NUESTRA DECADENTE CLASE POLÍTICA



 


Los últimos acontecimientos políticos ocurridos en nuestro país (cambio de tres presidentes en ocho días) fueron ocasionados por una decadente clase política (con muy pocas excepciones), principalmente por un Congreso populista y sin autoridad moral, sediento de repartijas, intereses particulares y partidarios, que apoyó a su ex presidente Merino en su inusitada ansia de poder logrando jurar como Presidente de la República pero renunciando a los cinco días por falta de legitimidad social, abandonado por su gabinete y con altísimos costos para el país incluyendo la muerte de dos jóvenes durante las marchas, pero también es responsable el ex presidente Vizcarra que comenzó a perder credibilidad por vergonzosos audios sobre el caso de Cisneros “Swing” tratando de manipular pruebas con su mediocre entorno lo cual se agravó con denuncias sobre presuntos actos de corrupción como gobernador de Moquegua entre 2011- 2014.

 

Uno de los principales problemas de nuestra decadente clase política es la corrupción como un sistema enquistado en la política y la gestión pública que toca a muchos políticos alcanzando en las últimas décadas a políticos del más alto nivel de distintos partidos incluidos cinco ex presidentes y una candidata presidencial por diferentes presuntos delitos, lavado de activos, peculado, malversación de fondos y colusión, además, presidentes regionales y alcaldes vacados por negociar con recursos de quienes los eligieron. La clase política debe comprender que la corrupción es el principal enemigo de nuestro desarrollo y que debe enfrentarlo promoviendo la transparencia en partidos políticos e instituciones públicas y promoviendo la formación y ejemplo del valor de la honradez en el sistema educativo y familiar.

 

El otro grave problema de la clase política se debe a la crisis de representatividad y falta de liderazgo de los partidos por no cumplir su función constitucional de promover la participación ciudadana en política ni representar a la sociedad intermediando como interlocutores de sus demandas hacia el Estado, habiéndose convertido exclusivamente en juego de intereses y reparto de cargos lo cual los ha alejado de la adhesión ciudadana.

 

Bajo este panorama nuestro futuro como país solo se aclarará cuando los políticos entiendan que la actividad política es esencialmente humana y civilizadora, un quehacer social cuyo principal fin es alcanzar, mediante patrones de acción y organización, el bienestar de la sociedad, el logro del bien común y el fortalecimiento de una estructura de virtudes y valores públicos dejando de lado todo interés personal o partidario por conveniencia.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 21 de 2020

 

MINERÍA ILEGAL DE ORO EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR


 

La emergencia sanitaria, el colapso de nuestra economía por detenerla, y ahora, con tres presidentes de la República en un solo período 2016-2021 que acrecienta nuestra precariedad y fragilidad instituciona e inestabilidad política, no nos permite enfrentar adecuadamente muchos problemas sectoriales que afectan gravemente a nuestro país. Uno de ellos es la minería ilegal y la vulnerabilidad que se mantiene en la frontera con Ecuador, hace muchos años que esta ilícita actividad amenaza esta zona en el distrito de El Cenepa, región de gran biodiversidad, además se viene incrementando peligrosamente en las riberas del río Cenepa en las comunidades Kayamas, Huampami y Mamayaque.

 

La extracción de oro ilegal en la Cordillera del Cóndor no es una actividad reciente, desde hace años, las principales organizaciones comunales de la zona, Awajun y Wampis, vienen revelando la presencia de mineros ilegales ecuatorianos en la Cuenca del Cenepa, territorio histórico que fue escenario de un conflicto bélico en 1995, y que durante mucho tiempo ha sido invadida y depredada por el oro que allí existe, lo hacen a través de túneles de hasta dos kilómetros que llegan desde La Herradura (localidad ecuatoriana más cercana a la línea fronteriza) hasta Perú, por donde transportan en sacos minerales extraídos de socavones peruanos los cuales contienen oro entremezclado que es procesado y vendido en el mercado ecuatoriano.

 

El pasado día 9, Mongabay, organización que trata temas sobre áreas naturales y ambientales, presentó un informe sobre la vulnerabilidad que aún existe en la Cordillera del Cóndor debido a la presencia de mineros ilegales ecuatorianos, denominados “cuñeros”, quienes continúan ingresando a suelo peruano a pesar que en marzo de este año las FF AA y PNP dinamitaron socavones de 200 metros de profundidad al lado de la carretera que llega a nuestro puesto de vigilancia Tambo, también en octubre 2019 dinamitaron otros socavones en el distrito de El Cenepa en inmediaciones de la línea fronteriza, sin embargo, aprovechando la emergencia sanitaria dichos mineros ilegales, los han reabierto.

 

Bajo este panorama, por tratarse de una zona estratégica de frontera nacional es urgente enfrentar esta situación antes de que adquiera cursos incontrolables. Se debería incrementar, en cantidad y permanencia, el control de los puestos de vigilancia fronterizos, los patrullajes en la línea de frontera, las interdicciones en vías de acceso y los bloqueos de socavones, con la finalidad de evitar que los mineros ilegales ecuatorianos continúen ingresando ilegalmente a nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de noviembre de 2020

 

IMPORTACIONES PONEN EN GRAVE RIESGO INDUSTRIA DE CONFECCIONES



 


El Perú es un país textil reconocido por la alta calidad de insumos para confección como algodón pima y alpaca, este sector es uno de los más dinámicos, importantes y altamente competitivos en generación de valor, empleo y divisas, siendo el emporio de “Gamarra” una zona comercial de productores nacionales que en los últimos años, debido a una elevada penetración de importaciones de confecciones y prendas de vestir, que son más económicas pero de menor calidad, sus bajos precios dificultan competir a los confeccionistas peruanos lo cual está ocasionando que muchas Pymes cierren o trabajen a mínimo porcentaje de capacidad instalada y productiva.

 

En este contexto, el pasado día 1°, por exigencias de emprendedores de “Gamarra” y de acuerdo a la información del Ministerio de la Producción (Produce) sobre la evolución de las importaciones de confecciones y la situación económica de dicha industria, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con Resolución RE-146-2020/CDB, inició un proceso de investigación a las importaciones de confecciones en materia de salvaguardias por significativos incrementos de importación de dichos productos que amenaza de daño grave a la producción nacional afectando la estructura y desempeño económico de nuestra industria que elabora productos similares de mejor calidad.

 

Entre enero y junio 2020, pese a la pandemia, las importaciones de confecciones aumentaron 287.5% en términos relativos a la producción nacional, además, durante el período julio-agosto 2020 el volumen de importaciones de confecciones fue de más de 30,000 prendas de confección, triplicando registros de años anteriores. Estos elevados incrementos súbitos, agudos y recientes, representan condiciones que permiten a un país tomar medidas de emergencia para proteger su industria nacional según el Acuerdo sobre Salvaguardias en el marco de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

 

Bajo este panorama, según dirigentes de Gamarra, han denunciado esta competencia desleal desde hace 10 años, actualmente en este emporio comercial el 70% de los negocios está en riesgo de quiebra y el 85% de las prendas que se venden son importadas y subvaluadas. Ahora le corresponde a la Comisión Multisectorial (Ministerios de Comercio, Economía y Producción) activar con carácter urgente las salvaguardias a la importación de confecciones por estar afectando gravemente a la industria local y poniendo en riesgo de quiebra a unas 60,000 empresas peruanas compuestas en un 99% por medianas y pequeñas empresas, de las cuales 60% no logra reactivarse desde marzo pasado.   

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de noviembre de 2020

 

 

LA REFINERÍA DE TALARA Y LA CONTRALORÍA




El pasado día 16 el Contralor General de la República, Nelson Shack, durante una visita de supervisión a la Refinería de Talara, anunció que ejecutará una exhaustiva investigación sobre las inversiones realizadas con auditorías de cumplimiento y de desempeño a la ejecución de obras para determinar si es justificado el aumento de la inversión. Según Shack, “esta obra empezó con una aproximación por más de US$ 1,300 millones y hoy debe estar costando casi US$ 5,000 millones”, sin embargo, con estas cifras, el Contralor se quedó corto.

 

En octubre 2008 hubo una primera convocatoria por US$ 800 millones declarada desierta, en diciembre 2009 una segunda convocatoria ganada por la empresa española Técnicas Reunidas suscribiéndose en marzo 2010 un contrato por US$ 1,200 millones siendo seriamente cuestionado. En 2012 Técnicas Reunidas, sin argumentos válidos, revalorizó el proyecto hasta US$ 3,450 millones. El ex presidente Humala, para agilizar este “elefante blanco”, promulgó la ley 30130 (diciembre 2013) declarando prioritaria su ejecución y en mayo 2014 se firmó con dicha empresa un nuevo contrato por US$ 3,500 millones, asegurando el inicio de operaciones en mayo 2019, sin embargo, después de muchos desfases, descoordinaciones, discrepancias, reclamaciones, brechas de financiamiento y retraso de unidades auxiliares (empresa Cobra), recién empezaría a operar a fines del 2021 a un costo que superaría los US$ 6,000 millones incluyendo los intereses estructurales de inversión.


Llama la atención que hace más de 2 años (mayo 2018) el Contralor Shack hizo el mismo anuncio “la Contraloría viene realizando acciones preparatorias para desplegar en 2019 una auditoría a la refinería”, inclusive añadió que el costo se había triplicado sin que existan cambios significativos en la capacidad de producción ni cantidad de productos finales del proyecto, sin embargo, no ha ejecutado hasta la fecha dicha auditoría. Inclusive un informe previo de Contraloría de julio 2017 identifica riesgos en la determinación del monto de inversión del proyecto.

 

Bajo este panorama se requiere que la Contraloría realice una escrupulosa investigación y peritaje de las obras en cada etapa de construcción, desde su inicio en 2014, para determinar si los costos fueron apropiados debido a que Petroperú es una empresa que pertenece totalmente al Estado peruano y los recursos financiados se han incrementado exponencialmente desde US$ 800 millones en 2008 hasta alrededor de US$ 6,000 millones al término de un proyecto de baja productividad que ninguna empresa privada lo asumiría por no ser rentable ya que según análisis económicos la inversión se recuperaría recién después de 30 años.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de octubre de 2020

 

  

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LAVADO DE ACTIVOS


 

El Departamento de Estado de EE UU en su último informe sobre Estrategia Internacional de control de Narcóticos y Lavado de Dinero de marzo 2020 señala que durante 2019 fueron identificados en nuestro país US$ 1,750 millones provenientes de lavado de dinero, de los cuales US$ 880 millones corresponde a lavado en minería ilegal (la mayor cantidad en los últimos 9 años) ya que los narcotraficantes están dirigiendo el lavando dinero a través de transacciones de oro ilegal, inclusive, a pequeña escala mezclan oro ilegal con lícito en la cadena de suministro, pero además del tráfico de drogas, también son fuentes de fondos ilícitos la tala ilegal de madera, corrupción pública, contrabando, piratería, trata de persona, entre otras, los cuales son blanqueados creándose empresas de fachada para simular operaciones financieras.

 

Este delito, que por su poder corruptor genera en nuestro país peligrosos efectos perturbadores en la gobernabilidad, así como profundas distorsiones en la economía se ha incrementado en los últimos años debido al creciente aumento de dinero ilícito el cual es blanqueado en compra de inmuebles, lujosos vehículos, transferencias de bienes y dinero ilegales, remesas al exterior y cambio de divisas.  

 

El principal medio para enfrentar el lavado de activos es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) creada en marzo 2002 (Ley N°27693) y adscrita a la SBS, cuya función es recibir, analizar, tratar, evaluar, transmitir información y detectar este delito, investigando los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de personas naturales y jurídicas obligadas a proporcionar información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°27693. Entre el 2011 y agosto 2020 la UIF recibió 80,848 ROS, y solo entre enero y agosto 2020 recibió 6.482, y, aun así, no tiene facultad para levantar directamente el secreto bancario y tributario lo que afecta su labor de análisis e investigación financiera.

 

Bajo este panorama, después de más de 10 años de gestiones, recién el pasado día 14 la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que otorga dicha facultad a la UIF, pero falta su debate y aprobación en el pleno. Sin embargo, para la lucha contra el lavado de activos aún faltan acciones, entre otras, fortalecer la fiscalía y órganos de control, mejorar la ley de Pérdida de Dominio, uso de nueva tecnología para evaluación de riesgos y de información e inteligencia financiera, detección de personas naturales detrás de empresas y aplicación de sanciones firmes.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de octubre de 2020

Artículos Publicados

Artículos Publicados

Artículos por Temas



princ