MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ILO EN LA NEBULOSA

El pasado día 18 el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, después de su interpelación en el Congreso por la firma de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero (Cusco), sorpresivamente anunció que decidió cancelar la concesión del terminal portuario de Ilo (Moquegua), contradiciéndose extrañamente de lo que aseguró hace solo 5 meses (15 diciembre 2016) durante la inauguración del vuelo Lima-Ilo de la aerolínea Star Perú, que la concesión estaba en la última etapa de evaluación por ProInversión y se lanzaría en abril 2017.

La historia de la frustrada concesión del puerto de Ilo empieza hace 18 años (mayo 1999) cuando la COPRI -Comisión de Promoción de la Inversión Privada- (reemplazada por ProInversión en abril 2002) realizara la licitación de los puertos de Ilo y Matarani, pero Ilo fue declarado desierto y solo Matarani fue adjudicado al Consorcio Tisur. En 2010 hubo otro intento con una inversión de US$98.1 millones (8.2 a corto plazo y 89.9 a largo plazo), pero fue excluido por ProInversión argumentándose la otorgación de facilidades portuarias a Bolivia por la Declaración de Ilo (19 octubre 2010) para exportar desde 2014 hierro boliviano, lo cual nunca sucedió. Desde 2015 continuaron los esfuerzos para impulsar su concesión previéndose que ProInversión convocaría el primer semestre dicho proceso por 30 años, el ex ministro de Transportes. José Gallado, anunció ante la Comisión del Congreso que en julio 2016 se daría en concesión, lo cual tampoco sucedió, luego el ex Ministro Vizcarra aseguró que sería en abril 2017 pero meses después la anulo.

Bajo este panorama, es lamentable que el puerto de Ilo (administrado por Enapu) se encuentre en la nebulosa desde hace 20 años sin modernización, ampliación, ni reparaciones importantes solo moviliza 0.5 millón anual de carga (Matarani 3.8 y Arica 3.5) a pesar de proyectar gran interés comercial y estratégico por ser el más cercano a las fronteras de Bolivia y Brasil y poderse convertir en polo de desarrollo. En 7 años la inversión para la modernización se ha septuplicado, en 2010 se estimaron US$ 98 millones, pero según el MTC actualmente se requieren US$700 millones. Las consideraciones mencionadas refuerzan la prioridad de concesionar el terminal portuario de Ilo a un operador internacional de terminales con capacidad financiera y experiencia o ejecutar una Asociación Pública-Privada (APP) autosostenible. El nuevo Ministro de Transportes, Bruno Giuffra, tiene la palabra.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de mayo de 2017


REFINERÍA DE TALARA: CUESTIONADA MODERNIZACIÓN

La historia de modernización de la Refinería de Talara, caracterizada por misterios y desfases y por confusas acciones y declaraciones, se inició en octubre 2008, la primera convocatoria con un solo postor precalificado fue declarada desierta, se buscaba una empresa que invierta US$ 800 millones que recuperaría con la venta de combustibles. En segunda convocatoria ganó la buena pro (diciembre 2009) la empresa española Técnicas Reunidas, firmándose el contrato por US$ 1,177 millones (marzo 2010), sin embargo, el proceso de licitación internacional fue cuestionado por empresas que llegaron a la etapa final, y por 2 de los 6 miembros del directorio de Petroperú que votaron contra el contrato. 

En noviembre 2012 Técnicas Reunidas ya valorizaba el proyecto en US$ 3,450 millones, por el elevado monto el Gobierno decidió no desarrollarlo todo sino por partes, pero en diciembre 2013 el Congreso aprobó la Ley 30130 declarando la modernización necesidad pública e interés nacional dándole visto bueno, así, se suscribió un nuevo contrato con Técnicas Reunidas (mayo 2014) para incrementar la capacidad de refinación de 65,000 a 95,000 barriles petróleo diarios (bpd) y producir combustibles con bajo contenido de azufre (según Petroperú esto mejoraría la seguridad energética y reduciría las importaciones). En octubre 2016 Petroperú anunció nuevo costo del proyecto (US$ 4,782 millones) y en febrero 2017 otro incremento (US$ 5,400 millones), es decir, en 9 años el monto del proyecto casi se septuplicó, de US$ 800 millones previstos inicialmente a US$ 5,400 millones declarados actualmente. 

Bajo este panorama existen muchos cuestionamientos a este proyecto, entre otros: 1) Falta de transparencia, los contratos fueron divulgados (por presión) recién hace 2 meses después de 7 años de firmados; 2) El proyecto fue iniciado sin contar con financiamiento cerrado: 3) Es una inversión de dudosa rentabilidad en el largo plazo (deben recuperarse US$ 5,400 millones en 30 años); 4) Para la Contraloría los incrementos de costos no significan mejoras en el esquema del proyecto; 5) Existe un retraso de 2 años, el último plazo (2020) puede seguir postergándose; 6) Se busca incrementar la capacidad de refinación con reducción de azufre, pero no tenemos crudo disponible porque nuestra producción cayó drásticamente por falta de exploración y explotación (de 196,000 bpd en 1980, hasta 40,000 bpd el 2016) obligándonos a seguir importándolo, y hasta el Oleoducto Norperuano está paralizado 1 año 3 meses sin visos de una solución segura y confiable.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de mayo de 2017


NO MINIMIZAR EL TERRORISMO

El pasado 1° de mayo el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) realizó otra marcha en Lima, es la 5ª similar en los últimos 12 meses, pero inconcebiblemente por primera vez marcharon con resguardo policial a pesar que portaban pancartas exaltando las figuras de criminales terroristas de Sendero Luminoso (SL) como Guzmán e Iparraguirre entre otros, entonando cánticos y lanzando arengas. Lo sorprendente fueron las discrepancias, respecto al delito de apología del terrorismo, entre el ministro del Interior, Carlos Basombrío, con su viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas y el director de la Policía, Vicente Romero, mientras el ministro aseguraba que si había delito, su viceministro y el director de la Policía decían lo contrario-

Es inadmisible que ambas autoridades aseguren que levantar la fotografía de criminales terroristas no es delito de apología, en el caso del viceministro Vargas, con mayor razón, porque hace 3 años advertía que “Movadef es un tema de seguridad nacional porque fue creado a pedido de Abimael Guzmán”. Siendo estas autoridades responsables directas de combatir al terrorismo, sus aseveraciones son contraproducentes por la imagen de impunidad que transmiten sobre este grupo a nuestra juventud que no ha vivido los años de terror y crimen de SL, y peor cuando argumentan que no es delito porque las denuncias no son acogidas por el Poder Judicial, lo cual debe rectificarse en las normativas, pero el delito de apología está plenamente constituido porque no solo levantan las fotos de criminales terroristas, también los exaltan y alaban a viva voz y hacen propaganda terrorista.

Además, durante los 2 últimos meses han ocurrido acciones terroristas en el Vraem que deben ser evaluadas a fondo, el viceministro Vargas asegura que allí no hay más de 150 terroristas (¿cifras oficiales?). El pasado 12 de marzo fue atacado un helicóptero militar en Junín, seguidamente, el 18 fue emboscado un convoy policial antidrogas en Ayacucho falleciendo 3 policiales, en abril una columna de SL secuestró a una familia en Junín, y hasta han aparecido noticias sobre un supuesto nuevo grupo terrorista “Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército Popular Tupacamarista” (FAR-EPT).

Bajo este panorama, no hay que minimizar ni bajar la guardia contra el terrorismo, el Estado debe enfrentarlo en el Vraem y al Movadef donde se movilice, caso contrario solo nos exponemos al futuro a poder repetir la historia de terror que vivimos entre los años 80 y 90.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de mayo de 2017

AGOBIANTE SITUACIÓN LABORAL EN EL PERÚ

El 1° de mayo, “Día Internacional del Trabajo”, tuvimos muy poco de que celebrar porque cada año en esta fecha recordamos el drama que significa conseguir un empleo formal en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cada año 300 mil personas ingresan a la Población Económica Activa (PEA) pero únicamente se generan 30 mil empleos, esto significa que de cada 10 personas que buscan empleo formal solo 1 de ellas logra insertarse en el mercado laboral formal, el resto habitualmente busca empleos informales los que desde 2015 están registrando incrementos después de haber mostrado firme disminución entre 2007 y 2014. Esta informalidad laboral es altísima, de 16 millones de trabajadores en la PEA ocupada 11 millones son informales (7 de cada 10 trabajadores) principalmente en agricultura (97%), transportes y comunicaciones (80%), construcción (75%) y comercio (74%) representando un sector muy vulnerable porque reciben sueldos menores del mínimo vital y no cuentan con ninguna clase de beneficios (pensiones, salud, vacaciones).

La informalidad laboral y el desempleo (con tendencia creciente los 3 últimos años) se encuentran entre los principales problemas que afectan el desarrollo de un crecimiento económico inclusivo y ocasionan el debilitamiento de nuestra economía, el gobierno ha proyectado crear 1.5 millones de empleos formales al 2021 (300 mil por año) lo cual se avizora imposible porque ya pasó casi un 1 año y no se ha creado ni el 10% de lo planeado, además, de 16 millones de trabajadores en la PEA ocupada, según datos de marzo 2017, solo 3.1 millones tiene un empleo adecuado y con tendencia decreciente, y el subempleo (desempleo encubierto), que por el contrario aumenta, registra 1.7 millones de trabajadores.

Bajo este panorama para la creación de empleos sostenibles, además de requerirse la implementación de políticas y estrategias adecuadas para mejorar las normas tributarias, facilitar el desarrollo del sector privado (grandes y medianas empresas) y formalizar las micro y pequeñas empresas (mypes), es indispensable el consenso entre el gobierno, empresarios y centros de estudios superiores y técnicos que coadyuven a generar empleos productivos y de calidad que respondan a las demandas de la población, considerando que el mercado laboral es cada vez más competitivo siendo necesario sincronizar el mercado de trabajo y la formación educativa por requerirse de profesionales y técnicos mejor capacitados y de carreras y oficios con mayor empleabilidad en el mercado laboral.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de mayo de 2017


MOVADEF: DESCARADA APOLOGÍA DEL TERRORISMO

El pasado día 17 grupos integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) marcharon por calles de Lima mostrando pancartas con fotografías de Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula terrorista de SL. Manuel Fajardo, fundador, representante del movimiento y abogado del cabecilla terrorista Abimael Guzmán dirigió la marcha manifestando que los miembros de Sendero Luminoso (SL) condenados por terrorismo eran presos políticos; el día 20 el procurador en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, denunció a Fajardo por el delito de apología del terrorismo, sin embargo, el Movadef desde que fue fundado en noviembre 2009 (para pretender participar en la vida política nacional usando los procesos electorales) viene cometiendo reiteradas acciones de apología como órgano de fachada de SL
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Los dirigentes y seguidores del Movadef no condenan las acciones terroristas de los años 80 y 90, sino por el contrario, la justifican aseverando que por causas políticas, económicas y sociales “el pueblo se levantó en armas”. En diciembre 2009 este movimiento presentó el libro del cabecilla terrorista Abimael Guzmán “De puño y Letra” que incluye abierta apología del terrorismo y reafirma la condición totalitaria y extremista de SL. Pero la mayor afrenta a la democracia y apología la hizo Fajardo el 27 octubre 2015 nada menos que como “invitado de honor” en el Congreso de la República (durante un homenaje al político Carlos Malpica) donde manifestó que los militantes del Movadef son “perseguidos políticos”, posteriormente, el 19 junio 2016 unos 200 seguidores marcharon por calles de Comas llevando carteles con fotos de terroristas encarcelados (repartiendo además propaganda senderista) dirigiéndose a rendir culto a sus muertos en un mausoleo construido por ellos sin autorización hace 2 años y que aún no es demolido.

Bajo este panorama, la descarada apología del terrorismo que promueve el Movadef cruza los límites permisibles del Estado de derecho, sus dirigentes y seguidores han utilizado todas las formas posibles (propaganda, alabanza, exaltación, lenguaje sublimal, lenguaje violento e intolerante, legitimación de acciones terroristas, etc.), y a pesar que desde hace 25 años la ley 25744 (5 mayo 1992) y posteriormente el DL 924 (19 febrero 2003) establecen penas de entre 6 y 15 años para este delito, hasta la fecha no ha sido aplicada. Esperamos que la denuncia del procurador Milko Ruiz del pasado día 20 contra el dirigente del Movadef, Manuel Fajardo, sea la primera que se concrete.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario ESPRESO, fecha 29 de abril de 2017


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