¿POR QUÉ TENEMOS TAN BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD?

El pasado martes 8 el Foro Económico Mundial publicó en Ginebra-Suiza el Índice Global de Competitividad 2019, en el que nuestro país ha retrocedido por sexto año consecutivo ocupando el puesto 65º entre 141 países, solo en los dos últimos años hemos caído 5 puestos, nuestra principal fortaleza se registra en la estabilidad macroeconómica, sin embargo tenemos muchas debilidades, respecto al 2018 hemos caído en 8 de los 12 pilares evaluados, nos ubicamos 6º en Latinoamérica y estamos detrás de los países que conformamos la Alianza del Pacífico (Chile, México y Colombia), además, y lo más preocupante, es que ocupamos debajo del puesto 90º en indicadores cruciales e imprescindibles para ser un país más competitivo tales como: corrupción, crimen organizado, tasa de homicidios, fiabilidad en servicios policiales, independencia judicial, eficiencia del marco legal, carga de regulación gubernamental, protección de propiedad individual, red vial, calidad de carreteras, servicio de transporte, acceso a electricidad, usuarios de internet, pensamiento crítico en la enseñanza, capacitación de personal, falta de empleos calificados, financiamiento de pymes, salario y productividad, crecimiento de empresas innovadoras, gastos en investigación y desarrollo y habilidades digitales en población activa.

Tenemos un bajo nivel de competitividad porque nuestros gobernantes, políticos, empresarios y universidades no avizoran que ésta es indispensable para incrementar el nivel de productividad de recursos humanos y físicos (capacidad de competencia en mercados de bienes y servicios) lo cual es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenido el cual no alcanzamos porque nuestra economía presenta debilidades estructurales que no nos permiten reducir la pobreza e informalidad. Para mejorar la competitividad, desde hace 24 años han proliferado consejos nacionales, planes nacionales, agendas, pero no han mejorado ni ésta, ni la productividad, ahora se impulsa un nuevo plan nacional de competitividad y productividad con 9 objetivos prioritarios que esperamos se cumplan.

Bajo este panorama para mejorar nuestros niveles de competitividad tenemos que priorizar nuestro desempeño institucional, educacional, de infraestructura e innovación. Debemos enfrentar nuestra debilidad institucional donde presentamos las mayores deficiencias competitivas en niveles muy altos de desconfianza a partidos políticos, congreso, poder judicial, policía, administración pública y a la carga de regulación gubernamental. Además debemos erradicar la corrupción, enfrentar la situación de inseguridad ciudadana, el déficit de infraestructura, mejorar la calidad educativa (record muy pobre), desarrollar los factores impulsores de la innovación (principal fuente de ventajas competitivas de la economía), mejorar la calidad de las instituciones de investigación científica, entre otros.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de octubre de 2019

LITIO: ¿DEJAREMOS ENTERRADAS INMENSAS RESERVAS?

Después de 10 años de exploración buscándose uranio en la meseta de Macusani, Puno, a 4,700 metros de altura en un lago prehistórico cubierto de lava, en setiembre 2017 la empresa Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, descubrió el yacimiento Falchani y después de haber perforado solo 3,000 m2 de 13,000 m2 se registraron reservas comprobadas por 2.5 millones de toneladas de litio (Proyecto Falchani), además, 130 millones de libras de uranio (Proyecto Macusani), un año después (agosto 2018), según informe de la consultora The Mineral Corporation, el yacimiento registra 4.47 millones de toneladas de litio.

El litio ha encontrado un lugar privilegiado para la tecnología, sus propiedades especiales en la conducción del calor y la electricidad lo presenta como el commodity del futuro para usarse en masificación de vehículos eléctricos (se fabrican anualmente un promedio de un millón de vehículos y según estimaciones de Bloomberg, al 2030 se llegaría a 24.4 millones), también es usado en fabricación de baterías de iones litio (Li-Ion) para celulares, notebooks, artículos electrónicos portátiles, según estimaciones, desde la actualidad al 2022, la producción de 250,000 toneladas podría aumentar hasta 500,000 y las ventas mundiales, de US$ 2,000 millones hasta US$ 8,000 millones, además en menos de 10 años su precio por tonelada se ha triplicado hasta US$ 14,000 por tonelada.

Bajo este panorama  nuestro país se podría proyectar a ingresar a la industria del litio conjuntamente con otros productores de la región como Chile, Argentina y Bolivia, tenemos una de las minas más grandes del mundo (alrededor de 500,000 toneladas) pudiéndose proyectar la construcción de una refinería de litio y una fábrica de autos eléctricos y baterías, pero lamentablemente existen muchos obstáculos, actualmente el proyecto se encuentra todavía en etapa de exploración, no contamos con un marco legal para explotar el litio y uranio descubierto (en agosto 2018 el presidente Vizcarra anunció que estaría listo en 6 meses, o sea febrero 2019, pero aún no existe, increíblemente, este proyecto no está consignado en la cartera de inversiones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), además, actualmente el gobierno y la empresa minera Macusani Yellocake se encuentran en litigio por 32 de las 151 concesiones mineras otorgadas. Así será imposible construir la planta que estaba proyectada para 2020 e iniciar la producción para fines de 2021 ¿Dejaremos enterradas nuestras inmensas reservas de este “oro blanco” en el yacimiento Falchani?

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de setiembre de 2019

PROINVERSIÒN: CONTROVERTIDA GESTIÓN

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ejecuta la política nacional de promoción de inversión privada y promueve la incorporación de ésta en servicios públicos y obras públicas, se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y su Consejo Directivo está conformado por 5 ministros presidido por el de Economía, sin embargo, su gestión demuestra serias deficiencias. Para el presente año tenía proyectado adjudicar en concesión 16 proyectos del Estado en bienes e infraestructura por US$ 2,400 millones pero faltan 3 meses para finalizar el año y no se ha logrado adjudicar ninguno.

Actualmente por el caso de concesión del gasoducto del sur la Fiscalía ha pedido investigar a 4 exministros del Consejo Directivo y 2 exfuncionarios de ProInversión (régimen de Humala y García), entre otros investigados (incluida Nadine Heredia), por presunto delito de colusión en agravio del Estado, por el otorgamiento de concesión del proyecto al consorcio Odebrecht y Enagás el 30 junio 2014  (en segundo proceso con inversión de US$ 4,000 millones), un año después (setiembre 2015) la Contraloría detectó irregularidades en el concurso del proyecto.

Otro caso (Código IP-040-2014) sobre la concesión del proyecto de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca (recién después de 5 años en abril 2019) al consorcio mexicano Fypasa Construcciones (inversión S/. 133.5 millones), pero hasta la fecha no se firma el contrato (aplazado 2 veces y plazo vencido), lo grave es que dicha empresa mexicana ha incumplido un contrato en su país entregando una obra incompleta con serias deficiencias que impide su operación, con estos antecedentes ProInversión le otorgó la buena pro.

También (Código IP-005-2012) adjudicado en junio 2014 a la empresa Prisontec para instalar bloqueadores de celulares y WiFi en 33 penales (inversión US$ 4 millones), después de 5 años la instalación no llega al 50%. Otro (Código IP-0008-2012) para vigilancia electrónica personal (grilletes electrónicos) fue adjudicada en enero 2016 a Prisontec, la misma empresa con problemas en la instalación de bloqueadores, ésta debía tener como requisito la capacidad de rastreo de 8,000 unidades, actualmente solo 19 condenados en el país llevan estos dispositivos, y hay casos de condenados con grilletes que han salido del área autorizada para volver a delinquir.

Bajo este panorama la Contraloría y el Poder Judicial deberían investigar no solo las concesiones de estos proyectos, sino además, el incumplimiento de las empresas con las especificaciones contractuales de operatividad.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de setiembre 2019

HOTEL SHERATON CUSCO: DAÑO IRREVERSIBLE A NUESTRO PATRIMONIO

El pasado día 13 fue declarada fundada la acción de amparo de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y la Defensa Social que solicitaba demoler la edificación de 9 niveles (pisos) del hotel Four Points-Sheraton, construido al 90% durante 5 años (entre enero 2011 y diciembre 2015) en un área de más de 3,000 m2 ubicada a 300 metros de la plaza mayor, a pesar que el plan maestro del centro histórico del Cusco prohíbe expresamente que en la zona monumental (declarada patrimonio cultural de la humanidad) se construyan más de 2 niveles con altura máxima de 9 metros. Esta construcción ha ocasionado un daño irreversible a nuestro patrimonio cultural, fueron desmontados 3 muros incas, afectadas 5 filas de andenes y destruidos inmuebles históricos.

Existen muchos actos irresponsables, irregulares y de presunta corrupción que han permitido este atentado y daño irreversible a nuestro patrimonio, entre ellos el ex titular de la Dirección Descentralizada de Cultura del Cusco, Juan García Rivas, que aprobó el proyecto (25 mayo 2010), a pesar que esta dirección tiene la función constitucional de fiscalizar y proteger nuestro patrimonio histórico cultural reconocido en el artículo 21 de la Constitución (un patrimonio cultural de la Nación debe ser protegido por el Estado), también el alcalde de la Municipalidad provincial del Cusco, Luis Flores García, por aprobar la licencia de obra para la construcción (21 enero 2011), y 3 años después, a 2 días de dejar el cargo, otorgó la licencia de modificación y ampliación (29 diciembre 2014), y recién un año después el alcalde entrante Carlos Moscoso Perea declaró nula la licencia y paraliza el proyecto (9 diciembre 2015), igualmente está involucrada la empresa inmobiliaria R&G. SAC encargada de la edificación del hotel que ha contravenido infracciones continuadas entre octubre 2008 y julio 2014.

Bajo este panorama, la demolición del hotel aún no tiene fecha, pero esperamos que la sentencia del Poder Judicial en última instancia, inapelable por tratarse de un proceso constitucional, se ejecute a corto plazo a cargo de la empresa R&G. SAC por ser la entidad infractora, además deberían restituir las 5 filas de andenes afectados para reparar el daño de la vulneración de derecho de nuestra identidad cultural. Asimismo, todos los funcionarios de Cultura y municipio del Cusco que habrían permitido este grave atentado a nuestro patrimonio y que actualmente se encuentran denunciados, los culpables deberán recibir penas ejemplares.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EPRESO, fecha 21 de setiembre de 2019

AGRICULTURA FAMILIAR SIN PLAN NACIONAL

La agricultura familiar es de vital importancia para el desarrollo nacional, es eje principal de la seguridad alimentaria porque atiende la demanda del 80% de la canasta familiar, y sin embargo, a pesar que hace 4 años se aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 (junio 2015) y se promulgó la Ley de Agricultura Familiar Nº 30355 (octubre 2015), el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en todo este tiempo, no ha concluido ni aprobado el correspondiente Plan Nacional de Agricultura Familiar, documento imprescindible para la promoción, desarrollo y asignación de recursos para esta importante actividad.

Aunque para la actual Ministra, Fabiola Muñoz, la agricultura familiar es la columna vertebral de su gestión, hace meses aseguró que dicho Plan estaría listo el pasado mes de agosto, lo cual no ocurrió, posteriormente ha manifestado que sería a fin de año pero después de recibir las propuestas que presente la mesa técnica sobre agricultura familiar, una de la cinco mesas técnicas de diálogo formadas a raíz de las exigencias de las organizaciones agrarias durante el paro agrario del pasado 13 de mayo, reclamando, entre otras demandas, fondos y presupuesto para desarrollar la agricultura familiar.

La agricultura familiar es la principal impulsora del desarrollo rural y aunque la Ley de Agricultura Familiar dispone que el Minagri asuma la conducción de la promoción y desarrollo de ésta actividad, no ha tomado las acciones necesarias y prácticamente esta actividad se encuentra relegada a pesar que la Política Nacional Agraria (DS-002-2016-Minagri) la prioriza con énfasis en el pequeño productor agrario. Según datos del último censo agropecuario cubre 97% del sector productivo (2.2 millones de unidades agropecuarias) y genera trabajo a 3 millones de peruanos, sin embargo, según la FAO, en el Perú, a diferencia del crecimiento de la agroexportación en los últimos años, la productividad en la pequeña y mediana empresa es de las más bajas de la región.

Bajo este panorama la ministra Muñoz ha manifestado que se reestructurará el Minagri, cambiará su nombre por “Ministro de Desarrollo Agrario” y creará el “Viceministerio de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario”, pero más importante que esto sería presentar el Plan Nacional de Agricultura Familiar con la finalidad de poder asignar los recursos necesarios para desarrollarla adecuadamente con capacitación, formación, asistencia técnica, acceso al crédito, mejorando la infraestructura de riego e impulsando la asociatividad, para incrementar el nivel de producción y productividad de los agricultores familiares.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de setiembre de 2019