IMPERDONABLE: ANEMIA INFANTIL NO SE REDUCE HACE 7 AÑOS


La anemia infantil es un gravísimo problema nacional que por deficiencia de alimentos que contienen hierro en la dieta diaria afecta a los niños más vulnerables (6 a 35 meses), período crítico por la acelerada evolución neurológica en esta etapa de crecimiento, ocasionando insuficiencia de hemoglobina en la sangre y deficiente abastecimiento de oxígeno corporal, atacando sus potencialidades y desarrollo intelectual lo cual se manifestará durante su crecimiento en falta de inmunidad y deficiente rendimiento y aprendizaje, y en la adultez baja productividad.  

El pasado día 10 el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Gustavo Rosell nos refrescó la memoria sobre el elevado índice de anemia infantil (43.5%), según sus declaraciones en los últimos 4 años este índice no ha disminuido, pero los registros indican que hace 7 años (período 2012-2018) no ha podido ser reducida a pesar desde 2004 existe abundante normativa para luchar contra este flagelo, entre ellas, Ley 28314: Fortificación de harina de trigo con hierro y micronutrientes, Ley 27337: Código de niños y adolescentes, DS-009-2006-SA: Reglamento de Alimentación Infantil, RM-258-2014-Minsa: Plan Nacional para reducción de desnutrición crónica infantil y prevención de anemia. También desde 2008 existe un Programa Articulado Nutricional para reducir la anemia infantil con presupuesto de S/.500 millones para el período 2016-2021, además, en julio 2018 se declaró de prioridad nacional la lucha contra la anemia infantil aprobándose un plan multisectorial (DS-068-2018-PCM) que plantea la articulación intersectorial e intergubernamental a cargo de 14 ministerios.

Bajo este panorama, es imperdonable que desde hace 7 años, 4 de cada 10 niños peruanos menores de 3 años sufran esta gravísima enfermedad, según la última medición nacional de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (Endes-2018) en el sector de población más pobre (quintil inferior de riqueza) la anemia alcanza 53.6% y en el grupo de niños entre 9 y 11 meses llega hasta 61.8%, y peor aún, hay regiones con altísimo nivel de niños que padecen este terrible mal, en Puno 67.7%, Pasco 58.7% y Loreto 57.4%. En febrero 2017 durante el Tercer Gore Ejecutivo los 26 gobernadores regionales y sectores presentes del gobierno central firmaron un pacto nacional para reducir al 2021 la anemia infantil a 19%, solo se trató de una promesa demagógica e imposible de cumplir porque desde 2012 se mantiene en 43.5%. Por lo expuesto la lucha contra la anemia durante los últimos 7 años ha sido un fracaso total.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de noviembre de 2019


EDUCACIÓN RURAL: PRIORIDAD MUY RETRASADA


El pasado 30 de octubre el premier Vicente Zevallos presentó las políticas del gobierno, al tratar el tema Educativo manifestó que es una de las prioridades centrales y que gran parte del futuro del país pasa por dar un gran salto cualitativo en calidad educativa, asimismo, sobre educación rural advirtió que aún presenta retos y nos demanda acciones y que se está siguiendo el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional de trabajar en un plan de acción concreto para hacer disponible la educación en zonas rurales.

El diagnóstico del problema educativo rural es conocido: insuficientes escuelas, infraestructura precaria, escasa disponibilidad de recursos educativos, escasa cantidad de docentes, práctica pedagógica de baja calidad con sobrecarga laboral, inadecuado currículo (enorme brecha entre lo propuesto y los resultados, centros de estudios alejados, alta dispersión geográfica, elevada deserción de estudiantes (solo 50% culmina secundaria), atraso en estudios y alto nivel de repetición del año escolar, inadecuadas condiciones socioeconómicas, prevalencia de desnutrición crónica (25%), alta tasa de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años (22%).

En diciembre 2018 el gobierno aprobó una Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales (DS 013-2018-Minedu) que no nace como iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) sino por sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente 00853-2015-PA/TC-14 marzo-2017) donde ordena al Minedu el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que al 2021 la educación rural pueda asegurar disponibilidad y accesibilidad, lo cual no podrá ser cumplido porque requiere de elevados presupuestos y dicha Política Educativa Rural señala que no demandará recursos del Tesoro Público (artículo 6º), sin embargo, es inconcebible que faltando dos meses para terminar el año, del presupuesto de S/.5,500 millones recibido por el sector Educación para proyectos, solo ha gastado S/.2,600 millones (47%) quedando sin ejecutar S/.2,900 millones a pesar de las graves carencias educativas rurales.

Bajo este panorama, no se aprecian avances en la educación rural,  las escuelas rurales (unidocentes, multigrados y bilingües) deberían cumplir rol fundamental para atender el derecho educativo de la población más pobre, excluida y vulnerable del país. Lamentablemente existe una gran brecha entre la educación urbana y rural, en las zonas rurales, donde estudia 20% de la población escolar nacional, no existe un sistema educativo diversificado de calidad que permita iguales oportunidades de acceso, permanencia y logros de aprendizaje y que considere la realidad productiva y cultural de cada zona altoandina y amazónica.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de noviembre de 2019


MALA GESTIÓN AFECTA AVANCE DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nuestra inversión pública se encuentra casi paralizada a pesar de representar una variable clave para impulsar el crecimiento del PBI, incrementar el empleo, el consumo y la producción. Los últimos registros son muy preocupantes, faltando solo 2 meses para finalizar el año la ejecución de inversión pública 2019 a nivel nacional sería la más baja de los últimos 6 años debido a la reducida ejecución de obras del gobierno central, gobiernos regionales y municipales, a pesar de las prioritarias necesidades en obras, infraestructura y servicios básicos para la población, de un presupuesto de S/48,775 millones para inversiones solo han ejecutado S/.20,537 millones (42.1%). Según la Contraloría actualmente estarían paralizadas unas 6,000 obras.
 
Increíblemente, del presupuesto modificado 2019 asignado para inversión a los 18 ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros (S/.18,766 millones), faltando 2 meses para finalizar el año tienen 2,500 proyectos no ejecutados habiéndose invertido solo S/.7,896 millones (42%), por ejemplo, el sector Salud, uno de los más requeridos y urgentes por la población tiene 182 proyectos no ejecutados y de S/.877 millones recibidos solo ha gastado S/.269 millones (30.7%), también la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) para reconstrucción de infraestructura dañada y destruida en 13 regiones por el fenómeno El Niño Costero, de un presupuesto 2019 de S/.6,400 millones hasta medio año solo invirtió S/.1,370 millones (21.3%), y acaba de renunciar su director ejecutivo, Nelson Chui.

Bajo este panorama, la inversión pública se encuentra estancada a pesar que existe suficiente normativa para impulsarla: Decreto de Urgencia (DU.006-2018-mayo), DU.004-2019-17 octubre, y además, el pasado día 30 el presidente Vizcarra anunció otro DU para destrabar obras paralizadas, sin embargo el problema principal es de falta de gestión pública.  La evaluación y formulación de proyectos de inversión pública debe analizar la coherencia con las políticas sectoriales, regionales o municipales, valorar costos y beneficios, estimar el momento óptimo de la inversión y evaluar la viabilidad financiera y rentabilidad socio-económica, para ello, en los niveles operativos del gobierno central, regional y municipal no existe adecuada capacidad de gestión pública ni una apropiada cantidad de profesionales especialistas en formulación de proyectos de calidad que recojan las necesidades de la población y optimicen presupuestos, además, hay falta de exigencia de objetivos, metas, indicadores y resultados concretos para cumplirse con los fines de la inversión de manera oportuna y eficiente y que genere rentabilidad social de acuerdo a la planificación efectuada.

III CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE


Entre los días 14 y 17 de este mes nuestro país fue sede del tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (III Caplac) organizado por el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). El objetivo del Congreso fue promover, fortalecer y renovar la gestión de las áreas protegidas de los países frente a las necesidades actuales y futuras, cumplir compromisos internacionales para conservación de áreas protegidas y de la naturaleza para bienestar y desarrollo sostenible.

Lamentablemente los temas políticos y de corrupción en nuestro país han opacado este importante Congreso de trascendencia internacional (2,700 participantes de 33 países) pasando casi desapercibido a pesar que el Gobierno peruano lo declaró de interés nacional (RS-026-2019-Minam) y el presidente Vizcarra inauguró el evento. La declaración final del III Caplac arrojó trascendentes compromisos de los países para mejorar la gestión de áreas protegidas e implementar estrategias de conservación para frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar lo perdido, garantizando el desarrollo, bienestar, salud, expresiones culturales y la vida.

En nuestro país estamos muy lejos de lograr los acuerdos suscritos. A pesar que contamos con 158 áreas protegidas (16.93% de territorio nacional equivalente a 22 millones de hectáreas) divididas en parques nacionales, reservas nacionales y comunales, santuarios nacionales e históricos, reservas paisajísticas, bosques de protección, refugios de vida Silvestre y cotos de caza, sin embargo tenemos temas muy críticos que nos impiden mejorar la gestión con adecuadas estrategias de conservación de dichas áreas tales como la minería ilegal, tráfico de tierras, cultivos de coca, narcotráfico, tala ilegal, deforestación, delitos que han llegado a muchas zonas de amortiguamiento, en otras han ingresado y algunas se encuentran acorraladas, casos puntuales son las áreas naturales Sierra del Divisor, Cordillera del Cóndor, Huascarán y las reservas Bahuaja Sonene y Tambopata.

Bajo este panorama, solo durante 2018 creamos doce nuevas áreas protegidas con un proceso relativamente sencillo, pero el principal problema es su protección. Para la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental, la mayor dificultad es la preservación, a pesar de inmensas extensiones debemos ser el país con menos guardaparques para cuidarlas y controlarlas. Lo expuesto y lo acordado en la III Caplac, refuerza la urgente necesidad en nuestro país de implementar acciones conjuntas de los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal) que asegure la gestión de biodiversidad, conservación y provisión de servicios ecosistémicos de nuestras áreas protegidas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de octubre de 2019

PESCA DE JUREL: ACUSACIÓN CHILENA CONTRA PERÚ SIN FUNDAMENTO


El Jurel (Trachurus murphy) es el  recurso pesquero transzonal más importante del Pacífico Sur, recorre mares del Perú, Chile, Ecuador, e incluso llega a Nueva Zelanda y Australia en una gran franja geográfica del Océano Pacífico, según el biólogo e investigador Jorge Csirke, existen evidencias de su pesca en nuestro mar y su consumo desde épocas muy remotas (período cerámico temprano), desde fines de la década de los sesenta incrementamos su pesca y actualmente tiene gran aceptación en mercados y es de consumo popular. La Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) determina la cuota de jurel en alta mar (nuestro país ratifico la convención en diciembre 2015).

El pasado día 9 el gobierno chileno acusó a nuestro país de aumentar, de manera unilateral para 2019 el límite de captura de jurel a 138,000 toneladas infringiendo el acuerdo multilateral de OROP-PS y violando el tratado sobre control de pesca y producción, manifestando que usarán todos los canales disponibles para plantear su disconformidad, inclusive, el pasado día 10, en plena reunión del III Gabinete Binacional Perú-Chile en Paracas, de manera inconcebible, el presidente chileno Piñera le planteó al presidente Vizcarra revisar esta decisión. No es la primera vez que Chile acusa al Perú, en febrero 2012 aseveró que nuestro país sextuplicó la extracción de jurel acordada para 2011.

Estas acusaciones chilenas no tienen fundamento, en ambos casos este país se está refiriendo a la cuota de jurel que asigna OROOP-PS para alta mar (para Perú en 2019 es 11,988 toneladas), pero para la pesca en nuestro mar territorial hacemos uso del derecho soberano de captura dentro de las 200 millas en las cuales el Ministerio de la producción dispuso límite de pesca hasta 138,000 toneladas (RM-386-2019 fecha 18 setiembre) en función a los estudios científicos del Instituto del Mar (Imarpe) sobre factores biológicos, ambientales y mayor disponibilidad del recurso, además, la biomasa en nuestro mar es abundante.

Bajo este panorama según nuestra Ley General de Pesca (DL 25977) los recursos hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdiccionales peruanas son patrimonio de la Nación, en consecuencia corresponde al Estado regular el manejo integral y explotación racional de dichos recursos considerando la actividad pesquera de interés nacional. Asimismo, estas acciones negativas chilenas contra nuestro país, como tantas otras (triángulo terrestre, intento de apropiación de productos peruanos, etc.) nos deberían hacer reflexionar sobre si amerita continuar con estos gabinetes binacionales Perú-Chile.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de octubre de 2019


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