PARO AGRARIO Y AGRICULTURA FAMILIAR


El pasado día 13, mientras el presidente Vizcarra inauguraba en nuestro país la Conferencia Internacional Good Growth que promueve el crecimiento económico con equidad, miles de agricultores y productores en 15 regiones realizaban un paro agrario de 24 horas convocado por la Convención Nacional del Agro (Conveagro) y la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego, según Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, esperarán 60 días para que el gobierno solucione sus pedidos, caso contrario convocarán un paro indefinido. La mayoría de demandas están relacionadas a la agricultura familiar, entre ellas, compra por el Estado, para los programas sociales, de productos nacionales con insumos de agricultura familiar, desarrollo de la ley de agricultura familiar con adecuado presupuesto, asignación de fondos para proyectos productivos, creación de infraestructura hidráulica, represas y siembra y cosechas de agua altoandinas.

La agricultura familiar es imprescindible en nuestro país por su rol en seguridad alimentaria e impulsora del desarrollo rural, en esta actividad laboran casi 4 millones de trabajadores (93% de ocupados del sector agrícola) y  concentra casi 90% del valor de producción agrícola, de ésta proviene 80% de alimentos para la canasta familiar (hortalizas, tubérculos, frutas, leguminosas) y representa más del 50% de la producción nacional, sin embargo, más de la mitad de agricultores no cuentan con títulos de propiedad de ninguna parcela, en la costa únicamente entre 6% y 10% de agricultores de subsistencia accede a crédito y asistencia técnica y en la sierra solo entre 2% y 5%.

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, con solo 3 meses en el cargo, anunció la restructuración del Ministerio y resaltó la necesidad de políticas de Estado para solucionar el problema del agro, también manifestó que su prioridad es la agricultura familiar, sin embargo, existe una ley de promoción y desarrollo (Ley 30355-noviembre-2015), su reglamento (DS-015-2016), y una Estrategia Nacional 2015-2021 (DS-009-2015), documentos enmarcados en la política agraria que definen los principales problemas de la agricultura familiar, riego tecnificado, asistencia técnica, capacitación, acceso al crédito, títulos de propiedad, asociatividad, si se cumplieran los lineamientos asignándose adecuados presupuestos, se alcanzaría su protección, potenciación, promoción y desarrollo sostenible, particularmente en zonas rurales. El Estado realmente no ha valorado esta actividad y le brinda muy poca atención en promoción y apoyo, el mismo presidente Vizcarra ha manifestado la necesidad de fortalecer y reactivar la agricultura andina y de la selva que ha estado olvidada.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de mayo de 2019


ESTANCADO PROCESO DE CREACIÓN DE RESERVA NATURAL MARÍTIMA


La creación de la reserva natural Mar Pacífico Tropical de Grau en nuestra costa norte (Tumbes y Piura) viene procesándose desde 2010 elaborándose expedientes para proteger dicha zona, y en 2013 determinándose los lugares prioritarios que conformarían el área de 116,139 hectáreas abarcando Isla Foca, El Ñuro, arrecifes Punta Sal y Banco de Máncora, zona con gran biodiversidad que provee 70% de recursos marinos para consumo humano, con una alta productividad de 30% de la pesca peruana y 47% de recursos exportables.

En 2016 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernamp) concluyó el expediente técnico, sin embargo, no se ha iniciado el proceso político, el debate y aprobación en el Consejo de Ministros y la promulgación de un Decreto Supremo de creación de esta reserva natural que tiene respaldo de ONG ambientalistas internacionales y del Senado de EEUU, en el país la Defensoría del Pueblo hace años exige concretarla, están de acuerdo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Petroperú, el Gobierno Regional de Piura (presentó 123 mil firmas de adherentes), la Alcaldía de Talara, los pescadores artesanales y es aprobada por más del 90% de la población (encuesta Ipsos).

El Ministerio de Energía y Minas ha cuestionado su creación por existir concesiones a las empresas BZP Exploration, Savia,  Gold Oil y Karoon  de cinco lotes petroleros superpuestos, además en marzo 2018 el gobierno autorizó a la empresa Tullow la exploración y explotación de 5 lotes adicionales (Z-64 a Z-68) pero el pasado 2 de mayo dio marcha atrás y solo ha autorizado el lote Z-64 (frente a costa de Tumbes). Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos la reserva afectaría gravemente operaciones petroleras marítimas y Perupetro exige garantizar las inversiones en dicha zona.

Bajo este panorama la reserva natural Mar Pacífico Tropical de Grau, reconocida en el Congreso Mundial de la Naturaleza como “Lugar de Esperanza” es un espacio vital para desarrollar la productividad biológica y pesquera y garantizar el uso sostenible de recursos marinos para la seguridad alimentaria, por lo que su creación debe ser aprobada con prioridad. Según ranking del Banco Mundial, ocupamos el último lugar regional y el puesto 138° a nivel mundial en protección de áreas naturales, lamentablemente, solo 0.5% de nuestro inmenso mar está protegido como áreas naturales, a pesar que según meta de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, como país firmante, estamos comprometidos a proteger al 2020 al menos 10% de nuestras zonas marítimas y costeras.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de mayo de 2019


CULTIVOS ILEGALES DE COCA SIGUEN GANANDO TERRENO


El último Monitoreo de Cultivos de Coca publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (diciembre 2018) registró un aumento del área de cultivos ilegales de coca en 14% llegando a registrarse 49,900 hectáreas incrementándose éstos en las 13 zonas evaluadas siendo las más afectadas Pichis, Palcazú, Pachitea, San Gabán, y el Vraem que registra 21,646 hectáreas (67% de la producción total y la más alta productividad), también se incrementó la producción de hoja de coca seca, principal insumo para producción de cocaína.

Durante los últimos meses se ha producido un incremento de migraciones de agricultores hacia zonas cocaleras de la selva Puneña, al Huallaga y al Vraem porque el cultivo de coca representa mayores salarios que los de cacao o café, según productores de café de la provincia puneña de Sandia (zona que ganó varios concursos mundiales de café orgánico) el cultivo de café es cada vez menos rentable por plagas (roya amarilla), tratamientos que requiere a más de 3,000 msnm y porque produce una sola cosecha anual, por tal motivo, contrariamente, los cultivos de coca crecen constantemente por ser más rentable, se pueden obtener cuatro cosechas anuales y se venden los cultivos en cosecha con pagos adelantados.

Igualmente a lo largo de la carretera Interoceánica, en los tramos hacia Puerto Maldonado se incrementan los sembríos ilegales de coca, es marcado el caso de San Gabán donde cocaleros bloquearon la vía que une el Altiplano, Madre de Dios y el Cusco habiéndose producido dos muertes tras enfrentamientos con la policía, los cocaleros tratan que se retire el equipo del CORAH que busca instalar una base para iniciar erradicaciones de cultivos ilegales (la cuarta en quince años), en esta zona se incrementaron los cultivos en 226% y toda la coca es dirigida al narcotráfico porque no existe ningún agricultor cocalero empadronado en la Empresa Nacional de la Coca, y se estaría produciendo droga de alta pureza. Además en Inambari-Tambopata (límite entre Puno y Madre de Dios) también se están registrando constantes incrementos de cultivos ilegales.

Bajo este panorama, mientras no exista en las zonas cocaleras un plan de desarrollo con eficientes programas sociales (salud, educación, servicios públicos), presencia del Estado, mejor infraestructura, cultivos alternativos de mejor rendimiento económico que la coca, sensibilización de los productores de coca y adecuada asistencia técnica, la frontera cocalera (y producción de cocaína) seguirá ganando terreno.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de mayo de 2019


CANASTA BÁSICA FAMILIAR Y REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL


El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF) 2019-2020, entre el 9 al 18 de este mes realizó una encuesta para actualizar el patrón de consumo de los hogares y seleccionar los bienes y servicios que conformen una nueva canasta básica familiar, dicha encuesta nacional incluyó solo 150 viviendas particulares visitadas en 5 días en los departamentos de Cusco, Piura, Loreto y  la provincia de Lima. La última modificación de la canasta fue hace 10 años realizándose una encuesta en 25 ciudades capitales departamentales durante todo un año.  

Aunque aún no conocemos los resultados, obviamente es imposible que en un tiempo y muestra tan corta puedan obtenerse datos reales al ser tabulados a nivel nacional, principalmente sobre la estructura del presupuesto familiar, composición y distribución de ingresos, destino en adquisición de bienes y servicios y consumo por productos, variables indispensables para calcular una nueva canasta que determinará nueva línea de pobreza (que nunca ha reflejado la realidad) y el Índice de precios al consumidor. Actualmente la canasta tiene un valor mensual de S/1,376 para una familia de 4 miembros (S/344 c/u), si su gasto per cápita es menor son consideradas pobres, para pobreza extrema es S/732 (S/183 c/u), además de la espantosa informalidad (70%) solo una persona trabaja en la mayoría de familias, especialmente en provincias y zonas rurales.

Sobre la remuneración mínima vital, según la Comisión de Trabajo del Congreso, el actual monto (S/930) es insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias y básicas, estimándose un requerimiento de S/1,500. Paradójicamente nuestro país registra en la región entre los más bajos sueldos básicos y los mayores costos de la canasta; según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre salario mínimo y canasta básica tenemos una brecha estimada en 50%.

Bajo este panorama, en los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de nuestra población no ha sido debidamente compensada afectando los niveles económico y social, la canasta básica seguirá subiendo por lo que debería incrementarse la remuneración mínima vital, sin embargo, debe considerarse el costo de vida real, crecimiento económico, inflación, pero principalmente, deben tomarse medidas integrales en educación y laborales para reducir la informalidad laboral, mejorar el capital humano e incrementar la productividad de la población económicamente activa y de las pymes que son las mayores empleadoras, además, deben implementarse políticas públicas en beneficio del mercado laboral.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de abril de 2019


PROYECTO HIDROVÍA AMAZÓNICA: 9 AÑOS DE MALA GESTIÓN


Hace 9 años (mayo 2010) nace el proyecto Hidrovía Amazónica, el más importante para enlazar los puertos amazónicos, cuando el Ministerio de Transportes le encargó a ProInversión ejecutar el proceso, este proyecto comprende la construcción de canales de navegación de 56 metros de ancho y 1.8 de profundidad, en una extensión de 2,687 kilómetros sobre partes de los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas, ProInversiòn contrató al consorcio argentino-peruano EIH-H&O para la elaboración del estudio de factibilidad siendo aprobado en diciembre 2012 (RS.076-2012-EF) abarcando el dragado de unos 3 millones de m3 de arena, sedimentos, rocas y otros materiales, apertura en pasos de los ríos, señalización, y su operación y mantenimiento, inicialmente representaba una inversión de US$.64 millones aumentando hasta US$.95 millones 5 años después cuando se firmó la concesión (setiembre 2017) con el Consorcio chino-peruano Hidrovía Amazónica (Cohidro), además, dicha valoración no comprende los costos sociales y ambientales.

Desde su inicio fue mal conducido por ProInversión con prórrogas recurrentes, varios diseños de contratos, retrasos y cambios de fechas en aperturas de sobres y otorgación de buena pro, falta de comunicación de bondades del proyecto a pobladores de la zona (424 comunidades nativas de 14 etnias), falta de visión sobre la consulta previa, y diferentes viajes de funcionarios por el mundo para atraer postores.

Actualmente el proyecto presenta serios cuestionamientos, en marzo pasado el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) rechazó el pedido de reconsideración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según un estudio de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) el dragado del lecho fluvial en los 4 ríos generaría impactos negativos sobre hábitats y ecosistemas de la selva, alterando los cuerpos de agua y su velocidad, afectando los patrones de inundación, erosión de las márgenes, transporte de sedimentos y formación de islas y canales, lo cual debería profundizarse en el EIA.
Bajo este panorama, desde la firma de la concesión (setiembre 2017) se preveía que el EIA y de ingeniería estarían terminados en setiembre 2019 y la primera etapa de la Hidrovía en 2020, lo cual es imposible. El gobierno debería poner mayor atención a este importante proyecto para la intercomunicación entre poblaciones amazónicas actualmente limitadas en su desarrollo por existencia de restricciones navegables. Asimismo, la Contraloría General de la República debería realizar una acción de control a este proyecto que ha representado enormes gastos al país producto de una mala gestión de ProInversión.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de aril de 2019

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