NUEVA ESTRATEGIA “VRAEM 2021”: MÁS DE LO MISMO

Hace más de 11 años una estratégica integral “Una opción de Paz y Desarrollo en Seguridad” fue declarada de necesidad pública y preferente interés nacional (DS-003-2007-DE) para promover en el Valle de los ríos Apurímac. Ene y Mantaro (Vraem)  su desarrollo, elevar su situación socioeconómica y mejorar la calidad de vida poblacional con presencia e intervención del Estado, constituyéndose un grupo de trabajo multisectorial conformado por 10 ministerios y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), pero 5 años después, sin resultado alguno, esta estrategia fue derogada siendo reemplazada por otra que con los mismos considerandos declara nuevamente prioridad nacional el desarrollo social, económico y pacificación del Vraem creándose otra comisión multisectorial permanente para su pacificación (DS-074-2012-PCM), además, en junio 2013 se aprobó un programa 2013-2016 de intervención multisectorial del gobierno en el Vraem (DS-077-2013-PCM) para mejorar la calidad de vida e inclusión social y en junio 2017 se aprobó la Estrategia Nacional 2017-2021 para atención integral de drogas, con especial atención al Vraem (DS-061-2017-PCM).

Además de tantas estrategias, el pasado 12 octubre se aprobó otro nuevo plan multisectorial de desarrollo “Estrategia Vraem 2021” (DS-102-2018-PCM) con similares considerandos a las anteriores estrategias que enfatizan en el marco teórico el desarrollo social y económico sostenibles de los pobladores del Vraem y sus comunidades. Según Rubén Vargas, presidente de Devida, el actual plan tiene hoja de ruta y Devida ya se encuentra en el Vraem porque va a instalar una oficina en Pichari, sin embargo, al igual que las anteriores estrategias, no contempla erradicación o reducción de cultivos, bajo este concepto esta estrategia representa más de lo mismo.  

Bajo este panorama, mientras en el Vraem no se elabore una estrategia que en forma simultanea vaya realizando por zonas un balance de desarrollo social y reducción de cultivos, continuará nuestro principal problema del permanente incremento de plantaciones de coca (más de 20,000 hectáreas) con un rendimiento de 100 mil plantas por hectárea (promedio otras zonas 30,000), las que se convierten en 73,000 toneladas de hoja seca (70% del total nacional), principal insumo para elaboración de cocaína que es derivada íntegramente al narcotráfico, el que extraoficialmente produce en el Vraem 300 toneladas anuales de 400 a nivel nacional (desde hace 10 años no tenemos cifras oficiales). En los últimos años se han gastado más de S/.8 millones sin lograrse el desarrollo social ni reducir el espacio cocalero.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de noviembre de 2018

ESTRATEGIA CONTRA LAS DROGAS NO ESTÁ FUNCIONANDO

El pasado 3 de julio Carmen Masías dejó el cargo de presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) siendo nombrado Rubén Vargas (RS 140-2018-PCM). Masías fue jefa de Devida durante el gobierno de Humala y en el actual gobierno elaboró la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021 que incluye todas las zonas cocaleras (164 distritos en 13 regiones) y proyecta el desarrollo alternativo integral y sostenible para reducir la dependencia del cultivo de coca, la reducción de oferta de drogas disminuyendo cultivos ilegales, controlando insumos químicos, y aplicando la responsabilidad compartida a nivel internacional. Lamentablemente, estos enormes retos teóricos no han logrado plasmarse en resultados positivos que demostrar durante los dos años transcurridos.

Pero lo más grave de esta lucha se sitúa en el Vraem porque produce anualmente 74,000 toneladas de hoja de coca seca (de 110,000 a nivel nacional) que es el principal insumo para producir cocaína y es derivado totalmente al narcotráfico. Hace 12 años se vienen ejecutando diferentes acciones sin ningún resultado. En 2006 se aprobó  un esquema de intervención “una opción de paz y desarrollo en seguridad”; en 2012 se declaró prioridad nacional su desarrollo económico-social y pacificación creándose la comisión multisectorial Codevraem; en 2013 se aprobó el  “programa de intervención multisectorial” (invirtiéndose S/ 5 millones); en 2014 se creó el “proyecto especial de desarrollo” Provraem (invirtiéndose entre 2015-2017 S/ 32 millones); en 2017 se aprobó la Estrategia Nacional 2017-2021 que también incluye especial atención al Vraem, estas acciones no han podido revertir la realidad socioeconómica ni la reducción de cultivos ilegales ni la producción de cocaína en dicho valle.

Bajo este panorama, el pasado 12 octubre se aprobó otro nuevo plan multisectorial para su desarrollo “Estrategia Vraem 2021” (DS-102-2018-PCM) considerando a Devida como ente rector. Según Rubén Vargas en dicho valle se ha invertido de manera desarticulada y poco productiva y esta nueva estrategia pretende atender temas que han sido desatendidos o poco atendidos en pobreza y exclusión, sin embargo, se trata de conceptos similares a los proyectados en todas las anteriores estrategias y programas que también incidían en el desarrollo y paz social del Vraem. Esperamos que esta nueva estrategia no sea más de lo mismo ya que no contempla erradicación o reducción de cultivos ilícitos, factor que incide directamente en el incremento de la producción de cocaína y del narcotráfico.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de noviembre de 2018

¿POR QUÉ NO AVANZAMOS EN COMPETITIVIDAD?

El pasado día 16 el World Economic Forum (WEF) publicó en Ginebra-Suiza el Informe de Competitividad Global 2018 el cual mide la competitividad de 140 economías (90% del PBI mundial) a través de 98 indicadores y 12 pilares consideradores impulsores de la productividad, en dicho informe hemos retrocedido dos ubicaciones respecto a 2017 ocupando el puesto 63° a nivel mundial y 6º en Latinoamérica, detrás de Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Colombia.

Pero aparte del puesto que hace muchos años no mejoramos, es muy preocupante los últimos lugares que ocupamos a nivel mundial en indicadores claves que afectan nuestra competitividad (inseguridad, instituciones, infraestructura, educación, trabajo e innovación), entre ellos: fiabilidad de servicios de la Policía (puesto 136º de 140 países), crimen organizado (129º), regulación gubernamental (128º), políticas laborales activas (126°), alcance de formación del personal (124º), protección de propiedad intelectual (121º), independencia judicial (115º), orientación futura del gobierno (109º); calidad de carreteras (108º); pensamiento crítico de la enseñanza (108°), inversión en I+D (106°).

No avanzamos en competitividad porque nuestros gobernantes, políticos y empresarios no avizoran la indispensabilidad que ésta representa para incrementar el nivel de productividad de recursos humanos y físicos (capacidad de competencia en mercados de bienes y servicios) lo cual es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza e informalidad. Hace 16 años tenemos un Consejo Nacional de Competitividad (actualmente paralizado), desde 2005 un Plan Nacional, y desde 2012 dos Agendas 2012-2013 (60 metas) y 2014-2018-Rumbo al Bicentenario (65 metas), pero poco o nada se ha logrado, no se ha cumplido el objetivo de aumentar el empleo formal y bienestar ni las metas de incrementar la productividad de los trabajadores, disminuir la informalidad laboral ni reducir los costos logísticos de los valores de los productos.

Ahora el MEF informa que se establecerán tres nuevos planes de competitividad (infraestructura, capital humano y productividad), el primero estaría listo hacia julio 2019 y los dos restantes sin fecha, sin embargo ya tenemos suficiente documentación, planes, agendas y diagnósticos, requiriéndose, por el contrario, urgentes e inmediatas reformas estructurales y acciones para fortalecer nuestras instituciones, invertir en formación de capital humano y en ciencia, tecnología e innovación, mejorar la calidad educativa, generar trabajo formal y priorizar proyectos de infraestructura y logística. Mientras no avancemos en competitividad dificilmente lograremos crecer sostenidamente ni generar empleo digno, impidiendo mejorar nuestra calidad de vida y la prosperidad del país.

MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA

Esta vorágine de corrupción e impunidad que vive nuestro país, además de la agresividad en el trato político entre el Ejecutivo y Legislativo y la fuga de un ex juez supremo corrupto en las narices de la Policía, nos desvían la atención de importantes temas sociales como la pobreza que refleja la situación general y estructural del país en materia de oportunidades y bienestar. El pasado 20 de setiembre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford presentaron el Índice de Pobreza Multidimensional-2018 (IPM), evaluando 104 países en relación a carencias en pobreza, salud, educación y nivel de vida, identificando la pobreza extrema cuando las personas tienen un tercio de 10 indicadores en evaluación (nutrición, mortalidad infantil, años de escolarización, asistencia escolar, combustible para cocinar, saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda y activos).

Este IPM registra para Perú 3.95 millones de personas en condición de pobreza multidimensional (12.46% de población total)  siendo las mayores causas, salud (19.55%), educación (24.08%) y condiciones de vida (56.37%) por falta de acceso a saneamiento, agua potable, electricidad y vivienda. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) este índice representa más de 3 veces la pobreza monetaria extrema del país, siendo 10 veces mayor en zonas rurales (32.7%) que en urbanas (3.4%).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) determina nuestra incidencia de pobreza midiendo la “línea de pobreza monetaria” mediante el valor de una canasta mensual mínima de S/.338 por persona (S/.11.27 diarios) para alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, transporte, enseres y otros, si cuenta con dicha cantidad de dinero no es pobre, y para la pobreza extrema, mediante una canasta de S/.183 (S/.6.1 diarios) para subsistir con mínimas necesidades nutricionales, si cuenta con dicha cantidad no es pobre extremo. Según esta medición monetaria casi 7 millones de peruanos subsisten gastando menos de S/.338 mensuales, de los cuales 1.2 millones son pobres extremos, muy por debajo del IPM-2018 que registra 3.95 millones.

Bajo este panorama nuestra actual medición monetaria debería ser reemplazada por no reflejar cifras reales de pobreza ya que no mide índices de desarrollo humano ni oportunidades humanas, como  la desnutrición crónica infantil ni cobertura de acceso y calidad de servicios básicos, lo cual induce a errores en elaboración y desarrollo de políticas y programas sociales y estrategias focalizadas para reducir la pobreza, especialmente la pobreza extrema y en el ámbito rural.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXXPRESO, fecha 20 de octubre de 2018

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ: DRAMÁTICA SITUACIÓN

El manejo de residuos sólidos en nuestro país es realmente dramático, ha tomado dimensiones sociales y ambientales que impactan negativamente en la biodiversidad afectando la calidad de vida, el bienestar y la salud de la población, sin embargo es un tema relegado y mínimamente tratado, en las recientes elecciones municipales y regionales ningún candidato presentó alternativas de solución ni se ha tratado de debatir sobre reciclaje.

Producimos anualmente a nivel nacional 7 millones de toneladas (19 mil diarias) pero casi 4 millones van a 1,400 botaderos de basura altamente contaminantes, a calles, terrenos baldíos, ríos o al mar por una clamorosa falta de rellenos sanitarios, a nivel nacional solo tenemos 34 y requerimos más de 600, no existen plantas de tratamiento para restos orgánicos ni un plan integral de reciclado (solo reciclamos 10%), además, en muchas provincias y distritos el recojo de desechos es completamente deficiente por falta de presupuesto por falta de pago de arbitrios (entre 30% y 60%)

El caso de Lima es muy grave, presenta una huella ecológica altísima respecto a parámetros ecológicamente permisibles, se generan 8,200 toneladas diarias y tenemos solo 4 rellenos sanitarios, cada habitante capitalino genera diariamente en promedio alrededor de un kilogramo de residuos sólidos municipales (restos domiciliarios) y no municipales (desmonte, maleza etc.), para el Banco Mundial, al 2025 esta cifra se incrementaría hasta 1.42 kilogramos, además, el reciclado es mínimo registrando solo un 4%.

Bajo este panorama, el último informe de ONU Medio Ambiente presentado el pasado día 9 en Buenos Aires, Argentina, pronostica un aumento de residuos en la región de 25% al 2050 e insta a los gobiernos a considerar la gestión de los residuos como prioridad política. Nuestro país cuenta desde hace 18 años con la Ley General de Residuos Sólidos (27314), la cual fue derogada en diciembre 2017 al reglamentarse la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DS-014-2017-Minam), además tenemos un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024, sin embargo, para resolver este complejo asunto a nivel nacional y alcanzar un adecuado manejo, tal como hace 9 años lo advirtió el Ministerio del Ambiente, debemos construir 688 rellenos sanitarios (actualmente solo tenemos 34) así como 1,216 micro-rellenos sanitarios, además se debe incrementar los presupuestos, mejorar el reciclaje, capacitar a las regiones y municipalidades en gestión operativa, gerencial y financiera y sensibilizar y educar a la población sobre manejo de residuos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de octubre de 2018