ENGAÑOSAS E IRREALES CIFRAS DE POBREZA



El pasado día 9 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó su informe “Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023”, en el cual se explica que el incremento de la población en situación de pobreza en 2023, respecto a 2022, aumentó a 9’780,000 personas (+1.5%), representando 596,000 nuevos pobres. En pobreza extrema, se incrementó a 1’922,000 (+0.7%), representando 249,400 nuevos pobres extremos.


Estas cifras son gravísimas para nuestro país porque reflejan nuestra deplorable situación general y estructural en materia de oportunidades y bienestar, y peor aún, son engañosas e irreales porque el INEI, para medirlas, emplea el método de “Líneas de Pobreza Monetaria”, utilizando únicamente, como variable al gasto,  es decir, mide la capacidad de compra, pero no el consumo efectivo de bienes, mediante el valor de una canasta mensual mínima de S/ 446 por persona (S/ 14.86 diarios) cantidad que debe alcanzar una persona para alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, transporte, enseres y otros, así, si cuenta con dicha cantidad de dinero, no es pobre, y, para pobreza extrema, una canasta de S/ 251 (S/ 8.36 diarios) para subsistir con mínimas necesidades nutricionales, igualmente, contando con esta cantidad, no es pobre extremo. Esta medición de pobreza no mide el desarrollo social, oportunidades humanas, ni otros aspectos incidentes de la pobreza como necesidades y servicios básicos insatisfechos, desnutrición, exclusión social, capacidades, etc. Este método es tan engañoso e irreal que si se le entregara a cada peruano en condición de pobreza S/ 14.86 diarios para vivir, no existiría ni un solo pobre en nuestro país.

 

Bajo este panorama la forma correcta de medición de la pobreza debe ser aplicando la medición “Pobreza Multidimensional” que no solo mide el ingreso económico de las personas, sino, además, tiene un enfoque de derechos sociales, determina reales dimensiones de pobreza en carencias en salud, educación y nivel de vida, en las diferentes regiones, grupos étnicos, genero, áreas rural y urbana, lo que arrojará cifras reales que permitan diseñar políticas públicas integrales que coadyuven a reducir los niveles de pobreza y encaminen el desarrollo social y económico de nuestro país. El Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS), en febrero 2020, informó que a partir de 2021 se iniciaría la medición de “Pobreza Multidimensional”, pero hasta la fecha no lo han vuelto a tratar, seguramente lo han encarpetado porque los resultados de pobreza serían reales y extremadamente más altos que los resultados de medición monetaria. En un informe del Banco Mundial “La pobreza y prosperidad compartida” advierte que la proporción de personas que sufren carencias en múltiples dimensiones es 50% más alta de quienes experimentan deficiencias en términos de consumo o ingreso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de mayo de 2024

  

DEBEN ANULARSE CARGOS DE PREFECTOS Y SUBPREFECTOS REGIONALES Y DISTRITALES


 

El pasado día 12, el Poder Judicial decretó la detención preliminar, por 10 días, de Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), por haber cometido presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, al haber influido en nombramientos de prefectos y subprefectos para recolección de firmas en fichas de afiliación y usarlas en la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, esta acción se cometió con apoyo del director general de la Dirección General de Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros, encargado de supervisar y nombrar prefectos y subprefectos a nivel nacional (existen 26 prefectos regionales, 186 subprefectos provinciales y 1396 distritales), asumió el cargo desde diciembre 2022, al inicio del gobierno Dina Boluarte, ocupándolo hasta el pasado día 10, en que fue removido al recaerle una orden de detención. Deberían investigarse todos los nombramientos ejecutados por Ortiz durante el gobierno de Boluarte, entre diciembre 2022 y mayo 2024.

 

Durante el período de Castillo, éstos cargos se usaron como repartija de trabajo siendo designados a dedo 672 militantes de Perú Libre, partido Popular Magisterial, Fenatep y Movadef para que accionen como su brazo político, agitadores sociales y hasta portátiles; antes de caer por el autogolpe, aumentó el presupuesto de prefectos y subprefectos a cifra récord, de S/ 61 a S/ 77.5 millones, incrementándoles los sueldos entre S/ 7,000 a prefectos y S/ 6,500 a subprefectos, además les destinó S/ 1.5 millones para adquirir componentes y equipos informáticos a nivel nacional.

 

En el período de Boluarte, destituyó los prefectos y subprefectos nombrados por Castillo, pero inmediatamente empezó a reemplazarlos, en sus primeros 3 meses realizó 344 nombramientos y continúo designando a buen ritmo, además, se constataron nombramientos en Cusco, Huánuco y Piura, de firmantes de planillones del Movadef, y, según un informe de El Comercio, seis coordinadores de la organización de Nicanor Boluarte fueron designados como prefectos y subprefectos en diferentes regiones del país.

 

Bajo este panorama, los cargos de prefectos y subprefectos deben ser anulados, debieron ser desactivados cuando se aprobó en noviembre de 2002 la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, antes de este año eran importantes, pero después de la ley orgánica, las funciones de representar al gobierno y planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades políticas, interfiere con las funciones de los gobernadores y alcaldes, hacen “trabajo paralelo” al de autoridades elegidas por voto popular. En noviembre 2022 la Comisión de Descentralización aprobó con 10 votos a favor y 6 en contra, el dictamen sobre eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos (PL-2882/2022-CR), el cual, increíblemente, hasta la fecha, no ha sido agendado para su debate y votación en el pleno del Congreso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de mayo de 2024

 

  


CALIFICADORAS INTERNACIONALES CONTINÚAN BAJANDO NUESTRAS CALIFICACIONES CREDITICIAS



El pasado 25 de abril, la empresa calificadora de riesgo Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), rebajó su calificación soberana al Perú, de deuda en moneda extranjera de largo plazo, de BBB a BBB- y en moneda local de BBB+ a BBB, además, redujo el riesgo de transferencia y convertibilidad de A- a BBB+, poniendo a nuestro país en su nivel más bajo desde 2011 y en peligro de perder el grado de inversión, una nueva rebaja de nivel de la calidad crediticia de BBB- a BB+ dejaría el grado de inversión y pasaría al grado especulativo o de alto riesgo. Cabe mencionar que S&P, para su calificación, se basa en 5 factores de evaluación: institucional, económica, externa, monetaria, promedio de la flexibilidad fiscal y desempeño de la deuda de la calidad crediticia.

 

S&P considera que el complejo panorama político de nuestro país, la fragmentación del congreso y el limitado capital político del gobierno, pesan sobre la confianza de los inversionistas privados, lo cual supone un costo para el crecimiento, limitando la capacidad para reconstruir su espacio fiscal. Además, advierte que, durante los próximos 2 años, podrían bajar las calificaciones si la política económica precipita un mayor deterioro de la confianza de los inversionistas y genere menor crecimiento, presione el déficit fiscal y acelere el aumento de la carga de la deuda. El complejo panorama de incertidumbre política en nuestro país, previo a las próximas elecciones, puede limitar la aplicación de políticas más oportunas que impulsen la inversión y expectativas de crecimiento económico, especialmente en términos per cápita.

 

Pero no solo se trata de S&P, la calificadora Fitch Ratings, redujo, en octubre 2022, su calificación de BBB estable a negativa BBB- (inestabilidad por incertidumbre y exposición a condiciones adversas), y la calificadora Moody’s, en enero 2023, redujo su calificación de la deuda externa de los bonos del Perú a largo plazo y de la deuda local, de una calificación Baa1 a negativa -Baa1, ocasionando perspectivas crediticias negativas a mediano plazo. Ambas calificadoras advierten que la perspectiva de calificación es negativa con riesgos a la baja.

 

Bajo este panorama, nuestras calificaciones crediticias han llegado a una situación que debilitan nuestros cimientos estructurales de perfil crediticio, como tal, se dificultaría el giro de las organizaciones internacionales, y, se incrementarían las tasas de interés en los mercados extranjeros. El ministro de Economía, José Arista, ha asegurado que “toma estas calificaciones con responsabilidad siendo un impulso para realizar ajustes y reactivar la economía”, en todo caso, lo que Ud. debería hacer, Sr. ministro, es mejorar el crecimiento económico, reducir la inflación, evitar la recesión, y, principalmente, expandir la inversión privada generando certidumbre en los mercados financieros.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de mayo de 2024

  


TRAS 11 AÑOS SE CREA LA RESERVA NACIONAL MAR TROPICAL DE GRAU




El pasado 26 de abril se promulgó el Decreto Supremo N°003-2024-MINAM oficializándose la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (RNMTG) frente al litoral de las regiones Tumbes y Piura en una superficie de 115,675 hectáreas. Hace 11 años, en 2013, se determinaron los lugares prioritarios que la conforman, abarcando Isla Foca, El Ñuro, arrecifes Punta Sal y Banco de Máncora, en 2016 se concluyó el expediente técnico, y recién ahora se hace realidad esta importante reserva nacional.

 

Tenemos un inmenso mar de 1’140,000 km2 de extensión, y, hasta antes de crearse esta reserva solo teníamos 0.5% de área total protegida bajo la figura de áreas naturales protegidas costeras que pertenecen al ecosistema corriente de Humboldt, desde Cabo Blanco hasta Tacna (reserva Paracas, reserva de islas, islotes e islas guaneras y reserva San Fernando), pero no existía ninguna zona protegida en el norte, donde actualmente se ha creado esta nueva RNMTG que representa 1.5% del mar tropical y 0.14% del área marina total, la cual contiene una abundante biodiversidad y alta productividad, provee 70% de recursos marinos para consumo humano, 30% de la pesca peruana y 47% de recursos exportables, es, además, una zona de alimentación de especies migratorias y también sirve como punto de guía para tortugas marinas, tiburones ballena y otras especies.

 

Sin embargo, la creación de esta reserva enfrenta actualmente problemas de pesca ilegal por pesca de arrastre, que afecta a todas las especies, especialmente las juveniles y más pequeñas, el reglamento de ley prohíbe estas prácticas dentro de las 5 millas, pero se contravienen por falta de control y fiscalización. Otra problemática es que en la reserva se superponen 4 lotes petroleros, el LXXXVI (Banco de Máncora y Arrecifes de Punta Sal), el Z-2B (Cabo Blanco-El Ñuro), el Z-6 (Isla Foca) y el Z-69 (Cabo Blanco-El Ñuro), este último lote ha sido entregado recientemente a Petroperú. Aunque Perupetro ha suscrito convenios de evaluación técnica con empresas en algunos de los lotes, no deberían proceder nuevas operaciones de exploración y explotación porque existe respeto de derechos preexistentes solo antes de la creación de esta nueva reserva nacional, Las operaciones petroleras deberán ser estrictamente controladas y fiscalizadas sobre conservación marina en actividades de exploración (prospección sísmica en zona de alta biodiversidad, perforación de pozos submarinos profundos), y explotación (derrames).

 

Bajo este panorama, esperamos que la creación de esta nueva reserva coadyuve a controlar y fiscalizar la pesca ilegal y a las empresas petroleras (incluyendo Petroperú) para proteger la pesca artesanal, la diversidad biológica, así como también, el manejo sostenible de los recursos marinos y el crecimiento del potencial turístico.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de mayo de 2024 

DESCENTRALIZACIÓN: PASARON 22 AÑOS Y CONTINÚAN ENORMES DESIGUALDADES REGIONALES Y LOCALES



Desde la fundación de nuestra República, la descentralización ha sido una aspiración nacional, se comenzó a tratar el tema al instalarse el Congreso Constituyente en 1931, pero quedó en intentos, en 1987 García promulgó la ley de bases de la Regionalización considerando 12 regiones, en 1992, Fujimori las desactivo y creó los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), finalmente Toledo, en junio 2002 promulgó la Ley de Bases de la Descentralización (Ley 27783) y en noviembre la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) iniciándose así el proceso de descentralización. En 2005 se realizó un referéndum para la conformación de 5 macrorregiones siendo rechazadas, manteniéndose 25 gobiernos regionales (uno por departamento más la región Callao). Desde 2007 poco o nada se avanzó y el proceso prácticamente se estancó.

 

Este proceso empezó mal, de forma improvisada, se eligieron Gobiernos Regionales y Consejeros sin una ley orgánica que defina viviblemente sus atribuciones y sin claridad de objetivos que garantice la transferencia de competencias y recursos, tanto en la ley 27783, que regula la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal, ni en la ley 27867 que fomenta el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, y el empleo.

 

A pesar de su importancia y trascendencia, no es tratado como tema principal en la agenda política, continúan los problemas críticos de distribución de recursos y planificación de inversiones, por el contrario, ha prevalecido en las autoridades regionales y locales falta de capacidad, de gestión, ineficiencia, ausencia de cuadros técnicos, burocracia poco calificada, clientelismo político, y, lo más grave, constantes y recurrentes casos de corrupción por debilidad en el control, fiscalización y rendición de cuentas, además, han proliferado partidos de movimientos regionales conducidos por líderes populistas investigados por corrupción, increíblemente, 13 gobernadores regionales que asumieron funciones para 2023-2026 son investigados por este delito, además, muchos de ellos se  opones a la inversión privada extranjera afectando el desarrollo, el empleo y bienestar social, principales requerimientos de la población.

 

Bajo este panorama, en nuestro país, con enormes desigualdades regionales y locales, es imprescindible que tanto el Ejecutivo, con un rol más protagónico en el proceso (Secretaría de descentralización dependiente de la PCM), como el Legislativo (Comisión de Descentralización y Regionalización), revisando exhaustivamente la situación actual, poniéndola en debate, presentando alternativas y proyectos de ley para tener regiones verdaderas y auténticas y no solo departamentos, debido a que, después de 22 años, no ha alcanzado su principal finalidad que es lograr el desarrollo integral del país acercando el Estado al ciudadano y cerrando las brechas que limitan el desarrollo regional y local.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de abril de 2024

  

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