“OPERACIÓN PERSEO” Y MOVADEF: NO A LA IMPUNIDAD

Después de una minuciosa investigación policial iniciada el 2012 al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se obtuvieron contundentes pruebas, entre ellas, declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento, actas de audios con interceptaciones telefónicas autorizadas, directivas incautadas de puño y letra del cabecilla terrorista Abimael Guzmán contactándose con dirigentes del movimiento y hasta recepciones de dinero de sus dirigentes de manos del  terrorista Florindo Flores “Artemio” para impulsar el movimiento. En marzo 2013 la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes y un grupo de operadores por filiación con la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) y financiamiento al terrorismo, solicitando al Segundo Juzgado Penal Nacional la detención de 34 integrantes, quien dispuso las capturas. 

Mediante la “Operación Perseo” (9 abril 2014) se ejecutó una acción simultanea en Lima, Áncash, Huánuco, Junín y Lambayeque, participaron 300 policías, una brigada especial de inteligencia policial-militar, Ministerio Público, Poder Judicial y procuradurías públicas contra terrorismo y tráfico de drogas, capturándose a 28 integrantes del Movadef, esta operación conjunta fue destacada y felicitada por el Gobierno de EE UU. De los 28 integrantes capturados el juzgado dispuso prisión preventiva para siete dirigentes, entre ellos, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, abogados de Abimael Guzmán y líderes de dicho movimiento, quienes apelando dicha sentencia fueron liberados (6 agosto 2014) por los jueces de la Sala F Penal Nacional, Víctor Valladolid y Olga Inga, al cambiarles mandato de prisión por comparecencia restringida, dichos jueces fueron removidos de sus cargos dos días después por tal despropósito.

Bajo este panorama, el proceso judicial a integrantes del Movadef se ha tomado con demasiada ligereza, increíblemente han transcurrieron más de tres años y se encuentra paralizado, mientras que éstos, que pertenecen a SL y reciben directivas de sus cabecillas, participan activamente en propaganda senderista, marchas, apología del terrorismo, protestas, publicaciones, infiltraciones en gremios sindicales, en sectores de la administración pública, frentes regionales, representaciones estudiantiles, y, hace año y medio construyeron un mausoleo terrorista que sigue en pie. No minimicemos el terrorismo, no debe quedar impune este trascendente caso, el Poder Judicial debería darle máxima prioridad a la presentación de la acusación fiscal contra la cúpula e integrantes del Movadef por delito de terrorismo en modalidad de dirigentes, por afiliación a la organización terrorista SL y por tráfico ilícito de drogas en modalidad financiamiento al terrorismo, delitos previstos en el Decreto Ley 25475 y Código Penal.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de setiembre de 2017


TERRORISMO: REPARACIONES E INDEMNIZACIONES

Tras la liberación de la terrorista Maritza Garrido Lecca el pasado día 11 al cumplir una condena de 25 años, vuelve a ponerse en debate el pago de reparaciones civiles ya que salió libre sin pagar un solo centavo de S/.60 mil impuestos en sentencia, y es realmente indignante que más de 3,400 terroristas que salieron libres durante los gobiernos de Transición y de Toledo y los alrededor de 200 que salieron posteriormente, se hayan negado a pagar las reparaciones que según el procurador antiterrorista Milko Ruiz ascienden a S/ 6,767 millones, y recién, después de tantos años, asegure que tiene como objetivo que los terroristas paguen, y hasta la ministra de Justicia Pérez Tello manifieste que se están buscando mecanismos que garanticen dichos pagos.

Contrariamente, desde 2004 las indemnizaciones a criminales terroristas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si fueron pagadas por el Estado peruano (hasta 2007 se pagó más de US$ 17 millones), como ejemplos tenemos, entre otros, a María de la Cruz US$ 319 mil (estando prófuga), Lori Berenson US$ 30 mil (condonándole el pago de reparación civil de S/ 100 mil), María Loayza US$ 50 mil, Gladys Espinoza US$ 105 mil, Mónica Feria US$ 90 mil, y al chileno Castillo Petruzzi US$10 mil.

Además, entre 2012 y 2015 fueron interpuestas por terroristas (con reparaciones civiles impagas) 423 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las cuales nunca se archivan convirtiéndose en litigios permanentes. Con DU 052-2010 se dispuso que los pagos de indemnizaciones a terroristas servirían para compensar las reparaciones civiles, pero se desconocen los resultados oficiales, y con RM 0116-2012-JUS y Ley 30353 (octubre 2015) se crea el registro de deudores que oficialmente no existe porque la web del Ministerio de Justicia indica sobre dicho listado “sistema en mantenimiento”.
  
Bajo este panorama se requiere mejorar la defensa del Estado ante la CIDH frente a los procesos pendientes e implementar normatividad procesal penal para que el Estado, a través de la procuraduría pública, tome acciones legales para cobrar reparaciones a terroristas, además, mejorar la inteligencia predictiva, vigilar a terroristas que salen libres en sus movimientos o reagrupaciones (al 2024 estarán todos libres excepto una minoría con cadena perpetua) porque no han mostrado arrepentimiento y muchos de ellos pertenecen al Movadef, Fudepp, y otros se encuentran infiltrados en sectores educación, salud y otras instituciones del Estado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de setiembre de 2017


PATRIMONIO FORESTAL: EVITEMOS SU DEPREDACIÓN

Con facultades otorgadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo promulgó el 5 de enero pasado el Decreto Legislativo 1319 estableciendo medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal con control preventivo, encaminando la formalidad de la cadena productiva forestal desde el bosque hasta su destino final, con control preventivo, cumplimiento del marco normativo y sancionándose la tala y comercio ilegal; además se implementa el sistema nacional de información forestal (SNIFFS), puestos de control estratégicos y mayor control sobre títulos habilitantes y planes de manejo aprobados.

La baja valoración de nuestros bosques, la insuficiencia de políticas públicas para conservarlos y la inadecuada gestión del patrimonio forestal, son las principales causas de la deforestación y depredación cada año (con tendencia creciente) de más de 150 mil hectáreas de bosques, con el agravante que por acciones ilegales, incumplimientos de normas y permisividad manifiesta de autoridades con competencias forestales, gran porcentaje de madera que se comercializa se considera de origen ilegal. Las principales causas de la destrucción de nuestros bosques son la tumba y quema, tala ilegal, actividades agropecuarias, extractivas, e infraestructura; según la ONU los últimos 35 años hemos perdido 9.2 millones de hectáreas lo cual genera severas consecuencias en el medio ambiente, biodiversidad y calentamiento global.

Bajo este panorama el DL 1319 debe ser prioritariamente implementado y debidamente operado: 1) Asegurando que los Gobiernos Regionales informen a la autoridad nacional forestal (Serfor) y al organismo de supervisión (Osinfor) sobre los títulos habilitados para explotación forestal y planes operativos sobre especies y volúmenes de madera a extraer para asegurar intervención preventiva, supervisión y fiscalización de productos forestales; 2) Operando eficientemente la red articulada nacional de información SNIFFS como herramienta del sistema nacional de gestión (Sinafor) para control y trazabilidad de recursos maderables; 3) Asegurando inspecciones oculares previas al otorgamiento de autorización de cambio de uso de tierra para fines agropecuarios y desbosque; 4) Integrando el sistema nacional forestal en todos los corredores forestales; 5) Construyendo más puestos de control estratégicos de paso obligatorio del transporte de productos forestales para evitar la legalización o blanqueo de productos forestales de procedencia ilícita; 6) Fortaleciendo el ordenamiento de las concesiones y plantaciones en el país, 7) Resolviendo conflictos que involucran a pueblos indígenas; y 8) Culminando en las regiones la zonificación, ordenamiento y catastro forestal para evitar la deforestación de bosques.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de setiembre de 2017


RETROCESO EN LA LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS

El pasado día 16 de agosto el Instituto suizo de Gobernanza de Basilea presentó su Índice Anti-Lavado de Activos (ALA) calificando a 146 países por el riesgo que presentan en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de 14 indicadores en 5 categorías (riesgos de corrupción, transparencia financiera y estándares, transparencia política, rendición de cuentas y político legal). En una puntuación de 0 (bajo riesgo) a 10 (alto riesgo), entre 2016 y 2017 el Perú retrocedió 38 puestos, del 138° (puntuación 4.31) al 100° (puntuación 5.25) ubicándonos entre los diez países del mundo que más retrocedieron, junto con Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán, Senegal, Egipto, Ecuador, Trinidad y Tobago y Laos.

Además, desde marzo pasado, estamos incluidos en la “lista negra” del Departamento de Estado de EE UU con otros 84 países donde organizaciones criminales blanquean dinero usando el sistema financiero nacional para transferir fondos de transacciones derivadas de lavado de activos. También, la Comisión Europea nos identifica en otra “lista negra” preliminar sobre transparencia y tributación que prevé publicar este año, y, en junio pasado, el FMI ha enfatizado que debemos implementar de forma más enérgica las medidas de lucha contra la corrupción y lavado de activos.

Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el lavado de activos representa 4.4% del PBI nacional; el año 2015 determinó que por este medio ingresaron al país S/. 5,000 millones provenientes del narcotráfico, minería ilegal, corrupción, construcción y comercio exterior, además registró 7,000 reportes de operaciones sospechosas pero no pudo demostrar su procedencia ilícita, y entre 2007 y 2015, junto con el Ministerio Público, investigaron casos de lavado por más de S/ 36,000 millones, también, recientemente, esta Unidad de Investigación ha detectado 14 amenazas de riesgos de lavado de activos en los sectores minero (minería de oro, inversión, contrabando) y pesca (extracción, procesamiento y comercialización ilegal, inversión de fondos del narcotráfico).

Bajo este panorama, a pesar de la enorme magnitud de casos de lavado de activos en nuestro país, la efectividad en la lucha contra este delito, en sentencias dictadas y recuperación de dinero y bienes, es muy pobre y casi nula. Increíblemente se está aplicando un Plan Nacional Anti-Lavado desactualizado (aprobado hace más de 6 años con DS 057-2011-PCM fecha 1° julio) y recién, desde enero 2016, la UIF, con cooperación alemana, viene elaborando un nuevo plan que debería concluir prioritariamente este año.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de setiembre de 2017


AMAZONÍA PERUANA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EXCLUIDA

El pasado día 15 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó en Iquitos el estudio “Situación de los Niños y Niñas y Adolescentes en la Amazonía”, mostrando la realidad de educación, salud y protección de niñez y adolescencia, en particular de poblaciones indígenas. El documento advierte que pese a su inmensa riqueza existente, allí se encuentra la población económicamente menos favorecida. En esta vasta zona que cubre 61% del territorio nacional y habitan más de 4 millones (incluyendo 400 mil indígenas en comunidades nativas) la pobreza es muy alta, la rural (42.2%) duplica la urbana (21.7%), acentuándose entre personas con lengua materna originaria (54%) respecto de habla castellano (27%).

Los efectos del cambio climático, falta de acceso a agua segura, a salud y alimentos incrementan las enfermedades y mortalidad afectando especialmente a la niñez y adolescencia que sufren problemas de desnutrición crónica (7% sobre promedio nacional), anemia (51.5% niños entre 6 y 35 meses y en comunidades indígenas 63%); el embarazo adolescente de 15 a 19 años (28.6%) duplica el porcentaje nacional (12.8%), y en comunidades indígenas casi lo quintuplica (58%). En educación, la repetición escolar, no conclusión de primaria y secundaria y falta de aprendizaje rebasan los promedios nacionales, agravándose en comunidades indígenas, además, hay muy pocos docentes capacitados para ejercer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB); igualmente los afecta el abuso, explotación y trata; el promedio nacional de violencia física (castigo) de los padres (50.3%) es mucho mayor que a nivel nacional (30%), incrementándose en la zona rural del quintil más pobre (60%).

Bajo este panorama, el olvido histórico de la Amazonía ha ocasionado una enorme desventaja de su niñez y adolescencia para alcanzar pleno desarrollo de su potencial, en particular en las comunidades indígenas. Reconociéndose la enorme labor social de las cuatro Plataformas itinerantes de Acción Social (PIAS) construidas en el Servicio Industrial de la Marina (Sima) operadas por la Marina de Guerra y con la articulación de instituciones públicas a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para brindar servicios del Estado a la población amazónica incluyendo las comunidades más alejadas, sin embargo, es prioritario fortalecer la formulación de proyectos de inversión pública y programas estratégicos presupuestales para disminuir la pobreza y redoblar esfuerzos en favor de la educación, salud, acceso al agua potable, alimentación y protección de la niñez y adolescencia de nuestra Amazonía.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de agosto de 2017


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