NO PUBLICAN MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 2018: ¿OCULTANDO INFORMACIÓN?


El Perú forma parte del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP) que a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apoya a Estados Miembros en la generación de información cartográfica y estadística sobre la evolución anual de cultivos ilícitos de coca. En Sudamérica monitorean anualmente en Colombia, Perú y Bolivia; en Colombia y Bolivia ya fueron publicados en agosto 2019 (con datos del 2018), pero no en nuestro país a pesar que se venía haciendo ininterrumpidamente hace 17 años en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

No conocemos datos de 2018, nuestro último monitoreo fue publicado en diciembre 2018 (con datos de 2017) sin presentación pública como era habitual, pasando absolutamente inadvertido el incrementó de cultivos de coca en las 13 zonas cocaleras evaluadas, aumentaron hasta 49,900 hectáreas, 13% más que 2016 y el mayor volumen desde 2013, incidiendo en cifras que involucran la ilegal industria de la cocaína. ¿Será que los incrementos en 2018 fueron muy elevados y estarían ocultando información? Lo cierto es que tenemos vigente la Estrategia Nacional 2017-2021 aprobada en junio 2017 para atención integral de drogas y otra Estrategia Vraem 2021 aprobada en octubre 2018, pero nada ha mejorado.

Nuestra producción de cocaína se incrementó vertiginosamente desde el 2000 (141 toneladas) el 2008 (302 toneladas) con factor de conversión: 375 kilogramos de hoja seca para producir un kilogramo de cocaína), el cual está absolutamente desactualizado por alta productividad de los cultivos, especialmente del Vraem que hasta la fecha no se erradica, en 2017 ya se estimaban 491 toneladas, cantidad que podría ser mucho mayor empleando un factor de conversión real y actualizado sobre extensión y productividad de cultivos ilícitos, y producción, pureza y precios de los derivados cocaínicos.

La importancia del monitoreo de cultivos de coca radica en que presenta información a nivel nacional sobre cartografía y medición de extensión ocupada por cultivos de hoja de coca así como de la producción potencial de hoja de coca seca al sol utilizada como materia prima para producir cocaína, además determina la oferta anual de hoja de coca y los precios de ésta y de derivados de coca en las cuencas para definir las tendencias de la actividad cocalera, y toda esta información es indispensable en los países para elaborar políticas públicas y estrategias adecuadas para la lucha contra las drogas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO fecha 18 de enero de 2020


MALA GESTIÓN CULTURAL


El año 2019 el Ministerio de Cultura recibió un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.684 millones, asignándose S/.124 millones para realizar proyectos pero se ejecutaron solo S/:66 millones, este bajo avance de ejecución presupuestal motivó que el sector Cultura se ubique entre los cuatro menos eficientes en el gasto público. Esta mala gestión ocasionó la no ejecución de importantes proyectos de interés nacional como el mejoramiento de los servicios archivísticos del archivo central (S/.5 millones asignados sin ejecución), igualmente se dejaron de crear servicios de intercambio intercultural para poblaciones indígenas de la cuenca del rio Putumayo (S/.6 millones asignados y solo avanzó 3%), también presentaron mínimos avances las construcciones de cercos perimétricos de sitios arqueológicos y la puesta en valor de varios sitios y complejos arqueológicos proyectados, entre otros.

Otra falta de gestión más grave se presentó en la ejecución de proyectos para mejoramiento del patrimonio histórico del Cusco, de S/.3.4 millones asignados solo se ejecutó 0.3% a pesar que la ley 30696 (diciembre 2017) declara de interés nacional la recuperación y puesta en valor de dicho centro histórico y que  esta ciudad fue proclamada por la Unesco en 1983 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta falta de gestión incide negativamente en la preservación, protección y conservación de su trama y paisaje urbano natural y cultural, dejándose de realizar trabajos de restauración y puesta en valor de monumentos históricos prehispánicos y virreinales religiosos de templos e iglesias, de zonas y parques arqueológicos y mejoramiento de servicios culturales del patrimonio histórico y cultural en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.

Bajo este panorama desde julio 2010 que se creó el Ministerio de Cultura han pasado 12 ministros y no ha mejorado el fomento de la cultura ni la conservación y protección de nuestro patrimonio cultural, y para colmo, no contamos con una política nacional de cultura. El gobierno debería asociar la cultura a una visión de desarrollo nacional, además debe promover y mejorar la capacidad de gestión cultural ministerial, regional y local cuya labor permita diseñar y ejecutar proyectos culturales que incentiven y favorezcan el desarrollo sociocultural de la población. En el sector cultura se requieren efectuar cambios estructurales y estratégicos que le permitan generar nuevos proyectos en el campo de protección del patrimonio, articular con gobiernos regionales y locales, mejorar la fiscalización de las direcciones desconcentradas, actualizar el reglamento de organización y funciones y perfeccionar el rol rector ministerial.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de enero de 2020



SUNEDU: UNIVERSIDADES Y FALTA DE INVESTIGACIÓN


El pasado 26 de diciembre la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas (UAP) por incumplimiento de condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria 30220 (julio 2014), entre las más importantes deficiencias se refiere a actividades de investigación. Es increíble que en esta universidad con 17 filiales a nivel nacional, 80,000 graduados y 65,000 estudiantes matriculados solo el 1% de sus docentes realizan actividades de investigación, asigna mínimo presupuesto para implementación de centros de investigación, presenta falta de proyectos de producción y transferencia tecnológica, entre otras.

La Sunedu, creada con la misma Ley Universitaria 30220, para otorgar o denegar licencia de funcionamiento evalúa ocho condiciones básicas de calidad (CBC), la cuarta CBS involucra actividades de investigación como que las universidades cuenten con líneas de investigación aprobadas, presupuesto, equipamiento, presentación de proyectos de investigación y protección de propiedad intelectual, docentes que ejecuten actividades de investigación y que estén registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e innovadores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica (Concytec),  

La actividad de investigación universitaria se mide con la publicación de investigaciones bajo estándares internacionales, entre ellos, la cantidad de documentos de investigación citables (citan o usan investigaciones de universidades para generar más conocimiento a nivel mundial) según el último Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria de la Sunedu el Perú tiene 1,600, mientras que Brasil (68,000), México (11,000), Chile (10,000) y Colombia (8,000), además por la cantidad de revistas académicas indexadas y documentos citables (Perú 700, Brasil 68,000, Chile 10,000) y citas de investigación (Perú 200, Brasil 40,000, Chile 4.000).

Bajo este panorama, nuestras universidades se encuentran en actividades de investigación e innovación rezagadas y muy por debajo del nivel regional (en el ranking mundial QS solo figuran tres universidades peruanas por debajo de las 500 mejores). Según la Ley Universitaria la investigación es uno de los ejes de la universidad peruana, define  que “la universidad es una comunidad  académica orientada a la investigación y a la docencia”, es pertinente de la enseñanza e investigación con la realidad social y tiene como fin realizar y promover la investigación científica y tecnológica. Resulta fundamental que las universidades implementen políticas para incrementar la cantidad de investigadores y una mayor consonancia e instalación de estructuras y dinámicas para promover la investigación formativa como herramienta del proceso de enseñanza y aprendizaje de métodos investigativos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EPRESO, fecha 4 de enero de 2020


APRUEBAN IMPORTANTE POLÍTICA NACIONAL MARÍTIMA


Una gran aspiración del pueblo peruano y que ha venido impulsando desde la década de los 90 la Marina de Guerra del Perú conjuntamente con el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos se acaba de hacer realidad el pasado día 23 al promulgarse el Decreto Supremo Nº-012-2019-DE que aprueba la “Política Nacional Marítima 2019-2030” la cual fue elaborada por la Comisión Multisectorial Permanente de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (Comaem) presidida por la PCM, conformada por Ceplan y nueve ministerios, y donde la Marina de Guerra ejerció la Secretaría Técnica.


Y es que la adecuada aplicación de esta Política Nacional Marítima permitirá que el Estado materialice el uso y explotación integral de los recursos naturales y la promoción y fortalecimiento de las actividades marítimas orientándola hacia el bien común de la población y desarrollo de nuestro país. Su importancia radica en la articulación e integración de normas sectoriales que regulan, controlan y fomentan las actividades de aprovechamiento del Mar de Grau, lo cual permitirá interactuar las políticas marítimas sectoriales y complementarse para lograr un desarrollo integral y sistémico que posibilite el seguimiento y control de nuestro dominio marítimo y actividades marítimas para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente, preservación de ecosistemas y desarrollo de actividades socioeconómicas.

Además esta política es imprescindible para obtener el máximo beneficio para la Nación con el uso del mar porque somos un país marítimo, andino y amazónico con enormes recursos vitales para nuestro desarrollo. En el ámbito marítimo, el Mar de Grau, con una franja de 3,000 kilómetros de costa y una extensión del 65% del territorio continental que forma nuestro dominio marítimo, enorme espacio donde se desarrollan diversas actividades marítimas; en el ámbito andino, en el altiplano peruano contamos con el lago navegable más alto del mundo que compartimos con Bolivia; y en el ámbito amazónico, ríos navegables que nos permiten llegar al Océano Atlántico, además, tenemos intereses en la Antártida y somos parte consultiva del Tratado Antártico.

Bajo este panorama, por tratarse del ámbito marítimo nacional que tiene un papel preponderante en nuestro desarrollo y prosperidad y que concierne a las necesidades y demandas de la sociedad, corresponde al Estado implementar adecuadamente esta Política Marítima Nacional, generar una firma conciencia marítima e impulsar en los tres niveles de gobierno una vigorosa voluntad marítima que nos permita integrar el ámbito marítimo, fluvial y lacustre como verdaderos espacios de crecimiento y desarrollo nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de diciembre de 2019




PISA 2018: NUESTRO BAJO NIVEL EDUCATIVO


El pasado día 3 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) presentó en Guadalajara, México, los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 2018 (PISA), el cual mide competencias cognitivas en lectura, matemáticas y ciencias de 600,000 escolares de 15 años en 79 países. En nuestro caso participaron en total 342 colegios (240 estatales y 102 no estatales) siendo evaluados 8,028 estudiantes, 6,086 en estas 3 materias y 1,942 en educación financiera cuyos resultados emitirán el 2020. A pesar de una leve mejora no significativa estadísticamente en matemáticas y ciencias, en comprensión lectora nos mantenemos estancados respecto a Pisa-2015, además, a nivel mundial estamos rezagados (64 entre 79) con puntaje promedio de 401.6 muy por debajo del promedio 488.3 de países OCDE (300 es el puntaje más bajo y 600 el más alto), y a nivel regional ocupamos los últimos lugares como en las anteriores pruebas PISA (2000, 2009, 2012 y 2015).

Los resultados de PISA-2018 nos permite visualizar el muy bajo nivel de nuestro sistema educativo en preparación y desempeño de los alumnos evaluados, por lo que no logramos un avance educativo sostenido, además, existe un alto grado de desigualdad educativa urbano-rural y de segregación escolar, la evaluación nos ubica últimos en el indicador que mide la cantidad de alumnos del segmento más pobre que pueden alcanzar a pasar al segmento de alumnos con más habilidades, pero lo más preocupante es el estancamiento en comprensión lectora, este rubro ha sido considerado en PISA-2018 el principal tema evaluado empleándose computadoras para determinar el nivel de competencia lectora en el entorno digital, comprensión, uso, evaluación, reflexión y compromiso con los textos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y el potencial personal para participar en la sociedad.

Bajo este panorama, la ministra de Educación, Flor Pablo, se equivoca al asegurar que los resultados PISA-2018 han mostrado un avance significativo frente a otros países de Latinoamérica, añadiendo que nos tiene que alentar que estamos en el camino correcto, pero por el contrario, ocupamos los últimos puestos a nivel mundial y regional, por tal motivo, el bajo nivel de nuestro sistema educativo requiere una transformación que refuerce las capacidades, competencias, interés y creatividad de los alumnos y que garantice, en el horizonte estratégico, continuidad y progresividad que asegure un dinamismo productivo con equidad social y una democracia sin exclusiones. Solo así estaremos asegurando las bases para el desarrollo del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de diciembre de 2019

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