MOTÍN DEBELADO EN EL FRONTÓN: LA SOMBRA DE LA VENGANZA

Parece que ya no recordamos el demencial y criminal terrorismo de Sendero Luminoso (SL) que enfrentamos entre 1980 y 1992 cuya finalidad era destruir el Estado Peruano declarándole la “guerra popular”. Dentro de sus demenciales acciones, el 17 mayo 1986 los terroristas presos se amotinaron en un plan concertado y simultaneo en los penales San Juan Bautista (Isla El Frontón), Miguel Castro Castro (Canto Grande) y Santa Mónica (Chorrillos) tomando de rehenes a agentes penitenciarios y efectivos de la Guardia Republicana apoderándose de sus armas. En ese entonces Lima y Callao se encontraba en Estado de Emergencia (DS 012-86-IN) y los penales declarados “zona militar restringida” (DS 006-86-JUS).

El debelar el motín en El Frontón fue encomendado a la Marina con aprobación del Consejo de Ministros y ratificación del entonces presidente Alan García, aunque antes el gobierno intentó negociar un acuerdo con los terroristas, éstos no aceptaron, realizándose el operativo que duró 2 días (18 y 19 junio) en una acción de combate entre los comandos de la Marina, haciendo uso legítimo de la fuerza que confiere la Constitución al Estado contra los terroristas amotinados más radicales de SL armados con fusiles, bombas Molotov y quesos rusos, en zonas liberadas, con trincheras y casamatas (pabellón azul y Chaparral), finalmente en el debelamiento murieron 117 terroristas y por parte de la Marina 3 comandos y decenas de heridos graves.

Bajo este panorama los comandos fueron juzgados por la Justicia Militar declarándose su sobreseimiento (20 julio 1989) e igualmente, el Poder Judicial declaró el caso prescrito (10 mayo 2007), además, la Corte IDH nunca lo calificó como delito de “lesa humanidad” (contra la humanidad), pero la sombra de venganza de las ONG izquierdistas (IDL, CNDDHH, APDDHH) siguió actuando a nivel nacional e internacional contra las FF AA por haber derrotado al terrorismo, e influenciando en el Tribunal Constitucional (TC) lograron un cambio de sentencia dictada (14 junio 2013) que había fallado que la acción de armas no es calificada de lesa humanidad prescribiéndola, por una segunda sentencia (3 marzo 2017) dictada por 4 nuevos magistrados argumentando “error material en una firma de la primera sentencia”, fallando exactamente lo contrario, delito de lesa humanidad que no prescribe, buscando después de 30 años continuar con la persecución de los marinos contraviniendo el principio de cosa juzgada y poniendo en riesgo el ordenamiento jurídico nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de marzo de 2017

LAVADO DE ACTIVOS: INCLUIDOS EN LISTA NEGRA

El pasado día 2 el Departamento de Estado de EE UU difundió el Reporte Internacional Estrategia de Control de Narcóticos 2016 en cuyo Volumen II (Lavado de Dinero y Crímenes Financieros) el Perú es incluido por primera vez en la “lista negra” como país donde se blanquea dinero, junto con 14 países de la región y 70 en el resto del mundo, debido a que organizaciones criminales usan el sistema financiero nacional para transferir fondos de transacciones derivadas del narcotráfico internacional (42%), comercio de oro ilegal (34%), contrabando, tráfico de madera y corrupción gubernamental, pese a ello, nuestro sistema para combatir este delito presenta debilidades (prevención, control, seguimiento, capacitación), además, la Fiscalía demuestra poca drasticidad para penalizarlo (solo 12 condenas ejecutadas).

El lavado de activos mueve en Perú ingente cantidad de dinero ilícito, que es blanqueado en compras de inmuebles, transferencias de bienes y dinero, remesas al exterior, creación de empresas de fachada para simular operaciones financieras, cambio de divisas, y “pitufeo” (testaferros con pequeños depósitos e inversiones), etc. Desde hace años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) nos viene advirtiendo sobre el creciente lavado de activos en nuestro país que llega hasta US$ 7,000 millones anuales (1.9 % del PBI), ocasionando distorsiones en la economía y riesgo a la gobernabilidad por sus infiltraciones en instituciones del Estado. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) casi se han quintuplicado desde 2011 (2,200 ROS) hasta 2016 (9,500 ROS).

Bajo este panorama el hecho de haber sido incluidos en la “lista negra” de principales países donde se blanquea dinero, implica un incremento de riesgo país, afectación de líneas de crédito y de transacciones financieras. Aunque el gobierno ha avanzado en la lucha contra el lavado de activos en que UIF acceda al secreto bancario y tributario mediante solicitud al Poder Judicial (DL 1249 fecha 26 noviembre 2016), sin embargo retrocedemos por uso de un Plan Nacional desactualizado de la anterior gestión (aprobado en julio 2011). El gobierno debe elaborar un nuevo Plan Nacional para establecer una política de Estado, pero para hacerlo, según recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la UIF debe culminar el Estudio de Evaluación de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Activos iniciado hace más de un año, en enero 2016.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de marzo de 2017




USO DE SOFTWARE ILEGAL EN NUESTRO PAÍS

Según BSA | The Software Alliance (organización defensora de la industria del software mundial), en el Perú se usa a ritmo alarmante software sin licencia (el software como programas de aplicación, instrucciones y reglas informáticas administra los recursos de la computadora y permite su funcionamiento). Los estudios concluyen que 63% del software instalado en nuestro país es ilegal (6 a 7 computadoras entre 10), lo que representa una altísima tasa de piratería (8 puntos porcentuales superior a la tasa regional y 23 a la mundial) equivalente a un mercado de US$ 210 millones anuales de valor comercial de consumo ilegal (pérdidas a la industria) que afectan la recaudación fiscal y generación de empleos. El año 2015 BSA alertó a más de 300 empresas peruanas (rubros manufactura, ventas, distribución y servicios) acerca de situaciones irregulares en sus programas de software, y en los últimos 3 años se reportó a esta organización 1,400 casos de su uso ilegal en Perú.

El empleo de software sin licencia genera riesgos de seguridad debido al malware (pérdida de datos y ciberataques) principalmente a empresas, industrias bancarias, de seguros y usuarios de computadoras, ocasionando problemas legales, económicos, técnicos y financieros. Según Microsoft el Perú es el segundo país más vulnerable por ciberataques en América Latina, solo superado por Brasil. Inclusive existen comercios y galerías en el centro de Lima donde ensamblan software ilegal y ofrecen programas pirateados de Microsoft Office, los videojuegos más demandados y hasta ventas de bases de datos y programas para hackear WhatsApp.

Bajo este panorama el uso de software ilegal atenta contra los derechos de propiedad intelectual siendo un delito tipificado en nuestro país, de acuerdo al código penal los comercializadores de software ilegal pueden recibir hasta 8 años de prisión y en el caso de empresas que lo usen multas de hasta 180 UIT (S/. 729,000), sin embargo, en nuestro país el uso ilegal de software y de piratería en general crece vertiginosamente, pero se trata de un tema social de poco interés en la propiedad intelectual por no existir voluntad política y por falta de promoción de cultura de legalidad (delito socialmente aceptado), y a pesar de su gravedad, hasta la fecha no se ha impuesto por este delito una sola pena privativa de la libertad, lo cual representa mala señal para el mercado formal e incremento de informalidad tecnológica.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 4 de marzo de 2017


PREOCUPANTE SITUACIÓN PETROLERA EN NUESTRO PAÍS

Nuestra producción petrolera decayó desde 196 mil barriles de petróleo por día (196 mbd) en 1980, a 100 mbd a fines de los 90 y hasta 40 mbd el 2016, producción que no representa ni 40% de la meta del Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Energía y Minas 2014-2025 (103 mbd al 2016). Nuestra demanda interna aumentó de 146 mbd (en 1997) hasta casi 250 mbd actualmente, obligándonos a importar más de 200 mbd a Ecuador y Nigeria, entre otros países. La reducida inversión en exploración, situación que no fue debidamente prevista por los últimos gobiernos, ha sido recortada por las compañías debido a los bajos precios del petróleo, ocasionando mínima explotación y limitada producción.

Las inversiones de US$ 1,480 millones el 2008 se redujeron a US$ 350 millones el 2016, hace 10 años teníamos 108 contratos (84 vigentes y 24 suscritos) y actualmente solo 51 vigentes y ningún suscrito, de 186 perforaciones de pozos (7 exploratorios) pasamos actualmente a solo 44 en desarrollo (ningún exploratorio). Los ingresos para el Estado entre 2013 y 2016 cayeron de US$ 2,020 millones a US$ 663 millones y para distribución del canon petrolero se redujeron de US$ 3,030 millones a US$ 1,280 millones.

El Oleoducto Nor Peruano se encuentra desde hace un año fuera de servicio por roturas de tubos debido a su mal mantenimiento ocasionando 60 derrames los últimos 15 años agravando aún más el problema porque la producción del lote 192 en Andoas, Loreto, se encuentra paralizada (última producción 4 mbd), y también el lote 67 (2 mpd). Por su parte, Petroperú, en mala situación y en reorganización desde diciembre pasado cerró el 2016 con menor rentabilidad financiera y en ventas. Y por último, la realidad de las cifras del sector cuestiona la rentabilidad de la modernización de la Refinería de Talara (inversión de US$ 4,800 millones), pero según el presidente de Petroperú, seguirá “si o si” porque ya está muy avanzada.

Bajo este panorama nuestra cruda realidad petrolera confirma lo que en octubre pasado manifestó el ministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo: “peor no puede estar”, y hasta informó la creación de un viceministerio de Hidrocarburos que aún no se concreta. La actual situación obliga a promover competitivamente inversiones para exploración y explotación de nuestro gran potencial petrolero de 1.4 mil millones de barriles de reservas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de febrero de 2017

GOBIERNO CAE EN APROBACIÓN POR ERRORES EN GESTIÓN

Los resultados de las encuestas nacionales (urbano rural) de Ipsos registran que desde setiembre pasado la aprobación del presidente Kuczynski ha caído súbitamente 20 puntos (de 63% a 43%) aumentando su rechazo en 28 puntos (de 17% a 45%) lo que indica apoyo minoritario (mayor rechazo que aprobación), aun así, el presidente afirmó que no le preocupan las encuestas, sin embargo, el primer ministro Zavala, también con caída de aprobación de 16 puntos (de 44% a 28%) y aumento en su rechazo hasta 44%, ha manifestado lo contrario, que él si toma en cuenta dichas encuestas para adoptar mejores acciones, reconociendo además que el Gobierno ha cometido “algunos errores de gestión” pero sin mencionar cuales. Ayudemos al primer ministro a descifrar los motivos que ocasionan dichos errores cuando el gobierno recién cumple 7 meses de gestión, entre otros: partido político con estructura débil, desarticulado, sin cohesión, pugnas internas y falta de operadores políticos; limitada visión política y orientación respecto a los grandes retos pendientes y complejidades del país; extraña forma de comunicarse; constantes idas y vueltas verbales del presidente, mensajes dobles y discursos contradictorios.
                                                  
Asimismo, solo por mencionar algunos casos que el gobierno prometió accionarlos de forma prioritaria: en temas de seguridad ciudadana, carencia de rumbo, especialmente en sistemas de inteligencia e investigación vinculados a seguridad y crimen organizado; falta de operadores de gestión de conflictos y crisis sociales; frágil fiscalización ambiental en zonas de conflicto minero o de recursos hídricos; atención calamitosa en hospitales públicos, no se han ampliado los horarios de atención por falta de recursos; en educación, no se avanza en capacitación docente, infraestructura e institutos de excelencia; acciones muy tímidas contra la informalidad; e increíblemente se está combatiendo un narcotráfico en aumento sin contarse con una estrategia nacional oficial.

Bajo este panorama, la gestión del gobierno debe ser moderna y eficiente como condición indispensable para avanzar en reformar el Estado, modernizar la administración pública, desarrollar la institucionalidad, reducir el centralismo y lograr la capacidad de garantizar el desarrollo económico y social del país, lo cual implica adecuar las estructuras del aparato público y traducirlas en eficaces políticas públicas que cubran las demandas sociales de la ciudadanía (servicios públicos de calidad) así como mayor eficiencia en empleo de los recursos públicos en inversiones productivas y transparentes, para el logro de un crecimiento sostenido y el desarrollo integral nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de febrero de 2017



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