SALAS ARENAS: CUESTIONADA NARRATIVA DE QUIEN ACTUÓ CON INJUSTICIA EN LAS ELECCIONES 2021



El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Salas Arenas, ha manifestado reiteradamente que se están difundiendo denuncias falsas sobre un presunto fraude durante las Elecciones Generales 2021, argumentado con cuestionada narrativa, que se mantiene un discurso con alegaciones falsas contra su persona, por un concepto de “cámara de eco”, que define el servicio de una idea para difundirla y reforzarla. 

 

Al respecto, existen recientes acusaciones sobre las elecciones que deben ser seriamente investigadas, Salatiel Marrufo ha ratificado que Dina Boluarte realizaba coordinaciones con magistrados del JNE para evitar impugnaciones de los partidos políticos, también declaró falsificación de firmas de miembros de mesas de sufragio, y, a fines de junio pasado, Keiko Fujimori, advirtió sobre las graves declaraciones de Jaime Villanueva, quien le imputó a Salas Arenas haber coordinado decisiones, a través de su ex asesora Janet Talavera, con el fiscal Rafael Vela, para favorecer a Pedro Castillo.

 

Durante el proceso 2021, Salas Arena, izquierdista declarado y defensor de un terrorista confeso, administró con injusticia el proceso electoral 2021 por los siguientes motivos: (1) Incumplió la Constitución (artículo 179°) que estipula que el JNE debe tener 5 miembros, solo tuvo 4, y actuando con doble voto o voto dirimente, permitió que candidatos vinculados al Movadef (brazo político de Sendero Luminoso) postulen y se incorporen al Congreso; (2) Aprobó la ilegal inscripción de Perú Libre con solo 2 candidatos para 3 cargos, presidencia y dos vicepresidencias; (3) Castillo fue denunciado, por omisión y falsedad al mentir en su hoja de vida, debió ser descalificado, pero lo admitió; y (4) el acto electoral 2021 tuvo graves denuncias por robo de votos, falsificación de actas, firmas falsas, adulteración en mesas, miembros de mesa suplantados, etc. que no pudo ser verificado porque el JNE se opuso a pedir a la ONPE el padrón del escrutinio.

Además, Salas Arenas tiene actualmente una denuncia constitucional por admitir el partido con las siglas A.n.t.a.u.r.o  de Antauro Humala por tratarse de un actor antidemocrátrico en el sistema electoral, y también, enfrenta en el Congreso otra denuncia constitucional del fiscal de la Nación por un presunto delito, cometido en 2017, por instigador de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

 

Bajo este panorama, la solución para evitar que en 2026 se repita un proceso electoral lleno de graves denuncias e irregularidades, el Congreso debe aprobar el proyecto de ley 3955/2022-CR, presentado por el congresista José Cueto, formulando que el CCFFAA mantenga una copia adicional del acta electoral y cédulas de votación escrutadas y no impugnadas, como elemento de respaldo o reserva, para que el JNE y la ONPE no actúen nuevamente como juez y parte alterando los resultados.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de julio de 2024

 


ENSAMBLAJE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PERÚ Y NUESTROS RECURSOS DE LITIO



 

Durante su visita oficial a la China, entre el 23 y 30 de junio, la presidenta Boluarte, además de su reunión bilateral en Pekín con el presidente Chino Xi Jinping, tuvo reuniones en las ciudades de Shenzhen y Shanghái con representantes de empresas, entre ellas, la compañía automotriz BYD, la cual, según la presidenta, ha expresado su interés de construir una planta de ensamblaje de autos eléctricos en el Perú con la intención de establecerse como uno de los principales productores de estos vehículos en América Latina.

 

Noticia interesante por cuanto China domina actualmente la producción mundial de vehículos eléctricos, la compañía automotriz BYD, creada a principios de la década del 2000, tuvo como línea de negocio original la construcción de baterías eléctricas, uno de los componentes más caros de estos vehículos. En el último trimestre 2023, BYD ha vendido un récord de 526,000 vehículos por su precio asequible (su modelo básico “Seagull” cuesta US$ 11,000) gracias a las altas exoneraciones fiscales otorgadas por el Gobierno Chino (casi US$ 20 millones anuales) para que incremente su producción, las ventas de estos vehículos desde 2021 son un éxito en Europa, y, proyecta, además, invertir para producirlos en México a fin de exportarlos a Estados Unidos.

 

La construcción de una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en nuestro país, puede relacionarse con nuestras reservas de litio, insumo principal para fabricación de baterías eléctricas de iones-litio (Li -Ion). En el yacimiento Falchani en la región Puno, a 4,500 msnm, contamos con 5.53 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (según estimaciones de American Lithium Corp.), y su extracción se proyecta hasta 32 años, la empresa peruana Macusani Yellowcake (subsidiaria de la canadiense Plateau Energy) tiene a su cargo los procesos de exploración y explotación, y de cuyos resultados depende que nuestro país pueda ingresar a la industria internacional de este mineral conocido como “oro blanco”.

 

Bajo este panorama, nuestras importantes reservas de litio, declaradas por ley 31283 - julio 2021 de necesidad pública, interés nacional y recurso estratégico, sus procesos de exploración, explotación e industrialización deben ser agilizados, actualmente se encuentra en etapa de Estudio de Impacto Ambiental y se requiere que se haga realidad en el menor plazo posible con el fin de planificarse la implementación de una refinería de litio, y, además, de llegarse a acuerdos con la empresa automotriz china BYD, considerar este recurso para mejorar los términos de negociación en la construcción de dicha planta de ensamblaje en nuestro país que podría incluir, además, una planta de fabricación de baterías eléctricas de iones-litio para uso local y para su exportación.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de julio de 2024

 


INCONSISTENCIAS EN EL MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 2023 DE DEVIDA

 


El pasado 26 de junio la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) presentó el Monitoreo de Cultivos de Coca-2023 registrando una superficie cultivada de 92,784 hectáreas, 2,224 menos respecto a 2022 (-2.3%), pero no explica que durante 2023 han contabilizado 115,384 hectáreas, registrándose 92,784 hectáreas al descontar 22,600 erradicadas por el Proyecto Especial (Corah).

 

Aunque la erradicación es fundamental para reducir los cultivos ilegales de coca, los datos resultantes no son necesariamente fehacientes porque en las zonas cocaleras existe enorme cantidad de resiembra en áreas previamente erradicadas, no empadronadas, y nuevos sembríos ilegales, principalmente por falta de control de autoridades, errores en geolocalización y deficiencias en articulación entre el Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio Público y entidades competentes; este Monitoreo no señala ningún dato sobre resiembra, en febrero pasado Mininter anunció la elaboración de un protocolo interinstitucional para combatirla, que aún no existe.  

 

La más preocupante inconsistencia está en el VRAEM, zona con la mayor cantidad de cultivos de coca ilegal (41.2%) de máximo rendimiento, incrementándose exponencialmente desde 2019 (26,028 hectáreas) hasta 2023 (38,253) que van directamente al narcotráfico, a pesar de ello, se erradicaron reducidas cantidades solo al norte de la región Junín en 4 distritos con mínimos cultivos: Río Negro (8 hectáreas erradicadas), Satipo (107), Manzamari (292) y Llaylla (253), dejando de erradicar, distritos con enormes cultivos como Vizcatán del Ene (4,959 hectáreas), Río Tambo (3,222) o Canayre (2,028), tampoco han erradicado en las demás regiones del VRAEM (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco); esta increíble inconsistencia se debe al ”Pacto Social Ciudadano” del gobierno con cocaleros del VRAEM (Resolución 000036-2022-DV-PE-1°abril-2022), aceptando que éstos reduzcan voluntariamente sus cultivos, lo cual jamás sucederá, contrariamente, el gobierno entrega un territorio liberado al narcotráfico, organizaciones criminales de alta lesividad y demás delitos conexos.

 

Otra grave inconsistencia, a pesar que somos el segundo país cultivador de coca y productor de cocaína del mundo, el Monitoreo no incluye datos oficiales sobre  producción anual de cocaína; cuando en 2021 teníamos 80,681 hectáreas cultivadas, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU (ONDCP) registraba que producíamos 810 toneladas, actualmente, con 92,784 hectáreas, podríamos sobrepasar las 900 toneladas.

 

Bajo este panorama, los cultivos de coca ilegal y producción de cocaína mantendrán cifras desenfrenadas mientras no se elimine el infausto Pacto Social Ciudadano en el VRAEM, mientras que la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PNCD) no cuente con un Plan Estratégico Multisectorial, mientras el PCM no asuma claramente su cargo como rector de la PNCD, mientras no se implemente una política integral con mayor presencia del Estado, con desarrollo alternativo, controlando insumos químicos y desarticulando organizaciones criminales y cárteles.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de julio de 2024

 


SEGUIMOS RETROCEDIENDO EN COMPETITIVIDAD POR MAL DESEMPEÑO COMO PAÍS



 

El pasado día 18, el Instituto Suizo de Desarrollo Gerencial (IMD), en conjunto con Centrum PUCP, presentaron el Ranking de Competitividad Mundial 2024, mostrando una visión de nivel de competitividad de 67 países del mundo, basándose en la evaluación de 20 indicadores en 4 áreas de evaluación: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. En este ranking general hemos caído 8 puestos respecto a 2023, del puesto 55° al 63°. De los 20 indicadores, nuestros peores desempeños ocupando los últimos lugares entre los 67 países evaluados fueron: economía (puesto 65°), infraestructura tecnológica (65°), infraestructura científica (64°), productividad y eficiencia (64°), comercio internacional (62°), marco social (60°), salud (59°), educación (59°) y marco institucional (56°).


Nuestra bajísima competitividad está relacionada principalmente a una deficiente e inconsistente productividad, un serio déficit en infraestructura tecnológica, científica y logística, deficiente avance en investigación y desarrollo, baja calidad educativa y de salud, precaria institucionalidad que posibilita corrupción, lavado de activos, narcotráfico, inseguridad ciudadana e informalidad, y una grave inestabilidad política que limita los negocios internacionales y la inversión privada.

 

La competitividad determina el nivel de productividad de los recursos humanos y físicos de un país, marca la capacidad internacional de competencia en mercados de bienes y servicios según el desempeño económico, eficiencia, innovación y factores sociales, por lo tanto, es muy peligroso nuestro retroceso porque de la competitividad depende directamente el logro de un crecimiento sostenido, generación de empleo digno, calidad de vida ciudadana y la prosperidad del país.  

 

Con el fin de fomentar nuestra competitividad, hace 22 años, en abril 2002, se creó el Consejo Nacional de la Competitividad (en 2016 le cambiaron el nombre por Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización - CNCF). En 2005 se aprobó el primer Plan Nacional de Competitividad (PNCP), el actual PNCP vigente cubre el período 2019-2030 pero lamentablemente nada se ha avanzado encontrándose actualmente abandonado, y hasta el CNCF está buscando actualizarlo. En setiembre 2013 se formó en el Congreso un Grupo de Trabajo “Seguimiento al Plan Competitividad” que debió evaluar permanentemente políticas, estrategias, acciones y cumplimiento y efectividad de metas, pero nunca se conocieron los resultados; este grupo de trabajo debería restablecerse.

 

Bajo este panorama, el gobierno debería tomar en serio el tema de la competitividad porque representa la mejor rentabilidad obtenida de un país por el valor de sus productos ofrecidos en mercados internacionales (cantidad, calidad y costos) e insumos para elaborarlos (productividad), que le permite competir en términos comparativos con confiabilidad, estabilidad y predictibilidad. A mayor nivel de competitividad, mejora la productividad, las oportunidades de empleo, salarios e ingresos por habitante, pero, sobre todo, aumenta la prosperidad y calidad de vida poblacional.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de junio de 2024

 

 


EL INCESANTE Y PELIGROSO INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR



 

Durante este mes de junio, el incremento del nivel del mar asociado al cambio climático está ocasionando el primer desplazamiento humano en América Latina, trasladándose unas 300 familias de indígenas panameños Guna de la isla Cartí Sugdupu hacia tierra firma, esta isla está en el archipiélago de Guna Yala que cubre 365 islas o islotes (49 habitadas) en la costa septentrional de Panamá al este del Canal de Panamá, y que a mediano plazo, sus habitantes se verán obligados a trasladarse a tierra firme. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima que en América Latina y el Caribe entre 6% y 8% de la población vive en áreas de riesgo alto o muy alto por aumento del nivel del mar. Para la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) las ciudades con mayor riesgo de inundaciones en Sudamérica son Barranquilla (Colombia), Maracaibo (Venezuela), Río de Janeiro y Porto Alegre (Brasil) y Punta del Este (Uruguay), y en Norteamérica, Miami y el sur de Florida.

 

El aumento del nivel del mar está ligado a varios factores provocados por el cambio climático, por actividades humanas como quema de combustibles fósiles, produciendo enormes concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) e intensificando el calentamiento global que aumenta la temperatura de la superficie terrestre y genera que los océanos, que ocupan 70% del planeta, absorban enorme cantidad de dióxido de carbono, aumentando la temperatura del agua de mar expandiéndola, ocupando más espacio y aumentando su nivel (según la UNESCO, los océanos contienen 40 veces más carbono que la atmósfera), también influyen el deshielo de glaciares y pérdida de hielo de Groenlandia y Antártida Occidental.

 

El VI informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) confirma que se están produciendo cambios en el clima de la tierra en todos los continentes, asimismo en océanos cuya superficie se ha calentado alrededor de 0.9 °C como promedio global que aumentó en mayor proporción los últimos 50 años. El incremento del nivel del mar entre 1993-2023, aumentó en el mundo 24 cm, y se prevé para 2100 un incremento medio de entre 40 cm (escenario de emisiones bajas) y 80 cm (emisiones altas).

 

Bajo este panorama, el incremento del nivel del mar en este siglo puede tener devastadoras consecuencias, depende de la cantidad y rapidez con que se reduzca en el mundo el 60% de emisiones de GEI producidas por actividades humanas (acciones antrópicas), uso de combustibles fósiles, ganadería, fermentación en vertederos, combustión de biomasa, deforestación; el 40% restante (efecto invernadero) procede de fuentes naturales para preservación de la vida (energía solar, geotérmica, gases de la atmósfera, etc.).

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de junio de 2023

 

 

 


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