RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ: DRAMÁTICA SITUACIÓN


El manejo de residuos sólidos en nuestro país es realmente dramático, ha tomado dimensiones sociales y ambientales que impactan negativamente en la biodiversidad afectando la calidad de vida, el bienestar y la salud de la población, sin embargo es un tema relegado y mínimamente tratado, en las recientes elecciones municipales y regionales ningún candidato presentó alternativas de solución ni se ha tratado de debatir sobre reciclaje.

Producimos anualmente a nivel nacional 7 millones de toneladas (19 mil diarias) pero casi 4 millones van a 1,400 botaderos de basura altamente contaminantes, a calles, terrenos baldíos, ríos o al mar por una clamorosa falta de rellenos sanitarios, a nivel nacional solo tenemos 34 y requerimos más de 600, no existen plantas de tratamiento para restos orgánicos ni un plan integral de reciclado (solo reciclamos 10%), además, en muchas provincias y distritos el recojo de desechos es completamente deficiente por falta de presupuesto por falta de pago de arbitrios (entre 30% y 60%)

El caso de Lima es muy grave, presenta una huella ecológica altísima respecto a parámetros ecológicamente permisibles, se generan 8,200 toneladas diarias y tenemos solo 4 rellenos sanitarios, cada habitante capitalino genera diariamente en promedio alrededor de un kilogramo de residuos sólidos municipales (restos domiciliarios) y no municipales (desmonte, maleza etc.), para el Banco Mundial, al 2025 esta cifra se incrementaría hasta 1.42 kilogramos, además, el reciclado es mínimo registrando solo un 4%.
Bajo este panorama, el último informe de ONU Medio Ambiente presentado el pasado día 9 en Buenos Aires, Argentina, pronostica un aumento de residuos en la región de 25% al 2050 e insta a los gobiernos a considerar la gestión de los residuos como prioridad política. Nuestro país cuenta desde hace 18 años con la Ley General de Residuos Sólidos (27314), la cual fue derogada en diciembre 2017 al reglamentarse la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DS-014-2017-Minam), además tenemos un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024, sin embargo, para resolver este complejo asunto a nivel nacional y alcanzar un adecuado manejo, tal como hace 9 años lo advirtió el Ministerio del Ambiente, debemos construir 688 rellenos sanitarios (actualmente solo tenemos 34) así como 1,216 micro-rellenos sanitarios, además se debe incrementar los presupuestos, mejorar el reciclaje, capacitar a las regiones y municipalidades en gestión operativa, gerencial y financiera y sensibilizar y educar a la población sobre manejo de residuos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de octubre de 2018


PESCA ILEGAL E INFORMAL EN EL PERÚ


Contamos con uno de los mares más productivos del mundo sin embargo nos afecta la pesca ilegal e informal artesanal e industrial lo cual representa un potencial riesgo para la sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros, destruye los hábitats y perjudica a pescadores legales y poblaciones costeras (según el INEI pesca y agricultura son los sectores más informales). No contamos con cifras oficiales sobre las pérdidas que representa la pesca ilegal, según la FAO ésta produce una pérdida de US$ 360 millones anualmente, cifra muy por debajo de la del viceministro de pesca, Javier Atkins (entre US$ 700 y 800 millones).

Las actividades ilegales e informales en la pesca que más nos afectan son pesca sin autorización (principalmente atún, calamar gigante o pota, jurel y caballa), pesca fuera de temporada, en zonas prohibidas, no respeto de cuotas de captura ni tallas mínimas autorizadas, informaciones o declaraciones falsas sobre pesos o especies capturadas, también, embarcaciones sin licencia, pesca de arrastre dentro de las 5 millas y uso de equipos de pesca no autorizados, construcción ilegal o modificaciones de embarcaciones pesqueras sin autorización (existen unas 8,000 embarcaciones artesanales informales especialmente en la zona norte), además, plantas de procesamiento pesquero sin licencia y desembarcaderos sin autorización.

La pesca artesanal de anchoveta que debe ser destinada al consumo humano, gran parte de su captura es desviada para el procesamiento de harina de pescado y en el caso de pesca industrial el mayor problema es el procesamiento de harina de pescado ilegal por empresas autorizadas o por plantas ilegales. Según cálculos de la ONG Oceana, anualmente no son registradas entre 120 y 150 mil toneladas de pesca de anchoveta. Otro problema es la incursión de embarcaciones pesqueras extranjeras en nuestro dominio marítimo, especialmente flotas chinas, españolas y japonesas que pescan ilegalmente especialmente atún, pez espada, calamar gigante (segunda pesquería más importante después de anchoveta) y jurel, (especie migratoria que es arrasada apenas deja nuestras aguas).

Bajo este panorama hoy día, 6 de octubre, entran en vigencia, después de 30 días de haber sido promulgados (6 setiembre) los Decretos Legislativos 1392 y 1393, sobre interdicción en actividades ilegales en pesca y promoción de la formalización de la actividad pesquera artesanal, decretos que incrementan la voluminosa normativa pesquera, la cual sin embargo no produce el efecto necesario para mejorar la gestión, control y fiscalización que corrija la ilegalidad e informalidad del sector pesquero.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de octubre de 2018


LUCHA CONTRA EL TERRORISMO: ACCIONES PENDIENTES


Tuvieron que pasar 26 años desde que ocurriera el atentado terrorista en la calle Tarata en Miraflores (12 julio 1992), para que el pasado día 11, el Poder Judicial condene a cadena perpetua al cabecilla Abimael Guzmán y 9 integrantes del comité central del grupo criminal terrorista Sendero Luminoso (SL) por la autoría de este perverso atentado con coches bomba que ocasionó 25 personas muertas, 200 heridas y cuantiosas pérdidas materiales. Esta sentencia, aunque tardía, es importante porque condena, además de cabecillas, a autores mediatos del comité central que no tenían cadena perpetua, además, porque reivindica a víctimas y deudos de este acto criminal y eleva la moral del personal de las FF AA y PNP que, ofreciendo sus vidas, han combatido y siguen combatiendo en el Vraem contra el terrorismo y narcotráfico.

Pero quedan todavía acciones pendientes en esta larga lucha como el caso “Perseo” iniciado hace 6 años y no tiene sentencia. En 2012 una exhaustiva investigación policial comprobó con pruebas contundentes que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) es brazo político de SL, en marzo 2013 la Fiscalía formalizó la denuncia, contra sus dirigentes y operadores, por filiación con SL y financiamiento al terrorismo, y en abril 2014 capturaron 28 integrantes, entre ellos, los dirigentes Alfredo Crespo y Manuel Fajardo (fallecido el 6 de junio pasado), abogados del cabecilla Abimael Guzmán, pero increíblemente fueron liberados 2 meses después por jueces que fueron removidos por tal despropósito. Este juicio, actualmente contra 42 involucrados, debe concluirse con prioridad porque Movadef, como fachada de SL, sigue participando activamente en propaganda senderista y apología del terrorismo aquí y en el extranjero, asimismo, infiltrándose en sectores laborales y educativos.

Otra acción pendiente que debe resolverse urgentemente es el caso del mausoleo terrorista construido sin autorización hace más de 2 años (abril-junio 2016) en el cementerio “Mártires 19 de Julio”, en Comas, a vista y paciencia de la Municipalidad, este símbolo terrorista tiene 50 nichos para enterrar los restos de sus militantes (actualmente hay 8 ocupados). La indignante indiferencia del Estado no puede continuar, dicho monumento al crimen y terror denominado por los terroristas “mausoleo de héroes del pueblo” debe ser urgentemente destruido previa exhumación y traslado de los 8 cadáveres porque representa una profunda ofensa para todos los peruanos y principalmente para las decenas de miles de víctimas inocentes que murieron a manos de la insania terrorista.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de setirmbre de 2018


PERÚ: TALA ILEGAL Y TRÁFICO DE MADERA


El pasado día 8 el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) informó que reportó a autoridades competentes y fiscalías especializadas en materia ambiental (Fema) sobre irregularidades (en el período octubre 2017-agosto 2018) en extracción de 60  millones de pies tablares de madera (274 mil m3), volumen que transportarían 5 mil camiones de carga (cada uno con 12 mil pies tablares), esta carga ilegal extraída en zonas no autorizadas de diferentes provincias de Ucayali, Requena, Loreto y Maynas (región Loreto) equivale a S/108 millones. Pero además, durante 2017, de toda la madera que se extrajo y movilizó en el país, 67% (374 mil m3) tuvo origen ilegal, principalmente de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín.

El pasado día 18 el Comité de Madera de EE UU advirtió sobre la insuficiencia de acciones peruanas para fortalecer el sector forestal y detener la tala ilegal, esto debido a que en febrero 2018, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE UU (manejo del sector forestal capítulo 18, anexo 18.3.4), el Comité de Madera de EE UU solicitó a Osinfor la verificación de si tres embarques a su país habían cumplido leyes y normas sobre extracción y comercio, determinándose posteriormente que parte de los envíos incumplieron los requisitos legales.

Bajo este panorama, en nuestro país el comercio de madera relacionado con la tala ilegal, incluido su tráfico, socavan el comercio de productos legales, reducen el valor económico de recursos naturales y debilitan su conservación y manejo sostenible. Según el Banco Mundial, 80% de madera exportada del Perú proviene de tala ilegal. Estamos muy lejos de combatir eficazmente la tala y comercio ilegal de madera a pesar que tenemos nueva Ley Forestal 29763 con 4 reglamentos (setiembre-2015), además, estrategia nacional contra la tala y comercialización ilegal, y para combatir estos delitos existe una comisión multisectorial permanente y un alto comisionado, Serfor, Osinfor y Sinafor, sin embargo, anualmente perdemos 160,000 hectáreas de bosques.

Se requiere mayor inversión para actividades de control, vigilancia y fiscalización de nuestros bosques, rigurosa revisión de títulos habilitantes y concesiones madereras, detección de casos de aprovechamiento ilícito y manejo de la madera que asegure su procedencia legal antes de exportarla, considerando principios y criterios del Consejo de Manejo Forestal (FSC), asimismo, debe mejorarse la conexión informática entre entidades del sector forestal y sancionarse con rigurosidad y prisión efectiva los delitos forestales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de setiembre de 2018


PENSIONES DE FF AA Y PNP: INFRACCIONES LEGALES DEL GOBIERNO


El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dependiente del Poder Ejecutivo, ha venido manejando el caso del pago de las pensiones de las FF AA y PNP con distorsiones e inequidades afectando el derecho fundamental de igualdad ante la ley e incumpliendo el derecho constitucional de equivalencia, tal es el caso de los pensionistas dependientes del DL 19846 a quienes se les vulnera la igualdad incluso desde antes de la Reforma Remunerativa Pensionaria que estableció la Remuneración Consolidada, el MEF incumplía desde hace años lo dispuesto en los mandatos de diferentes normas, tales como las Bonificaciones Pensionables otorgadas de acuerdo a los DU-090-96, DU-073-97 y DU-011-99, pagándose de manera disímil, no equivalente y decreciente a los pensionistas de la Fuerza Aérea, Marina, Ejército y Policía Nacional, y en el caso de la Bonificación de Calificación dispuesta en el DS-213-90-EF, se pagaba también a los pensionistas de manera no equivalente empleándose diferentes referencias de la Remuneración Mínima Vital.

Estas distorsiones e inequidades pensionables fueron aplicadas por el MEF con arbitraria e inconstitucional discriminación, a pesar que su función técnica debe estar enmarcada estrictamente en el cumplimiento constitucional y legal (primera función del Ejecutivo dispuesta en el artículo 118ª de la Constitución). Con el DL 1132 se corrigieron, bajo el principio de legitimidad, las inequidades equiparándose los ingresos de acuerdo al mandato de las normas incumplidas por el MEF, y asimismo, el derecho conculcado por una errada interpretación y aplicación del DL 1133 fue subsanado con la Ley 30683 (promulgada por el Congreso en noviembre 2017) haciéndose justicia al disponer la equivalencia a los pensionistas de las FF AA y de la PNP, reponiendo los principios de derecho, proporcionalidad y razonabilidad inherentes a la meritocracia e igualdad de trato ante la ley dispuesta en la Constitución (Artículo 174ª).

Bajo este panorama, el ex presidente Kuczynski (actualmente investigado por lavado de activos), a pesar de sus promesas, con descaro y cinismo, en un acto falaz y desleal, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra dicha ley, e inexplicablemente la mantuvo el actual presidente Vizcarra. Corresponde ahora al Tribunal Constitucional actuar con debida motivación jurídica ajustada al derecho y justicia legítima, debiendo refrendar la constitucionalidad de la Ley 30683 por enmarcarse estrictamente dentro de las disposiciones contenidas en el DL 19846 (Ley que ordena las pensiones del personal militar-policial, noviembre 2017), actualmente vigente y reconocida por el Ejecutivo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de setiembre 2018


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