EL DRAMA DE NUESTRA AGRICULTURA FAMILIAR



 

La agricultura es uno de los principales motores de crecimiento del país, sin embargo, este gobierno continúa acentuando su crisis, no apoya su desarrollo, tampoco reactiva ni resuelve los graves problemas del agro, informalidad laboral, infraestructura, riego tecnificado, fertilizantes, sanidad, investigación, tecnología, capacitación, productividad, seguridad alimentaria, créditos y seguros, sobrecostos y riesgos, destrabes de proyectos de irrigación, pero lo más grave es que no apoya ni fortalece la agricultura familiar, actividad, que explota áreas de cultivo de pequeño tamaño utilizando predominantemente mano de obra familiar no remunerada.

 

La última Encuesta Nacional Agropecuaria ENA-2022 registra que la agricultura familiar cubre 97.6% del sector productivo (2 millones de unidades agropecuarias) y genera trabajo a más de 3 millones de peruanos, sin embargo, además de no avanzar por falta de capacitación, asistencia técnica, y mínimo uso de tecnologías (semillas mejoradas, riego tecnificado, uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas), registra una tendencia decreciente entre 2019-2022 (de 40.9% a 35.6%), asimismo, la agricultura familiar de subsistencia (menos de 2 hectáreas), se redujo entre 2019-2022 (de 89.1% a 88%). Según la FAO, a diferencia del crecimiento de la agroexportación en nuestro país, en los últimos años la productividad en nuestra pequeña y mediana empresa agrícola es de las más bajas de la región.

 

En octubre 2023, el movimiento global OXFAM, organización que trabaja en 90 países del mundo, presentó la investigación “Agricultura Familiar en tiempos de crisis en Perú: diagnóstico y recomendaciones”, señalando que la agricultura peruana está sumida en una profunda crisis, golpeada sucesivamente por el covid-19, crisis de fertilizantes y cambio climático, pero la más afectada desde 2020 viene siendo la agricultura familiar (sector en el que viven 1 de cada 5 peruanos) debido a respuestas insuficientes del Estado peruano, ocasionando sucesivos aumentos de pobreza en hogares agrarios, alcanzando 42% en 2022, casi el doble que en hogares no agrarios, según cálculos en base a datos del INEI.

 

Bajo este panorama, a pesar que nuestra agricultura familiar abastece 80% de alimentos de la canasta básica y es eje principal de la seguridad alimentaria e impulsora del desarrollo del sector rural, está en pésima situación por falta de atención de la política pública del actual gobierno, por el que han pasado 7 ministros de Agricultura que han dejado de lado esta importante y fundamental actividad que no avanza en su fortalecimiento ni desarrollo. La agricultura familiar se encuentra a la deriva porque desde 2021 no contamos con una Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar, año que caducó la anterior estrategia (2015-2021), además, la agricultura no es censada hace 12 años, desde 2012, proceso indispensable para conocer la base productiva agropecuaria del país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de febrero de 2024

 


LA INDUSTRIA NAVAL FORTALECE LA INDUSTRIA NACIONAL Y CONTRIBUYE CON NUESTRA ECONOMÍA



 

La industria naval es un eslabón estratégico para el desarrollo socioeconómico, contribuye directamente a la economía y es pilar fundamental para el desarrollo de otras actividades que requieren servicios portuarios, logísticos, bienes y productos como transporte de mercancías, pasajeros, actividad pesquera, sector turismo, además, esta industria es creadora de puestos de trabajo con empleos directos e indirectos en muchos campos laborales, participan trabajadores de diversos rubros empresariales (incluyendo mano de obra especializada) que intervienen en su cadena de valor otorgando un carácter integrador y dinamizador sobre muchas ramas de esta actividad, adicionalmente, su importancia radica en su contribución al desarrollo sostenible, competitividad, productividad y capacitación tecnológica, a través de áreas de actuación principalmente en el capital humano e investigación y desarrollo.

 

En este contexto, nuestro principal astillero nacional son los Servicios Industriales de la Marina (SIMA PERÚ), creado en 1950, desde hace 74 años promueve y desarrolla la industria naval, industrias complementarias y conexas, actualmente cuenta con 3 centros operativos (Callao, Chimbote e Iquitos) y operan en construcción y reparación naval, metal-mecánica, armas y electrónica, ha construido más de 2,000 embarcaciones y es el único astillero del país con capacidad de desarrollar proyectos de alto bordo, construyó en 1958 el primer buque de alto bordo en Latinoamérica (BAP Zorritos), posteriormente otros 4 buques similares, además, el BIC Humboldt, y en 1978 las fragatas misileras BAP Montero y BAP Mariátegui, desde 2013 ha construido 6 embarcaciones Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) que han atendido alrededor de 3 millones de peruanos en la Amazonía y el Altiplano (en proceso 2 PIAS adicionales), también construyó nuestro grandioso Buque Escuela BAP Unión y el buque multipropósito BAP Pisco (en proceso el BAP Paita), actualmente moderniza nuestros submarinos tipo 209 (BAP Chipana en etapa de pruebas).

 

Cabe resaltar que SIMA PERÚ ha construido el 80% de puentes metálicos existentes en el país y actualmente desarrolla proyectos en Amazonas, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Junín y Piura. Proyecta contar con un nuevo dique para buques más grandes con mayor capacidad y estar a tono con el desarrollo portuario del puerto de Chancay e incremento de capacidades portuarias del Callao, para esto, está en proceso de selección del astillero coproductor para construir nuevas naves tipo multirol, patrulleras oceánicas y buques de apoyo logístico.

 

Bajo este panorama, nuestra industria naval viene fortaleciendo ampliamente la industria nacional contribuyendo así con la economía nacional. El gobierno debe cumplir lo que establece la Política Nacional Marítima como Objetivo Prioritario 3: “Incrementar el comercio de manera sostenible y diversificada en el ámbito marítimo”, y, el lineamiento 3.9 que precisa explícitamente “potenciar la capacidad y competitividad de la industria de construcciones y reparaciones navales”.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de febrero de 2024

 


INVERSIÓN PRIVADA EN NUESTRO PAÍS CONTINÚA EN DECADENCIA



La inversión privada es relevante para nuestro país porque tiene impacto directo sobre el crecimiento económico, indispensable para promover empleo, reducir la informalidad y disminuir la pobreza, sin embargo, acciones contradictorias del gobierno han ocasionado un tramo pesimista de más de 2 años de la confianza empresarial (el mayor período registrado), no hay apoyo a la inversión, se ha deteriorado el ambiente de los negocios, no se resuelven la complejidad regulatoria ni los conflictos sociales, no hay claridad fiscal, falta de transparencia en procesos y recursos públicos, se incumplió la meta del déficit fiscal, toda esta situación ha creado una alta incertidumbre y desconfianza empresarial ocasionando que la inversión privada caiga -0.4% en 2022, y, -7.3% en 2023 (la peor en las últimas 2 décadas), y, según el IPE, si en 2024 no se recupera la confianza empresarial, caería -1.5%.

 

Sin embargo, el ministro de Economía, Alex Contreras, que en enero viajó a Boston y Nueva York para atraer inversiones, ha manifestado que la percepción de inversionistas sobre el Perú, es positiva, increíblemente, parece que no reconoce que la desconfianza empresarial y sus expectativas pesimistas afectan gravemente la inversión privada y extranjera directa, porque las empresas no invierten ni activan proyectos o planes de inversión para expandirse, además, nuestra debilidad económica ocasiona situaciones de crisis en muchas medianas y pequeñas empresas, obligadas a ejecutar su liquidación. Peor aún, la inversión privada minera, actual motor de nuestro crecimiento económico, está en debacle, según el BCR, en 2023 tendría un fuerte descenso de -18%, y en 2024 seguiría cayendo -2.4%, y el gobierno no tiene voluntad política para evitar conflictos sociales ni mejorar la licencia social de proyectos mineros listos para operar como Tía María y Conga.

 

Bajo este panorama, el pasado martes 6 el gobierno creó una comisión multisectorial temporal (RS-015-2024-PCM) para simplificar barreras burocráticas en el marco de medidas de reactivación económica e impulso a la inversión privada. Lo que no se comprende es que este gobierno, en la etapa de Castillo, ya había creado una comisión multisectorial permanente el 6 octubre 2022 (DS 236-2022-EF) que al igual que la comisión temporal, es presidida por el PCM y los mismos integrantes principales (MEF, MEM, MTC y MVCS), para seguimiento y evaluación del avance y desarrollo de inversiones públicas, privadas y público-privadas, determinación de sus problemas y adopción de medidas para viabilizar e impulsar su ejecución efectiva. Esta comisión permanente creada hace 1 año 7 meses, dentro de sus funciones, ya debería haber analizado y eliminado todas las barreras burocráticas para promover la aceleración efectiva de las inversiones, pero no lo ha hecho, y, ahora, como “cortina de humo”, nombran otra comisión similar de carácter temporal.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de febrero de 2024

 

 


ESPIRAL DE LA CORRUPCIÓN AVANZA SIN FRENO EN NUESTRO PAÍS



 

El pasado 30 de enero la organización Transparencia Internacional presentó en Berlín, Alemania, su Índice Anual de Percepción de la Corrupción (IPC-2023), el cual analizó 180 países sobre políticas y acciones anticorrupción, desde 2022 hasta setiembre 2023. Utiliza para su calificación percepciones de expertos residentes y no residentes con decenas de encuestas empresariales mundiales, evaluaciones de analistas de riesgos comerciales y expertos de instituciones internacionales y cataloga en cada país, el grado de corrupción percibida entre los funcionarios públicos y políticos, particularmente sobre el abuso del servicio público en beneficio personal, sobornos, pagos irregulares en contrataciones públicas, malversación de fondos, y, efectividad de acciones e iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos.

 

Según este IPC 2023, el Perú ha registrado el peor índice desde hace 15 años, 33 puntos sobre 100, cayendo 3 puntos respecto a 36 del 2022 (100: transparente, 0: muy corrupto), los puntajes por debajo de 50 indican graves problemas de corrupción, es realmente preocupante que Perú está catalogado entre los países que han presentado puntuaciones mínimas respecto al año anterior, junto con Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. En el ranking, entre 180 países, hemos caído 20 puestos (del 101° al 121°), el peor desde 1998, demostrando que la corrupción avanza sin freno en nuestro país.

 

De la percepción, pasamos a los hechos, lo que constata nuestra situación de corrupción en el IPC-2023: según la Contraloría, la corrupción en la gestión pública en 2022 ocasionó un perjuicio de S/24,419 millones (2.6% del PBI), y más de 76,000 contratos públicos se hicieron a libre elección o a dedo durante el gobierno de Castillo ocasionando gastos corruptos por S/9,000 millones; la Procuraduría Anticorrupción denunció que entre 2021 al 2023 fueron reportados 52,672 casos de corrupción, y, solo en el primer trimestre 2023 se registraron 3,403 nuevos casos, además de 88 casos contra altos funcionarios; según la Defensoría del Pueblo, al 31 diciembre 2022, a nivel nacional, se reportaron 40,095 casos de corrupción en trámite, y, durante el primer semestre 2023 se registraron 5,680 nuevos casos; y el Poder Judicial, en los 8 primeros meses 2023 dictó 122 sentencias de criminalidad organizada y corrupción.

 

Bajo este panorama, es urgente que se tomen acciones y se dicten políticas con el fin de revertir esta situación hacia una dirección positiva, principalmente para evitar el tráfico de influencias, perfeccionar métodos de adquisiciones públicas, supervisar el gasto público a nivel gubernamental, local y regional, evitar la impunidad, dictar penas drásticas y contundentes, para esto, es indispensable tener un Poder Judicial objetivo, eficiente y eficaz, y, asimismo, se apruebe la propuesta de muerte civil a las autoridades corruptas presentada el 23 de enero pasado.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de febrero de 2024

 

 


MODIFICACIÓN A LEY FORESTAL ABRE CAMINO A DEFORESTACIÓN DE NUESTROS BOSQUES AMAZONICOS

 



Desde fines de 2021, Perú Libre y Alianza para el progreso, impulsaron cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) presentando 3 proyectos para modificar los artículos 29 (bosques de producción permanente), 33 (aprobación de zonificación forestal), y, añadiendo una disposición complementaria final (cambio de uso de tierras para actividades agropecuarias), buscando otorgar títulos por cambio de uso de tierras en los bosques amazónicos para otros fines, sin considerar el patrimonio forestal y el peligro de deforestación.

 

Estas modificaciones son rechazadas por organizaciones sociales, productores agrarios y pueblos indígenas porque legalizarían el cambio de uso no autorizado con fines agropecuarios de tierras (de uso mayor forestal y de uso mayor para protección) que forman parte del patrimonio forestal y fauna silvestre, lo cual está estrictamente prohibido en la Ley Forestal; también se eliminaría la obligatoriedad de evaluaciones técnicas para otorgar títulos de propiedad y constancias de posesión en terrenos sin evaluar los impactos forestales y de fauna silvestre, inclusive, la disposición complementaria final estaría habilitando la creación de áreas de exclusión para fines agropecuarios o agroindustriales sin considerar su capacidad de uso, incentivando la deforestación, afectando la protección de bosques y gestión ambiental, a los pueblos indígenas, además, debilitaría el control y fiscalización forestal y ecosistemas.

 

El 14 de julio 2022, increíblemente, con menos de 10 minutos de debate, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio, el Ejecutivo observó esta iniciativa siendo archivada en marzo 2023, pero en mayo, dichos partidos lograron que el Congreso reconsidere el archivamiento, habilitándola, siendo nuevamente observada por el Ejecutivo. Así llegamos al 14 de diciembre, siendo aprobada sorpresivamente en el Pleno, sin estar en agenda y por insistencia, sin análisis técnico ni opinión de autoridades competentes, y en la madrugada del 11 enero 2024, el presidente del Congreso, Soto, firmó la ley por insistencia (Ley 31973) sin tomar en cuenta dos reconsideraciones pendientes de votación.

 

Bajo este panorama, nuestros bosques amazónicos ocupan 60% de nuestro territorio, somos el segundo país con más bosques tropicales del continente, después de Brasil. No se puede permitir que intereses personales, políticos o partidarios, pongan en riesgo nuestra Amazonía. En 2022 se registraron 144,682 hectáreas deforestadas de bosque primario (6.5% más que 2021), somos el tercer país más deforestado en la Amazonía después de Brasil y Bolivia.

 

Cuatro embajadas (Reino Unido, Noruega, Alemania y Canadá) han advertido sobre los potenciales impactos de esta Ley 31973 en la lucha contra la deforestación. Además, esta ley promulgada ya tiene una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, además de una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Soto, y el vicepresidente Cerrón. Esperamos que se haga pronta justicia y no se desnaturalice la Ley Forestal.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de enero de 2024

 


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