ha declarado que “hay que derogar esa ley que ha arrebatado el derecho al referéndum”, refiriéndose a la ley 31399 del 30 enero 2022 que protege la Constitución para limitar el referéndum. La obsesión y prioridad comunista es cambiar la Constitución vigente. Sánchez, quien se autodenomina “candidato castillista”, ha manifestado textualmente que, con una nueva Constitución, van a nacionalizar el gas de Camisea y ha reiterado su propuesta de nacionalización como soberanía sobre nuestros recursos naturales.

 

Pero este estribillo de la Asamblea Constituyente y cambio de Constitución comenzó desde el periodo preelectoral del golpista Castillo. Cuando juró como presidente, en julio 2021, lo hizo “por una nueva Constitución Política”, también en julio 2023, cuando Waldemar Cerrón juró como segundo vicepresidente del Congreso, lo hizo por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, igualmente, Sánchez lo enfatiza como una de sus principales banderas políticas, su argumento es que la actual carta magna favorece a las élites económicas, genera mayor desigualdad y pobreza, por lo cual plantea un nuevo modelo que reconozca a Perú como un Estado “plurinacional”. La táctica comunista para lograr sus objetivos es creando narrativas falsas articuladas para amplificar cualquier inconsistencia o injusticia y relacionarlas como un clamor de protestas de marginados y vulnerados que deben ser reivindicados.

 

Sánchez y el comunismo en general, quieren imponer una Asamblea constituyente para cambiar la Constitución con el fin de suplantar el capítulo económico (título III) porque nuestra Constitución es contraria al ideario comunista ya que regula la economía social de mercado e iniciativa privada y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, comercio e industria, además, el rol económico del Estado estimula la creación de riqueza, han pasado casi 33 años de vigencia de nuestra Constitución promoviendo en nuestro país la estabilidad y desarrollo económico. Además, buscan destruir las libertades de mercado, empresa, industria, finanzas, libertades individuales y de expresión y eliminar el impedimento de reelección presidencial inmediata (artículo 112°) para perpetuarse como dictadura indefinidamente en el poder, siguiendo el ejemplo de Cuba (74 años), Nicaragua (47 años) o Venezuela (26 años).

 

Bajo este panorama, el economista Pedro Francke (conocido locuaz izquierdista que ya fue ministro de Economía del golpista Castillo) ha sido convocado por Juntos por el Perú como asesor económico para dar ideas sobre el tema económico, intentando atenuar el grave extremismo y radicalismo de Sánchez, así, Francke trata de dar tranquilidad al sector privado y dice que no habrán estatizaciones y que pedirán la ratificación de Julio Velarde en el BCR, y que es viable elevar el sueldo mínimo a S/1,500, todo lo cual es una falsa táctica que está siendo usada para mejorar la votación de Sánchez, sin embargo, éste, con ideas contrarias, aún no ha avalado a Francke. Lo cierto es que, si el comunista Sánchez saliera elegido, sería imposible que deje su entorno radical (Antauro Humala) y la influencia de personajes vinculados a organizaciones subversivas. En este caso, nos esperaría transitar hacia un inexorable y enorme caos y a la peor inestabilidad social, política y económica que podría ocurrir en nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de 2026




ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA: TURBIA Y PARCIALIZADA



La Asociación Civil Transparencia, conocida como Transparencia, se autodefine como una asociación que trabaja por la calidad de la democracia y representación política plural en el Perú, sin embargo, Álvaro Henzler, mientras era presidente y vocero de dicha asociación, que ha participado como observadora electoral en las elecciones 2026, ha mostrado permanente acuerdo o apoyo al Jurado Nacional de Elecciones, durante y después del proceso electoral, no es una observadora electoral independiente ni imparcial. Según Giuliana Caccia, directora de la Asociación Origen, Transparencia ha recibido de Open Society Foundations de George Soros la cantidad de US$ 100,000 para contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de la institución.

 

El 12 de abril, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dispuso que la votación se extienda hasta el día 13, Henzler saludó efusivamente esa decisión sin prestarle mayor atención a las graves irregularidades direccionadas por ONPE para torcer las elecciones en Lima. De manera inexplicable, el día 12 no difundió el conteo rápido de Transparencia e Ipsos, según él, por problemas logísticos, pero cuando vieron que Datum presentó el mismo día 12 su conteo rápido ubicando a Keiko Fujimori con 16.8%, seguida de López Aliaga con 12.9% y Sánchez 5° con 9.4%, se apuraron el día 13 en presentar su conteo rápido, colocando a Keiko Fujimori con 17.1% pero con datos muy diferentes que favorecían a Sánchez con 12.4%, lejos de López Aliaga con 11.3%. Presuntamente Datum difundió los datos correctos, y Transparencia e Ipsos, habrían incluido resultados ficticios de las actas serie 900 para poner 2° a Sánchez, información que en ese momento nadie conocía, lo cual debería ser profundamente investigado.

 

Esta grave situación de como Transparencia e Ipsos obtuvieron esos resultados tan elevados a favor de Sánchez, podría tener una explicación, justamente, el pasado 5 de mayo, en el programa televisivo Beto a Saber, se denunció que en diciembre 2025, Henzler, a través de su otra Asociación Civil Lucaris, recibió S/ 42,500 del JNE por una charla de “motivación y sensibilización para taller de ejes estratégicos”, acción inconcebible, antidemocrática y dolosa por el cargo que ostentaba como presidente de Transparencia, agravado por su actuación como asociación observadora electoral el 12 de abril.

 

Coincidentemente, el mismo día de la denuncia contra Henzler, Transparencia publicó un informe de observación electoral extremadamente parcializado, respaldando la legitimidad del proceso y también apoyaron el rechazo del JNE sobre pedidos de nulidad y elecciones complementarias, a pesar que una gran  mayoría de peruanos reclamaba anular las elecciones por haberse cometido un presunto fraude electoral, además, sobre el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) manifiesta que solo dificultó su implementación en varias mesas, cuando realmente tuvo fallas generalizadas, principalmente en el software, habiendo el JNE dispuesto que ONPE no lo siga utilizando, lo cual Corvetto incumplió deliberadamente para seguir alterando la votación del proceso electoral.  

 

Bajo este panorama, la grave denuncia contra Henzler que lo obligó a renunciar irrevocablemente el 8 de mayo, por, según él, haber cometido un “error de criterio”, realmente se trató de un comprometido conflicto de intereses que ha interferido profundamente con su capacidad de actuar de manera imparcial y objetiva enturbiando gravemente la observación electoral de Transparencia, generado serias dudas y desconfianza en la ciudadanía por su apoyo al cuestionado, irregular e ilegítimo proceso electoral 2026, y seguramente, con consecuencias nefastas para nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de mayo de 2026

  

DESPUÉS DEL CAOS ELECTORAL, JNE Y ONPE EJECUTAN ACCIONES PARA CONFUNDIR A LA POBLACIÓN



En setiembre 2025, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que en el proceso electoral 2026 utilizará nuevos sistemas informáticos y tecnológicos para garantizar mayor seguridad y transparencia en las Elecciones, informó que había rediseñado el sistema de cómputo de votos incorporando inteligencia artificial para la lectura y procesamiento de actas, así como el uso del sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) para ayudar y mejorar la votación en la elaboración de actas y presentación de resultados. Para la implementación de dichos sistemas solicitó S/451 millones, de los cuales, para el STAE S/144 millones.

 

Sobre el STAE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, está seriamente comprometido porque un mes antes de las elecciones sabía que presentaba vulnerabilidades, detallando en un informe de fiscalización que podrían afectar la integridad, trazabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada en las mesas de votación, sin embargo, no tomó ninguna acción para corregir las fallas y permitió su uso en las elecciones. Durante el proceso, junto con el gravísimo retraso en la apertura de las mesas de sufragio, el STAE presentó fallas generalizadas, y recién, el JNE dispuso que Corvetto deje de usarlo y restablezca la operación manual, sin embargo, éste no cumplió y ordenó deliberadamente que continúe usándose, originándose graves irregularidades que comprometieron los resultados de la votación.

 

Después de producirse este caos electoral, el JNE y la ONPE están ejecutando acciones para confundir a la población. Por un lado, el pasado día 2, el JNE informó que ha dispuesto una auditoría informática integral de la primera vuelta, sin dar detalles de su fecha de inicio, procedimiento, tiempo de duración, y si su ejecución va a concluir antes de proclamar los resultados. Y la ONPE, extrañamente el mismo día 2, emite un comunicado sobre la situación generada el 12 de abril, aduciendo que “las críticas y cuestionamientos obedecen al desconocimiento del funcionamiento del sistema y el descontento generado por los eventos ocurridos el día de los comicios”, por lo tanto, añade que “la democracia se sostiene en el respeto a las instituciones y a los resultados electorales”, pero para confundir aún más a la ciudadanía, 3 días después realizó una conferencia de prensa, donde el subgerente de Gobierno Digital e Innovación de ONPE, Fernando Zapata, señaló que desde el 13 noviembre 2025 la empresa MIT Corporation realizó una auditoría sobre amenazas y vulnerabilidades en los 3 sistemas de cómputo, y que, ¡oh sorpresa¡ recién ha culminado el 29 de abril, después de las elecciones del 12 de abril.

 

Bajo este panorama, el JNE y la ONPE tratan de hacer creer a la población que el resultado de la elección fue correcto y debe respetarse, pero jamás podrán ocultar las graves y groseras acciones e irregularidades dirigidas para comprometer los resultados de una irregular, dolosa, engañosa y manipulada votación que ha quebrado la voluntad popular creando una inmensa y creciente crisis de desconfianza electoral de la ciudadanía. El JNE debería, antes de proclamar los resultados, disponer una auditoría internacional que verifique los sistemas informáticos de la ONPE y efectúe un control concurrente integral de los programas de conteo de votos, incluyendo la situación de votación de la Serie 900, para garantizar la transparencia de todo el proceso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2026

 

  

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