CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: GRAVES AFECTACIONES


El pasado día 12 la ONG Greenpeace y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio presentaron el informe “Aire Tóxico: El precio de los combustibles fósiles” denunciando que la contaminación del aire por combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) es el principal detonante del cambio climático, de la generación de partículas microscópicas (PM 2.5) y otros contaminantes, además, es causa de muerte prematura anual de 4.5 millones de personas en el mundo (unas 12,000 diarias) y representa un costo a nivel mundial de US$ 8,000 millones diarios.
En Perú la contaminación ambiental es crítica, según el informe World Air Quality Report (Greenpeace marzo 2019), entre los países con mayores niveles de contaminación del aire ocupamos el puesto 21, y en América Latina, Lima es la segunda capital más contaminada. A nivel nacional, nuestra contaminación ambiental es generada en un 70% por el parque automotor y la baja calidad de combustibles que ocasionan emisiones de partículas PM 10 y PM 2.5, monóxido de carbono (CO), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), sulfato de hidrógeno (H2S) y dióxido de azufre (SO2), que producen graves perjuicios para la salud poblacional.
Las partículas PM 2.5 en el aire son muy peligrosas porque contienen elementos tóxicos como aluminio, hierro, potasio, zinc, vanadio, plomo y por ser microscópicas ingresan fácilmente al sistema respiratorio causando graves enfermedades agudas, acumulativas y crónicas con alto riesgo de muertes (obstrucciones pulmonares, infecciones respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y digestivas, apoplejías, asma, alergias). En América Latina registramos las mayores contaminaciones de dichas partículas en el aire, según informe de World Air Quality Report, el límite anual de 15 microgramos por m3 (ug/m3) lo superamos en casi al doble (28 ug/m3).  
Bajo este panorama se requiere un reordenamiento vehicular y establecer mecanismos para retirar de circulación vehículos obsoletos y antiguos (50% del parque automotor tiene una antigüedad entre 15 y 20 años), también, mejorar los sistemas de medición de calidad del aire a nivel nacional (solo se mide parcialmente en Lima y Callao), y principalmente, ampliar el uso de energías renovables no convencionales (solar eólica, biomasa, geotérmica, marina) que increíblemente por DL-1002 mayo 2008 está limitada al 5% en nuestra matriz energética, y aunque deberíamos llegar a entre 15% y 30%, actualmente solo un 3% es eólica y solar, sin embargo, cada vez más, nuestra matriz depende del gas natural que es un recurso agotable e incrementa nuestra huella de carbono.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de febrero de 2020


DU 022-2020 Y LA GRAVEDAD DE LOS PASIVOS AMBIENTALES


El pasado 24 de enero se promulgó el Decreto de Urgencia (DU) 022-2020 cuyo objetivo es fortalecer la atención de los pasivos ambientales ubicados en el ámbito continental y el zócalo marino del territorio nacional, generados por actividades productivas, extractivas o de servicios (excluyendo a las actividades de los subsectores de minería e hidrocarburos que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas - Minem). Se trata de un objetivo de enormes dimensiones, según Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente (Minam) “el ministerio no tiene registro ni información exacta de pasivos ambientales tras 12 años de existencia”, refiriéndose al período desde la fecha de su creación, el 14 mayo 2008 (DL-1013). Es importante resaltar que las funciones del Minam (diseño, establecimiento, ejecución y supervisión de la política nacional y sectorial ambiental) lo obligan a la identificación, evaluación sistémica y medidas de mitigación para solucionar los impactos ocasionados por los pasivos ambientales de todos los sectores productivos y de servicios (excepto minería e hidrocarburos), entre ellos, instalaciones, efluentes, emisiones, zonas contaminadas, restos, depósitos de residuos y todo aquello que afecta la salud de las personas, la calidad ambiental o la funcionalidad del ecosistema.

Lo que no está claro es como el Minam con este DU recientemente promulgado podría solucionar la situación de enormes pasivos ambientales producidos por todos los sectores productivos y de servicios a nivel nacional, solo para poner algunos ejemplos, existen en el país 1,600 botaderos de basura y residuos sólidos, con un manejo y gestión absolutamente inadecuado; solo en Lima, el 50% de personas respiran aire contaminado por antigüedad del parque automotor, baja calidad de combustibles, proliferación de desechos del comercio ambulatorio, etc. con consecuencias desastrosas para la salud; gran porcentaje de ríos, cuencas, bahías y playas presentan grave contaminación por desagües, desechos, industria pesquera y pesca informal; incremento de invasión de terrenos que causan destrucción de espacios naturales, residuos de construcciones y demoliciones, etc.

Bajo este panorama, la ministra del Ambiente debería tener una idea presupuestaria de lo que significaría accionar el DU promulgado, además, analizar la situación de los pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, tenemos desde hace 8 años un plan de manejo de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos que dispone su identificación, caracterización y priorización, la determinación de responsables y su remediación, sin embargo nada se ha avanzado y por el contrario, siguen incrementándose hasta 9,000 pasivos mineros y 3,000 de hidrocarburos, requiriéndose S/7,000 millones para su remediación.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de febrero de 2020


PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

Carlos Paredes Lanatta, nombrado en abril 2019 como decimosegundo  presidente del directorio de Petroperú desde 2014 que se inició el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), en el CADE-2019 expuso “El caso Talara” explicando que cuando se firmó en 2014 el contrato con la empresa española Técnicas Reunidas ésta se encargaría de construir las unidades de proceso (avance actual 92.7%) pero la asignación de unidades auxiliares demoró 3 años (avance actual 47.9%) causando enormes costos que casi paralizaron las obras, con destrucción de valor de US$1,650 millones.

El aumento de capacidad de refinación de petróleo de 65 mil a 95 mil barriles diarios (bpd) lo definió como un “elefante blanco” porque según él la refinería debió ser más grande y con mayor inversión porque al concluir los trabajos (2021) debemos seguir importando productos refinados, su reto era convertir este “elefante blanco” en un “elefante negro” refiriéndose al petróleo y al fortalecimiento patrimonial de la empresa. El problema es que tenemos una demanda actual del mercado de 200 mil bpd y nuestra producción es muy baja  (50 mil bpd) para refinar, lo que nos obliga a importar 150 mil bpd, además, el Oleoducto Norperuano (ONP) que en 1980 transportaba 130 mil bpd actualmente ha disminuido a 13 mil (10%).

Cuando se firmó el contrato (2014) su costo era US$ 3,919 millones, pero en 2019 aumentó hasta US$ 4,700 millones por sobrecostos (en 2017 Petroperú informó un costo de US$ 5,400 millones). Hasta comienzos de 2020 se han invertido US$ 2,600 millones pero falta invertirse US$ 2,000 millones de los cuales US$ 1,000 millones deben ser financiados, pero el Ejecutivo ha descartado asumirlo por no estar incluido en el presupuesto 2020. Otro problema financiero es que Petroperú dejará de recibir US$ 75 millones por cierre de la refinería entre diciembre 2019 y marzo 2021 para interconectar nuevas unidades de producción con las existentes, además Petroperú opera a pérdida el ONP que es prioritario cuando empiece a operar el PMRT.

Bajo este panorama, ninguna empresa privada hubiera ejecutado este proyecto por su elevadísima inversión y baja y dudosa rentabilidad debido a que en el largo plazo (20 años) deben recuperarse alrededor de US$ 5,000 millones, lo cual, según estimaciones (Unidad de Análisis Económico de El Comercio), en un escenario optimista y considerando la capacidad total de refinación (95 mil bpd) la inversión se recuperaría en 31 años, lo cual no es rentable.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de febrero de 2020

LA REPUDIADA INMUNIDAD PARLAMENTARIA


Los resultados de las elecciones del pasado 26 de enero señalan que nueve partidos han alcanzado pasar la valla electoral logrando representación en el próximo Congreso que presenta alta dispersión y fragmentación, con algunos partidos con prédicas religiosas, absolutistas, violentistas y radicales, motivo por el cual este Parlamento se verá obligado a dosificar, consensuar y negociar para concluir las reformas política y judicial en solo 15 meses. Durante la campaña electoral, la mayoría de partidos y postulantes ofrecieron debatir prioritariamente el tema de la inmunidad parlamentaria, esperamos que eso se cumpla porque se trata de un privilegio infundado que tienen los congresistas para evitar ser procesados ya que ésta solo puede levantarse con aprobación de ellos mismos, caso contrario ningún congresista puede ser procesado ni detenido desde su elección hasta un mes después de finalizada su función; aunque parezca increíble, muchos congresistas elegidos para este nuevo parlamento registran grave historial judicial y policial pero tendrán inmunidad parlamentaria.

A pesar que esta prerrogativa está amparada en la Constitución (artículo 93°) se ha prestado para innumerables blindajes de congresistas evitando ser procesados por acciones que no están relacionadas con sus obligaciones parlamentarias (el Poder Judicial le pidió al Congreso disuelto el levantamiento de inmunidad de ocho legisladores sentenciados pero solo tres fueron declarados procedentes), además, los mismos congresistas, hasta en cinco dictámenes, rechazaron perder el control para levantamiento de inmunidad para seguir esquivando a la justicia. Del último congreso disuelto 31 excongresistas que perdieron su inmunidad tienen investigaciones pendientes en el Ministerio Público por diversos delitos, y algunos de ellos de la Comisión Permanente seguirán protegidos hasta 30 días después de la instalación del nuevo Congreso.

Bajo este panorama la inmunidad parlamentaria ha generado impunidad para muchos congresistas en base a cálculos políticos y componendas, este indigno privilegio, desde hace años ha sido repudiado en todas las encuestas por más del 70% de la población, según la última de Ipsos (noviembre 22), el 78% la rechaza y pide eliminarla. Una acción principal del nuevo Congreso debería consistir en derogar o reformular el artículo 93º de la Constitución de manera que la decisión de levantar la inmunidad en casos de delitos comunes no dependa del mismo Congreso como juez y parte, sino de la Corte Suprema u otro organismo autónomo. Finalmente, la representatividad de los congresistas debería obligarlos a seguir un comportamiento ético y de conducta al servicio de la sociedad y del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de febrero de 2020

FORMALIZACIÓN MINERA: INTERMINABLE PROCESO SIN RESULTADOS


El pasado día 19 se cumplió un año del inició de la operación “Mercurio 2019” para erradicar la minería ilegal y otros delitos conexos en La Pampa, Madre de Dios (amortiguamiento Reserva Nacional de Tambopata), zona en que desde 2007, unos 6,000 mineros ilegales, extrayendo oro, destruyeron 12,000 hectáreas de bosque amazónico, dicha operación ha logrado casi desaparecer la minería ilegal en La Pampa, pero por “efecto globo” se ha trasladado a otros puntos. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) se habrían dirigido a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal Amarakaeri (Madre de Dios) y Quincemil (Cusco), además, sigue creciendo la extracción ilegal de oro en zonas adyacentes como El Alto Malinowski y Pariamanu en Madre de Dios y Camanti en Cusco. Lamentablemente la extracción ilegal minera sigue incrementándose y opera en 12 regiones: Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Ancash, Amazonas, Arequipa, Lima, La Libertad, Tumbes, Ica y Piura.

Para reducir la minería ilegal es indispensable la formalización, pero desde que se promulgo la ley 27651 hace 18 años (enero 2002) los procesos no han dado resultados. En marzo 2011 se aprobó el Plan Nacional para Formalización de la Minería Artesanal, pero nada se logró, incomprensiblemente en diciembre se autorizó continuar extrayendo oro en el corredor de Madre de Dios y en mayo 2012 a comercializarlo 2 años adicionales, el plazo de formalización (abril 2014) fue postergado hasta 2016 con una “Estrategia de Saneamiento” (DS029-2014-PCM) que fracasó, de 400,000 mineros solo lograron formalizarse 100, y actualmente, según la Dirección de formalización minera habría unos 8,000 formalizados (2%), pero increíblemente, solo 120 en Madre de Dios.
  
El Registro de Formalización se amplió hasta junio 2017, y nuevamente como “Formalización Integral” hasta junio 2020,  sin embargo, con DL 1336 se permite a mineros informales el uso de cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras y perforadoras neumáticas, camiones cisterna. En octubre 2018 nuevamente se amplía el plazo para inscripción de mineros informales hasta diciembre 2021 (ley 31007).

Bajo este panorama el  proceso de formalización minera no avanza, es indispensable que el gobierno apoye a las regiones en sus funciones y facultades sobre minería artesanal; evite provisiones de insumos químicos, explosivos y maquinaria prohibida a mineros ilegales; promulgue la Ley de Ordenamiento Territorial y determine zonas de actividades extractivas; no permita alquileres de concesiones legales a mineros ilegales; fiscalice el oro ilegal y refuerce el control de áreas naturales protegidas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de enero de 2020


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