DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y EL CORONAVIRUS

El pasado día 22 se conmemoró el Día Mundial del Agua, fecha de reflexión sobre la importancia de este recurso esencial para la vida y generar conciencia sobre la conservación de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible y mantenimiento de los ciclos naturales, sin embargo, como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus esta fecha ha pasado casi inadvertida, lo cual es explicable, debido a que el mundo está pendiente a lo que ocurre respecto a su avance incontrolable y la cantidad de contagiados y muertos. Al día jueves 26, a nivel mundial se contabilizaba medio millón de casos y más de 23,000 muertos.

Sin embargo la falta de acceso al agua potable también tiene consecuencias trágicas, según la ONU, de una población mundial actual de 7,700 millones, el 40% (3,000 millones) no accede a agua segura o acceden a agua contaminada, o carecen de este recurso, principalmente en zonas rurales y de extrema pobreza, lo cual ocasiona anualmente 780,000 muertes en el mundo, además, cada día mueren 1,000 niños a causa de enfermedades diarreicas por uso de agua dulce contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene. En esta grave coyuntura del coronavirus, los gobiernos instan a sus pobladores a lavarse las manos continuamente con agua y jabón por ser la forma más efectiva para prevenir y contener el contagio, pero la falta de este recurso podría incrementar contagios y resultar letales.

En nuestro país contamos con 1.89% del agua superficial mundial y tenemos 159 cuencas hidrográficas (que no protegemos adecuadamente) pero 3.4 millones de peruanos (10.2%) no tienen acceso al servicio de  agua, solo 55.7% accede las 24 horas, y en zonas rurales 66% no cuenta con este recurso. En la costa se concentra 70% de la población y solo se cuenta con 1.8% del total de agua enfrentando además un estrés hídrico medio-alto (demanda de agua dulce superior a cantidad disponible) pudiendo ocasionar inseguridad alimentaria, conflictos o migraciones.

Bajo este panorama el agua es esencial para la vida (el ser humano no puede vivir sin beber agua entre 2 y 7 días) también para el desarrollo socioeconómico y mantener ecosistemas saludables, cuando se logre controlar el coronavirus, conjuntamente con otras prioridades (economía, salud, educación, trabajo) se debe poner la gestión del agua en el centro de los planes de acción, es importante buscar soluciones sostenibles para el acceso de nuestra población al agua potable y saneamiento.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de marzo de 2020

MOVILIDAD SOCIAL Y DESIGUALDAD EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

Actualmente la mayoría de temas que está viviendo el mundo se encuentran asociados al coronavirus (Covid-19), su rápida propagación ha obligado a autoridades políticas y sanitarias a enfrentar este grave e inédito desafío con riguroso pero necesario aislamiento. En nuestro país, si bien este aislamiento perjudica a toda la sociedad, principalmente afecta a las poblaciones más vulnerables (pobres y pobres extremos) que en medio de carencias necesitan trabajar diariamente para vivir (durante el estado de emergencia recibirán del gobierno S/.25 diarios para subsistir), también estará seriamente afectado el sector informal, 7 de cada 10 peruanos que no son considerados pobres ni pobres extremos.

En la 50ª edición del Foro de Davos, realizada en enero pasado, el Foro Económico Mundial presentó la primera versión del Índice Global de Movilidad Social 2020 el cual analiza el desempeño de 82 países (incluido el Perú) para impulsar la movilidad social entre sus habitantes (el concepto se refiere a la posibilidad que tienen los habitantes de un país para ascender de estatus socioeconómico), dicho Índice utiliza pilares fundamentales para medir la promoción de movilidad social, entre ellos: acceso a la salud, a la educación (calidad y equidad) y a la tecnología, protección social, condiciones de trabajo (oportunidades laborales, salarios justos), protección social, atención sanitaria e instituciones inclusivas.

Nuestro país se ubica en el tercio inferior (puesto 66° entre 82 países), y en la región, entre 13 países evaluados, ocupamos el antepenúltimo lugar, solo antes de El Salvador (68°) y Paraguay (69°). También ocupamos últimos lugares en factores claves para mejorar nuestra movilidad social: condiciones laborales (76°), calidad y equidad en la educación (72°), protección social (72°), acceso a la tecnología (70°), instituciones inclusivas (61°), justa distribución de remuneraciones (59°), aprendizaje continuo (57°), acceso a la salud (56°). La falta de movilidad social está directamente relacionada a nuestros elevados niveles de desigualdad afectando el desarrollo y la sostenibilidad social y económica.

Bajo este panorama, la epidemia del coronavirus pasará, pero deberá seguir vigente el esfuerzo del Estado por el incremento de nuestra movilidad social y la lucha contra la desigualdad. Nuestro país no ha avanzado en igualdad social en muchos años por la corrupción, evasión de impuestos, poca inversión para brindar educación de calidad y salud, falta de empleo e informalidad, donde la población más vulnerable es la que sufre las peores consecuencias por falta de oportunidades, principalmente en las zonas más marginadas y deprimidas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de marzo de 2020

IMPARABLE PRODUCCIÓN DE ORO ILEGAL EN NUESTRO PAÍS

El pasado 11 de febrero la Policía Nacional y el Ministerio público realizaron un megaoperativo contra ”Los Topos del Frío”, una organización que extraía oro ilegal en el distrito de Parcoy (zona andina de La Libertad), deteniéndose a 18 presuntos integrantes y 2 ciudadanos chinos (financistas), también fueron intervenidas 10 empresas de fachada incautándose 120 kilos de oro en lingotes y 35 contenedores con minerales y oro entremezclado, todo valorizado en US$ 10 millones que iban a ser enviados a Europa y Asia.

Pero el mayor problema se presenta en la selva, principalmente en Madre de Dios, donde esta ilegal actividad genera criminalidad, explotación laboral y sexual, extorsión, sicariato, además, desde 1985 destruyó 1,000 km2 de bosques y usan mercurio para sacar oro del fango, elemento altamente contaminante que provoca grave daño ecológico afectando ríos, suelos, medio ambiente y la salud poblacional. En febrero 2019 se ejecutó la Operación Mercurio en “La Pampa”, donde operaban 6,000 mineros ilegales, lográndose detener allí esta ilícita actividad, pero sigue incrementándose en otras zonas, gran parte de mineros ilegales se trasladó a Sandía y San Gabán (Puno) y a Camanti-quincemil (Cusco), además aumenta su producción en los ríos Inambari y Malinowski y en la Reserva Comunitaria Amarakaeri. 

Con una producción promedio de 150 toneladas anuales somos los principales productores de oro en Latinoamérica, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) alrededor de 20% de lo exportado es de origen ilegal, sin embargo, sería mucho mayor; al cierre 2018, según registros del propio Minem se exportaron 127 TM pero según la Sunat fueron registrados 68.5 TM, es decir, casi 50% de exportaciones no fueron declaradas lo que explica la enorme producción ilegal.

Bajo este panorama la vertiginosa subida del precio del oro está convirtiendo su producción ilegal en un delito más lucrativo que la de cocaína, lo cual representa un gran desafío para el Estado. El gobierno debería enfrentarlo recuperando el enfoque multisectorial, concluyendo el proceso de formalización minera (iniciado hace 18 años sin concretarse) e incrementar los operativos en territorios adyacentes a La Pampa para evitar su rápida expansión, además, los gobiernos regionales y el Minem deben fortalecer el control y fiscalización de su producción y comercialización, y la Sunat, fortalecer los controles aduaneros y seguridad en su cadena logística por vía aérea, marítima, terrestre y fluvial y evitar el ingreso de mercurio de contrabando al país, principalmente desde Bolivia.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de marzo de 2020

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: DELIBERACIÓN SOBRE LA LEY 30683

Dentro de un mes (7 de abril) el Tribunal Constitucional deliberará públicamente la demanda de Inconstitucionalidad presentada el 30 enero 2018 por el Ejecutivo contra la Ley 30683 sobre pensiones del personal de las FF AA y PNP que fuera promulgada por el Congreso de la República el 20 de noviembre de 2017 y reglamentada el 30 enero 2018. Al respecto, el pasado 27 de febrero la señora Magistrada Marianella Ledesma, Presidenta del Tribunal Constitucional y Ponente de este caso (Expediente 00002-PI/TC) al referirse sobre dicha demanda manifestó que “es una acción de inconstitucionalidad en la que se deliberará si ha sido constitucional o no el incremento de esas pensiones”.

Lo manifestado por la señora Magistrada es incorrecto en su concepto jurídico ya que la Ley 30683 no dispone un incremento de pensiones ni de sueldos, tampoco indica que es un régimen pensionario especial ni una nivelación de pensiones con remuneraciones. Un nefasto error jurídico e infracción constitucional del gobierno de Humala (2ª disposición complementaria del DL-1133) afectó el derecho fundamental a la igualdad de grado y categoría ante la Ley; lo que hace la Ley 30683 es dar solución a la inequidad en las pensiones del personal de las FF AA y PNP que están bajo un mismo régimen en igualdad de grado y categoría y no modifica en absoluto lo que dispone el vigente DL-19846 (promulgado en 1972) sobre materia de pensiones. Antes de promulgada la Ley 30683 existían muchos casos de personal pensionista de grado inferior con menos años de servicios que ganaba más que el de grado superior con más años de servicios únicamente por haber pasado al retiro antes del 10 diciembre 2012.

Señora Presidenta y señores miembros del Tribunal Constitucional, en este mes de preparación y reflexión antes de la deliberación del expediente (7 de abril), deberían analizar que esta Ley 30683 equipara dentro del marco estrictamente constitucional las pensiones del personal militar y policial enmarcándose dentro de las disposiciones del vigente DL-19846, siendo concordante con lo que establece el artículo 174º de nuestra Constitución “Los grados y honores, las remuneraciones y pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las FF AA y PNP son equivalentes”, además, esta Ley 30683 viene cumpliéndose desde hace más de 2 años y declararla inconstitucional generaría un grave conflicto social. Por las razones expuestas ese Tribunal Constitucional debería rechazar la demanda de Inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de marzo de 2020

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: ESCANDALOSOS ROBOS

El pasado día 13 el Ministerio de Cultura reporto alerta de robo en el Archivo General de la Nación (AGN) de 81 documentos oficiales históricos emitidos entre 1877 y 1890, de ellos, 30 resoluciones supremas del antiguo Ministerio de Hacienda y Comercio y 51 documentos oficiales del Ministro de Guerra y Marina (cédulas ministeriales, despachos militares) y otros importantes documentos, algunos firmados por Andrés A. Cáceres, dos veces presidente de la República y patrono del Ejército.

Este escandaloso robo de invalorables documentos oficiales históricos del AGN, se ve agravado por su recurrencia desde hace años, entre los últimos registrados, en noviembre 2018 fue robada una importante resolución manuscrita de octubre 1821 del Libertador José de San Martín como “Protector de la Libertad del Perú”, en enero 2019 desaparecieron 48 folios rotulados “Miguel Grau del 22 de noviembre 1877 al 10 de noviembre 1887”, en junio 2019 se reportó la pérdida de otro manuscrito emitido y firmado por Miguel Grau como Comandante General de la Marina, en octubre 2019 otra alerta de robo de un segundo manuscrito de enero 1822 del libertador José de San Martín, y el 6 de febrero pasado se conoció la sustracción, y su ofrecimiento en venta por internet, de un documento firmado en diciembre 1821 por el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.

   

El 21 de julio 2010, en el Santuario Arqueológico de Pachacamac, fue promulgada la ley 29565 creándose el Ministerio de Cultura al cual se integró el AGN con la gran responsabilidad de conservar y organizar nuestro histórico patrimonio documental, sin embargo en los últimos años está presentando serios descuidos en la labor archivística de control documentario (no se encuentra digitalizado) y de conservación (protocolos de seguridad en acceso y manipulación), habiéndose agravado la desatención de los repositorios y pérdida documental principalmente en las sedes Ex Correo (archivo Colonial y Republicano) y sótano del Palacio de Justicia (archivos públicos notariales y judiciales) en peligro de desalojo y con serios problemas de humedad y seguridad.

Bajo este panorama estamos ad portas del Bicentenario y corresponde al Estado fortalecer el AGN con acciones integrales como prever la construcción de un local propio y adecuado previsto de sistemas y equipos de conservación, digitalización, archivo y control y seguridad para esta entidad depositaria de nuestro patrimonio documental que constituye la memoria de la nación representada por documentos únicos e irremplazables que identifican nuestra identidad nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de febrero de 2020