ACUERDO DE SARAMURILLO Y OLEODUCTO NORPERUANO


Continúan las huelgas de organizaciones indígenas de las cinco cuencas  amazónicas con bloqueos de embarcaciones en los ríos Marañón, Ucayali y Corrientes en Loreto exigiendo al gobierno que cumpla los compromisos  del acta de Saramurillo (15 de diciembre 2016). El martes 13 viajaron a Lima dirigentes de organizaciones indígenas y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM convocó para los días 19 y 20 una reunión de trabajo en Nauta (provincia de las cinco cuencas) donde la Premier Araoz ratificará los acuerdos.

En el acta de Saramurillo (avance de acuerdos de debates) el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a promover que el Gobierno adopte acciones urgentes para contratar una empresa independiente que realice un “estudio internacional” para determinar el real estado del Oleoducto Norperuano (ONP) y ductos de los lotes petroleros 192 y 8, y accionar medidas para garantizar la seguridad integral de las cuencas; en dicho proceso actuaría como garante la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en selección, contratación, ejecución y presentación pública de resultados. Ha pasado más de un año y este proceso ni siquiera se ha iniciado.
 
La operatividad del ONP es totalmente incierta, después de 42 años de operación paralizó sus operaciones en febrero 2016 debido a su historial de derrames (más de 60), Petroperú asegura que gran porcentaje fueron ocasionados por terceros, pero contradicen a la empresa el enorme historial de investigaciones, denuncias, multas y el dictamen (diciembre 2017) de la comisión investigadora del Congreso por derrames en período 2008-2016 que no encontró responsabilidad de las comunidades nativas. En noviembre pasado ocurrió un nuevo derrame (Ramal Norte) y en enero el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a Petroperú con S/ 49 millones por dos derrames en 2016 (Tramo I) e incumplimiento de acciones de mantenimiento.
 
Bajo este panorama, el presidente de Petroperú, García Rossell, ha anunciado un proyecto para ampliar 1,000 km adicionales al ONP, sin embargo, antes de esta extraña intención Petroperú debería realizar el “estudio internacional” previsto en el Acuerdo de Saramurillo para determinar la real situación de los 1,106 km de tuberías originales. Según el procedimiento administrativo sancionador del OEFA del 21 setiembre 2015 (Expediente 1306) no se cumplió con el mantenimiento programado al ONP desde 1999 lo cual es un factor determinante para la generación de roturas y derrames y la desconfianza en su condición operativa.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 febrero de 2018

DISTRITO SIMBÓLICO LA YARADA–LOS PALOS EN EL OLVIDO


Hace más de dos años se creó el distrito tacneño La Yarada-Los Palos (ley Nª 30358 fecha 8 noviembre 2015) el cual limita por el sur con Chile por la línea de frontera hasta su intersección con el Océano Pacífico en el punto Concordia, inicio de la frontera terrestre (Tratado de 1929), y, aunque su creación se adecuó al marco jurídico Chile protestó porque el nuevo distrito incluía el triángulo terrestre, el canciller Heraldo Muñoz sostuvo que la norma peruana “no tiene valor jurídico”, el ministro de Defensa José Gómez advirtió que “ese territorio era chileno”, inclusive el presidente de la Comisión de infraestructura del Consejo Regional de Arica, Rodrigo Díaz, planteó “cercar el Hito 1 y convertirlo en terrenos agrícolas”; por esta razón es muy preocupante que el ex canciller Ricardo Luna haya manifestado que “no existen problemas limítrofes con Chile y el triángulo terrestre no existe”, sería importante conocer la posición de la nueva canciller, Cayetana Aljovín.

La Yarada-Los Palos es uno de 11 distritos que conforman la provincia de Tacna, cuenta con 12 centros poblados rurales y comunales y tiene una población de 20 mil habitantes. Desde su creación el ex presidente Humala y luego el actual presidente Kuczynski prometieron convertir este distrito en un centre agrícola y mejorar la calidad de vida de su población lo cual nunca cumplieron. En diciembre 2016 durante una visita de la Comisión de RR EE del Congreso a dicho distrito, su presidente, Juan del Águila, señaló que su situación era incomprensible e inaceptable y una demostración fehaciente del abandono en que se encuentran nuestras zonas fronterizas. El 10 de diciembre 2017 se realizaron los comicios electorales siendo elegido como primer alcalde de La Yarada-Los Palos, Samuel Cueva, quien asumió el cargo el 2 de enero pasado, siendo su primera advertencia que “su distrito está abandonado” solicitando al gobierno central apoyo y facilidades para gestionar proyectos.

Bajo este panorama La Yarada-Los Palos es un distrito pujante, emblemático, representativo y simbólico del Perú por lo que debe dársele marcada prioridad para su progreso y desarrollo, con apoyo presupuestal, dotándolo de servicio de agua potable, alcantarillado, alumbrado (solo cuenta el 2%), titulación de predios (80% sin título), legalización de tierras, política agraria y riego tecnificado (es el primer productor de aceitunas del país), asfaltar vías, construcción de muelle pesquero y mejoras en los puestos de salud, entre otros.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de febrero de 2018


¿FUNCIONA EL CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO?

El nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Javier Barreda, empezó su gestión incidiendo en la necesidad de reactivar el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como una instancia más seria y con camino institucional y de propuestas, inclusive presidido no por el ministro sino por una persona de consenso entre trabajadores y empresarios. También el saliente ministro, Alfonso Grados, ofreció mejoras en servicios que ofrece dicho Consejo para garantizar los derechos laborales y promover empleo digno, manifestando que no puede ser solo una sala de reunión sin resultados, y, en setiembre 2016, en presencia del presidente Kuczynski, relanzó el CNTPE, pero sin poder mostrar avances a la fecha.

El primer Consejo Nacional del Trabajo creado en 1982 prácticamente no funcionó, en 1990 se implementó el Consejo Nacional de Trabajo y Concertación Nacional, pero tampoco prosperó. En abril 2002 (gobierno de transición) con ley 27111 se reinstaló el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (actualmente vigente) como órgano consultivo de conformación tripartita entre  gobierno, empleadores y trabajadores para discutir y concertar políticas de promoción del empleo y protección social en función del desarrollo nacional y regional, además con ley 28318 (julio 2004) incorporó representantes de la pequeña y microempresa, pero en el tiempo este Consejo ha tenido períodos de paralización y desactivación, sin agendas a tratar, y no ha sido fortalecido, y tal como demanda su misión, no ha contribuido permanentemente a la generación y mantenimiento de políticas estables en materias de trabajo, empleo, formación y seguridad social, y sin ninguna reforma laboral importante concertada continúan en nuestro mercado laboral los graves problemas estructurales que ocasionan extrema informalidad, carencia de empleo de calidad, digno, productivo, con derechos, y alto nivel de conflictividad.

Bajo este panorama, desde hace 16 años, la mayoría de ministros de trabajo al asumir su cargo anuncian la reactivación y fortalecimiento del rol del CNTPE y los Consejos Regionales de Trabajo para poner en práctica el diálogo social y lograr acuerdos por consenso a favor de normas y políticas laborales, sin embargo, no se logra debido a que la vitalidad de este Consejo sigue estando en función de la voluntad política de los gobiernos para traducir acuerdos y consensos en políticas y programas laborales, resultando negociaciones, consultas o interacciones sin carácter vinculante en acuerdos que muy pocas veces se han convertido en medidas firmes y congruentes.  


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de febrero 2018

PESCA DE ATÚN EN NUESTRO DOMINIO MARÍTIMO

El pasado 30 de diciembre, siendo ministro de la Producción Pedro Olaechea, se promulgo el DS-021-2017-PRODUCE otorgando un plazo de 4 años a los barcos pesqueros extranjeros que pescan atún en nuestro dominio marítimo de la obligación de entregar a plantas peruanas el 30% del volumen extraído (lo cual podrían realizarlo hasta el 2021 con beneficios tributarios), el argumento es que el volumen de atún de la flota extranjera en los últimos años es mayor a la demanda de la industria nacional. Dicho Decreto Supremo no fue previamente publicado incumpliéndose normas del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del atún (ROB), días después el propio Ministro Olaechea ofreció revisarlo, pero no lo hizo, dejando el problema a la nueva Ministra Lieneke Schol quien debería resolverlo prioritariamente.

Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) esta situación afecta el abastecimiento de atún para las plantas conserveras nacionales poniéndolas al borde de la extinción y peligrando el empleo de 5,000 trabajadores formales de esta industria. Nuestro país hasta los años 70 fue potencia atunera en la región hasta que fueron estatizadas las plantas industriales y la flota que operaba en Paita, Chimbote e Ilo, actualmente no contamos con una adecuada flota atunera, extrae unas 18,000 toneladas en 6 a 7 meses que aparece dicha especie en nuestras costas (de noviembre a mayo) a diferencia de las 90,000 toneladas que extraen los barcos extranjeros. En el 2017 se intentó declarar de interés nacional la industria atunera sin resultados.

Bajo este panorama, las medidas y normas promulgadas sobre la pesca del atún en los últimos años han favorecido más a embarcaciones extranjeras, además de otorgarles permiso para pescar en nuestro mar sin obligación de entregar el 30% del volumen extraído, en marzo 2017 se les redujo la tasa de pesca por unidad de arqueo neto de US$100 a US$65,  tampoco se les aplica al combustible el impuesto selectivo al consumo (ISC) como si lo pagan las embarcaciones nacionales.

Se requiere un régimen especial que incentive y promueva la modernización de nuestra industria atunera y la construcción de una flota con sistemas de preservación abordo, para, en condiciones competitivas, reducir la importación de conservas asiáticas sin estándares de calidad (70% de nuestro consumo anual) y disminuir la presencia de embarcaciones extranjeras en nuestro dominio marítimo, muchas de ellas, chinas, coreanas y rusas, pescan ilegalmente el atún como una de las principales especies que capturan.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de enero 2018


ACCIÓN DEL ESTADO EN EL ÁMBITO MARÍTIMO

La Marina de Guerra del Perú, como objetivo institucional y nacional, venía impulsando con el Ministerio de Defensa, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otros sectores la creación de una comisión multisectorial para coordinar y articular las políticas sectoriales y regionales entre sectores involucrados al ámbito marítimo nacional, por no encontrarse éstas articuladas o integradas y muchas veces contrapuestas, buscándose un tratamiento intersectorial  sistematizado en las actividades marítimas: transporte marítimo, construcción naval, puertos, pesca, aprovechamiento de recursos naturales, investigación científica, y náutica deportiva y recreativa.

Al respecto, el pasado 6 de diciembre, con DS-118-2017-PCM, se creó la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), siendo instalada el pasado día 5 presidida por el Viceministerio de Gobernanza Territorial y conformada por nueve Ministerios, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y ejerciendo la Marina de Guerra la Secretaría Técnica. Esta Comisión permanente y dependiente de la PCM tiene como objetivo el seguimiento y fiscalización de las políticas sectoriales, regionales y locales y la emisión de informes técnicos para elaborar el Planeamiento de la Estrategia Marítima Nacional y proponer una Política Nacional Marítima.

Nuestro país es eminentemente marítimo, tenemos 3,080 km de litoral, un dominio marítimo del “Mar de Grau” de 200 millas (superficie 1’140,000 km2), además, 20,000 km de ríos navegables y 5,000 km2 navegables del Lago Titicaca, somos parte de la Cuenca del Pacífico y contamos con un ecosistema marítimo de elevadísima productividad mundial. Con estos argumentos iniciamos el camino para implementar una Política Nacional Marítima con nueva e integral visión que constituya una respuesta procesada y sistematizada a nuestro desafío y realidad marítima que permita coordinar, articular, promover y fortalecer las actividades vinculadas con el mar hacia el bien común de la población y desarrollo de nuestro país.

Bajo este panorama nuestros intereses marítimos deben conducirnos a desarrollar esta necesaria y prioritaria Política Marítima Nacional dirigida a: fortalecer, promover, asegurar y afirmar la posición peruana y su proyección bioceánica y antártica; incrementar la vigilancia y control marítimo; proteger la biodiversidad y medio ambiente marino aprovechando sosteniblemente sus recursos; extender las actividades comerciales e integracionistas; fomentar industrias competitivas y ecológicamente sustentables; progresar en las  ciencias y tecnologías del mar; acrecentar las relaciones internacionales marítimas: proyectarnos hacia las megatendencias marítimas mundiales; y reforzar permanente en la población la conciencia marítima enfatizando el valor y significado del mar para nuestra prosperidad.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de enero de 2018


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