IMPORTACIÓN DE GAS BOLIVIANO: UN DESPROPÓSITO



Tal como fuera un despropósito que el gobierno pretendiera importar quinua de España siendo nuestro país el mayor exportador mundial, otro despropósito es que ahora se pretenda, sobre la base de un acuerdo suscrito el 25 de junio entre los mandatarios de Perú y Bolivia, importar gas natural de Bolivia a través de gasoducto virtual (camiones) para la zona sur, principalmente Puno, a pesar que solo nuestro lote 88 (con reservas para 35 años) podría abastecer toda nuestra demanda, además, el gas boliviano competiría con el nuestro desincentivando su exploración y explotación. Ya nuestras dos plantas de generación eléctrica más grandes (Engie en Ilo y Kallpa en Mollendo) tienen acuerdo con Bolivia para importarlo. Lo contraproducente es que tenemos mayores reservas (Perú 12.9 trillones de pies cúbicos –TCF– y Bolivia 10.7) pero Bolivia produce más (2,000 millones de pies cúbicos diarios) y nuestro país 1,250, por mala gestión y falta de estrategia e inversión.

El acuerdo también pretende interconectar el gasoducto de Bolivia con el gasoducto sur peruano para que nuestra macrorregión sur pueda recibir gas boliviano o gas de Camisea, sin embargo no se ha analizado su financiamiento ni viabilidad, además nuestro gasoducto está paralizado desde 2017. Otro punto señala que excedentes de gas licuado boliviano puedan ser exportados vía marítima desde Ilo, en este caso, el gobierno boliviano ha hecho pública su intención de construir un gasoducto entre La Paz e Ilo pero su concreción es muy difícil y no ha especificado plazos ni financiamiento (según Semana Económica superaría US$ 4,000 millones). 

Bajo este panorama, 62% de peruanos están en contra de importar gas boliviano. El actual acercamiento diplomático público de Bolivia al Perú se debe a que busca exportar su gas al mercado asiático ya que este elemento que representa 30% de sus exportaciones tiene en cercano plazo enormes riesgos políticos y económicos porque sus principales destinos exportables, Brasil (contrato desde 1999, termina este año) y Argentina (desde 2005, termina en 2026) se encuentran cerca de su autosuficiencia gasífera poniendo en jaque el principal activo boliviano. Nuestro país por falta de gestión, proyectos e inversiones no ha alcanzado su autosuficiencia (son nulos los descubrimientos), requerimos incentivar y aumentar inversiones para su exploración y explotación y atraer inversión extranjera y privada, objetivos que deben estar plasmados en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos actualmente en proceso de predictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de 2019


CONTUNDENTE INFORME ONU SOBRE VIOLACIÓN DE DD.HH. EN VENEZUELA


El pasado día 4, en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó un informe sobre la situación de Venezuela (período enero 2018-mayo 2019), destacando ocurrencia de patrones de violaciones contra todos los DD.HH: civiles, políticos, económicos sociales y culturales. La ACNUDH estuvo en Venezuela del 11 al 22 de marzo pasado y la Comisionada Michelle Bachelet del 19 al 21 de junio realizándose unas 700 entrevistas con Maduro, políticos, Iglesia, empresarios, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de DD.HH, diplomáticos, ex militares, agentes de seguridad y unas 200 víctimas.

Se responsabiliza al gobierno de Maduro de “cometer numerosas violaciones a los derechos humanos”, al derecho de alimentación por escasez y precios inaccesibles, el salario mínimo US$ 7 cubre 4.7% de la canasta básica (desde 2017 la hiperinflación se incrementó en 1.300.000%), la asistencia alimentaria es mayormente para partidarios del gobierno (la FAO reportó 3.7 millones de desnutridos). En salud, atención deteriorada, éxodo de personal médico, carencia de medicina básica (entre noviembre 2018-febrero 2019 murieron 1,557 pacientes por falta de insumos hospitalarios).

La violación de derechos políticos está incrementándose, el gobierno impone hegemonía comunicacional restringiendo medios independientes, se acelera  desmantelamiento de instituciones democráticas, consideran a oposición política “traidores, agentes desestabilizadores”. Entre 2017-mayo 2019 se realizaron 32,000 manifestaciones contra el gobierno. Entre 2014-2019 fueron detenidas 15,000 personas por razones políticas, y entre enero 2018-mayo 2019, en operaciones violentas de seguridad resultaron 10,000 muertos, cientos de personas privadas arbitrariamente de libertad fueron sometidos por el servicio bolivariano de inteligencia nacional (Sebin) y dirección general de contrainteligencia militar (Dgcim) a formas de tortura o trato o pena cruel, inhumada o degradante. Sobre migración venezolana, entre 2018-junio 2019 aumentó hasta 4 millones por violaciones de derechos alimentarios y salud, violencia, inseguridad, colapso de servicios básicos y  deterioro educativo.

Bajo este tétrico panorama, mientras el dictador Maduro responde furiosamente este informe manifestando que en Venezuela “no hay presos políticos” y que realizarán una marcha de disconformidad, organizaciones internacionales piden a ONU elevar dicho informe a la Corte Penal Internacional. En esta situación, nuestro país ha convocado para el próximo 6 de agosto una reunión en Lima para discutir sobre la crisis política venezolana donde han sido invitados países considerados aliados de este país, tales como, China, Rusia, Cuba, Bolivia y Turquía, además de la invitación a otras doce naciones.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de julio de 2019


DEFICIENTE GESTIÓN PÚBLICA PRESUPUESTAL


Durante el undécimo GORE (encuentro entre Gobiernos Regionales y Poder Ejecutivo) realizado el pasado lunes 1 en el Real Felipe (Callao), el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, señaló que el presupuesto público 2019 asignado a las regiones solo tiene un avance de 20%, esta situación es inconcebible considerando las innumerables necesidades en infraestructura, salud, educación y servicios básicos, también la ministra de Salud, Zulema Tomás, advirtió que por ineficiencia en el gasto en salud regional solo se ha ejecutado solo 37%, inclusive, varias regiones no han realizado certificación dentro de su presupuesto inicial modificado, lo que retrasa los procesos, y aun así, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Mesías Guevara, pide más recursos y competencias.

A nivel nacional la ejecución en inversión pública solo llega al 25%, en los gobiernos locales 27% registrando Lima solo 25%, además el caso de los ministerios es muy preocupante, de acuerdo al Portal Transparencia Económica del MEF, a mayo pasado, de los 18 ministerios, 8 de ellos han ejecutado solo 10% o menos de su presupuesto teniendo los sectores más sensibles ejecuciones retrasadas, en educación 17% y salud 10%, a pesar de las carencias de servicios, también es increíble  que la reconstrucción del Norte del país, a más de dos años que sucedió el Niño Costero, solo registre 30% de avance a pesar de los graves daños ocasionados, 50 mil casas destruidas, 200 mil personas damnificadas y 950 mil afectadas.

La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo, lo cual se dificulta en nuestro país por diferentes motivos, entre ellos: entidades públicas con estructuras de organización y funciones mal diseñadas; débil capacitación de funcionarios; mala ejecución de presupuestos; mínima articulación entre instituciones; falta de seguimiento de metas, etc.

Bajo este panorama es impresionante el marco normativo promulgado desde hace 17 años para tratar de modernizar nuestra gestión pública: Ley Marco 27658-enero 2002, Estrategia (DS-109-2012-PCM), Política Nacional (DS-004-2013-PCM), Plan de implementación (RM-125-2013-PCM), Sistema Administrativo (DS-123-2018-PCM), y el último, Principios de Actuación (R.Sec.004-2019-PCM/SGP), sin embargo, no se ha logrado hasta la fecha la eficiencia de gestión en el empleo de recursos públicos en inversiones productivas y transparentes para avanzar en el desarrollo integral nacional y satisfacer las necesidades de la población. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de julio de 2019


PELIGROSA MINERÍA ILEGAL EN FRONTERA CON ECUADOR


El pasado día 24 el ministro de Defensa, José Huerta Torres, durante una inspección en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, lamentablemente sufrió un desvanecimiento y posteriormente dejó de existir. Nuestras sentidas condolencias a su familia. En dicha inspección, el ministro tenía previsto realizar una mesa de trabajo para evaluar el impacto de la minería ilegal en la región. Hace muchos años que esta ilícita actividad amenaza la zona de frontera con Ecuador en el distrito de El Cenepa, región de gran biodiversidad, además se viene incrementando peligrosamente en las riberas del río Cenepa en las comunidades Kayamas, Huampami y Mamayaque.

En la zona fronteriza de Alto Comaina, especialmente en El Tambo, distrito de El Cenepa, también ha aumentado notablemente la minería ilegal causando gran contaminación ambiental habiéndose generado redes de tráfico de oro que realizan mineros ilegales ecuatorianos por trochas desde territorio ecuatoriano hacia el lado peruano en los alrededores del puesto de vigilancia Tambo, inclusive, por inacción del Estado peruano unos 120 indígenas awajún resguardan esta zona de la Cordillera del Cóndor para evitar su avance. Recordemos que hace 4 años (abril 2015) fueron detectados más de 150 túneles bocaminas donde mineros ilegales cruzaban desde Ecuador (localidad La Herradura) al Perú (El Tambo) para extraer oro; los 150 túneles fueron clausurados, pero en 2017 autoridades de la región Amazonas comprobaron la existencia de unos 40.

El 18 de enero pasado el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, mediante oficios dirigidos a los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa, invocó a actuar ante la situación de minería ilegal en territorio peruano realizada por ciudadanos ecuatorianos. Además, dirigentes de la organización indígena de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina (Odecuac) denunciaron que el 2 de abril pasado indígenas peruanos fueron heridos con armas de fuego y explosivos por mineros ilegales ecuatorianos que se posicionaron del sector El Tambo.

Bajo este panorama, la Cordillera del Cóndor, que fuera escenario de una valiosa gesta de orgullo y fervor patriótico de quienes lucharon en defensa de nuestra soberanía viene sufriendo por la minería ilegal depredación y profundos efectos contaminantes. Si se deja avanzar esta ilícita actividad puede producirse una gran devastación como ha sucedido en el caso de Madre de Dios. Esta zona de alta vulnerabilidad debe tratarse como lugar estratégico de frontera nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de junio de 2019

REZAGADOS EN COMPETITIVIDAD, ALEJADOS DEL DESARROLLO


El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, manifestó recientemente que nuestra economía necesita crecer 5% anual durante 20 o 30 años para ser un país desarrollado, (cabe resaltar que el crecimiento económico, aunque es consubstancial para avanzar en el desarrollo de un país, no es el único medio  para alcanzarlo). También el ministro dijo que un crecimiento alto y sostenido solo se logra mejorando la competitividad, la cual en nuestro país es una capacidad muy rezagada, el último ranking del Instituto para el Desarrollo Gerencial nos ubica entre los últimos ocho países (55° de 63°) por baja eficiencia y gestión gubernamental, déficit en infraestructura y baja eficiencia empresarial, igualmente, en el último Ranking Mundial de Competitividad retrocedimos tres puestos y figuramos muy rezagados en instituciones, infraestructura, tecnología de información, educación, mercado laboral y capacidad para innovar.  

La competitividad debe ser vista bajo los efectos globalizadores del mercado como un requisito para impulsar el desarrollo de un país, los Estados más competitivos presentan un mayor grado de desarrollo porque con su alta competitividad mejoran el capital humano, capital social, entorno institucional, productividad laboral, formalidad, inversión y oferta de bienes y servicios, inversiones públicas y privadas, etc., teniendo como base visiones de mundo integradoras y no excluyentes logran igualdad de oportunidades, satisfacción de necesidades y efectividad de libertades para su población.

En nuestro país, lamentablemente la evolución de nuestra competitividad empeora lo cual es incomprensible considerando que desde 2002 tenemos un Consejo Nacional de Competitividad, desde 2005 un Plan Nacional, y desde 2012 dos Agendas 2012-2013 (60 metas) y 2014-2018-Rumbo al Bicentenario (65 metas), pero ni se cumplieron las metas ni mejoró nuestra competitividad ni productividad que son fundamentales en cualquier proceso de desarrollo.

Bajo este panorama actualmente el gobierno elabora otro Plan Nacional de Competitividad y Productividad (derivado de la Política Nacional aprobada con DS-345-EF-31 diciembre 2018) cuyo plazo de presentación vence el próximo día 27, según el ministro de Economía lanzará dicho Plan la primera semana de julio incluyendo 60 medidas específicas para elevar la competitividad y tendrá vigencia hasta diciembre 2030. Esperamos que después de 17 años que buscamos mejorar nuestra competitividad progresemos con este reiterativo plan, además, para avanzar en nuestro desarrollo es indispensable aumentar la eficiencia del aparato estatal, mejorar la prestación de servicios sociales y educativos, avanzar en ciencia, tecnología e innovación y fortalecer la integración de nuestra economía con el resto del mundo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de junio de 2019


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