SECTOR AGRARIO: SE AMPLÍA BRECHA DE PRODUCTIVIDAD

Los gremios de la Convención Nacional de Agro Peruano (Conveagro) advierten que el sector agrario requiere una prioritaria reactivación debido a que equivocadas políticas económicas y sectoriales privilegian el agro de la costa dejando de lado la inmensa mayoría de pequeños agricultores principalmente de la sierra y selva. Recientemente una sobreproducción de papa en distintas regiones (Cusco, Ayacucho, Arequipa, Huánuco, Ica y La Libertad) ocasionó que la oferta superara a la demanda y sus precios caigan al mínimo (15 a 20 céntimos por kilo en chacra) originando intensas movilizaciones de agricultores en dichas zonas, lo que obligó al Gobierno a comprar todos los excedentes de producción a un sol por kilo, además de la elaboración de una agenda para el tratamiento de la cadena productiva. Similares demandas presentan los productores maiceros y arroceros.

Esta situación fue causada, entre otros factores, por falta de orientación del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) a los 700 mil productores de papa (agricultores familiares representan gran mayoría) para que puedan tomar adecuadas decisiones de cultivos y económicas, además, tenemos mucha cosecha pero muy baja productividad y competitividad, la superficie por hectárea de papa cosechada no se relaciona con la productividad por hectárea (26% inferior al promedio mundial).

El último estudio de marzo 2018 del Banco Mundial sobre oportunidades para aumentar la productividad y mejorar la competitividad de la agricultura peruana, advierte que a pesar que el sector agrícola ha sido y seguirá siendo un motor que impulse la economía, la brecha de productividad en la última década se ha ampliado (creció 7.2% en la costa, pero en la sierra retrocedió 0.2% y en la selva es de solo 0.2%), siendo necesario incidir en productividad con estrategias diferenciadas. El reflejo de nuestra baja productividad agrícola es resultado de que solo 7.3% de los productores agropecuarios recibió capacitación, asistencia técnica y asesoría empresarial, además, 3 de cada 10 agricultores no tienen primaria completa (datos del INEI).

Bajo este panorama se requiere que el Estado asuma una perspectiva de desarrollo sustentable, integral y territorial; fortalezca los servicios de asesoramiento, incentive programas de capacitación, formación y asistencia técnica a los productores; mejore el acceso a mercados; promueva la innovación; emplee conectividad e incremente la tecnificación agraria; amplíe la infraestructura para riego tecnificado; apoye la adquisición de insumos de semillas y equipamiento agrícola; fortalezca las soluciones de cosecha, almacenamiento, conservación y reutilización del agua, entre otros.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de abril de 2018

ÍNDICE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INCLUSIVO 2018

El 22 de enero pasado el Foro Económico Mundial (FEM) presentó en Davos (Suiza) el Índice de Desarrollo Integrador IDI-2018 el cual evalúa el desarrollo inclusivo de 103 países respecto a tres indicadores, crecimiento y desarrollo, inclusión, y equidad intergeneracional. En esta evaluación se consideran 30 economías desarrolladas y 73 emergentes, nuestro país se ubica en el puesto general 44° y entre las economías emergentes 14°, por debajo de Panamá, Uruguay y Chile, pero por encima de 59 países

Este puesto obtenido puede llevarnos a errores de interpretación respecto a nuestro fomento de inclusión y reducción de desigualdad, sin embargo, si analizamos los factores de evaluación del Índice verificaremos que justamente  descendemos en los factores de desigualdad del ingreso y desigualdad de riqueza, manteniéndonos estables en el índice de pobreza; cuando el ingreso y la riqueza están mal distribuidos, la brecha económica se torna incontrolable entre los que más y menos tienen, promoviéndose la frustración y generación de conflictos sociales.

Este informe del FEM nos permite deducir que la desigualdad en nuestro país no cede lo cual se puede evidenciar por las dificultades que enfrenta una gran mayoría de peruanos para acceder al empleo, salud, educación y otros servicios básicos, y en el caso de la inclusión, el Estado no la fomenta adecuadamente por falta de mecanismos de integración y revalorización social. Lo que está fallando es la falta de políticas sociales, económicas y de gestión que erradiquen las brechas de desigualdad, que favorezcan las oportunidades y que generen un mejor nivel de bienestar a la población, especialmente en el ámbito rural y principalmente en la sierra y selva.

Bajo este panorama, el gobierno, para reducir la pobreza y desigualdad y mejorar la inclusión social, debe, mediante adecuadas acciones y políticas públicas, incrementar el financiamiento para inversión social y productiva, mejorando nuestro crecimiento (PBI) actualmente con tasa muy bajas (2.5%) requiriéndose aumentarlo, como mínimo, encima del 4%, también, aumentando la recaudación de los ingresos tributarios cuya disminución actual se refleja en una caída de presión tributaria menor al 13%, debiendo aumentar como mínimo hasta 17%, además, reduciendo la desigual distribución de ingresos mediante el acceso a igualdad de oportunidades (el 50% de trabajadores peruanos recibe menos del salario mínimo), lo cual produciría un objetivo social de menor inequidad y evitaría la causa y efecto de otras desigualdades como la educación, salud y mercado de trabajo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de abril de 2018

CONFLICTOS SOCIALES: GRAVE PROBLEMA PENDIENTE

Otro grave problema que debe resolver el nuevo gobierno es la prevención, gestión y manejo de conflictos sociales, activos y latentes, muchos de ellos comenzaron hace años y aún no son resueltos porque no existe una política clara para abordarlos y solucionar los problemas de fondo. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (Nº 168 Febrero 2018), solo en febrero ocurrieron 182 conflictos sociales (la mayor cantidad de conflictos desde abril 2017), de los cuales130 están activos (la mayoría socioambientales, 58 de minería y 14 de hidrocarburos), además de 52 conflictos latentes. En dicho mes aumentaron ocho nuevos conflictos en Cusco, Ancash, Loreto, San Martín (2), Junín, Piura y Pasco, y asimismo, ningún conflicto fue resuelto. Además, hay 35 casos que su intervención anticipada y prioritaria podrían permitir un manejo pacífico.

Los conflictos sociales están relacionados a la gobernabilidad, respeto a los derechos fundamentales, desarrollo social y cultura de diálogo y paz. La violencia en conflictos es un desenlace que debemos evitar con capacidad preventiva (información y análisis), estrategias de diálogo y acercamiento, y no solo negociar cuando las carreteras están bloqueadas o la situación se torna insostenible.

Los conflictos activos deberían ser prioritariamente resueltos, y los latentes, aunque permanecen en calma, podrían estallar y desbordarse en cualquier momento, como respuesta a expresiones de descontento y frustración colectiva de la población sobre casos no resueltos o no atendidos, pero también pueden ser accionados por agitaciones de agentes externos al conflicto que puede ganar adeptos para generar acciones de violencia; estos conflictos latentes podrían solucionarse si las autoridades competentes de los gobiernos nacional, regional o local, asumieran su rol de facilitadores sociales que demuestren una capacidad de respuesta oportuna para manejarlos por vías pacíficas.

Bajo este panorama, se han creado diversas instituciones adscritas a la PCM para tratar de resolver los conflictos sociales, en enero de 2010 la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (DS010-PCM) y en octubre 2012 reemplazada por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad-ONDS (DS106-PCM) para dirigir el proceso de diálogo y prevenir conflictos sociales, y en febrero 2017 se crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial (DS022-PCM) que está por encima de la ONDS y tiene, entre sus competencias, el diálogo y la resolución de conflictos sociales, sin embargo, estamos lejos de lograr un sistema nacional con una adecuada política de prevención, gestión y manejo de conflictos sociales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de marzo de 2018

ESTALLÓ LA CRISIS POLÍTICA, AHORA A MIRAR ADELANTE

Finalmente renunció a la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski después de 600 días de una desastrosa gestión con limitada orientación y visión política respecto a los grandes retos pendientes y complejidades del país, con una extraña forma de comunicarse con mensajes dobles y discursos contradictorios, con un navideño negociado indulto humanitario y derecho de gracia al ex presidente Fujimori, y encima, desde que explotó el escándalo de corrupción de Lava Jato, conocimos sus antiguas y deplorables actuaciones financieras y asesorías mientras era funcionario público, así como sus contradicciones en asuntos de moral y ética pública sin entender la diferencia entre interés público e interés privado, y pese a la evidencia de los hechos su inverosímil negación de toda participación en sus turbios negocios y que ahora debe enfrentar en el Sistema Judicial como cualquier ciudadano que se encuentre incurso en algún delito.

 

En este contexto y de acuerdo al trato constitucional e institucionalidad democrática, el día de ayer el Primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la Presidencia de la República con una enorme responsabilidad de echar a andar a nuestro paralizado país, restaurar la confianza, las oportunidades y la visión de futuro de cara a nuestro Bicentenario, también alistar el país para la Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril en Lima) donde los jefes de Estado y de Gobierno abordarán como tema central “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” porque empresas brasileñas entregaron coimas a varios países del continente a cambio de favorecerse con obras públicas, y en el caso del Perú, Odebrecht ha admitido sobornos por US$ 29 millones, esta lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser el principal reto del nuevo gobierno porque se trata de un problema central que está socavando nuestra democracia.

De igual forma, este nuevo gobierno debe asumir enormes retos que en el gobierno anterior no se iniciaron o no avanzaron, tales como, reformar el Estado para modernizar la administración pública, desarrollar la institucionalidad, reducir el centralismo y garantizar el desarrollo económico y social del país. Entre las acciones prioritarias debe reconstruir el norte afectado por el fenómeno del Niño Costero; combatir la inseguridad ciudadana (sistemas de inteligencia e investigación); ampliar la cobertura de agua (especialmente en el área rural); mejorar la educación (capacitación docente, infraestructura y medios); mejorar la calamitosa situación de los hospitales públicos y combatir eficientemente el narcotráfico cuyo incremento se torna imparable.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de marzo de 2018

GOBIERNO CONTRA DERECHOS DE PENSIONISTAS DE FFAA Y PNP

El presidente Kuczynski, para ganar votos durante su campaña electoral, prometió a los pensionistas de las FFAA y PNP (en diferentes oportunidades y hasta con actas firmadas) reivindicar su derecho fundamental de igual trato ante la ley; al iniciar su gobierno continuó reiterando su promesa, pero posteriormente, desentendiéndose no solo de su ofrecimiento, sino del derecho legal y constitucional, se retractó de legitimar el principio de derecho de equivalencia por igualdad de tratamiento legal para los pensionistas discriminados de este derecho fundamental, ya que con el mismo grado, mismos requisitos y dependientes del mismo DL 19846 (plenamente vigente) recibían pensiones no equivalentes.

El Congreso, con ley 30683 resolvió esta inequidad, pero el Ejecutivo ha vuelto a la carga presentando una absurda demanda de Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, además, el gobierno para deslegitimar el derecho de los pensionistas ha arremetido en muchos medios de comunicación con opiniones de errados y falsos conceptos (a través de sus funcionarios y de articulistas afines al gobierno), lo cual es degradante de la función del Ejecutivo, quien tiene por obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, y como responsable de la Hacienda Pública proveer el presupuesto para cumplir la ley sin generar distorsiones, ni abusando del poder, conculcar arbitraria y recurrentemente derechos legítimos. Como también es denigrante a la función periodística la falta de objetividad y ética de algunos medios de comunicación por desinformar con falacias que se está “reavivando la Cédula Viva”, desconociendo el ordenamiento jurídico relacionado como el Artículo 174º de nuestra Constitución: “Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las FFAA y PNP son equivalentes”, y, estos derechos “solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial” en consecuencia se incumplía el DL 19846 generando las inequidades.

Bajo este panorama, el gobierno está obligado al estricto cumplimiento de la ley y a no vulnerar los derechos fundamentales al incumplir leyes y contratos sociales, y por su parte los medios de comunicación y sus articulistas, indagar con imparcialidad y objetividad para informar con la verdad, educar, como inducir una cultura cívica de respeto a la Constitución, la Ley, y los derechos fundamentales en estricta vigilancia del estado de derecho, y motivar al ciudadano una actitud de autoestima que no permita se le dé un trato desigual ante la ley sin discriminación de ninguna naturaleza.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de marzo de 2018