CUENCA DEL LAGO TITICACA: INADMISIBLE CONTAMINACIÓN

El pasado día 11 se reunió la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso con parlamentarios puneños, gobernador regional, alcaldes provinciales y el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión (ProInversión), Álvaro Quijandría, quien señaló que en agosto próximo se emitiría la “declaración de interés” de la iniciativa privada cofinanciada del proyecto para tratamiento de aguas residuales de la Cuenca del Lago Titicaca (10 plantas, inversión US$ 437 millones, concesión 30 años), desde esta declaratoria se requiere en promedio 2 años para recién iniciarlo lo cual ocurriría en agosto 2019. Este proyecto estuvo en evaluación por ProInversión desde mayo 2014 y a pesar de su importancia y urgencia no fue analizado ni declarado de interés por lo cual es parte responsable del retraso.

La Cuenca del Lago Titicaca se encuentra seriamente impactada por vertimientos en sus afluentes (Ramis, Suches) de metales pesados y aguas residuales de mercurio usado por mineros ilegales para purificar oro (15 toneladas anuales), y de aguas residuales domésticas sin tratamiento de poblaciones circundantes (34 fuentes contaminantes producen 8,200 toneladas anuales de materia orgánica), además por arrojo de residuos sólidos en sus riberas (se generan 700 toneladas diarias pero solo 2, de 13 municipios, cuentan con plan para gestionarlos).

 

Desde la década del 90 la población ya demandaba la construcción de plantas de tratamiento, y en 2002, mediante Ley 27814, se declara de necesidad y utilidad pública la descontaminación de la bahía interior de Puno y con DS 007-2002 se constituye la primera Comisión Técnica Multisectorial para proponer su recuperación, pero no se logró contrarrestar las causas contaminantes, en julio 2012 (Ley 29906) se declaró de necesidad y utilidad pública la prevención y recuperación ambiental integral del Lago Titicaca y sus afluentes, y en 2013 fue creada la segunda Comisión Multisectorial presidida por el Ministerio del Ambiente y conformada por 24 integrantes (DS 075-2013-PCM), pero poco o nada se ha avanzado.

Bajo este panorama resulta inaceptable la incapacidad de autoridades y funcionarios de los gobiernos nacionales, regionales y locales para solucionar un antiguo y grave problema contaminante en una de nuestras principales reservas nacionales (declarada en 1978) que debe ser área natural protegida, sin embargo, se ha convertido en un patrimonio amenazado, tanto la cuenca y afluentes al lago navegable más alto del mundo (3,800 msnm) con inmensas reservas de agua dulce (9,000 millones m3).

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de junio de 2017

ESTRATEGIA ANTIDROGAS 2017-2021: COMENTARIOS

Pasaron 10 meses de iniciado el gobierno para que finalmente apruebe la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD) 2017-2021 (DS 061-2017- 1° junio) en la cual se afirma la existencia de cultivos de coca ilícita entre 40,000 y 53,000 hectáreas (art. 1.2) a diferencia del último Monitoreo UNODC (cierre 2015) que registra 40,300, además, hace 3 meses Carmen Masías, presidenta de DEVIDA, aseguró que existían 55,000; igualmente se afirma (sin datos oficiales hace 9 años) una producción de cocaína entre 300 y 400 toneladas (art. 1.2). El uso de datos irreales en la ENLCD podría variar la información en la matriz de indicadores y metas (cuadro 3.10).

Lo más preocupante es el Vraem, centro de producción de drogas que abastece 76% de hoja de coca al narcotráfico (produce 66,500 toneladas anuales) donde faltan programas y proyectos de desarrollo; según la ENLCD para esta zona se debe diseñar una intervención focalizada, gradual y progresiva siendo fundamental mejorar la situación de seguridad (art. 3.7), lo que supone pasar otros 5 años sin una necesaria erradicación afianzada con la presencia activa del Estado y el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS). El 81% del área nacional de coca cultivada se registra entre el Vraem (45.5%), La Convención-Lares, Cusco (25.9%) e Inambari-Tambopata, Puno (9.5%), aunque las 2 últimas se consideran de producción para consumo tradicional, gran parte va al mercado paralelo o tráfico de drogas por deficiencia de Enaco. Ninguna estrategia podrá reducir la producción de cocaína en el país si no es dirigida principalmente hacia estas 3 zonas y de las de frontera con Colombia, Brasil y Bolivia.

La ENLCD tiene en el quinquenio como metas anuales la erradicación de 25,000 hectáreas (sin señalar zonas) y la incautación de cocaína entre 40 a 80 toneladas (además de ínfima es de improbable cumplimiento porque en 2015 se incautaron 8 toneladas y en 2016 solo 4). Por último, los recursos financieros requeridos para la ENLCD son anualmente en promedio de S/.1,500 millones (US$ 462 millones) que incluyen DAIS, control de oferta, lucha contra el terrorismo, prevención y tratamiento, institucional y cooperación internacional; dicho presupuesto es insignificante comparado a los US$ 8,500 millones que se calcula mueve anualmente el narcotráfico en el Perú; debería hacerse mayores esfuerzos en conseguir más recursos vía responsabilidad compartida y cooperación internacional que anualmente aporta solo S/. 330 millones (US$ 102 millones).

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de mayo de 2017

RECURSO ANCHOVETA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO

El pasado 19 de abril el Ministerio de la Producción dio inició a la Primera Temporada de Pesca de anchoveta (RM 173-2017) en la zona norte y centro hasta un límite de 2.8 millones de toneladas para consumo humano indirecto (procesamiento de harina y aceite), y dos días después con RM 186-2017 establece para consumo humano directo (CHD) una cuota de 300 mil toneladas para el año 2017 (conservas, congelados, curados y frescos) pero esta cantidad no es real porque en los últimos 10 años el promedio de pesca para CHD con cuota libre fue de 90 mil toneladas, esto significa que nuestro principal recurso pesquero no es aprovechado para consumo de la población.

Anualmente capturamos 4 millones de toneladas de anchoveta pero el 95% la destinamos para producir harina de pescado, somos el mayor exportador mundial con 900 mil toneladas anuales, sin embargo, poco se hace para promover su consumo y modernizar la industria de CHD. Hubieron muchos intentos para impulsar su consumo (programas de alimentación, lanzamiento de la “semana de la anchoveta”, planes de promoción, foros, seminarios, talleres, etc.), pero poco o nada se ha logrado porque han sido iniciativas temporales e inconsistentes, lo que se requiere son políticas públicas e iniciativas promotoras sostenidas para cubrir el déficit alimentario en poblaciones vulnerables y zonas alto andinas. Los beneficios y propiedades del recurso anchoveta son innumerables, económico, disponible todo el año y altamente nutritivo, aporta proteínas y es rica en minerales (hierro y zinc), contiene concentraciones de calcio, potasio, vitamina A y C y aceite poliinsaturado (omega 3 y 6), propiedades que previenen la anemia, contribuye al desarrollo, crecimiento y buen rendimiento académico de los niños.

Hace solo 5 días fueron publicados los resultados de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar 2016, registrando 43.5% de menores de 3 años anémicos y 13.1% desnutridos crónicos; como entender que no se promueva con mayor esfuerzo el consumo de anchoveta en estado fresco, o transformado y preservado para su traslado al interior del país para combatir la anemia conjuntamente con multimicronutrientes y también la desnutrición. No todo el esfuerzo debe centrarse en lograr más divisas por exportación de harina de pescado, es aún más importante el uso permanente del recurso anchoveta para mejorar la alimentación de nuestra población y combatir la anemia y desnutrición infantil de nuestra niñez que representa el futuro del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de junio de 2017

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ILO EN LA NEBULOSA

El pasado día 18 el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, después de su interpelación en el Congreso por la firma de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero (Cusco), sorpresivamente anunció que decidió cancelar la concesión del terminal portuario de Ilo (Moquegua), contradiciéndose extrañamente de lo que aseguró hace solo 5 meses (15 diciembre 2016) durante la inauguración del vuelo Lima-Ilo de la aerolínea Star Perú, que la concesión estaba en la última etapa de evaluación por ProInversión y se lanzaría en abril 2017.

La historia de la frustrada concesión del puerto de Ilo empieza hace 18 años (mayo 1999) cuando la COPRI -Comisión de Promoción de la Inversión Privada- (reemplazada por ProInversión en abril 2002) realizara la licitación de los puertos de Ilo y Matarani, pero Ilo fue declarado desierto y solo Matarani fue adjudicado al Consorcio Tisur. En 2010 hubo otro intento con una inversión de US$98.1 millones (8.2 a corto plazo y 89.9 a largo plazo), pero fue excluido por ProInversión argumentándose la otorgación de facilidades portuarias a Bolivia por la Declaración de Ilo (19 octubre 2010) para exportar desde 2014 hierro boliviano, lo cual nunca sucedió. Desde 2015 continuaron los esfuerzos para impulsar su concesión previéndose que ProInversión convocaría el primer semestre dicho proceso por 30 años, el ex ministro de Transportes. José Gallado, anunció ante la Comisión del Congreso que en julio 2016 se daría en concesión, lo cual tampoco sucedió, luego el ex Ministro Vizcarra aseguró que sería en abril 2017 pero meses después la anulo.

Bajo este panorama, es lamentable que el puerto de Ilo (administrado por Enapu) se encuentre en la nebulosa desde hace 20 años sin modernización, ampliación, ni reparaciones importantes solo moviliza 0.5 millón anual de carga (Matarani 3.8 y Arica 3.5) a pesar de proyectar gran interés comercial y estratégico por ser el más cercano a las fronteras de Bolivia y Brasil y poderse convertir en polo de desarrollo. En 7 años la inversión para la modernización se ha septuplicado, en 2010 se estimaron US$ 98 millones, pero según el MTC actualmente se requieren US$700 millones. Las consideraciones mencionadas refuerzan la prioridad de concesionar el terminal portuario de Ilo a un operador internacional de terminales con capacidad financiera y experiencia o ejecutar una Asociación Pública-Privada (APP) autosostenible. El nuevo Ministro de Transportes, Bruno Giuffra, tiene la palabra.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de mayo de 2017

REFINERÍA DE TALARA: CUESTIONADA MODERNIZACIÓN

La historia de modernización de la Refinería de Talara, caracterizada por misterios y desfases y por confusas acciones y declaraciones, se inició en octubre 2008, la primera convocatoria con un solo postor precalificado fue declarada desierta, se buscaba una empresa que invierta US$ 800 millones que recuperaría con la venta de combustibles. En segunda convocatoria ganó la buena pro (diciembre 2009) la empresa española Técnicas Reunidas, firmándose el contrato por US$ 1,177 millones (marzo 2010), sin embargo, el proceso de licitación internacional fue cuestionado por empresas que llegaron a la etapa final, y por 2 de los 6 miembros del directorio de Petroperú que votaron contra el contrato. 

En noviembre 2012 Técnicas Reunidas ya valorizaba el proyecto en US$ 3,450 millones, por el elevado monto el Gobierno decidió no desarrollarlo todo sino por partes, pero en diciembre 2013 el Congreso aprobó la Ley 30130 declarando la modernización necesidad pública e interés nacional dándole visto bueno, así, se suscribió un nuevo contrato con Técnicas Reunidas (mayo 2014) para incrementar la capacidad de refinación de 65,000 a 95,000 barriles petróleo diarios (bpd) y producir combustibles con bajo contenido de azufre (según Petroperú esto mejoraría la seguridad energética y reduciría las importaciones). En octubre 2016 Petroperú anunció nuevo costo del proyecto (US$ 4,782 millones) y en febrero 2017 otro incremento (US$ 5,400 millones), es decir, en 9 años el monto del proyecto casi se septuplicó, de US$ 800 millones previstos inicialmente a US$ 5,400 millones declarados actualmente. 

Bajo este panorama existen muchos cuestionamientos a este proyecto, entre otros: 1) Falta de transparencia, los contratos fueron divulgados (por presión) recién hace 2 meses después de 7 años de firmados; 2) El proyecto fue iniciado sin contar con financiamiento cerrado: 3) Es una inversión de dudosa rentabilidad en el largo plazo (deben recuperarse US$ 5,400 millones en 30 años); 4) Para la Contraloría los incrementos de costos no significan mejoras en el esquema del proyecto; 5) Existe un retraso de 2 años, el último plazo (2020) puede seguir postergándose; 6) Se busca incrementar la capacidad de refinación con reducción de azufre, pero no tenemos crudo disponible porque nuestra producción cayó drásticamente por falta de exploración y explotación (de 196,000 bpd en 1980, hasta 40,000 bpd el 2016) obligándonos a seguir importándolo, y hasta el Oleoducto Norperuano está paralizado 1 año 3 meses sin visos de una solución segura y confiable.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de mayo de 2017