LA ANEMIA INFANTIL AFECTA GRAVEMENTE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y EL FUTURO DEL PAÍS

 

El capital humano representa el principal patrimonio de la riqueza total de un país, para preservarlo e incrementarlo es fundamental que niños y jóvenes obtengan las habilidades necesarias para incorporarse, en su momento, a un cambiante y complicado mercado laboral. Justamente, la anemia infantil es uno de los principales problemas de salud pública que padecemos y amenaza ese eslabón de capital humano peruano, el cual es imprescindible en la construcción de nuestro futuro como país.

 

Cuando la anemia infantil se presenta en niños entre 6 meses y 3 años, por mala alimentación y nutrición (insuficiencia de hierro, vitaminas A y C, calcio y proteínas) origina disminución de hemoglobina (Hb), considerada severa a niveles menores de 7 g/dl, y genera durante su desarrollo, hasta los 11 años, peligrosos efectos irreversibles en su desempeño inmunológico, físico, emocional, cognitivo e intelectual, repercutiendo en una deficiente capacidad para aprender y desarrollarse, afectando su formación educativa y posteriormente, su eficiencia laboral, lo cual afecta directamente en nuestra productividad y crecimiento económico.

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Nacional y Departamental 2025, la incidencia de anemia entre niños entre 6 meses y 3 años fue de 43.4% (área urbana 40.5% y rural 50.4%). Increíblemente, desde hace 17 años, la incidencia solo se redujo 7% (de 50.4% en 2009 a 43.4% en 2025). Esto demuestra que se trata de un problema estructural y crítico de salud pública que no ha podido ser resuelto. Es impresionante y muy peligrosa su incidencia en Puno (75.4%), Cusco (56.6%) y Loreto (55.6%). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) porcentajes de anemia superiores a 40% representan un “problema grave de salud pública”.

 

Sobre la prevención y control de la anemia infantil existe extensa normativa, desde la Ley 26842 “General de Salud” de julio 1997, hasta la fecha, existen decenas de leyes, resoluciones supremas y ministeriales, decretos supremos y planes nacionales y multisectoriales, sin embargo, no han funcionado y la incidencia persiste. El último plan multisectorial 2024-2030 que busca reducir la prevalencia de la anemia a 37.2% (desde 43.4% en 2025), involucra a 6 ministerios (Salud, Desarrollo Agrario, Desarrollo e Inclusión Social, Educación. Producción y Vivienda), pero, inconcebiblemente, dicho plan debe operar sin presupuesto asignado, y su financiamiento debe usar recursos institucionales de dichos ministerios. Habría que preguntar a los ministerios mencionados que cantidad han aportado para combatir la anemia infantil desde la aprobación del plan, en junio 2024.

 

Bajo este panorama, el actual ministro de Salud, Luis Dyer, debería considerar los siguientes aspectos y acciones para prevenir y reducir la anemia y la desnutrición infantil:

1) Promover una adecuada intervención articulada de los sectores involucrados en los 3 niveles de gobierno, en el trabajo conjunto de diagnóstico temprano, tratamiento y control oportuno en madres gestantes y niños entre 6 meses y 3 años;

2) Acentuar la participación y compromiso de gerencias y directores regionales de salud;

3) Incrementar, a nivel nacional, la cantidad de equipos biomédicos para diagnósticos etiológicos de anemia;

4) Mejorar la consejería nutricional para aumentar el conocimiento poblacional sobre el uso de alimentos adecuados ricos en hierro y vitaminas;

5) Integrar los planes multisectoriales con políticas públicas relacionadas para optimizar el acceso a servicios básicos e infraestructura sanitaria, y

6) Reforzar los programas sociales y de seguridad alimentaria, principalmente en zonas rurales y amazónicas con pobreza y exclusión social.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de setiembre de 2026

 

RESPUESTA A MARTÍN TANAKA SOBRE SU ARTÍCULO EN EL COMERCIO “EL LUM Y LA CVR”

El profesor principal de la PUCP e investigador en el IEP, Martín Tanaka, publicó en “El Comercio” un artículo titulado “el LUM y la CVR”, en 2 partes (días 18 y 25), basado en declaraciones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, durante una entrevista periodística publicada en “Perú 21”, en la que el ministro manifestó que el Lugar de la Memoria (LUM) debería contar la verdadera historia del terrorismo y estar adscrito al Ministerio de Justicia, porque el LUM “es vocero de un falso relato de la Comisión de la Verdad (CVR) cuyo objetivo es “salvar a la izquierda de su compromiso y complicidad con el terrorismo” y “desprestigiar a las FF.AA.”. Durante la entrevista, el ministro también explicó que la guerra propiciada por el senderismo, tuvo al inicio una mala respuesta del Estado, pero con un cambio de estrategia basado en participación de comunidades campesinas e indígenas, se pudo ganar la guerra a la subversión.

 

Basándose en esta explicación, Tanaka intenta desacreditar el accionar de las FFAA incidiendo que los “errores” que reconoce el ministro, según conclusiones de la CVR, implicaron: represión indiscriminada de las FFAA contra la población considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL, practicas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

 

Sobre estas conclusiones de la CVR que usted defiende, Señor Tanaka, le contesto lo siguiente: es un documento vergonzoso y nefasto que nunca deslindó entre la criminal agresión terrorista y la defensa del Estado que con sus FF AA combatieron a delincuentes terroristas y protegieron la sociedad en cumplimiento del deber y defensa de la Patria.

 

Además, Señor Tanaka, le recuerdo que la CVR fue conformada por 11 (de 13) personajes con marcada ideología de izquierda, y su informe presenta argumentos falsos e inaceptables: califica a Sendero Luminoso como “partido político” y no grupo terrorista; usa terminología maoísta (guerra popular, acciones armadas, ajusticiamientos); incrementaron deliberadamente el número real de muertos, el especialista Manrique Valier (a pedido de la CVR) concluyó que hubieron 19,000 víctimas y 3,000 desaparecidos, como les pareció pocos, contrataron al norteamericano Patrick Ball, quien aplicando cálculos de poblaciones de animales silvestres determinó la descabellada cifra de 69,280 víctimas, aumentando proporcionalmente las cantidades atribuibles a las Fuerzas del Orden para desprestigiarlas, y solo denunciaron a miembros de las FFAA, pero a ningún terrorista. Además, gastaron en 2 años el exorbitante presupuesto de US$ 11’740,000.

 

También señor Tanaka, Ud. demuestra clara animadversión contra las Fuerzas del Orden cuando expresa: “lo que estamos discutiendo es el papel de las fuerzas del orden en un contexto de criminalidad, polarización y conflictividad social, y que, contar con el respaldo de las fuerzas armadas y policiales implica asegurarles márgenes amplios de impunidad frente a excesos o crímenes cometidos en el pasado o que puedan ocurrir en el presente y futuro”, añadiendo que “la conducción y responsabilidad fundamental en las tareas de mantenimiento de seguridad y orden público debe ser liderada y asumida por la autoridad política democrática, no delegada a los uniformados”.

 

Bajo este panorama, el falso e infame relato de la CVR, que continúa divulgando “con creces” el LUM, legitima a los terroristas y a quienes defienden sus ideas, desacredita a las FFAA y desorienta a nuestra juventud. Tiene razón el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez: “El LUM hay que reorganizarlo todo, del inicio al final”.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de agosto de 2026

 

SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN NUESTRO PAÍS

 

La inteligencia artificial (IA) en nuestro país comenzó a usarse hace 10 años en el entorno laboral y empresarial, utilizándose en forma progresiva hasta que fue formalizada en julio 2023 con Ley 31814 y reglamentada el 9 abril 2025, la cual resalta que promueve el desarrollo económico y social, nos posiciona como uno de los países líderes en Latinoamérica, y actualmente es una importante herramienta utilizada en aplicaciones móviles que usamos a diario, en entidades públicas y privadas, academia, sociedad civil, y coadyuvan a mejorar la salud, educación, justicia, seguridad ciudadana, entre otros. 

 

El pasado día 4, el Banco Mundial presentó un “Informe sobre el desarrollo mundial 2026: La promesa de la inteligencia artificial”, el cual explica que, si se implementan políticas correctas, las naciones de ingresos bajos y medianos, tienen una oportunidad histórica para superar desafíos sociales y económicos que han persistido por generaciones y actúe como sustituto que potencie la productividad de quienes carecen de apoyo especializado con modelos de bajo costo, pueden funcionar en teléfonos móviles básicos e incluso sin conexión permanente a internet, ideales para zonas rurales o con infraestructura limitada.

 

Sin embargo, el uso de IA en educación, aunque ofrece beneficios, también puede generar dependencia tecnológica excesiva, limitar la comprensión, razonamiento, pensamiento crítico, creatividad, juicio profesional e interacciones humanas. En el campo empresarial y laboral existen desafíos importantes como fragmentación tecnológica y operativa, falta de políticas claras de gestión, seguridad y privacidad de datos, falta de talento especializado en profesionales de IA, cloud y ciberseguridad (seguridad en la nube) que obliga a las compañías a depender de consultorías tecnológicas para desarrollar, mantener o sostener sus sistemas. En otros proyectos, la IA podría implementarse en agricultura y minería para monitoreos y en la Amazonía para combatir la minería ilegal y deforestación.

 

Pero lo más preocupante de la IA es el fraude informático por ciberdelincuentes a personas y negocios que realizan operaciones a través de dispositivos móviles. Estos ciberdelincuentes perfeccionan técnicas muy sofisticadas y estrategias que emplean IA como Chatbots (sofware que usan engaño y manipulación para obtener informaciones confidenciales o financieras), o Deepfake (utiliza la IA para crear videos, voces o imágenes), delitos que se están incrementando para suplantar identidades, contra el honor, calumnia, difamación o fraudes informáticos, imitación de voces o mensajes de video y hasta utilizan IA avanzada, cuya complejidad técnica genera dificultades para determinar culpables. A pesar que la Ley 32314 del 29 abril 2025 modifica el Código Penal incluyendo como delitos con penas más severas, a casos de difamación, estafa, pornografía infantil, plagio e infracciones contra derechos de autor y de propiedad intelectual, sin embargo, no se conoce sentencia alguna con penalidades por dichos delitos.

 

Bajo este panorama, recién hace 4 meses (abril 2026) el gobierno anterior implementó una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030 (ENIA) que contiene, en 81 páginas, 4 ejes estratégicos y 16 líneas de acción, pero no incluye recursos asignados para aplicarlos. Sin presupuestos para IA el Estado no podrá elevar sus capacidades de decisión, anticipar necesidades, integrar información, asignar mejor los recursos y ofrecer mejores servicios,  asimismo, el gobierno tendrá limitaciones para fortalecer y actualizar medidas para prevenir fraudes porque limitará la actualización de operaciones que se adelanten al accionamiento de estrategias cibercriminales ni tampoco mejorar campañas para crear conciencia sobre el uso seguro de tecnologías digitales para evitar fraudes mediante videos y suplantación de funcionarios públicos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de agosto de 2026

 

PERÚ: EPICENTRO DE EXPORTACIÓN DE ORO ILEGAL EN LA REGIÓN

Recientemente hubo varios asaltos violentos contra vehículos que transportaban oro ilegal, el pasado 22 de marzo delincuentes, encapuchados y con fusiles, atracaron en la Costa Verde un vehículo que trasladaba lingotes de oro y el pasado 9 de julio, atracaron otro vehículo en la avenida El Derby, Surco, que llevaba 5 kg de oro. Anteriormente en agosto 2023, cerca del aeropuerto internacional detuvieron un vehículo con una barra de oro de 7 kg, incautación que permitió a la fiscalía identificar una posible red de empresas y personas involucradas que exportaban oro ilegal a India y Emiratos Árabes Unidos. Y en abril de 2025 se incautaron lingotes de oro ilegales valorizados en US$ 13 millones a una red criminal que exportaba este metal a India, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong a través de empresas fachada mediante documentos falsificados.

Estos son solo ejemplos de cómo la minería ilegal de oro se está criminalizando y nos está posicionando como los mayores exportadores regionales de oro ilegal generando en 2025 unos US$ 12,000 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), exportamos 44%, seguido por Colombia (25%), Bolivia (12%), Ecuador (9%) y Brasil (9%). Para estas exportaciones ilegales de oro se utilizan autorizaciones y facturas de compra y venta fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de economías ilegales y de grupos criminales, y corrupción para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.  

 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los factores estructurales que más influyen en la comercialización de oro ilegal son su alto precio (US$ 4,400 por onza), mínima presencia del Estado en zonas remotas de producción, altos niveles de informalidad económica, operativos de interdicción sin inteligencia previa, y la influencia de una política tolerante hacia la minería artesanal y de pequeña escala, como es el caso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que se convirtió en un protector de impunidad, además, existen demasiadas plantas de beneficio registradas en la pequeña minería (2,000 y deberían ser 50) que procesan cientos de toneladas de oro diario que son comercializados por cuestionados agentes y compañías.

 

El último reporte estadístico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de enero 2016 a junio 2026, registra 174,718 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarios, empresas para prevención de lavado de activos. Además, incluye datos de comunicaciones de inteligencia nacional e internacional por un monto involucrado total de US$ 206,736 millones, de los cuales US$ 83,116 millones (40%) corresponden a minería ilegal como un delito precedente vinculado, también Informes de Inteligencia Financiera (IIF) por US$ 10,370 millones, de los cuales US$ 6,531 millones (63%) corresponden a minería ilegal. Esta información de la UIF demuestra que la minería ilegal, principalmente de oro, es el principal motor de lavado de activos en nuestro país y sostiene redes financieras ilícitas dentro del sistema económico formal.

 

Bajo este panorama, la minería ilegal es una de las principales economías ilícitas en nuestro país, ocasiona graves impactos ambientales, sociales y económicos y moviliza millones de dólares anuales, superando al narcotráfico en ingresos ilícitos y presencia territorial. Fuerza Popular tiene el gran reto de reducirla, con una nueva ley MAPE que reemplace el REINFO, controlando toda la cadena productiva y fiscalizándola. Según el gobierno, se ha trazado como objetivo, al 2031, erradicarla al menos el 50% en zonas críticas.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de agosto de 2026

 

FENÓMENO EL NIÑO: IMPRESIONANTE NEGLIGENCIA EN PREVENCIÓN PARA REDUCIR GRAVES IMPACTOS

El actual fenómeno El Niño se encuentra activo y fortaleciéndose con señales inquietantes de elevado calentamiento en nuestra costa, según el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las temperaturas del Pacífico registran por encima del promedio y alcanzarían su mayor intensidad hacia finales de 2026 con incrementos de temperatura de la superficie del mar que modifiquen los patrones climáticos (hasta 3°C), afectando la pesca y ecosistemas marinos asimismo, la llegada de ondas Kelvin generan debilitamiento de los vientos alisios, generando exceso o falta de lluvias que impactarían la agricultura. Según Macroconsult, considerando que El Niño ocurra entre los meses de enero y abril 2027, el PBI pesquero puede impactar su crecimiento anual entre -7.2% y -24.3%, considerando un fenómeno moderado o extremo, y, el PBI agrícola entre -0.6% y -2.5%.

 

No hemos aprendido de experiencias de anteriores fenómenos devastadores, entre ellos, de 1982-1983, de 1997-1998, de 2017 y de 2023-2024 con desbordes de ríos, inundaciones, huaicos, deslizamientos y movimientos en masa que afectaron la costa norte y central, y también en sierra y selva, las sequías y variaciones del régimen de lluvias. Estos eventos dejaron cientos de miles de fallecidos, millones de damnificados, millones de dólares en pérdidas, enormes daños a miles de viviendas familiares, así como en infraestructura pública, carreteras, puentes, áreas agrícolas. Pero a pesar de ello, la negligencia sobre prevención ha sido impresionante, especialmente por el gobierno saliente de Perú Libre que no ha tomado las acciones necesarias para enfrentar el actual fenómeno de El Niño, reduciendo además presupuestos para obras de protección de ciudades para control de quebradas y drenajes pluviales.

 

Balcazar no priorizó las labores para mitigar impactos de El Niño, de la partida 0068 para dichos proyectos, solo ejecutó 28.3%. Además, la Contraloría General y Colegio de Ingenieros de Piura informaron que la región no cuenta con labores de prevención necesarias para mitigar el impacto de desbordes en el río Piura, también, el órgano de control aseguró que el Gobierno Regional de La Libertad, solo ejecutó trabajos preventivos en 21 de los 103 puntos críticos identificados por la Autoridad nacional del Agua (ANA), y hasta existen más de 80 puentes en estado crítico y necesitan obras urgentes.

 

Bajo este panorama, a pesar que el medio ambiente está experimentando un proceso de cambios a una velocidad vertiginosa y la naturaleza nos volverá a golpear con este fenómeno de El Niño en períodos cada vez más cortos (en promedio ocurre entre cada 2 a 7 años), sin embargo, el denominador común es que siempre nos toma por sorpresa, principalmente en las regiones más vulnerables, porque no nos preparamos adecuadamente, no se convierten los recursos en obras de prevención, no tenemos capacidad de anticipación ni respuesta para reducir sus devastadoras impactos, principalmente por una baja ejecución, reflejo de limitaciones de gestión que ha enfrentado el gobierno saliente y muchos gobiernos regionales y municipios para formular proyectos, completar expedientes técnicos, contratar profesionales capacitados, así como transformar planes en acciones preventivas concretas y eficaces mediante la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos, y complementarlos con mecanismos financieros que aseguren una respuesta rápida y sostenible. La etapa de prevención ya terminó, le corresponde ahora al gobierno de Fuerza Popular la preparación y tomar las acciones urgentes para mitigar y reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de agosto de 2026