EXIGUA TRANSPARENCIA EN NUESTRO SISTEMA POLÍTICO


A menos de dos años de cumplirse el bicentenario nuestro país está atravesando una peligrosa crisis política producida por una tensa y conflictiva dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo que ocasiona un choque de poderes del Estado con confrontaciones, pugnas y mínima tolerancia, situación agravada además por la enorme corrupción y la desconfianza de los ciudadanos por las instituciones, los partidos políticos y los políticos en general. El Poder Judicial lleva una pesada  carga de corrupción e inoperancia. El Congreso podría competir entre los más impopulares de los últimos años, además de usuales escándalos de muchos congresistas, el Parlamento no asume una tarea más integral y no ha sido capaz de articular una agenda consensuada para el país. El Ejecutivo demuestra debilidad y poca credibilidad, el presidente emite inconvenientes declaraciones (casos Odebrecht y Tía María) y presenta dificultades para desarrollar sus funciones, así, hemos llegado al extremo de un pedido del Ejecutivo para adelantar las elecciones versus una moción de vacancia presidencial que pretende parte del Congreso.

La desconfianza y cuestionamiento a nuestro sistema político es una realidad indesmentible, tanto por las actuaciones personales de sus protagonistas como por el inconsistente debate político que emplea un formato de desarrollo mediático y deja de hacer justicia, los partidos políticos que no tienen una estructura bien constituida experimentan un proceso de debilitamiento y desprestigio presentando bajísimos niveles de credibilidad frente a la ciudadanía. A pesar que la política es fundamental en la creación de instrumentos y proyectos para avanzar en el desarrollo del país, lamentablemente la mayoría de nuestros políticos persigue su interés dentro de las reglas de juego que los rigen en lugar de proceder según su visión sobre lo que requiere el país, actúan con motivaciones subordinadas a lo conveniente para permanecer y prosperar en la política, proceso que se podría comenzar a corregir mejorando las reglas del juego político con reformas que protejan el interés general del país que ellos mismos no las quieren aprobar.

Bajo este panorama la clase política no es transparente, debería entender que los verdaderos liderazgos políticos son éticos ya que provienen de reclamos por instaurar la igualdad, la integridad, la justicia, la equidad, la probidad y el bien común, los cuales en nuestro sistema político se están quedado en el camino por la ciega persecución de intereses personales y partidarios, lo cual afecta nuestra democracia y el desarrollo integral nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de setiembre de 2019


PROMESA PRESIDENCIAL: ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA EN EL VRAEM

Durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio el presidente Martín Vizcarra anunció que este año agentes del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) ingresaran a la zona del Vraem para erradicar cultivos ilegales de coca, añadiendo “nos hemos propuesto privar al narcotráfico del principal insumo para elaboración de droga”. Fuera de los temas políticos, este es sin duda uno de los anuncios más importantes sobre nuestra realidad nacional, sin embargo, ha pasado absolutamente desapercibido.

Esta promesa es importante porque jamás se ha erradicado ni una hectárea de cultivos de coca en el Vraem (la mayor superficie cocalera del país), sus 21,000 hectáreas generan 78,000 toneladas de hoja seca que van íntegramente al narcotráfico el cual produce la mayor parte (80%) de cocaína a nivel nacional. Según la Oficina de Política para el Control de Drogas del gobierno de EE UU en Perú se producen 491 toneladas anuales (cifra más alta en 25 años), Devida, de manera increíble e irresponsable no tiene cifras oficiales desde 2008, pero su actual presidente ejecutivo, Rubén Vargas, sin siquiera ruborizarse da como producción estimada 449 toneladas.  

Lamentablemente la promesa de erradicación en el Vraem la conocemos desde el gobierno de Humala y fue absolutamente incumplida, en 2013 Devida anunciaba su iniciación, en febrero 2014 aseguraba “de todas maneras” proyectando erradicar 16,000 hectáreas, poco después la redujeron a 5,000 y por último a cero, por un paro de cocaleros el gobierno dio marcha atrás explicando que no existían condiciones para erradicar optando por una reconversión productiva con resultados desastrosos.

El Estado no ha resuelto el grave problema del narcotráfico generado principalmente en el Vraem. Las drogas distorsionan la economía, afectan el proceso de desarrollo y la gobernabilidad, incentivan la corrupción y ponen en riesgo la seguridad nacional, además, representan un problema de salud mundial, según el Informe Mundial de Drogas ONU en 2017 murieron 585,000 personas en el mundo por causas relacionadas al consumo de cocaína, la producción de Colombia (1,380 toneladas), Perú (490) y Bolivia (250) tienen responsabilidad de manera proporcional por estas muertes.

Bajo este panorama, tanto laEstrategia Nacional 2017-2021” como la nueva “Estrategia Vraem 2021” no contemplan erradicación en el Vraem. Según Devida la erradicación en esa zona es muy importante pero ahora estamos enfocamos en llevarle desarrollo. ¿Cuál sería el fundamento de la promesa del Presidente Vizcarra?

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de agosto de 2019




BAJO NIVEL DE CAPITAL HUMANO IMPIDE NUESTRO DESARROLLO


El mensaje a la Nación del Presidente Vizcarra proponiendo un eventual adelanto de elecciones ha generado un gran debate sobre su viabilidad o cómo podría afectar o mejorar el país, pero lo cierto es que en los últimos tres años la falta de entendimiento político entre Ejecutivo y Congreso ha generado una relación insostenible que afecta nuestra situación política, económica y social. A pesar de la responsabilidad política de ambos poderes del Estado de trabajar de manera consensuada buscando el beneficio de toda la población, este escenario de disputas y confrontación de fuerzas no les permite abocarse a cómo mejorar la grave demanda de servicios de salud y educación, elementos indispensables para formar capital humano de calidad (productividad de los trabajadores) la cual presenta bajo nivel en nuestro país no permitiendo avanzar nuestro desarrollo social y económico.

En el último Índice de Capital Humano del Banco Mundial alcanzamos un puntaje de 0.59 lo cual significa que en promedio los peruanos solo se han desarrollado de forma óptima en un 59% por falta de inversión adecuada en este campo social. Igualmente, el Instituto de Competitividad de la Escuela de Negocios ubica al Perú undécimo entre 18 economías analizadas debido a la baja calidad educativa y reducido gasto público, asimismo, en el último ranking del Instituto para la Métrica y Evaluación de Salud (midiendo esperanza de vida, estado de salud, logros educativos y aprendizaje) nos ubica entre los peores puestos de capital humano en la región.

Nuestros malos resultados y fracasos en educación se demuestran en las pruebas PISA donde nos posicionamos por debajo del nivel mínimo de desempeño (nivel 2 de 5), también en la prueba Evaluación Censal de Estudiantes ECE-2018 el 80% de los estudiantes de 2º de secundaria no saben lo necesario para el grado que estudian. En salud la carencia de inversión y mala gestión de recursos ocasionan que los servicios generales sean de baja calidad e ineficaces lo cual impacta en la salud de millones de peruanos.

Bajo este panorama la mayoría de políticos ignoran, o no ponen el mínimo esfuerzo en comprender, que educación y salud son instrumentos vitales y medios esenciales para formar capital humano de calidad y transformar la sociedad, si no se invierte lo suficiente y no se gestionan mejor los recursos nuestra economía en los próximos años correrá el riesgo de estancarse así se incremente el uso de otras herramientas de política económica.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de agosto de 2019


REFLEXIÓN DE FIESTAS PATRIAS: PROTEJAMOS LA MEMORIA DE LA NACIÓN


Hace 9 años al promulgarse la ley 29565 de creación del Ministerio de Cultura fueron adscritas todas las entidades estatales culturales, entre ellas, el Archivo General de Nación (AGN) que pertenecía al Ministerio de Justicia, teniendo la responsabilidad de conservar y organizar nuestro histórico patrimonio documental que constituye la memoria de la nación, sin embargo esta entidad presenta serios problemas en su labor archivística, control documentario y conservación, habiéndose agravado la desatención de repositorios y pérdida documental. Según el ex director general de industrias culturales y artes, Santiago Alfaro “existen proyectos y servicios que no han logrado despegar en estos años, entre ellos, el AGN (cercado por mafias)”.

El pasado 17 de junio el Ministerio de Cultura publicó la Alerta Virtual N°084-2019 describiendo la pérdida de un histórico e invalorable documento de la Comandancia General de la Marina, donde Miguel Grau firma un manuscrito de  fecha 16 enero 1878 con instrucciones para la gobernación de las guaneras del sur, además hay otros manuscritos sustraídos de nuestro máximo héroe, según informe de Ojo Público en enero pasado la dirección del AGN reveló la desaparición de 48 folios rotulados “Miguel Grau, 22 noviembre 1877 al 10 noviembre 1887” quedando solo la hoja de información general y datos técnicos de procesos archivísticos por épocas. Recordemos que en noviembre 2018 se detectó la pérdida de otro importante manuscrito del Libertador José de San Martín de fecha 13 octubre 1821.

Las dos sedes más importantes del AGN son el Ex Correo (archivo Colonial y Republicano) donde sucedieron estás pérdidas, y es vulnerable contra inundaciones e incendios por encontrarse en un pasaje cerca de dos restaurantes y una pollería con chimenea (si ocurriera un incendio sería muy dificultoso combatirlo por falta de agua e inaccesibilidad para bomberos), la otra sede en el sótano del Palacio de Justicia (archivos públicos notariales y judiciales) tiene peligro de desalojo, y por último existe la pretensión del Ministerio de Cultura de trasladar el AGN a Huamanga, Ayacucho, lo cual es cuestionado por historiadores y archiveros.

Bajo este panorama estamos a dos años del Bicentenario y corresponde al Estado acciones integrales para proteger la memoria de la Nación como la construcción de un local del AGN en lugar adecuado y previsto de sistemas y equipos de conservación, digitalización de fondos documentales, archivo, control, custodia y seguridad para esta entidad depositaria de nuestro histórico patrimonio documental indispensable para instituir nación y ciudadanía.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de julio de 2019


IMPORTACIÓN DE GAS BOLIVIANO: UN DESPROPÓSITO



Tal como fuera un despropósito que el gobierno pretendiera importar quinua de España siendo nuestro país el mayor exportador mundial, otro despropósito es que ahora se pretenda, sobre la base de un acuerdo suscrito el 25 de junio entre los mandatarios de Perú y Bolivia, importar gas natural de Bolivia a través de gasoducto virtual (camiones) para la zona sur, principalmente Puno, a pesar que solo nuestro lote 88 (con reservas para 35 años) podría abastecer toda nuestra demanda, además, el gas boliviano competiría con el nuestro desincentivando su exploración y explotación. Ya nuestras dos plantas de generación eléctrica más grandes (Engie en Ilo y Kallpa en Mollendo) tienen acuerdo con Bolivia para importarlo. Lo contraproducente es que tenemos mayores reservas (Perú 12.9 trillones de pies cúbicos –TCF– y Bolivia 10.7) pero Bolivia produce más (2,000 millones de pies cúbicos diarios) y nuestro país 1,250, por mala gestión y falta de estrategia e inversión.

El acuerdo también pretende interconectar el gasoducto de Bolivia con el gasoducto sur peruano para que nuestra macrorregión sur pueda recibir gas boliviano o gas de Camisea, sin embargo no se ha analizado su financiamiento ni viabilidad, además nuestro gasoducto está paralizado desde 2017. Otro punto señala que excedentes de gas licuado boliviano puedan ser exportados vía marítima desde Ilo, en este caso, el gobierno boliviano ha hecho pública su intención de construir un gasoducto entre La Paz e Ilo pero su concreción es muy difícil y no ha especificado plazos ni financiamiento (según Semana Económica superaría US$ 4,000 millones). 

Bajo este panorama, 62% de peruanos están en contra de importar gas boliviano. El actual acercamiento diplomático público de Bolivia al Perú se debe a que busca exportar su gas al mercado asiático ya que este elemento que representa 30% de sus exportaciones tiene en cercano plazo enormes riesgos políticos y económicos porque sus principales destinos exportables, Brasil (contrato desde 1999, termina este año) y Argentina (desde 2005, termina en 2026) se encuentran cerca de su autosuficiencia gasífera poniendo en jaque el principal activo boliviano. Nuestro país por falta de gestión, proyectos e inversiones no ha alcanzado su autosuficiencia (son nulos los descubrimientos), requerimos incentivar y aumentar inversiones para su exploración y explotación y atraer inversión extranjera y privada, objetivos que deben estar plasmados en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos actualmente en proceso de predictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de 2019


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