PERÚ: ALARMANTE PIRATERÍA DE SOFTWARE


El pasado día 5 la BSA-The Software Alliance- (organización defensora de la industria del software en el mundo) presentó en Washington la Encuesta Global de Software 2018, la cual registra que en Perú 62% del software instalado en computadoras personales y empresas no cuentan con licencia (6 de cada 10), este porcentaje es muy elevado respecto a la tasa mundial (37%) y Latinoamérica (52%), lo cual representa graves riesgos de seguridad. En la administración y negocios de las empresas puede causar serios problemas legales, económicos, técnicos y financieros, afectar la seguridad de datos de los clientes, interferir en futuros programas, además, al instalarse un software ilegal en cualquier equipo se incrementa el peligro de privacidad de información de los usuarios, robos de información, ciberataques debilitantes, pirateos de datos, acceso no autorizado por hackers, introducción de programas maliciosos y hasta suplantación de identidades para cometer delitos.

Pero lo más grave es que el uso de software ilegal atenta contra los derechos de propiedad intelectual, cabe señalar que el último informe 2018 sobre derechos de propiedad intelectual de la Oficina Representante Comercial de EE UU mantiene al Perú en su Lista de Vigilancia (reiterativamente desde hace 17 años), además, en nuestro país, el valor comercial del consumo de software ilegal (denominado pérdidas a la industria) asciende a US$ 180 millones. Según Microsoft, en América Latina, nuestro país es el segundo más vulnerable por ciberataques, solo superado por Brasil. Aunque contamos con una legislación penal que restringe y sanciona usos ilegales cibernéticos con hasta 8 años de prisión por comercialización y por uso en empresas multas de hasta 180 UIT (S/.747,000), el uso ilegal de software se mantiene en un altísimo nivel alarmante e incontrolable y no se conoce ningún caso de pena privativa de la libertad impuesta por este delito.

Bajo este panorama se requiere que la Dirección de Derecho de Autor de INDECOPI promueva más campañas para incentivar el uso de programas informáticos legales en las empresas del país, principalmente las Pymes, también, mayores controles e inspecciones inopinadas, especialmente a empresas de manufacturas, ventas, distribución y servicios que, según la BSA, son las que más inciden en uso de software ilegal, además, que la Dirección de Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal (DIRPOLFIS) realice constantes operativos y decomisos de material ilegal en negocios y galerías de venta y ensamble de equipos de cómputo en todo el país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de junio de 2018


OCÉANOS AMENAZADOS POR DEPREDACIÓN HUMANA


El día de ayer, 8 de junio, se conmemoró el Día Mundial de los Océanos instaurado en 2009 por la Asamblea General de la ONU (Resolución 63/111), sin embargo, después de 9 años constatamos la grave situación de desprotección y descuido de los mares del mundo por actividades depredadoras humanas que impactan sus ecosistemas, tales como, uso de prácticas destructivas contaminantes, emisiones de gases nocivos, extracción irracional de todo tipo de especies por pesca ilegal, pesca de arrastre por flotas industriales y pesca de ejemplares juveniles que no alcanzan su potencial productivo afectando su continuidad.

La contaminación oceánica es muy grave por vertido de desperdicios, basura, petróleo, sustancias y productos químicos nocivos y residuos radiactivos procedentes de fuentes terrestres o de buques en alta mar. Anualmente en el mundo se producen 260 millones de toneladas de plástico, material que constituye el 90% del total de basura flotante en los océanos siendo acarreada por las corrientes hasta remotos rincones del planeta, estos restos matan alrededor de un millón de aves y cien mil mamíferos marinos, y además, se van desintegrando en cientos de años en microplástico siendo consumido por peces que luego pasan a la alimentación humana.

Tampoco se reflexiona sobre el efecto invernadero y emisiones de dióxido de carbono (CO2) que incrementan en 30% el nivel de acidez oceánica del planeta ocasionando grave impacto en la supervivencia de los ecosistemas marinos, alterando las cadenas alimenticias (plancton-peces-animales marinos), afectando la productividad oceánica y amenazando la supervivencia de muchas especies marinas, además, el derretimiento glaciar afecta la reproducción del krill (crustáceo sustantivo en la composición del plancton) deprimiendo el primer peldaño de la pirámide alimenticia marina.

Bajo este panorama, los océanos cubren 70% de espacio acuático de la superficie terrestre, regulan el clima y nos brindan ecosistemas e inmensos recursos, sin embargo, su degradación se acelera, por lo que es indispensable incrementar su protección para ayudar a sobrevivir de estas graves amenazas al ambiente marino y su ecosistema. Solo en el océano Pacífico existe una isla de basura que contiene 1.8 billones de piezas de plástico, Y en nuestro país tenemos graves elementos contaminantes ilegales y clandestinos como botaderos y colectores, desagües y vertederos mineros e industriales que ocasionan grave contaminación de nuestro mar y fauna marina la cual se incrementa por falta de control, mala gestión de residuos sólidos y líquidos, y falta de conciencia y educación ambiental ciudadana.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de junio de 2018



EN COMPETITIVIDAD SEGUIMOS EN EL FONDO


El pasado 23 de mayo, el instituto suizo International Institute for Management Development –IMD- (en asociación local con Centrum Católica), presentó su Ranking Mundial de Competitividad 2018 analizando 63 países en 4 categorías: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia en los negocios e infraestructura, incluyendo 20 indicadores, para determinar el nivel de competitividad de los países midiendo la capacidad de sus economías para crear un entorno empresarial competitivo, incrementar su productividad y generar ingresos para mejorar la prosperidad, bienestar y calidad de vida de su población.

Nuestro país se ha ubicado en dicho ranking entre los últimos 10 puestos (54° entre 63 países) registrando los últimos lugares en importantes indicadores: economía doméstica (54°), comercio internacional (54°), marco social (60°), productividad y eficiencia (60°), prácticas gerenciales (54°), infraestructura básica (58°), infraestructura tecnológica (61°), infraestructura científica (61°) y educación (54°), pero lo más preocupante es que desde el 2008, que ocupamos el puesto 35°, venimos decayendo, además los últimos 4 años nos mantenemos entre los 10 países menos competitivos del mundo lo cual demuestra que la evolución de nuestra competitividad empeora y por ende nuestra productividad no avanza lo cual es fundamental para el desarrollo del país.

El asunto es que nuestra competitividad no mejora a pesar que desde el 2002 tenemos un Consejo Nacional de la Competitividad, cuya denominación fue modificada en agosto 2016 por Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización, y es presidido por el ministro de Economía y conformado por el presidente del Consejo de Ministros, cinco ministros, representantes de los gobiernos regionales y locales, la Confiep, y un grupo consultivo especializado, cuyas funciones son diseñar y proponer reformas, medidas, estrategias y propuestas normativas para mejorar la competitividad del país, además, desde 2012 hemos tenido dos agendas de competitividad, la primera (2012-2014) con 60 metas, y la segunda, que concluye este año (2014-2018) con 65 metas, de las cuales poco o nada se ha avanzado. 
 
Bajo este panorama y considerando la importancia de mejorar nuestra competitividad, indispensable para aumentar la productividad la cual está estrechamente ligada al crecimiento económico y la reducción de la pobreza e informalidad, el gobierno debería implementar reformas y políticas públicas dirigidas a fortalecer la productividad empresarial, aumentar la eficiencia del aparato estatal, mejorar la prestación de servicios sociales y educativos, avanzar en ciencia, tecnología e innovación, y fortalecer la integración de nuestra economía con el resto del mundo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de junio de 2018


NUESTRAS ABANDONADAS FRONTERAS TERRESTRES


En el Perú tenemos 7,192 kilómetros de fronteras terrestres que limitan con cinco países: con Brasil (2,822), Colombia (1,626), Ecuador (1,528), Bolivia (1,047) y Chile (169). La Constitución dispone que el deber primordial del Estado es establecer y ejecutar la política de fronteras (artículo 44°), además, hace 7 años tenemos la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza (Ley 29778 junio-2011) y su reglamento (DS 017-2013-RE abril-2013) que establece el desarrollo de fronteras e integración fronteriza como política de Estado con participación de los niveles de Gobierno Nacional y gobiernos regional y local, y además, es de cumplimiento obligatorio para todo el sector público, sin embargo, la mayor parte de nuestras fronteras están descuidadas y abandonadas, la mayoría de distritos de éstas zonas fronterizas se encuentran entre los quintiles pobre, muy pobre y pobre extremo en los Índices de Carencia, especialmente en Loreto (Yaquerana-Alto Tapiche, Morona, Putumayo-Napo, y el Trapecio Amazónico), Ucayali (Purús, Yurúa, Masisea, Tamaya), Amazonas (Río Santiago y Alto Camaina Cordillera del Cóndor) y Tacna (La Yarada-Los Palos).

Tenemos un Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza que depende de la Presidencia de la República (el Poder Ejecutivo debe crear las fuentes de financiamiento pero no las concreta), y es presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores que es además Órgano Rector del Sistema Nacional de Fronteras e Integración Fronteriza entre cuyas funciones debe promover el desarrollo sostenible de los espacios de frontera, fomentar su ocupación y el uso sostenible del territorio, lo cual no se esta cumpliendo, ocasionando que parte de nuestra población fronteriza se identifique con valores y objetivos o dependa en lo económico y cultural de los países fronterizos.

Bajo este panorama la situación de nuestra población fronteriza debería obligarnos a asumir como objetivo nacional el poblamiento y desarrollo económico y social de nuestros territorios fronterizos. El pasado 14 de abril, tras la clausura de la VIII Cumbre de las Américas, el presidente Martín Vizcarra, reconociendo que gran parte de nuestra frontera con Colombia esta descuidada, anunció que el gobierno tendrá “mayor protección y presencia en las fronteras”, sin embargo, increíblemente nuestro país no cuenta con una Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos que coadyuve a incrementar la presencia efectiva del Estado en los espacios de frontera contribuyendo a su desarrollo económico y social así como a la afirmación de nuestra soberanía, integridad territorial e identidad nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de mayo de 2018


TERRORISTA SENTENCIADA DEL MRTA EN EL CONGRESO

Nancy Madrid, condenada por terrorismo a 18 años de prisión por el delito de afiliación terrorista en agravio del Estado, y quien según la Dirección de Lucha contra el Terrorismo (Dircote) perteneció a la cúpula del grupo terrorista MRTA junto con Peter Cárdenas (lugarteniente del fundador Víctor Polay), increíblemente estuvo trabajando casi dos años en el Congreso de la República (desde el 27 julio 2016) como “asistente” de la legisladora del Frente Amplio (FA) María Foronda, pero lo preocupante es que la presencia de esta terrorista no fue detectada por su partido (FA), ni por nadie del Congreso, ni por alguna entidad del Estado relacionada a lucha antiterrorista, sino por un programa televisivo difundido el domingo pasado (Panorama).

Esta terrorista reconoció ante magistrados de la Sala Penal para Casos de Terrorismo haber alquilado una vivienda en el distrito de San Borja para ser usada como “cárcel del Pueblo” y es sindicada como administradora de esos sórdidos socavones  excavados en sótanos de domicilios particulares donde el MRTA confinó a 46 hombres de negocios entre 1984 y 1997, sometiéndolos a inhumano cautiverio, maltratándolos, torturándolos e interrogándolos en sus “juicios populares” y solo eran liberados después de pagar millonarios “cupos de guerra”, otros perecieron en manos de sus captores que hasta contaban con comandos de aniquilamiento. Además, esta terrorista trabajó anteriormente 5 años (2008-2013) nada menos que como educadora en una asociación de grupos juveniles en El Agustino habiendo tenido la posibilidad de transmitir a los jóvenes su ideología criminal que los terroristas jamás abandonan ni se arrepienten por ello.

Aunque esta terrorista, al ser detectada, debió ser inmediatamente despedida por la congresista Foronda, no lo hizo argumentando que “lo que se dice de mi asistente es una patraña”, dándose el lujo la terrorista de renunciar a un privilegiado “puesto de confianza” que ni siquiera requirió postular a concurso público para recibir del dinero de todos los peruanos un sueldo mensual de S/.3,500, además de bonificaciones, asignación por alimentación diaria, bono navideño, seguro de salud, vacaciones pagadas, un sueldo adicional completo en julio y diciembre y derecho a compensación por tiempo de servicio, habiendo recibido en el año y 10 meses más de S/ 130,000 que deberían ser inmediatamente devueltos al Congreso por la congresista Foronda, independientemente de efectuársele una prioritaria investigación y la evaluación de su desaforo..

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de mayo de 2018


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