MAJES SIGUAS II: PROYECTO PARALIZADO 14 AÑOS Y EN ARBITRAJE INTERNACIONAL EN CIADI

 

El proyecto integral Majes Siguas es una obra regional de desarrollo agrícola y energético conceptualizado para mejorar la economía de la región sur del país, consta de 2 etapas, la primera (Majes Siguas I) cuyas obras se realizaron entre 1971 y 1982 con inversión pública (US$ 914 millones), construyéndose el embalse Condoroma para almacenar 285 millones de m3 de agua e irrigar 15,000 hectáreas de las Pampas de Majes, sin embargo, esta primera etapa, no ha recibido mantenimiento ni rehabilitación desde hace 40 años y la estructura hidráulica del canal de aducción está en muy malas condiciones siendo latente el riesgo de colapso ante fuertes precipitaciones, lo cual ha sido advertido recientemente por la Contraloría General de la República.

La segunda etapa, Majes Siguas II, en los estudios de pre inversión de 2006 tuvo un costo inicial US$ 148 millones, pero fue concesionado 4 años después (setiembre 2010) a Cobra Instalaciones-España (propietaria de Angostura-Siguas) por US$ 425 millones, sin embargo, los trabajos fueron suspendidos hasta 2013 por conflictos legales de los gobiernos regionales de Cusco y Arequipa por el desvío del río Apurímac, solucionándose en abril 2015 y firmándose un nuevo contrato con Cobra por US$ 550.5 millones, pero a fines 2017 se paralizó nuevamente la obra cuando la empresa presentó una adenda para implementar un sistema de riego tecnificado y otras obras que incrementarían los costos hasta US$ 660.5 millones, aún así, fue suscrita en julio 2022, pero el proyecto continuó paralizado. Según el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Adolfo de Córdova, este proyecto en la actualidad superaría los US$ 1,200 millones, monto inconcebible, comparándolo al cálculo inicial de US$ 148 millones.

Lo lamentable es que el 16 de octubre 2024 la empresa Cobra presentó un arbitraje de inversiones contra el Perú al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por un monto (trascendido) de US$ 1,400 millones, por no conseguir respaldo ni garantías del Estado Peruano para la financiación y por sucesivos incumplimientos de plazos.

Bajo este panorama, el proceso arbitral de Cobra en la CIADI podría paralizar Majes Siguas II por al menos 5 años. Es grave la responsabilidad del ministro Manero, a quien en julio pasado, el Consejo Regional de Arequipa le transfirió el proyecto para destrabarlo y garantizar su ejecución adecuada; el ministro, ha debido negociar una salida o buscar una conciliación con Cobra para evitar el arbitraje y reactivar la obra, pero por su inacción, tenemos el peor escenario posible para la reiniciación de esta importante obra anhelada por Arequipa y la región Sur desde hace más de 30 años para construir una represa en el río Siguas e irrigar 38,500 hectáreas de las pampas de Siguas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. fecha 11 de enero de 2025

TORBELLINO CONGRESAL PARA CREAR UNIVERSIDADES SIN TOMAR EN CUENTA LA CALIDAD EDUCATIVA

 

Durante el período julio 2021-2024, principalmente las bancadas de Perú Libre y Bloque Magisterial presentaron, en forma sistemática e irresponsable unos 140 proyectos de ley para creación de universidades nacionales, argumentando que el Estado debe acercarse a las localidades para facilitar el acceso a la educación universitaria y evitar más migraciones. Entre 2022 y 2023 el Congreso aprobó la creación de 2 universidades públicas en Puno y Cajamarca, pero en 2024 promovió la creación de 12 adicionales. En mayo 2024, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso y parlamentario de Perú Libre presentó 17 proyectos y su bancada ya llegaba a 47 iniciativas. 

De todos los proyectos presentados hasta el 20 de diciembre 2024, crearon, con leyes promulgadas, 20 universidades, pero el día 21, “entre gallos y media noche”, a la 01:50 de la madrugada, con un mínimo y rápido debate, aprobó, en primera votación, nada menos que la creación de 20 universidades adicionales en 15 regiones del país, aumentando a un total de 40. Todo estaba preparado, lo único que pronunció el presidente de la Comisión de Educación y ponente de Perú Libre, Segundo Montalvo, que “esta creación de universidades contribuirá al cierre de las brechas educativas y al impulso de la competitividad de las quince regiones beneficiadas”, fue el endeble razonamiento que logró reunir 50 votos, suficientes para aprobarlo, pero sin considerar aspectos técnicos, de calidad educativa, ni presupuestarios. 

El problema es que el Congreso, al crear 40 nuevas universidades, actúa tomando una decisión populista, pues es imposible fundar universidades en corto o mediano plazo, además, no han tomado en consideración aspectos técnicos imprescindibles en cada región (cantidad de estudiantes y disponibilidad de docentes), tampoco han analizado el presupuesto público necesario para cada universidad y su directa afectación a las 50 universidades licenciadas por La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), perjudicándolas en el  cumplimiento de sus estándares básicos de calidad en infraestructura, personal docente, investigación y servicios. 

Nuestro sistema educativo, en general, es de muy baja calidad, y particularmente, la universidad pública está pésimamente evaluada, en el último QS World University Rankings 2025, entre 1,500 universidades de 106 países, solo figuran en los últimos puestos 2 universidades públicas licenciadas, San Marcos, en el grupo de puestos 901-950, y Nacional de Ingeniería. entre 1201-1400. La creación de 40 nuevas universidades, afectará aún más esta crítica situación. 

Bajo este panorama, se debería: 

1) El Congreso, reconsiderar la aprobación de éstas 40 nuevas universidades; 2) Fortalecerse las 50 universidades licenciadas y facilitarles la creación de filiales en las regiones que se necesiten; 

3) Reforzarse la función de supervisión y fiscalización de la Sunedu; y, 

4) Implementarse una educación técnica adecuada a nuestra realidad.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de enero de 2025

CIADI DISPONE QUE PERÚ PAGE MILLONARIA INDEMNIZACIÓN A ENAGÁS, EMPRESA SOCIA DE ODEBRECHT

El pasado viernes 20, la empresa española Enagás, socia de Odebrecht en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), obtuvo laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenando al Perú pagarle US$ 194 millones, basándose en su incumplimiento del Acuerdo para la promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito en 1994 entre Perú y España, porque Kuczynski, en enero 2017, rescindió el contrato del GSP, con avance de 37%, por incumplimiento del cierre financiero de Odebrecht. Lo increíble es que la empresa Enagás, que cubría 25% del proyecto, reclamó US$ 400 millones (CIADI reconoció US$ 194 millones), pero los reclamos restantes por US$ 1,200 millones corresponden 55% a Odrebrecht (también ha recurrido al CIADI), y 20% a Graña y Montero. Desde esta paralización el gobierno está pagando a la empresa colombiana Estudios Técnicos US$ 46.8 millones anuales por cuidar ductos, equipos y materiales que abandonó Odebrecht en Acchahuata, Cusco, y, hasta enero 2025, ya le estaría pagando unos US 370 millones, casi el doble de lo que debemos pagarle a Enagás. 

Desde que comenzó este proyecto GSP, en 2008, estuvo plagado de corrupción, el primer contrato de concesión, por US$ 1,330 millones, fue suscrito durante el gobierno de García con la firma Kuntur (constituida un año antes), el contrato concluyó, y Odebrecht compró sus acciones, en 2014 el gobierno de Humala adjudicó la concesión al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, por US$ 7,328 millones, después, la Contraloría advirtió que su costo era menor a US$ 3,800 millones, además, la Fiscalía Anticorrupción descubrió que en dicha concesión se favoreció a Odebrecht, en enero 2017 el gobierno de Kuczynski rescindió el contrato, y en 2019 la empresa reconoció haber recibido sobornos para obtener la obra.

Este proyecto GSP, paralizado 8 años, se encuentra en cartera en Proinversión por una inversión de US$ 4,320 millones, pero sin postores ni alternativa técnica de solución. Las pérdidas son cuantiosas y si no se toman medidas urgentes llegarían a niveles inimaginables. A enero 2025 este proyecto GSP nos estaría costando alrededor de US$ 560 millones, más el precio de los ductos, lo que pueda resolver el CIADI sobre el reclamo de Odebrecht por US$ 1,200 millones, y los US$ 46.8 millones anuales por el cuidado de ductos. Todas estas enormes pérdidas serán pagadas por todos los peruanos.  

Bajo este panorama, el mayor aliciente que tenemos ahora, es conocer la verdad sobre todos los actos corruptos y entreguistas, debido a que el Tribunal Constitucional ordenó que el acuerdo de colaboración con Odebrecht sea público como principio fundamental del Estado de derecho, tras declarar fundada la demanda de habeas data interpuesta por el ciudadano Phillip Butters.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de diciembre de 2024

 

INGRESO DE PERÚ A LA OCDE: ANTIGUA ASPIRACIÓN MUY COMPLEJA POR ENORMES RETOS QUE RESOLVER

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961 para promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social del mundo, además de promover en las economías y sociedades de sus 38 países miembros el progreso en democracia con las buenas prácticas, compartir experiencias fijando nuevos estándares y desarrollando adecuados mecanismos de gobernanza, países que a nivel mundial representan 60% del PBI, 80% del comercio y 71% de las inversiones. La membresía en la OCDE, además de atraer inversión internacional, posiciona a los países adherentes como economías avanzadas y democracias con alta renta per cápita. De América Latina solo la integran México (desde 1994), Chile (2010), Colombia (2020) y Costa Rica (2021), actualmente están en proceso de adhesión. Argentina, Brasil y Perú. 

Nuestro país tiene una aspiración muy antigua para ingresar a la OCDE, hace 20 años, en 2004, hicimos un primer contacto con esta Organización, poniendo a revisión nuestras políticas y leyes de competencia, en 2012 presentamos la solicitud de incorporación, en 2014 firmamos un acuerdo de cooperación para adherirnos en 2021 durante nuestro Bicentenario. En enero 2022 recibimos su invitación para iniciar el proceso de adhesión, y recién, en junio 2023 entregamos el Memorando Inicial con una autoevaluación del marco normativo, políticas y prácticas para determinar nuestra situación respecto a estándares de la OCDE. Actualmente, de 24 comités de evaluación de la OCDE, solo 5 nos han evaluado (Gobernanza Pública, Anticorrupción Internacional, Altos funcionarios de Presupuesto, Medio Ambiente y Regulatorio) debiéndose aún cumplir sus recomendaciones, restando todavía la evaluación de 19 comités.

Durante los últimos meses, el presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, ha insistido sobre nuestros progresos significativos para  incorporarnos a la OCDE, en mayo pasado manifestó que el proceso de adhesión del Perú va adelante entre los países que actualmente postulan, y en junio, estimó que nuestro proceso de adhesión concluirá en 2027, sin embargo, es una situación muy compleja por los temas urgentes y pendientes de orden económico, político, social e institucional que debemos antes resolver.

Bajo este panorama, es incongruente intentar ingresar a la OCDE si mantenemos 70% de informalidad que afecta nuestra productividad, con inadecuados sistemas educativos y de salud, con elevado crecimiento de la minería ilegal y su violencia asociada, con grave inseguridad ciudadana y altos niveles de corrupción que colisionan con estándares de integridad de países miembros de dicha organización, con bajísima competitividad, innumerables barreras burocráticas para las inversiones, mediocre crecimiento económico y elevado déficit fiscal, además de nuestra deteriorada y crítica institucionalidad y permanente inestabilidad política. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de diciembre de 2024

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 31973 QUE MODIFICA LA LEY FORESTAL, EN MANOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Ley 31973, promulgada por el Congreso el 11 de enero de 2024, modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763, en sus artículos 29 (bosques de producción permanente) y 33 (aprobación de zonificación forestal), añadiendo dos disposiciones complementarias (títulos habilitantes), y una final (cambio de uso de tierras para actividades agropecuarias), buscando otorgar títulos en los bosques amazónicos por cambio de uso de tierras para fines agrícolas, facilitando la apropiación de tierras sin control y no considerando el patrimonio forestal y peligro de deforestación que afectan el desarrollo sostenible de la Amazonía. 

En el Congreso, fue insólito el proceso para la aprobación de esta ley 31973, en noviembre 2021 fue presentada por Perú Libre y Alianza para el Progreso, en julio 2022, increíblemente, con menos de 10 minutos de debate, fue aprobada en el Pleno, pero observada por el Ejecutivo en marzo 2023, y por falta de votos fue archivada, posteriormente, en mayo 2023 intereses particulares lograron reconsiderar el archivamiento, habilitándola, y el 14 de diciembre, ad portas de finalizar la legislatura anual, sin estar agendada, sin deliberación ni análisis técnico fue aprobada por insistencia, finalmente, “entre gallos y media noche”, en la madrugada del 11 enero 2024, fue promulgada por Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, sin aceptar dos reconsideraciones solicitadas y admitidas. 

En este contexto, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín (10 abril 2024) y por el Colegio de Sociólogos del Perú (2 julio 2024), recibiendo sus informes orales entre el 5 y 7 de noviembre pasado, en los cuales precisan que el Congreso incumple el artículo 102, inciso 2, que lo obliga a velar por el respeto a la Constitución y las leyes, que viola el modelo constitucional recogido en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Constitución por desconocer que el patrimonio forestal es de la Nación, que está bajo el régimen de protección de los recursos naturales y no puede ser objeto de aprovechamiento privado y particular, además, que la ley no respetó el proceso de consulta previa, violando los derechos de pueblos indígenas normados en convenios internacionales, y abre las puertas al uso indiscriminado del suelo forestal, favoreciendo la deforestación, el tráfico de tierras e invasión descontrolada en territorios ancestrales.

Bajo este panorama, el Tribunal Constitucional deberá analizar los argumentos presentados, y en el corto plazo emitir un fallo sobre esta Ley 31973, que podría sentar las bases legales para la protección de los bosques y la sostenibilidad y preservación de sus recursos naturales, esenciales, no solo para la Amazonía peruana, sino para nuestro país y para el mundo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de diciembre de 2024