PROINVERSIÓN: MALA GESTIÓN E INCAPACIDAD OPERATIVA


El 31 de mayo pasado el PCM aprobó la reorganización de ProInversión buscando fortalecer su estructura orgánica para el cumplimiento de sus funciones. Esta reorganización que durará un año es realmente extraña ya que en febrero 2017 y abril 2018 los ministros de esa época, de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y de Economía, David Tuesta, declararon que en esta institución ya se había realizado una profunda reorganización.   

Proinversión, entidad del Estado que promueve las inversiones privadas incorporándolas en obras y servicios públicos, está pasando muchas complicaciones, su gestión es poco satisfactoria, no atrae grandes inversionistas, con proyectos mal formulados y adjudicaciones erráticas. En 2017 solo adjudicó 12 proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) por S/.925 millones, en 2018, 8 proyectos por S/.3,087 millones, y en 2019 se redujo a 4 proyectos por S/.414 millones, para el período 2020-junio 2021 tiene una cartera de 23 proyectos con una inversión de S/:18,350 millones (US$5,349 millones), lo cual sería imposible de alcanzar.

Tenemos ejemplos de mala gestión e incapacidad operativa: 1).Hidrovía Amazónica, proyecto lanzado por Proinversión hace 10 años no habiéndose iniciado ningún trabajo físico porque el adjudicado Consorcio Cohidro no puede responder 400 observaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 2).Proyecto Majes-Siguas II, cuya adjudicación la otorgó Proinversión en setiembre 2010 al Consorcio Angosturas-Siguas pero en 10 años transcurridos se encuentra paralizado. 3).Proyecto PTAR Titicaca para tratamiento de aguas residuales Proinversión lo evaluó desde mayo 2014 y a pesar de su importancia y urgencia recién fue adjudicado en abril 2019 al cuestionado Consorcio mexicano Fypasa Construcciones y hasta la fecha no se inician los trabajos.4). Gasoducto del Sur, en junio 2014 Proinversión, descalificando al segundo grupo postor, adjudico la obra valorizada en US$7,000 millones y por 34 años al Consorcio conformado por Odebrecht, Graña  Montero y Enegás, firmando el contrato Ollanta Humala, pero años después, en febrero 2017, se rescindió el mismo por incumplimiento de cierre financiero, en junio 2019 se conoció sobre presuntos pagos ilícitos de Odebrecht para obtener dicha licitación, finalmente en agosto 2018 el consorcio demandó al Perú ante el Ciadi por 490 millones de Euros por habérsele retirado la concesión del proyecto.

Bajo este panorama se requiere que esta reorganización de Proinvesión sea la más adecuada para que esta institución inicie una nueva etapa, con funcionarios responsables, procesos claros y transparentes, mejor planificación previa de proyectos para evitar cambios y postergaciones, así como mejor control y seguimiento de las inversiones.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de junio de 2020





NARCOTRÁFICO EN EL PERÚ EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS


Por la pandemia del coronavirus en zonas con mayor cantidad de cultivos de coca (Pichis, Palcazú, Pachitea, San Gabán y el Vraem), por exceso de producción y restricciones para trasladar drogas, el precio de hoja de coca seca (principal producto para elaborar cocaína) y el precio de esta droga habrían bajado, según cálculos entre 30% y 50%, sin embargo, los narcotraficantes consideran aún muy rentable este vil negocio y no han reducido su producción y tráfico, más bien, por operaciones detectadas, habrían aumentado considerablemente.
  
En el puerto del Callao, el 6 de abril se encontraron 21 kilos de cocaína dentro de un contenedor, y solo hace 3 días incautaron 172 kilos de cocaína del buque Valparaíso Express (con bandera alemana) ¿Cuánta droga podría haber salido vía marítima durante la emergencia sanitaria? considerando que el puerto siguió operando y movilizó 3,000,000 TM de carga contenerizada (285,000 TEU) pasando solo 2% control aduanero, también, el 7 de abril, en el puerto de Rotterdam, fueron descubiertos en un contenedor del buque Cristina Star (con bandera liberiana) que zarpó del puerto de Paita 1,000 kilos de cocaína en 20 costales, además, en la región Loreto, frontera con Brasil, en operación bilateral policial conjunta el 20 de mayo fue intervenida una avioneta en una pista de aterrizaje clandestina cargando 420 kg de cocaína para transportarla a Brasil.   
   
Los narcotraficantes están trasladando la sobreproducción de cocaína del Vraem hasta la región Ucayali, convertida en zona estratégica y corredor de drogas por vía aérea y fluvial (región también convertida en nuevo foco de contagio del covid-19 con más de 3,000 casos y 100 decesos). En esta región el 29 de marzo se incautaron 310 kilos de cocaína en Masisea que iba a ser transportada a Bolivia y entre el 6 y 24 de abril 120 kilos más, en estas operaciones se detuvieron 20 narcotraficantes y solo en el período de pandemia (marzo-mayo) fueron destruidas varias pistas de aterrizaje clandestinas al oeste de dicha región (en Pichis, Pachitea y Palcazu). 

Bajo este panorama, el gobierno debería evitar que desde las regiones de la Amazonía fronterizas con Bolivia, Brasil y Colombia (regiones de Puno, Madre de Dios y triple frontera con Brasil y Colombia) siga aumentado el tráfico de droga incentivado por el mayor consumo de cocaína en Brasil, Argentina y Chile, y desde donde se estaría traficando la droga a otros países de Europa, África y Asia.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de mayo de 2020


NUESTRA DECADENTE PRODUCCIÓN PETROLERA


En medio de la pandemia del coronavirus, en marzo pasado, se generó en el mercado petrolero mundial una pugna por una guerra de precios sin precedentes entre Arabia Saudita y Rusia perdiendo la cotización del precio del crudo hasta la cuarta parte de su valor ocasionando inestabilidad en los mercados energéticos y turbulencias económicas a escala global. En nuestro país, la producción petrolera ha caído desde marzo pasado de 60,000 barriles de petróleo diarios (bpd) hasta actualmente a 30,300 bpd, pero este drástico descenso no solo es por la caída del precio del crudo o por el impacto del covid-19 sino por bajo nivel de exploración y explotación y cierres de operaciones y del oleoducto norperuano. La selva es la más afectada, no están operando los lotes 8, 67, 95 y 192, además, 15 lotes se declararon en fuerza mayor, también están afectadas las regalías disminuyendo hasta 78.8% y la distribución del canon, especialmente en Loreto y Ucayali disminuyendo hasta 68.8%.

Nuestra producción petrolera está siendo afectada principalmente porque desde hace más de 30 años no se han tomado suficientes acciones para desarrollar la exploración y explotación ni para atraer nuevas inversiones, inclusive el gobierno ha buscado importar más petróleo y gas para cubrir la demanda futura en lugar de poner en valor nuestro enorme potencial de recursos. La producción petrolera decayó desde 196,000 bpd en 1980, a 100,000 bpd a fines de los 90 y hasta 4,000 bpd el 2016, producción que no representa ni 40% de la meta del Plan Estratégico Nacional 2014-2025 (103,000 bpd al 2016). La demanda interna de 250,000 bpd para el parque automotor e industria nos obliga a importar más de 200,000 bpd a Ecuador, Nigeria y otros países como Brasil y EE.UU, y nuestra balanza comercial de hidrocarburos cerró el año 2019 con un déficit que bordea US$ 2,900 millones.

Bajo este panorama la reducida inversión en exploración, situación que no fue debidamente prevista por los últimos gobiernos, ha generado mínima explotación y limitada producción. Ni siquiera tenemos un marco normativo predecible y estable que aliente la reactivación del sector, increíblemente la ley vigente 26221 que norma las actividades de hidrocarburos tiene una antigüedad de 27 años, y una Nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) cuyo proyecto de ley fue presentado hace 2 años para promover las inversiones, reactivar la producción y reducir las importaciones ni siquiera ha sido debatido en el Congreso.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de 2020


DESCENTRALIZACIÓN: OBJETIVO CONSTITUCIONAL INCUMPLIDO


Nuestra Constitución vigente de 1993 incluye el tema de la descentralización en el capítulo XIV (Descentralización, Regiones y Municipalidades) cuyo primer artículo 188º señala: “La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país”, recién en julio 2002 se promulgó la Ley 27783 (Bases de la Descentralización) decretando que mediante la separación de competencias y funciones y equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno se debe alcanzar el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. El Perú es uno de los países más centralistas de la región (uno de cada tres peruanos vive en Lima) lo cual interfiere en una gestión pública moderna, sin embargo ya transcurrieron 27 años y no se ha cumplido con este importante objetivo por falta de voluntad política y de liderazgo de nuestra clase dirigente.

Por el contrario, en lugar de acercar el Estado a la población para proveerla de mejores servicios con una descentralización concertada y equitativa, lo único que se hizo es cambiar de denominación a los 25 departamentos en regiones, y muchos de estos gobiernos subnacionales han demostrado limitadas capacidades en gestión, inversiones y control presupuestal, además de presentarse altísimos niveles de corrupción, en los últimos años, en las regiones se investigaron unos 400 casos de corrupción de gobernadores, y en los 1,851 municipios fueron investigadas 530 autoridades ediles, esta situación ha acentuado brechas entre las regiones en desarrollo y servicios públicos, además de una desgarradora incapacidad para enfrentar demandas mínimas contra la pandemia del coronavirus (covid-19) lo que está evidenciando altos niveles de desigualdad de recursos, desarrollo y enorme fragilidad de muchas regiones y municipalidades en servicios públicos, especialmente en salud, educación, agua potable  alcantarillado e infraestructura, limitaciones que bloquean el desarrollo de nuestro capital humano.

Bajo este panorama una de las principales acciones a tomarse al revertirse esta crisis sanitaria debe ser retomar el inconcluso y mal llevado proceso de descentralización con diferentes acciones, entre ellas, fomentar la creación de macroregiones autosostenibles reduciéndose instancias administrativas y concentrándose servicios comunes; lograr un esquema descentralizado en la gobernanza, decisiones y forma de distribuir los recursos; capacitar a los gobiernos regionales y locales para que mejoren su gestión, formulación y evaluación de proyectos, prestación de servicios y monitoreo y rendición de cuentas; articular los grandes corredores económicos de las regiones, y promover las plataformas permanentes de diálogo entre los organismos de los tres niveles de gobierno.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de mayo de 2020


INDUSTRIA FORESTAL Y REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES


El pasado día 3, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, con Decreto Supremo 080-2020-PCM se dispone la apertura de actividades, entre ellas la industria forestal maderable y no maderable (estos últimos frutos, castañas, ecoturismo, etc.) lo cual es importante por ser un sector económico no tradicional no explotado en su real dimensión. Desde hace décadas, cuando se plantean planes de desarrollo nacional, el sector forestal es considerado como uno de los principales medios de impulso de nuestra economía, recurrentemente se le denomina “motor de reactivación de la economía peruana”.

Pero ¿cuál es la situación de este importante sector? Desde hace décadas se ha desaprovechado nuestras riquezas forestales con mínimo nivel de potencial explotado, el 57% del territorio nacional es superficie boscosa y abarca 70 millones de hectáreas de bosques naturales, de los cuales hasta 30 millones de hectáreas posibilitan actividades maderables y pueden concesionarse y reforestarse, sin embargo, hace 18 años se concesionaron 10 millones de hectáreas con fallas de gestión, planificación y organización y actualmente 8 millones de éstas no funcionan o fueron abandonadas lo cual favorece la deforestación por tala ilegal (tasa anual 110,000 hectáreas) o agricultura migratoria (actualmente ocupa más de un millón de hectáreas). Increíblemente no contamos con una cifra oficial de madera extraída y comercializada ilegalmente pero Serfor calcula que 40% de madera que producimos es ilegal, otras evaluaciones estiman dicha ilegalidad entre 60% y 80%.

La industria forestal podría contribuir hasta con 5% a nuestro PBI sin embargo actualmente solo lo hace con 0.17%, además, podría generar un comercio de productos maderables y no maderables por más de US$.30,000 millones, pero actualmente exportamos solo US$ 180 millones; Chile con menos de la cuarta parte de superficie de bosques que Perú exporta anualmente US$.6,000 millones, y para colmo, nuestro mercado nacional importa su madera para mueblería, construcción, decoración y otras actividades.

Bajo este panorama, en los últimos años existen muchas propuestas para evitar la tala ilegal maderera y para mejorar la capacidad competitiva y reactivación de  la economía forestal, sin embargo, la situación del sector no mejora en nuestra Amazonía, se incrementa la tala y la minería ilegal, la agricultura migratoria y los cultivos ilícitos de coca, generando círculos viciosos de corrupción, delincuencia, pobreza y depredación del recurso forestal, además, socava el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques tropicales afectando los ecosistemas amazónicos y agravando el problema del calentamiento global

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2020

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