VERTIGINOSO AUMENTO DE COCA Y PRODUCCIÓN DE COCAÍNA

El pasado día 31 la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) publicó un informe en el que estima que nuestros cultivos ilegales de coca se incrementaron desde 52,100 hectáreas en 2018 hasta 72,000 en 2019, y la producción de cocaína, de 505 toneladas hasta 704 (a nivel mundial se producen anualmente alrededor de 1,700 toneladas), cifras altísimas por la gravedad que representan, la cocaína que producimos genera aumento de consumo y crisis de adicción en diferentes países del mundo, y en nuestro país, una peligrosa realidad de incremento de delitos por consumo que corroen el tejido social y amenaza nuestra estabilidad nacional.

Tanto el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rubén Vargas, y la Cancillería peruana, rechazaron estás cifras argumentando errores de cálculo debido a que no redujeron 9,000 hectáreas de hoja de coca que es utilizada para consumo tradicional ni tampoco reconocen la erradicación de 25,000 hectáreas durante 2019. Sin embargo, para refutar las cifras de la ONDCP, que año a año nos viene advirtiendo sobre estos preocupantes incrementos (y Vargas igualmente los refuta con los mismos argumentos de errores de cálculo), se debería hacerlo con cifras oficiales que increíblemente, siendo presidente ejecutivo de Devida, no las tiene, y las que maneja son muy inciertas y poco confiables, además, debería considerar las resiembras, mayor rendimiento y productividad de cultivos, mediciones no contabilizadas, etc.

A pesar de que desde 2017 se encuentra vigente la Estrategia Nacional 2017-2021 para atención integral de drogas (que incluye el Vraem), Vargas, al asumir el cargo presentó una nueva Estrategia Vraem 2021 aprobada en octubre 2018, la cual no resuelve nuestro principal problema del permanente incremento de cultivos ilegales y producción de cocaína, el problema es que Devida ha desvirtuado su cargo de rector de política y estrategia nacional en la lucha contra el tráfico ilícito y consumo de drogas y actualmente viene desempeñándose como coordinador de acciones para el desarrollo del Vraem, labor muy plausible y encomiable, pero que le corresponde directa y funcionalmente a otros ministerios.

Bajo este panorama, lo cierto es que ostentamos el vergonzoso segundo lugar como productor y exportador mundial de cocaína (después de Colombia) y no tenemos información oficial sobre nuestros cultivos ilegales de coca desde hace 2 años (2018), y peor aún, sin cifras oficiales de producción de cocaína desde hace 12 años (2008).

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de agosto de 2020

NUESTRO CACAO REQUIERE MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD

El pasado 16 de julio se inició el XI Salón del Cacao y el Chocolate-Perú 2020, y, adaptándose al tiempo del coronavirus, por primera vez será en edición virtual hasta fin de año. En este evento los visitantes podrán contactar directamente con productores y acceder a productos de cacao y chocolatería. El cacao es producto bandera del Perú que brinda trabajo y genera ingresos a 130,000 familias, tenemos variedades de cacao fino y de aroma único en el mundo que sirve para elaborar chocolates que muchos países nos importan, se produce principalmente en la selva, en los Valles del Huallaga (Huánuco y San Martín), La Convención (Cusco), Tambo (Junín), Marañón (Cajamarca y Amazonas) y Vraem (Ayacucho, Cusco y Junín), también en la región Piura es muy reconocido el cacao de corazón blanco.

Sin embargo, este dulce panorama no se condice con la situación real del sector cacaotero especialmente por el contenido de cadmio en nuestro cacao (metal tóxico presente en el suelo y absorbido por las plantas) que sobrepasa los niveles requeridos por la Unión Europea desde 2014 (enmienda 488) y que rige a partir de 2019 estableciendo como máximo de cadmio 0.8 miligramos por kilogramo (mg/kg), según investigaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) nuestro contenido de cadmio supera este umbral y cada vez más países ponen restricciones y reglamentos afectando la exportación de nuestros productos. Para contrarrestar esta situación el sector cacaotero está enfocado en la producción orgánica, aunque actualmente el volumen de exportación anual es muy bajo (15,000 TM) proyectando aumentar hasta 25,000 TM hacia el 2023.

Pero no solo es el cadmio, este sector también presenta muchas debilidades, entre ellas, la mayoría de productores no tienen título de propiedad, cuentan con limitada capacidad de inversión y acceso a crédito, además, es insuficiente la inversión en investigación, innovación y valor agregado, exiguo material genético, deficiente tecnificación, escaso análisis de manejo de suelos, inadecuado uso de abonos y plaguicidas, deficiente infraestructura vial rural.   

Para el crecimiento y fortalecimiento del sector cacaotero y posicionar nuestro cacao en el mundo el Estado debería conformar un comité técnico permanente de la cadena productiva del cacao y chocolatería, además debe apoyar a productores y empresas locales, y para reducir los niveles de cadmio y el logro de un buen cacao orgánico será necesario fortalecer las áreas de cultivo seleccionando las semillas, manteniendo la fertilidad y conservación del suelo, reciclando los nutrientes y controlando las plagas sin uso de agroquímicos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de agosto de 2020

ACUERDO DE ESCAZÚ: LO QUE LOS CONGRESISTAS DEBEN SABER

El Acuerdo de Escazú es conocido como “Tratado de la Comisión Económica para América Latina” (Cepal) porque será este organismo que obligará a los Estados Parte a informarle acciones relacionadas a derechos humanos en asuntos ambientales. Este acuerdo postula objetivos y principios que teóricamente son irrebatibles, como que contribuye a la protección del derecho de toda persona a vivir en medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, o que se rige bajo principios de buena fe, equidad intergeneracional, soberanía permanente de Estados sobre sus recursos naturales, igualdad soberana de Estados, etc.

Sin embargo, antes de emitir su voto los congresistas deben saber que en la práctica, si nuestro país se adhiere a este peligroso Acuerdo, permitiríamos que cualquier persona, o personas jurídicas como las ONG ambientalistas (existen aproximadamente un centenar en el país) puedan acceder a toda información ambiental obligando al Estado a entregársela, además posibilita su participación en proyectos, inclusive antes que las empresas presenten estudios de impacto ambiental (EIA), igualmente, les permitiría acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar decisiones u omisiones que según ellos podrían afectar el ambiente.

También, antes de emitir su voto los congresistas deben saber que conforme al Anexo I del Acuerdo son 33 países de América Latina y el Caribe que pueden firmar y adherirse (Estados Unidos y Canadá no intervienen), de éstos, 22 han firmado y para que entre en vigor deben ratificarlo 11, actualmente 9 lo han ratificado, además de Bolivia y Ecuador, 7 países, la mayoría pequeños y sin recursos naturales: San Cristóbal y Nieves (población 55 mil, extensión 261 km2); Antigua y Barbuda (población 96 mil, extensión 442 km2); San Vicente y las Granadinas (población 110 mil, extensión 387 km2); Guyana (población 800 mil, extensión 215 mil km2); Jamaica (población 2.9 millones, extensión 11 mil km2); Panamá (población 4 millones, extensión 75 mil km2) y Nicaragua (población 6 millones, extensión 130 mil km2), todavía no lo ratifican Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú.

Bajo este panorama faltando solo dos ratificaciones (plazo vence este 27 setiembre) es probable que el Acuerdo entre en Vigor porque puede ser ratificado por cualquier otro país firmante (Haití, Santa Lucía, Granada, Guatemala, Costa Rica o República Dominicana), sin embargo, si el Congreso peruano no lo ratifica (sería la mejor opción) no nos obliga al tratado, si lo ratifican, estaríamos cediendo voluntariamente soberanía en nuestra Amazonía, afectando proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, además de trasladar conflictos ambientales de carácter interno hacia tribunales internacionales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de julio de 2020

ACUERDO DE ESCAZÚ REQUIERE EXHAUSTIVO ANÁLISIS

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 marzo 2018 y abierto a la firma el 27 diciembre 2018, el Perú es negociador y firmante pero aún el Congreso no lo ratifica, este es el primer tratado regional sobre asuntos ambientales y el primero en el mundo que incluye medidas vinculantes para fortalecer la protección de defensores de DD.HH. Este tratado busca implementar y regular tres derechos, el primero, acceso a la información, que es por demás peligroso ya que cualquier persona o personas físicas o jurídicas, como las ONG ambientalistas, tienen derecho de acceder a la información ambiental y el Estado debe mantener sistemas actualizados para entregarla en todo momento, el segundo derecho, sobre participación pública, es peligroso por los mecanismos de participación de proyectos de manera directa y temprana, inclusive 18 meses antes que las empresas presenten sus estudios de impacto ambiental, y el tercer derecho, acceso a la justicia ambiental, peor aún, permite el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que podrían afectar el ambiente.  

Nuestro país cuenta con enorme disponibilidad de recursos naturales explotables y un importante potencial geológico para optimizar su uso y alcanzar el desarrollo sostenible y responsable que podemos lograr con independencia, sin ser partes de un tratado que será supervisado por la Cepal que nos obliga a informarle nuestras acciones ambientales, y no  permite hacer reservas, también podría afectar parte de soberanía de nuestra Amazonía, perjudicar los proyectos extractivos e internacionalizar conflictos de carácter interno que podrían ser vistos en tribunales internacionales.

Bajo este panorama, el Congreso debe realizar un exhaustivo análisis antes de ratificar este acuerdo considerando que compromete nuestra libertad de determinación y que contamos con la normativa suficiente para cumplir con los DD.HH ambientales, aún más completa que las obligaciones que nos demandaría este tratado, solo debemos cumplirlas; tenemos Ministerio del Ambiente, Ley 27806 de acceso a la información pública, un Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia), un Plan Nacional de DD.HH 2018-2021, Ley Marco 30754 sobre cambio climático para enfrentar los riesgos climáticos, un Consejo Nacional de DD.HH integrado por todos los ministerios, también, en elaboración un Plan Nacional sobre empresas y DD.HH (sería aprobado en 2021) y somos el primer país en Sudamérica con legislación de derecho a la consulta previa de pueblos indígenas u originarios con Ley 29785 de abril 2012 y actualmente se están retomando nueve consultas previas de proyectos extractivos.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de julio de 2020

PESCA ILEGAL: SU CONTROL Y FISCALIZACIÓN ES CRUCIAL

La grave pandemia del coronavirus y la difícil situación política y económica que enfrenta nuestro país cubre la agenda nacional dejándose de lado temas importantes de la realidad nacional como la problemática de pesca ilegal, la cual se incrementa en nuestro dominio marítimo y su control y fiscalización es muy complejo debido a falta de normas adecuadas, de instrumentos legales y tecnología que permita detectarla y desincentivarla, especialmente a las grandes flotas pesqueras chinas, japonesas, taiwanesas o españolas que extraen nuestros recursos pesqueros, principalmente calamares y atún.

Según Alfonso Miranda, presidente de la Cámara Peruana del Atún (CPA) cada año ingresan a nuestro mar territorial unos 300 barcos pesqueros chinos que pescan ilegalmente y tienen acceso a puertos peruanos para reparaciones, abastecimiento de combustibles y operaciones logísticas haciéndonos más vulnerables a esta ilícita actividad (Argentina, Chile y Ecuador no lo permiten), además, según la FAO nuestro país pierde anualmente por pesca ilegal S/.1,200 millones.

En el Ministerio de Producción (Produce) se ha anunciado la fase final de preparación de una norma para regular las operaciones de embarcaciones extranjeras en nuestro mar obligándolas al uso de sistemas de control satelital para su monitoreo con el Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat) y Sistema de Posicionamiento Satelital para reportarse a Produce y a la Autoridad Marítima Nacional (Dirección de Capitanías y Guardacostas) antes de su ingreso a nuestro litoral o a un puerto peruano, sin embargo hasta la fecha dicha norma no se concreta, cabe mencionar que las embarcaciones artesanales y barcos pesqueros peruanos están obligados a indicar su posición mediante el Sistema de Identificación Automática (AIS).

Bajo este panorama, esta ilegal actividad ocasiona daños al medio ambiente, agota nuestros recursos marinos, destruye los hábitats, impacta la economía, afecta la seguridad alimentaria y representa competencia desleal para pescadores y empresas formales. Para enfrentarla es necesario optimizar el control de actividades ilícitas (pesca sin permiso, no respetar cuotas de captura, dar falsas cantidades o de pesos de especies capturadas), mejorar la trazabilidad de plantas pesqueras para evitar el procesamiento de pesca ilegal, y para vigilar nuestro “Mar de Grau” (1’150,000 km2 y uno de los más ricos del mundo) se requieren más patrulleras marítimas, la Marina cuenta con 4 tipo Río Pativilca (más 2 en construcción), pero se requieren por lo menos 12, además se necesitan más estaciones de vigilancia electrónica y optimización del Sistema de Conectividad Territorial de la Autoridad Marítima Nacional y su enlace con Produce.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de julio de 2020