NARCOSUMERGIBLES

Entre marzo y abril de este año fueron detectados y capturados varios narcosumergibles en las costas de Panamá y del Caribe hondureño, que según autoridades norteamericanas son empleados cada vez más por carteles colombianos para trasladar droga desde las costas colombianas a Centroamérica y EE UU usando como rutas la costa de Panamá en dirección a Costa Rica, por aguas fronterizas entre México y Guatemala y aguas hondureñas en el mar Caribe. El pasado 3 de marzo la guardia costera de EE UU capturó un narcosumergible a 340 millas de la costa de Panamá con 6 toneladas de cocaína valorizada en US$ 200 millones y desde junio 2015 ha interceptado 5 narcosumergibles, asimismo, en este año la guardia costera de Honduras interceptó 3 en sus costas del Caribe.

Los primeros narcosumergibles (1990) eran botes tipo cápsula recubiertos de madera y fibra de vidrio, pero actualmente con nuevas técnicas se construyen sumergibles de 12 a 30 metros con capacidad hasta para 4 personas y pintados color del mar para mimetizarse. Son construidos en áreas boscosas y manglares de Colombia a un costo de entre US$ 500 mil y 2 millones, en el mar son difíciles de detectar porque algunos pueden semisumergirse, pero otros sumergirse totalmente como el capturado en 2011 en Colombia en aguas del río Timbiqui, el cual contaba con 2 motores diésel, tubo tipo snorkel y aire acondicionado, navegaba a 3 m de profundidad con autonomía para llegar a costas mexicanas.

En el Perú aunque no se ha detectado ningún caso de narcosumergibles debemos estar alertas con modalidades semejantes, en junio 2011 se descubrió un tanque (largo 2.5 m, diámetro 50 cm) con 113 kg de cocaína que iba a ser soldado por narcobuzos al casco de un buque acoderado al muelle sur 1 de DP World el cual sería recuperado por narcotraficantes en su puerto de destino, pero los narcobuzos no pudieron soldar el tanque dejándolo abandonado a 20 m de profundidad al ser detectados por personal de la Marina siendo recuperado por buzos antidrogas. Otra modalidad es el embarque de drogas por narcobuzos a buques amarrados en el puerto del Callao como el ocurrido en setiembre 2015 que en combinación con la tripulación lograron embarcar 399 kg de cocaína en 2 buques pero fueron intervenidos en una operación conjunta de la Marina con la Policía Nacional.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de mayo de 2016

POBREZA: LO QUE DEBERÍA ANALIZARSE

El pasado 22 de mayo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó su informe técnico “Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015”, señalando que la pobreza monetaria 2015 registró 21.77% equivalente a 6 millones 782 mil pobres (disminuyó solo 0.96% respecto a 2014), y la pobreza extrema registró 4.07% equivalente a 1 millón 266 mil pobres extremos (disminuyó solo 0.2% respecto a 2014). Se destaca además que dejaron de ser pobres 221 mil personas y de ser pobres extremos 53 mil.

Sin embargo, debería analizarse dicho método de medición monetario absoluto y objetivo que determina como “pobre” a personas cuyo gasto per cápita no supera una línea de pobreza de S/.315 mensuales (S/.10.50 diarios) para cubrir mínimas necesidades nutricionales y esenciales para salud, educación, vivienda, transporte y ropa, y, como “pobre extremo” S/.169 mensuales (S/.5.63 diarios) para cubrir las mínimas necesidades nutricionales, además, la medición solo considera capacidad de compra y no de consumo efectivo de bienes, y excluye aspectos incidentes de pobreza como necesidades y servicios básicos insatisfechos, desnutrición, anemia, exclusión social, capacidades, etc. Este método de medición es tan frágil que un “pobre” o “pobre extremo” que aumente su capacidad de gasto en un sol del umbral de S/.315 o S/.169, respectivamente, sale de una u otra de estas dos condiciones. Mediciones efectuadas con otros métodos (multidimensional y estructural) señalan la existencia de más de 11 millones de pobres en Perú.

Otros aspectos de la pobreza que deberían analizarse para profundizarlos y resolverlos son: 1) Ésta incide en el área rural el triple que en el área urbana, y el quíntuple en brecha de pobreza (profundidad de carencias de consumo) y en severidad o desigualdad, asimismo, 80.9% de pobres extremos se concentran en áreas rurales; 2) En la población infantil y adolescente, en promedio, afecta a 30% de niños menores entre 5 y 14 años y adolescentes entre 15 y 19 años, y en el área rural más de 50% de niños menores de 15 años son pobres; 3) Su incidencia en personas con lengua nativa (quechua, aymara o lenguas amazónicas) es el doble que las de lengua castellana; 4) Las personas pobres, en promedio, solo llegan a estudiar 7 años (máximo hasta 1° de secundaria); 5) El 13.5% de la población pobre de más de 15 años es analfabeta, y en pobres extremos alcanza 20.1%.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de mayo de 2016


GRILLETES ELECTRÓNICOS: CONGELADOS MÁS DE 6 AÑOS

Según lo informado en enero pasado por el jefe del INPE, Julio Magán, el uso de grilletes electrónicos para evitar el ingreso indiscriminado a las cárceles sería una realidad a partir de mayo porque el contrato de concesión estaría firmado en abril, sin embargo, ya transcurre mayo y en Proinversión la inversión estimada del proyecto continúa en evaluación (con modalidad autosostenible).
Recordemos que la normatividad para su uso se remonta al 16 enero 2010 cuando se promulga la ley 29499 (16-1-10) que establece la vigilancia electrónica personal, y su reglamento (DS-003-2010-JUS del 14-8-10), considerándose la adquisición de 2,000 grilletes con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria, según el ministro de Justicia de dicha época, el sistema sería adquirido por Proinversión y estaría implementado a fines 2010, sin embargo, recién 5 años después, con DL 1229 (25-9-15), se modifican e incorporan artículos a dicha ley para adecuar el empleo de los grilletes electrónicos.
Su uso se encuentra congelado hace más de 6 años, a pesar de que su aplicación representa grandes ventajas, además de haber sido probada su eficiencia y fiabilidad en la región (México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay) y es menos costoso que la pena de encarcelamiento, en el caso de los procesados evita que imputados primerizos o por delitos de escasa gravedad se mezclen con internos más avezados y peligrosos, además, con posibilidad de seguir viviendo en su entorno familiar y mantener una labor remunerada.
Sin embargo, sobre el empleo de grilletes electrónicos debe considerarse los siguientes aspectos: 1) Esta medida debe representar solo un elemento de una indispensable reforma integral penitenciaria, o simplemente no funcionará; 2) No solo debe pensarse en la vigilancia sino poner mayor esfuerzo en cumplir el mandato constitucional (derecho de los reclusos a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, así como a ocupar establecimientos adecuados); 3) No representa un papel decisivo en la solución de sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles que actualmente es muy crítico por malas políticas penitenciarias (hay 77,298 reclusos para una capacidad total de 33,337 equivalente a una sobrepoblación de 132%); 4) El rápido avance tecnológico impide que la legislación esté completamente al día con dichos avances, por lo que uno de los desafíos de esta medida cautelar personal alternativa es la justa y adecuada interpretación de las normas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de mayo de 2016

SITUACIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL DURANTE ESTE GOBIERNO

El pasado día 22 el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, manifestó que “no se permitirá dar marcha atrás contra la minería ilegal” a pesar que este gobierno no ha avanzado nada en combatirla, contrariamente se ha retrocedido por el grave incremento de destrucción de nuestros bosques amazónicos y su biodiversidad y la contaminación de recursos hídricos y suelos con cianuro y mercurio.

Una principal propuesta inicial del gobierno fue erradicar la minería ilegal y formalizar los mineros artesanales. En su mensaje presidencial 2012, Ollanta Humala aseguró que su gobierno estaba trabajando de la mano con los gobiernos regionales, empezando a formalizarse 20,000 mineros artesanales quienes inclusive contaban con RUC, en su mensaje 2013 reafirmó la voluntad del gobierno para continuar la formalización y firme decisión de luchar contra la minería ilegal, en su mensaje 2014 aseguró que con interdicciones se erradicó 70% de esta actividad en Madre de Dios.

Lo que dijo el presidente no fue cierto porque el ministro del Ambiente ha reconocido que desde 2011 la deforestación allí se duplicó (2,500 a 5,000 hectáreas anuales), además, hay 20,000 mineros ilegales (ninguno formalizado) en La Pampa, Huepetuhe y Delta que destruyeron 50,000 hectáreas, y según la Defensoría del Pueblo, de 75,372 declaraciones de compromisos de formalización solo 16 cubrieron el proceso, además, a pesar de haberse incrementado las interdicciones para enfrentar la minería ilegal, éstas no la erradican, solo destruyen campamentos y maquinaria que son repuestos fácilmente o se desplazan hacia otras zonas.

Es increíble que en diciembre 2011 se autorizó a los mineros informales continuar extrayendo oro en el corredor de Madre de Dios y en mayo 2012 a comercializarlo 2 años adicionales, estableciéndose también el 19 abril 2014 como plazo de formalización, pero en agosto 2013 se postergó hasta 2016 con una “Estrategia de Saneamiento” (DS 029-2014-PCM) que ni siquiera se ha iniciado.

A este gobierno se le acabó la voluntad y el tiempo, el próximo gobierno debería: mejorar el marco legal de formalización; apoyar las regiones (tienen funciones y facultades sobre minería artesanal) en presupuesto, capacidades humanas e institucionales; evitar provisiones de explosivos, químicos y maquinaria prohibida a mineros ilegales; promulgar la Ley de Ordenamiento Territorial y determinar zonas de actividades extractivas; evitar alquileres de concesiones legales a mineros ilegales; fiscalizar el oro ilegal (procesamiento, comercialización y exportación) y controlar las áreas naturales protegidas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de abril de 2016

INEFICAZ LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

El pasado día 14 se realizó en Washington la IX Reunión de Ministros de Economía de la Alianza del Pacífico participando los ministros de Perú, México, Chile y Colombia, quienes reafirmaron el compromiso de desarrollar estrategias para combatir el lavado de dinero fortaleciendo el intercambio de información. Este compromiso es importante dentro del contexto de cooperación bilateral y multilateral, sin embargo, primero debemos resolver nuestro problema interno; en abril 2002 con ley 27693 se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para encargarse del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir este grave delito, posteriormente se generó una vasta normatividad, sin embargo, no ha sido enfrentado de manera efectiva.

En mayo de 2011, con DS 067-2011-PCM, se presentó el plan nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para prevenir, detectar y reprender actividades ilícitas con 85 objetivos, la mayoría incumplidos, además, se encuentra desactualizado, debiendo actualizarse en base a 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con el mismo DS se creó una comisión ejecutiva multisectorial (CONTRALAFT) integrada por 16 entidades para coordinar acciones de prevención y hacer seguimiento del plan, pero con mínimas reuniones de trabajo no ha logrado ningún avance importante.

Son deficientes los mecanismos de prevención, control y capacitación, existe descoordinación institucional entre Ministerio Público, Policía Nacional y UIF, las estadísticas son inconsistentes, la información sobre dinero que moviliza este delito es dispar, para la Asociación de Bancos mueve US$ 1,340 millones anuales, para la ONU US$ 7,000 millones y para la Fiscalía de la Nación hasta US$ 10,000 millones, además la UIF no cumple con estándares internacionales porque no tiene acceso al secreto bancario ni reserva tributaria en casos de presunto delito, no se le permite establecer responsabilidad penal autónoma ni supervisar cooperativas, tampoco puede contar con un registro sobre transferencias de acciones, y además, la Fiscalía demuestra poca drasticidad para penalizarlo con mínimas condenas efectivas ejecutadas.
  
Bajo este panorama, ni siquiera conocemos realmente la magnitud de esta grave actividad delictiva que blanquea millones de dólares de malos empresarios y políticos, tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando, piratería, trata de personas, entre otros, requiriéndose de mayores controles de actividades ilícitas bancarias, tributarias, en fronteras, así como de peritos especializados, bases de datos, y enormes esfuerzos de coordinación interinstitucional en prevención, investigación, seguimiento, detección y represión penal.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de abril de 2016

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