LEY CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL

El pasado 30 de agosto el Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley N° 4261/2010.PE para el debate del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. En dicho documento han sido incluidas, en forma encubierta, disposiciones finales que significan modificaciones sustanciales y que afectarán la institucionalidad, desarrollo y proyección de las FF AA y PNP. Dentro de éstas, la 19ª disposición deja sin efecto la ley N° 19846 “Ley de Pensiones Militar-Policial”, implicando la eliminación de la cédula viva y afectando tanto a las pensiones del personal como a las de invalidez e incapacidad o sobrevivencia, otorgándose además facultades al Ejecutivo para que presente una nueva norma.

El gobierno ha ido manipulando este tema desde hace mucho tiempo. El presidente de la Comisión creada en marzo para presentar la propuesta de reestructuración de sueldos, Javier Velásquez, ha reiterado que “se respetarán los derechos de los pensionistas”; que “estos derechos no serán tocados”; que “la Comisión no eliminará este beneficio por tratarse de un derecho adquirido” etc. También el ministro de Defensa, Rafael Rey, ha repetido que “el gobierno no quiere eliminar la cédula viva” y que “no se ha planteado su eliminación”.

En todos los países de Sudamérica existe este beneficio y sería un grave error del gobierno eliminarlo, ya que afectará la motivación del personal en actividad y a probables futuros postulantes, debido a la baja compensación económica en relación a la naturaleza propia del trabajo militar y policial, a dedicación exclusiva, disponibilidad permanente, sacrificios y riesgos.

La 20ª disposición final suspende, durante los años 2011 y 2012, el ingreso de postulantes a todas las escuelas de formación las FF AA y PNP. Los requerimientos de personal se elaboran en base a un plan estratégico, y de ejecutarse esta disposición –basada solo en criterios económicos– afectará los requerimientos de dotaciones y rotaciones para el cumplimiento de roles, funciones y tareas asignadas, para la seguridad externa y seguridad interna en la lucha contra la subversión, el narcotráfico, y otros ilícitos.

Por último, en el proyecto de ley presentado no se encuentra considerado el incremento de remuneraciones, y sería financiado con una reducción al gasto de bienes y servicios, lo cual afectará la operatividad de las instituciones.

Se espera que en el Congreso no sean aprobadas estas disposiciones contra las FF AA y PNP a fin de mantener los mínimos incentivos que alienten esta sacrificada y riesgosa carrera con exigencias muy diferentes a las demás instituciones del servicio público.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de setiembre de 2010

NIÑEZ INDÍGENA PERUANA: POBREZA Y EXCLUSIÓN

El pasado día 19 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó su estudio “Estado de la niñez indígena en el Perú”, exponiendo la situación de pobreza y exclusión de niños y adolescentes de 3 a 17 años de nuestras etnias nativas. Aunque se han empleado datos del último Censo Nacional 2007 que consigna una población indígena de 4 millones, y de la cual el 26% (más de un millón) son niños y adolescentes de 3 a 17 años, sin embargo, se calcula que la población indígena podría sobrepasar los 8 millones, y los niños y adolescentes los 2 millones.

El estudio ha comparado a niños y adolescentes de lengua materna quechua, aymara, asháninca u otras amazónicas (denominándolos indígenas), con los de lengua castellana concentrados en zonas urbanas (hispano-hablantes). En ambos grupos la pobreza y exclusión es muy alta, pero realmente preocupa la cruda realidad reflejada en los primeros. El 78% vive en situación de pobreza, y el 45% en pobreza extrema. En los niños amazónicos, la pobreza alcanza 86% y la extrema 49%. La niñez quechua es similar, 46% vive en extrema pobreza. Las mayores proporciones de pobreza de niños indígenas se concentran en Huancavelica (82%), Apurímac (76%), Ayacucho (72%) y Puno (67%), y su desnutrición crónica está por encima del promedio nacional.

Su acceso al agua potable y saneamiento es mínimo, ocasionando agudas enfermedades que inciden sobre la mortalidad infantil. Recordemos que el 26 de julio pasado, la Asamblea General de la ONU adoptó su resolución A/64/L.63 declarando el derecho al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial. Además, en las 20 provincias con mayor proporción de niños indígenas hay una escasa disponibilidad de servicios de salud.

Solo el 32% asiste a una escuela, y más de la mitad de escuelas primarias no cuentan con electricidad, agua y desagüe. El 96% no ha logrado aprendizaje en comprensión de textos, según evaluación de 2008, y la principal causa del retiro de los estudios es la situación económica. En derecho a la identidad, según estudio de 2009 del Banco Mundial, la mayor proporción de niños y adolescentes indocumentados en el país son indígenas.

Bajo este panorama, es muy incipiente la presencia del Estado para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos indígenas. Es responsabilidad del gobierno velar por su desarrollo social, económico y humano, así como reducir la pobreza y garantizarles los servicios de agua potable, saneamiento, salud y educación, principalmente de niños y adolescentes, quienes están más expuestos a situaciones vulnerables.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de agosto de 2010

FUERZA SUBMARINA PERUANA: 99 AÑOS OPERANDO

El pasado día 19 nuestra Fuerza de Submarinos cumplió el 99° años desde su incorporación al país. Me cupo el honor de pronunciar el discurso de orden durante la sesión solemne de la Asociación de Oficiales Submarinistas del Perú en homenaje al arma submarina, que el próximo año cumplirá un siglo operando. Esta fecha coincide con el afirmado del pabellón, el 19 de agosto de 1911, de los dos primeros sumergibles, Ferre y Palacios, construidos para la Marina en los astilleros franceses Schneider de Chalons Sur Saone, iniciándose una tradición submarinista, que por el profesionalismo y desempeño de sus tripulaciones, ha alcanzado una importante reputación a nivel continental y mundial.

Los primeros sumergibles fueron reemplazados, entre 1926 y 1927, por cuatro submarinos tipo “R”, y éstos a su vez, entre 1954 y 1957, por cuatro tipo “Sierra”, integrándose además en 1975 dos unidades tipo “Guppy”, y entre 1974 y 1983, seis unidades de origen alemán tipo “209” –los BAP Islay, Arica, Angamos, Antofagasta, Chipana y Pisagua–, considerados en esa época entre los submarinos convencionales más avanzados del mundo y convirtiendo a nuestra arma submarina en la primera de Sudamérica.

Desde su creación, la Fuerza de Submarinos, como parte de nuestro poder naval, ha contribuido a la defensa y seguridad nacional. En todos los conflictos o situaciones de tensión presentados, los submarinos se han desplegado ejerciendo su capacidad disuasiva, y estando listos para ejecutar cualquier operación efectiva.

Sin embargo, de los doce submarinos con que contó la Marina durante 9 años –entre 1983 y 1991–, éstos se han reducido a seis –tipo “209”– que vienen operando un promedio de 30 años y bordeando el límite de su vida útil. Este escenario es parte de una situación de falta de decisión política para repotenciar nuestras FF AA, y por los reducidos presupuestos que afectan y menoscaban su capacidad operativa, entrenamiento y capacitación del personal, limitando el mandato constitucional de garantizar la soberanía e integridad de la República.

Bajo este panorama, es importante considerar la repotenciación del arma submarina, la que además de requerir menores costos en operación, mantenimiento, entrenamiento, y en personal, sus características de sorpresa y ocultamiento constituyen un implícito y verosímil poder disuasivo. La flexibilidad operativa del submarino para desplegarse y permanecer oculto por períodos prolongados en cualquier área marítima, obligan a las fuerzas contrarias a un accionar y esfuerzo considerablemente mayor de medios, restringiendo severamente su libertad de acción.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de agosto de 2010

YALE: RESTITUCIÓN DEL PATRIMONIO PERUANO

El pasado 24 de julio se cumplieron 99 años desde que en 1911 el expedicionario estadounidense Hiram Bingham, con ayuda de planos y dibujos de pobladores cusqueños, y guiado con su expedición por el guardián del lugar, Melchor Arteaga, llegara a la montaña en cuya cima, en el siglo XV, fue construida la ciudadela inca de Machu Picchu. En dicho lugar instaló una base de campaña para iniciar una serie de investigaciones, sumándose en 1912 nuevas expediciones con el patrocinio de la Universidad de Yale de EE UU (UY).

En octubre de 1912 el gobierno autorizó, por un año, el envío de piezas arqueológicas del santuario –sin inventario ni control alguno– para ser estudiadas en la UY, sin embargo al cumplirse el plazo no las devolvió. Después de más de tres años –en enero de 1916–, a pedido de la universidad, se le amplió seis meses el plazo, pero tampoco cumplió. Ha pasado casi un siglo y se sigue negando a devolverlas. Según crónicas de la época, miles de piezas –se calculaba unas 5,000–, en cientos de bultos, eran bajadas en mulas hasta Ollantaytambo y trasladadas al Cusco para embarcarlas en tren al puerto de Mollendo, y de allí a EE UU, hasta la UY.

Recién en el año 2003, después de más de 90 años, el Perú inició las gestiones para recuperar las piezas arqueológicas, efectuándose en agosto de 2005 las primeras conversaciones con la UY. Con ley 28778 del 12 de julio de 2006 se nombra una Comisión de Alto Nivel para buscar su repatriación, la cual delegó las acciones en un equipo negociador presidido por Hernán Garrido Lecca y conformado por Cecilia Bákula y funcionarios de RR EE., el cual, en setiembre de 2007, informó que la UY devolvería las piezas entre enero y febrero de 2008, lo cual nunca ocurrió.

En abril de 2008 una comisión del Instituto Nacional de Cultura (INC) constató que se trataban de 46,332 piezas distribuidas en más de 5,000 lotes, entre cerámicas, piedras, fragmentos y restos óseos, que la UY retiene en su museo Peabody para uso exclusivo de sus estudiantes de arqueología. Finalmente, en diciembre de 2008 el Perú presentó una demanda judicial contra la UY conteniendo 17 acusaciones, pero en marzo de 2010, inexplicablemente, el gobierno retiro 6 de ellas.

Bajo este panorama, por desidia del Estado peruano la UY ha mantenido en posesión ilegal por casi un siglo nuestro patrimonio prehispánico extraído del Santuario Arqueológico de Machu Picchu. El gobierno debe desplegar su máximo esfuerzo, y todos los peruanos debemos promover una cruzada nacional, para conseguir la repatriación de dichas piezas que pertenecen a la herencia cultural de nuestro pueblo.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de agosto de 2010