PROYECTO MAJES SIGUAS II: 10 AÑOS DE RETRASO

El pasado día 15, durante las celebraciones del 476° aniversario de la fundación de Arequipa, el presidente Pedro Pablo Kuczynski emplazó a sus ministros de Transportes (Martín Vizcarra) y Agricultura (José Hernández) para que solucionen los problemas que impiden la ejecución del proyecto Majes-Siguas II, sin embargo, esta obra presenta un retraso de 10 años por razones principalmente de gestión, financiamiento y un conflicto legal.

Este proyecto, anhelado por Arequipa desde hace más de 30 años para irrigar 38,500 hectáreas de las pampas de Siguas está retrasado 10 años desde que ProInversión convocara en mayo 2006 la concesión de obras de afianzamiento hídrico e infraestructura de irrigación; en enero 2008 el MEF otorgó la viabilidad del proyecto y en setiembre 2010 se adjudicó la concesión a la empresa Angostura Siguas (Cobra Instalaciones-España y Cosapi-Perú) siendo inmediatamente suspendida por un conflicto legal con el gobierno regional del Cusco por el desvío del río Apurímac que culminó en noviembre 2013, y recién, en abril 2015, se firmó un nuevo contrato de concesión (Adenda 12).

Sin embargo, aún está lejos la construcción de los componentes claves de Majes Siguas II: el embalse de Angostura (cuenca alta del río Apurímac) para almacenamiento de 1,140 millones de metros cúbicos (MMC) y 2 túneles de derivación (7 y 11 km). Sincerando nueva programación sobre la construcción de Angostura, el Gobierno Regional de Arequipa señala que recién se iniciaría en 2017 por optimización de tecnología del proyecto, calculándose su duración 4 años después de concluirse la habilitación de caminos y accesos.

Además de problemas contractuales (preocupación de rescisión, modificaciones, adendas, revisión de expedientes) existe un problema financiero prolongado por parte del gobierno, una obra cuyo monto inicial fue calculado en 2006 en US$ 260 millones, ha sido incrementado más del doble, hasta US$ 550.5 millones, que el consorcio pretende recuperar vendiendo agua a los agricultores por 16 años siempre y cuando se garantice una dotación anual de 530 MMC para el proyecto, pero además, se presentan problemas de gestión: ambiental (falta de profesionales), cultural (plan de monitoreo arqueológico y protección de área con geoglifos) y social (lentitud en adquisición de parcelas en Pusa Pusa donde se construirá Angostura). Actualmente se ejecuta el primer expediente de la fase1 la obra (avance 40%), calculándose que la construcción total de Majes Siguas II culminaría en 7 años, hacia 2023.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de agosto de 2016 


CONSTRUCCIÓN DE HOTEL EN CUSCO ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

En la ciudad del Cusco, declarada por la UNESCO (1983) patrimonio de la humanidad, se construye, en pleno Centro Histórico y cerca de la Plaza Mayor, el Hotel Four Points by Sheraton (US$ 30 millones de inversión, 7 pisos, 3 sótanos, 145 habitaciones), que según Edwin Ruiz Caro, ex Director (dic.2013-dic.2015) de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDCC), se ha autorizado esta enorme construcción (permitido solo 2 pisos) con planos modificados o alterados que vulnera la tipología arquitectónica, trasgrede el Plan Maestro, el Código Municipal de protección y el Reglamento de Edificaciones.

La historia empieza en 2010 cuando, increíblemente, el ex titular de la DDCC, Juan García Rivas, aprobó el proyecto original de 10 pisos. En agosto 2013 el alcalde, Luis Flores García, otorgó licencia por 7 pisos a la empresa R&G SAC, y el 29 diciembre 2014 (a 2 días de dejar el cargo) la amplió 3 años más. El nuevo alcalde a partir del 2 enero 2015, Carlos Moscoso Perea, presentó el 25 julio 2015 una demanda al Poder Judicial para anular dicha licencia, quien conjuntamente con el DDCC Edwin Ruiz Caro conformaron una comisión Ad Hoc que detectó faltas administrativas y patrimoniales, declarando la alcaldía nula la licencia y paralizando las obras (Resolución 882-29 dic.2015).

Sin embargo, el pasado 20 de julio, la Corte Superior de Justicia del Cusco declaró fundada la acción de amparo de la constructora R&G SAC dejando sin efecto la Resolución Municipal 882-29 porque ésta no notificó dicha nulidad a la empresa, lo cual ha causado gran preocupación al Ministerio de Cultura que ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la constructora por vulneración de la Ley 28296 (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación), y también a la UNESCO por potenciales impactos negativos de esta construcción, finalmente, el pasado día 10, la DDCC a cargo de Daniel Maravi Vega-Centeno, paralizó nuevamente las obras (Resolución 171-2016).

Bajo este panorama, la inversión e infraestructura hotelera es positiva y necesaria para nuestro país, sin embargo, esta construcción en el Centro Histórico con indicios de irregularidades para conseguir licencia, debe ser demolida o adecuarse estrictamente el Plan Maestro, además, debe sancionarse con rigurosidad los malos funcionarios ediles y culturales que ocasionaron el indebido avance (61%) de este proyecto que atenta y pone en riesgo la condición de la Ciudad Imperial del Cusco como Patrimonio Mundial.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de agosto de 2016


EN PUNO NO HAY “POQUITO” CONTRABANDO

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de manera inapropiada, manifestó en Puno que no le preocupaba que haya un “poquito” de contrabando, recibiendo intensos aplausos, especialmente de comerciantes que ejercen esta clandestina actividad, al llegar a Puerto Maldonado se rectificó a medias diciendo “en Puno hay algo de contrabando, pero no lo apoyo para nada”. El vocero alterno del partido, Salvador Heresi, después señaló que el presidente hizo una broma.

En Puno, no hay “poquito” contrabando como dice el presidente, por el contrario, es impresionante, es el principal lugar empleado por las mafias para ingresar productos ilegales al país en un estimado de US$ 600 millones anuales (60% del total de US$ 1,000 millones a nivel nacional), teniendo como destino final Cusco, Arequipa y  principalmente Lima, además, la economía regional puneña está en gran parte compuesta por un comercio informal e ilegal, principalmente en Juliaca, donde más de 50% de la población comercial es ilegal y allí converge desde Bolivia la “culebra sur” conformada por unos 80 camiones que proceden continuamente desde Bolivia con toneladas de productos de contrabando.

Solo en este año la Policía Fiscal (Sepolfis) y la Sunat han realizado más de 20 intervenciones en Puno, pero lo incautado, unos S/ 60 millones (US$ 18 millones) es ínfimo respecto al valor del contrabando que ingresa. Las principales rutas puneñas del contrabando son: Juliaca-Huancané, Desaguadero-Mazocruz, Puno-Desaguadero y Juliaca-Cusco, y los distritos: Desaguadero (Chucuito-Juli), Tilali (Moho), Mazocruz, Laraqueri y Juli.

El contrabando en Puno y en todo el país se incrementa y ni siquiera tenemos un Plan Estratégico Nacional de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería, el que debe ser elaborado por la Comisión conformada por 16 instituciones (Ley 27595 nov.2001, modificada con Ley 29013 may.2007), además ésta debería planificar, coordinar y organizar acciones y recomendaciones para contrarrestar el contrabando y evaluar su impacto en la economía nacional.
  
Bajo este panorama, el contrabando, además de romper con la totalidad de normas del libre mercado, es una práctica violatoria del orden jurídico que afecta enormemente la economía del país porque el fisco deja de percibir unos US$ 500 millones anuales, asimismo, está inmerso en la corrupción de resguardos policiales y aduaneros fronterizos y también se le vincula directamente al lavado de activos y al tráfico de drogas para financiar y distribuir compras de grandes cantidades de mercadería ilegal.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de agosto de 2016


HACINAMIENTO EXTREMO EN NUESTROS PENALES: MEDIDAS URGENTES

Una principal preocupación de la nueva ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, es la grave situación de hacinamiento de nuestros penales, y tiene razón, porque actualmente hay 91,200 personas con problemas penales en el sistema penitenciario, de éstas, 13,900 en libertad con beneficios o penas limitativas y 77,300 cumpliendo penas en prisión hacinados en 68 cárceles con capacidad máxima para recibir 33,300, es decir, una increíble sobrepoblación de 44,000 presos (132%).

La ministra ha anunciado el traslado de presos extranjeros a sus países, la implementación de grilletes electrónicos y la aplicación de beneficios penitenciarios y de servicio comunitario. Respecto al traslado de presos extranjeros, tenemos vigente la ley 30219 (julio 2014) que regula el beneficio de retorno a su país de internos extranjeros para su reinserción, pero además de la falta de presupuesto, es solo aplicable a primeras condenas por delitos menores hasta 7 años y haber cumplido un tercio de su pena, actualmente son 1,800 (90% por tráfico de drogas) y podrían acogerse alrededor de 400, lo cual no es significativo para reducir el hacinamiento.

Respecto a grilletes electrónicos, la normatividad para su uso data de 2010, (ley 29499), se consideró la adquisición de 2,000 grilletes y en 2015 se adecuó su empleo (DL1229), pero hasta la fecha no se ha concretado nada. Y en relación a la aplicación de beneficios penitenciarios, estos, como gracias presidenciales, fueron desprestigiados y vilipendiados por la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena, la cual, en el período 2009-2010 otorgó liberación a 3,300 presos de los cuales 57 eran narcos que integraban bandas internacionales de carteles de la droga.

Bajo este panorama, la ministra de Justicia debería: 1) Declarar en emergencia el sistema penitenciario; 2) Gestionar el incremento de recursos para optimizar la administración penitenciaria; 3) Construir nuevas cárceles y ampliar la infraestructura en espacios disponibles de actuales; 4) Mejorar la seguridad (visitas, bloqueadores); 5) Eliminar los altos índices de corrupción; 6) Capacitar a trabajadores penitenciarios; 7) Implementar alternativas de penas para delitos menores (grilletes electrónicos, correccionales para trabajos en talleres y actividades educativas); 8) Agilizar las sentencias en el Poder Judicial (casi la mitad sin sentencia); 9) Estudio de factibilidad para tercerización de la administración y gestión de los penales; y 10) Mejorar las condiciones de los reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción social.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de agosto de 2016

COMO DEJA EL PAÍS EL GOBIERNO DE HUMALA

El ex presidente Ollanta Humala concluyó su período el día 28. En su último mensaje, sin siquiera ruborizarse, afirmó que “la foto del Perú ha cambiado para bien” sin embargo la situación real del país nos dice lo contrario. La inseguridad ciudadana se incrementó a niveles insostenibles y ni siquiera lideró el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 90% de peruanos se siente inseguro en la calle y 59% en su casa, la tasa de homicidios aumentó de 5.4 a 7.2 por cada 100,000 personas, se registraron 13,000 conflictos sociales con 63 muertos y 1,935 heridos dejando 212 sin resolver. En corrupción estamos entre los 10 países más corruptos en conseguir sentencias judiciales favorables (WEF), nuestra producción anual de cocaína se incrementa (se calcula entre 340 y 400 TM), además, deja un hacinamiento carcelario de 44,000 reclusos (132%).

El crecimiento disminuyó de 6.5% a 3.26% por falta de inversión pública (1,000 obras paralizadas), inversión privada con tasas negativas (falta de expectativas e institucionalidad), caída extrema de exportaciones e industria contractiva, además, recibió un superávit fiscal de 2.3% y deja un déficit fiscal de -2.1%, también la inflación subió de 2.65% a 4.40%. En Institucionalidad hemos empeorado 21 puestos (WEF) y en institucionalidad laboral estamos rezagados, de 16 millones de trabajadores PEA, 11 millones son informales (80% jóvenes) como también 86.5% de las unidades productivas, además, deja una canasta básica que absorbe inequitativamente 32% del salario medio.
 
Aunque la pobreza disminuyó (27.82% a 21.77%) no mermaron las desigualdades sociales, de 7 millones de pobres 50% vive en áreas rurales, la anemia infantil aumentó de 41.6% a 43,5% (1 millón de niños anémicos), además deja 400,000 niños en desnutrición crónica y 26,000 pacientes anuales de TBC activa (6% infantil), también 4 millones de peruanos sin acceso a agua y 10 millones sin saneamiento. En salud ha fracasado la calidad del servicio e infraestructura, y en educación no se reduce la brecha en las zonas rurales y no mejora la formación de docentes, además, para ver si avanzamos debemos esperar los resultados de la prueba PISA 2015.

Bajo este panorama la falta de liderazgo de Humala, su informalidad, inacción, improvisación, y la intromisión e injerencia de su esposa en asuntos de gobierno, no le permitieron adoptar estrategias ni reformas políticas, económicas e institucionales para lograr sostenibilidad del crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de julio de 2016


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