PERÚ: EPICENTRO DE EXPORTACIÓN DE ORO ILEGAL EN LA REGIÓN

Recientemente hubo varios asaltos violentos contra vehículos que transportaban oro ilegal, el pasado 22 de marzo delincuentes, encapuchados y con fusiles, atracaron en la Costa Verde un vehículo que trasladaba lingotes de oro y el pasado 9 de julio, atracaron otro vehículo en la avenida El Derby, Surco, que llevaba 5 kg de oro. Anteriormente en agosto 2023, cerca del aeropuerto internacional detuvieron un vehículo con una barra de oro de 7 kg, incautación que permitió a la fiscalía identificar una posible red de empresas y personas involucradas que exportaban oro ilegal a India y Emiratos Árabes Unidos. Y en abril de 2025 se incautaron lingotes de oro ilegales valorizados en US$ 13 millones a una red criminal que exportaba este metal a India, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong a través de empresas fachada mediante documentos falsificados.

Estos son solo ejemplos de cómo la minería ilegal de oro se está criminalizando y nos está posicionando como los mayores exportadores regionales de oro ilegal generando en 2025 unos US$ 12,000 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), exportamos 44%, seguido por Colombia (25%), Bolivia (12%), Ecuador (9%) y Brasil (9%). Para estas exportaciones ilegales de oro se utilizan autorizaciones y facturas de compra y venta fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de economías ilegales y de grupos criminales, y corrupción para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.  

 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los factores estructurales que más influyen en la comercialización de oro ilegal son su alto precio (US$ 4,400 por onza), mínima presencia del Estado en zonas remotas de producción, altos niveles de informalidad económica, operativos de interdicción sin inteligencia previa, y la influencia de una política tolerante hacia la minería artesanal y de pequeña escala, como es el caso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que se convirtió en un protector de impunidad, además, existen demasiadas plantas de beneficio registradas en la pequeña minería (2,000 y deberían ser 50) que procesan cientos de toneladas de oro diario que son comercializados por cuestionados agentes y compañías.

 

El último reporte estadístico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de enero 2016 a junio 2026, registra 174,718 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarios, empresas para prevención de lavado de activos. Además, incluye datos de comunicaciones de inteligencia nacional e internacional por un monto involucrado total de US$ 206,736 millones, de los cuales US$ 83,116 millones (40%) corresponden a minería ilegal como un delito precedente vinculado, también Informes de Inteligencia Financiera (IIF) por US$ 10,370 millones, de los cuales US$ 6,531 millones (63%) corresponden a minería ilegal. Esta información de la UIF demuestra que la minería ilegal, principalmente de oro, es el principal motor de lavado de activos en nuestro país y sostiene redes financieras ilícitas dentro del sistema económico formal.

 

Bajo este panorama, la minería ilegal es una de las principales economías ilícitas en nuestro país, ocasiona graves impactos ambientales, sociales y económicos y moviliza millones de dólares anuales, superando al narcotráfico en ingresos ilícitos y presencia territorial. Fuerza Popular tiene el gran reto de reducirla, con una nueva ley MAPE que reemplace el REINFO, controlando toda la cadena productiva y fiscalizándola. Según el gobierno, se ha trazado como objetivo, al 2031, erradicarla al menos el 50% en zonas críticas.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de agosto de 2026

 

FENÓMENO EL NIÑO: IMPRESIONANTE NEGLIGENCIA EN PREVENCIÓN PARA REDUCIR GRAVES IMPACTOS

El actual fenómeno El Niño se encuentra activo y fortaleciéndose con señales inquietantes de elevado calentamiento en nuestra costa, según el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las temperaturas del Pacífico registran por encima del promedio y alcanzarían su mayor intensidad hacia finales de 2026 con incrementos de temperatura de la superficie del mar que modifiquen los patrones climáticos (hasta 3°C), afectando la pesca y ecosistemas marinos asimismo, la llegada de ondas Kelvin generan debilitamiento de los vientos alisios, generando exceso o falta de lluvias que impactarían la agricultura. Según Macroconsult, considerando que El Niño ocurra entre los meses de enero y abril 2027, el PBI pesquero puede impactar su crecimiento anual entre -7.2% y -24.3%, considerando un fenómeno moderado o extremo, y, el PBI agrícola entre -0.6% y -2.5%.

 

No hemos aprendido de experiencias de anteriores fenómenos devastadores, entre ellos, de 1982-1983, de 1997-1998, de 2017 y de 2023-2024 con desbordes de ríos, inundaciones, huaicos, deslizamientos y movimientos en masa que afectaron la costa norte y central, y también en sierra y selva, las sequías y variaciones del régimen de lluvias. Estos eventos dejaron cientos de miles de fallecidos, millones de damnificados, millones de dólares en pérdidas, enormes daños a miles de viviendas familiares, así como en infraestructura pública, carreteras, puentes, áreas agrícolas. Pero a pesar de ello, la negligencia sobre prevención ha sido impresionante, especialmente por el gobierno saliente de Perú Libre que no ha tomado las acciones necesarias para enfrentar el actual fenómeno de El Niño, reduciendo además presupuestos para obras de protección de ciudades para control de quebradas y drenajes pluviales.

 

Balcazar no priorizó las labores para mitigar impactos de El Niño, de la partida 0068 para dichos proyectos, solo ejecutó 28.3%. Además, la Contraloría General y Colegio de Ingenieros de Piura informaron que la región no cuenta con labores de prevención necesarias para mitigar el impacto de desbordes en el río Piura, también, el órgano de control aseguró que el Gobierno Regional de La Libertad, solo ejecutó trabajos preventivos en 21 de los 103 puntos críticos identificados por la Autoridad nacional del Agua (ANA), y hasta existen más de 80 puentes en estado crítico y necesitan obras urgentes.

 

Bajo este panorama, a pesar que el medio ambiente está experimentando un proceso de cambios a una velocidad vertiginosa y la naturaleza nos volverá a golpear con este fenómeno de El Niño en períodos cada vez más cortos (en promedio ocurre entre cada 2 a 7 años), sin embargo, el denominador común es que siempre nos toma por sorpresa, principalmente en las regiones más vulnerables, porque no nos preparamos adecuadamente, no se convierten los recursos en obras de prevención, no tenemos capacidad de anticipación ni respuesta para reducir sus devastadoras impactos, principalmente por una baja ejecución, reflejo de limitaciones de gestión que ha enfrentado el gobierno saliente y muchos gobiernos regionales y municipios para formular proyectos, completar expedientes técnicos, contratar profesionales capacitados, así como transformar planes en acciones preventivas concretas y eficaces mediante la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos, y complementarlos con mecanismos financieros que aseguren una respuesta rápida y sostenible. La etapa de prevención ya terminó, le corresponde ahora al gobierno de Fuerza Popular la preparación y tomar las acciones urgentes para mitigar y reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de agosto de 2026

 

  

PARALIZADO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CARRETERA CENTRAL

Finalmente, el pasado 28 de julio Keiko Fujimori juró como presidenta de la República y seguidamente dio lectura a su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República. Uno de los ejes principales del mensaje se centró en la infraestructura y construcción de grandes proyectos viales, entre ellos, la Nueva Carretera Central. Este importante megaproyecto conceptuado para conectar Lima (Ate) y Junín (Yauli), contempla una autopista de 4 carriles de una extensión de 183.6 kilómetros, con 33 kilómetros de túneles y 19 de viaductos, y está valorizado actualmente en S/ 30,000 millones, será la primera autopista de montaña del país que fortalecerá el transporte de pasajeros y mercancías, y beneficiará a más de 10 millones de personas. Estaba proyectada para ser financiada íntegramente con recursos del fisco bajo el modelo de obra pública gestionada por la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) francesa.

 

Sin embargo, los gobiernos interinos de Boluarte, Jerí y Balcázar, no han puesto mayor esfuerzo para iniciarlo. En el período de Boluarte, durante su mensaje del 28 julio 2025 prometió que su construcción se iniciaría el primer trimestre de 2026, y hasta el MTC Pérez Reyes había asegurado que se iniciarían a fines de 2025 finalizando el año 2031. Sin embargo, para desmentirlos, un informe de la Contraloría, un mes antes (25 junio), advirtió serias demoras en estudios técnicos, en programas de investigación geotécnica e inconsistencias en la fecha de finalización, lo cual retrasaría su conclusión hasta el 2035.

 

En el período de Jerí, el Premier Álvarez, cuando solicitó el voto de confianza, aseguró que las obras se iniciarían en mayo 2026 con la construcción del Túnel de Pariachi, sin embargo, el gobierno anuló, el 5 de febrero 2026, la asistencia técnica con PMO-VÍAS, que formaba parte del contrato Gobierno a Gobierno con Francia (G2G), afectando lo avanzado, tanto en la Carretera Central como el puente Santa Rosa y la vía de acceso al Aeropuerto Jorge Chávez. La resolución de este contrato dejó estas obras en una situación de gran incertidumbre hasta la fecha.

 

Peor fue durante el período de Balcázar, apenas ingresó el 18 de febrero 2026, para evitar un arbitraje, se buscó continuar el modelo G2G para estudios preliminares y diseño, pero para la construcción, operación y mantenimiento, con una Asociación Público-Privada (APP). El 26 de febrero Balcázar aseguró S/ 600 millones como recursos garantizados que aseguren el inicio de la obra para este 2026, sin embargo, no lo cumplió.

 

Bajo este panorama, aún con una Ley 32696 de julio 2026, que considera este proyecto de necesidad pública y de preferente interés nacional, además, clave para la integración de la Macro Región Centro, sin embargo, presenta retrasos administrativos, observaciones técnicas y limitaciones financieras. El presupuesto para la construcción se proyectó inicialmente en S/ 12,000 millones, pero el costo actual se estima en S/ 30,000 millones, y se encuentra paralizado, ni siquiera se han iniciado los primeros trabajos en el Túnel Pariachi en Ate, a un costo de S/ 2,537 millones, requiriéndose para iniciarlo S/ 400 millones, que prometió entregar Balcázar y tampoco cumplió.

 

Toda esta cruda realidad, mientras el Gobierno Regional de Junín cuestiona la falta de recursos y el nuevo Gobierno de Fuerza Popular hereda una carretera central colapsada y sin presupuesto asignado para la Nueva Carretera Central, lo cual debe resolver con prioridad y urgencia.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de agosto de 2026

 

  

MINERÍA ILEGAL AVANZA SIN FRENO Y ESTADO PERUANO ES DEMANDADO ANTE LA CAN POR CASO RÍO NANAY

En general, la minería ilegal continúa avanzando sin freno en todo el Perú amenazando reservas naturales protegidas, bosques amazónicos, glaciares, ríos y territorios indígenas, desde la Amazonía hasta la costa y los Andes, destruyendo hasta 8 áreas protegidas. Para que tengamos una cabal idea de como la minería ilegal nos está afectando, según informe 2025 de Conservación Amazónica (ACCA) existen 1,613 dragas para extracción de oro que afectan 250 ríos y 73 comunidades nativas en 9 regiones, y el Instituto Peruano de Economía (IPE), advierte que en 2025 movilizaron US$11,500 millones mediante operaciones de empresas que actúan sin fiscalización adecuada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de los gobiernos regionales, estos dineros ilícitos financian intereses políticos y perpetúan la impunidad logrando ampliar el Reinfo hasta 2027 fomentando la ilegalidad. 

 

El caso del río Nanay es particularmente alarmante, la minería ilegal, asentada en la cabecera de la cuenca Nanay, opera en el río con decenas de dragas para extraer anualmente 500 kg de oro aluvial mediante vertido de mercurio utilizando 1.4 toneladas de este metal altamente tóxico contaminando el agua de los habitantes de zonas aledañas, peces, medio ambiente y el agua que consume más de medio millón de habitantes de Iquitos, también afecta al Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira, donde se inicia la cuenca. El pasado día 22, las comunidades nativas, organizaciones ribereñas, indígenas, sociedad civil y el pueblo organizado de Loreto convocaron una movilización pública contra la minería ilegal en el río Nanay y otros ríos de Loreto. Pese a los esfuerzos de la Marina de Guerra y Fiscalía Ambiental que logran destruir decenas de dragas ilegales, éstas son inmediatamente reemplazadas por mineros ilegales utilizando los inmensos recursos ilegales que les genera esta ilícita actividad.

 

El pasado 26 de junio, un grupo de 33 comunidades amazónicas y campesinas presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima, una denuncia contra el Estado Peruano por incumplir la Decisión 774 “Política Andina de Lucha Contra la Minería Ilegal” suscrita en julio 2012, por los países que la conforman (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Dicha denuncia acusa al gobierno peruano de incumplir dicha decisión que obliga a combatir la minería ilegal enfrentándola de manera integral, optimizando el control y vigilancia de comercialización de minerales ilegales y maquinaria, equipos o insumos usados en este delito atentatorio contra la salud humana, seguridad, economía, recursos naturales y medio ambiente.  

 

Además, la CAN suscribió la Decisión 844 en mayo 2019 creando el “Observatorio Andino de gestión e información sobre uso y control de Mercurio” conteniendo datos sobre producción, importación, exportación, comercialización, transporte y su uso en cada país. A pesar que en el Perú el uso de mercurio está prohibido en minería artesanal, sin embargo, la minería ilegal lo obtiene por contrabando. Solo hace 3 días, en el puerto del Callao, fueron descubiertas, en un falso cargamento de baterías, 2.5 toneladas de mercurio líquido valorizado en US$ 4 millones.

 

Bajo este panorama, la minería ilegal es una gravísima realidad que debe ser combatida con urgencia y energía por el nuevo gobierno de Fuerza Popular, cerrando definitivamente el Reinfo, prohibiendo concesiones mineras en los ríos, tomando medidas para evitar la corrupción en regulación y control minero, imponiendo penas de cárcel a quienes causen daños a la salud pública y la biodiversidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de julio de 2026

  

MAJES SIGUAS I Y II PRESENTAN GRAVES PROBLEMAS QUE DEBERÁ RESOLVER EL GOBIERNO DE FUERZA POPULAR

El proyecto integral Majes Siguas consta de 2 etapas, la primera (Majes Siguas I) construido entre 1971 y 1982 con una inversión pública (US$ 914 millones) actualmente irriga 16,000 hectáreas de las pampas de Majes y Siguas utilizando agua de los ríos Apurímac y Colca.

 

El proyecto Majes Siguas II contempla la irrigación de 38,500 hectáreas adicionales, sumando las 16,000 hectáreas habilitadas en la primera etapa, comprende la construcción del embalse Angostura (río Apurímac), para almacenar 1,140 millones de m3 de agua y desviarlas hasta las Pampas de Siguas. En setiembre 2010 fue concesionado, y desde diciembre 2017 se encuentra paralizado con mínimo avance.

 

El gobierno de Fuerza Popular, en su Plan de Gobierno 2026-2031 incluye el impulso de grandes proyectos de represamiento de agua a nivel nacional, entre ellos, Majes Siguas II. Para la toma de decisiones de dichos proyectos, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 

1) El proyecto Majes Siguas I está operando desde hace 44 años sin mantenimiento integral ni rehabilitación, el 80% de la estructura hidráulica mayor presenta latente riesgo de colapso (advertido por la Contraloría). El pasado 19 de junio, Midagri anunció que los trabajos de rehabilitación los ejecutará el Gobierno de Japón (G2G) con una inversión de US$531 millones, iniciándose en 2028 y durarán 5 años 3 meses.

 

2) El Proyecto Majes Siguas II, desde su concesión en 2010 a la empresa española Angostura Siguas (Grupo Cobra), tanto el Gobierno Regional de Arequipa como el Gobierno Central han demostrado una pésima gestión y falta de eficiencia y eficacia en manejos técnicos, financieros, legales y políticos, ocasionando prolongados retrasos y ocasionando su paralización desde 2017.

 

3) En julio 2024, para destrabar el proyecto y evitarse un arbitraje con Cobra, el Consejo Regional de Arequipa lo transfirió al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El ex ministro, Ángel Manero, aseguró que, al ser transferido al Gobierno Central, en 2 meses resolvería el arbitraje con Cobra, sin embargo, en octubre 2024 dicha empresa demando al Estado peruano ante CIADI por US$ 1,400 millones, por falta de respaldo y garantías de financiación e incumplimientos de plazos. Este proceso en CIADI tendrá una duración estimada de 4 años (hasta 2028).

 

4) El 24 de marzo pasado Majes Siguas II ha sido incorporado al Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031 del MEF, tratando de otorgarle respaldo técnico y político.

 

5) El 23 de mayo pasado, ProInversión anunció la formulación de la convocatoria para ejecución de Majes Siguas II para el 2° trimestre 2027, con una inversión de US$850 millones, para construir la Represa Angostura, la derivación del túnel Angostura-Colca (18 km) y el sistema de entubado para 38,500 hectáreas, dichos trabajos se podrían iniciar en 2028 después del litigio en CIADI, y durarían unos 4 años, hasta 2032.

 

Bajo este panorama, considerando que el proyecto integral Majes Siguas I y II brindará a la región sur y a todo el país un enorme avance en la agroindustria regional y nacional, además de potenciar el desarrollo exportador, dinamizar la economía, generar empleo, atraer inversiones, mejorar la competitividad y promover un crecimiento sostenible, esperamos que el nuevo gobierno de Fuerza Popular tome las acciones necesarias para iniciar el proceso de rehabilitación de Majes Siguas I, y destrabe e inicio del proceso de construcción de Majes Siguas II,  con avances concretos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de julio de 2026