INCONSISTENTE ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 (ENLCD) fue elaborada y aprobada (DS-033-2012-PCM) siendo Carmen Masías presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), dos años después (mayo 2014) fue destituida en forma sorpresiva (reemplazada por Alberto Otárola) debido al inicio de un programa de erradicación en el Vraem, pero la advertencia de los cocaleros que resistirían la interdicción policial hizo retroceder al gobierno de Humala suscribiéndose un acuerdo para no realizarlo y comprometiéndose a reconvertir 5,000 hectáreas (ha) de coca, lo cual  fracasó.

 

Según el monitoreo ONU (UNODC-julio 2016) registramos 40,300 ha de cultivos, pero es mucho más (53,500 ha) para la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de EE UU (ONDCP), sin embargo, lo que más afecta al país es la no erradicación en el Vraem, zona totalmente articulada a la producción y tráfico de drogas con casi la mitad de cultivos (45.5%) del total nacional que alcanzan una densidad de 200,000 plantas por ha (promedio nacional 30,000) produciendo 69% (66,494 TM) del total nacional (96,305 TM) de hoja seca, principal insumo para elaboración de cocaína, no se cumplió la meta de la ENLCD de reducirla hasta 84,350 TM, y con el total se producen 345 TM anuales de cocaína (según la ONDCP) manteniéndonos como primer país productor mundial. Igualmente con los insumos químicos, la meta promedio de decomiso anual (2,500 TM) es ínfima comparada a 40,000 TM anuales usadas para elaborar cocaína (según cifra de IDEI). También se incumplieron metas de disminución de consumo de drogas, prevención y rehabilitación, y con incrementar la cooperación internacional para la lucha contra las drogas.

 

Bajo este panorama el pasado día 12, Carmen Masías, fue nombrada nuevamente presidenta ejecutiva de DEVIDA (RS 219-2016-PCM) y tiene solo dos meses para elaborar y replantear la ENLCD 2017-2021. Debería prioritariamente adecuar la articulación interinstitucional en capacidad, apoyo e inteligencia para control de drogas e insumos químicos, También debería insistir en la corresponsabilidad compartida entre nuestro país (reduciendo la producción) y los principales países consumidores (España, Bélgica, Holanda, Italia y EE UU) reduciendo su consumo y apoyando con tecnología y recursos, y además, lograr un incremento sustantivo de recursos para ejecutar programas de desarrollo social, integral y alternativo en las zonas cocaleras (priorizando el Vraem) con acciones complementarias de erradicación de cultivos ilícitos. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de setiembre de 2016

LAVADO DE ACTIVOS: SIN VOLUNTAD POLÍTICA PARA ENFRENTARLO

El lavado de activos es un grave delito que se desborda en nuestro país y pone en riesgo el sistema económico y financiero por movimiento de ingente cantidad de dinero ilegal proveniente del narcotráfico, corrupción, minería ilegal, contrabando, piratería, industria maderera, trata de personas, etc. (US$ 10,000 millones anuales según el ex Fiscal General José Peláez) que es blanqueado en compras de inmuebles, transferencias de bienes y dinero, creación de empresas de fachada para simular operaciones financieras, cambio de divisas, y hasta “pitufeo” con un ejército de testaferros con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas empresas.

El principal medio para enfrentar el lavado de activos es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la SBS y creada con ley 27693 (marzo 2002) para recibir, analizar, tratar, evaluar, transmitir información y detectar este delito, pero increíblemente, para investigar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) no tiene facultades para levantar directamente el secreto bancario y tributario, debiendo recurrir al Ministerio Público lo cual alarga y entorpece el proceso, además, tampoco puede consultar a la Sunat sobre sospechosos pagos de impuestos o reportes de compras, y ni siquiera supervisar cooperativas de ahorro y crédito. Somos el único país en la región que la entidad que combate el lavado de activos no tiene estas facultades.

Desde hace años la UIF viene presentando proyectos para recibir estas facultades siendo denegadas por la Comisión de Constitución del Congreso, además, para enfrentar el lavado de activos no contamos con una evaluación nacional de riesgos ni un diagnóstico sobre la situación de este delito, ni menos, con un plan nacional actualizado, la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra Lavado de Activos (Contralaft) creada en 2011, no tiene logros importantes que mostrar, además fallan los mecanismos de prevención y control así como la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la UIF.

Bajo este panorama, el pasado día 8 el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley de delegación de facultades legislativas, y dentro del eje de Seguridad Ciudadana solicita legislar sobre el fortalecimiento del sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual incluye el acceso de la UIF al secreto bancario y reserva tributaria, esperándose que esta vez haya voluntad política para aprobarlo por tratarse de un elemento clave para enfrentar este grave delito.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de setiembre de 2016

REUNIONES 2+2 CON CHILE: INOPERANTES E INTRASCENDENTES

El pasado día 4 el Canciller, Ricardo Luna, expresó que deberían ser prontamente reanudadas las reuniones 2+2 Perú-Chile (Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política entre Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores), mecanismo suscrito (setiembre 2001) para fortalecer las medidas de confianza mutua y cooperación en seguridad y defensa. Pero en 15 años de vigencia Chile ha suspendido o congelado estas reuniones la mayor parte del tiempo, contrariamente los Cancilleres y ministros de Defensa peruanos han buscado reiterativamente su reanudación. Cuando Perú anunció en junio 2007 que presentaría una demanda contra Chile en La Haya, este país suspendió las reuniones, y en enero 2008, cuando Perú la interpuso, Chile las postergó indefinidamente congelando la relación política.

  

Las pocas reuniones efectuadas (5 en 15 años) nunca constituyeron un hito relevante para desarrollo de nuestras relaciones ni estrechamiento de vínculos y estuvieron precedidas por tensos y complejos climas bilaterales o llevadas con extrema formalidad. Después de la reunión inicial (2001) solo se realizaron una segunda en Lima (julio 2005) y una tercera en Santiago (octubre 2006) reiterándose los propósitos iniciales e incluyendo algunos acuerdos declarativos, 7 años después se efectuó una cuarta en Lima (mayo 2013) solo para ver aspectos del fallo de la CIJ, y una quinta en Santiago (febrero 2014) para la implementación de la sentencia, en la cual se acordó una nueva reunión para fines de marzo 2014 que también Chile suspendió.

Bajo este panorama, el mecanismo 2+2 ha sido inoperante e intrascendente porque en 15 años no ha coadyuvado a superar diferencias ni a fortalecer medidas de confianza mutua, además, los acuerdos más importantes no fueron concluidos o concretados, entre ellos, la erradicación de minas antipersonales en territorio fronterizo chileno que continúan matando o hiriendo gravemente a ciudadanos peruanos, tampoco se concretó la creación de una fuerza de paz combinada, ni el proceso de atención de desastres naturales, menos aún, la estandarización del sistema de medición de gastos en defensa debido al  impresionante gasto chileno en adquisiciones de armamento para brindar estabilidad y proyección a su FF AA, ya que además del presupuesto anual (US$ 5,230 millones para 2016, uno de los más altos de la región) reciben de Codelco 10% de las ventas anuales de cobre (ley reservada 13.196) que increíblemente opera mediante cuentas secretas y decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de setiembre de 2016

CALLAO: ESTADO DE EMERGENCIA Y TRÁFICO DE DROGAS

Hace 9 meses fue declarado el Callao en Estado de Emergencia (DS 083-2015-PCM fecha 4 diciembre) como medida preventiva para proteger la ciudadanía por probables enfrentamientos de bandas del crimen organizado, pero además, para reforzar en el terminal portuario los efectivos de investigación criminal (Dirincri) e investigación antidrogas (Dirandro) por la gran cantidad de salida de droga. El pasado día 27 fue ampliado por sexta vez (DS 066-2016-PCM) a pesar que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció anteriormente la decisión preliminar de levantarlo. Según la Región Policial del Callao, en sus 9 meses de vigencia han sido capturados 5,000 sospechosos y requisitoriados, sin embargo, no se ha detenido la violencia ni actos ilícitos ni robos, registrándose en este período alrededor de 60 asesinatos, además hay reclamos de otros alcaldes por la migración y aumento de delincuencia en distritos aledaños.

Pero el principal problema del Callao es la salida de droga por el puerto (hilo conductor del crimen organizado, corrupción, lavado de activos, extorsión, violencia, delincuencia) la cual no se ha reducido y continúa siendo el lugar preferido por mafias extranjeras y nacionales para exportar gran parte de droga producida. De 320 TM de cocaína producidas anualmente 120 TM estarían saliendo por este puerto pero muy poco se detecta y decomisa en aforos aleatorios o sospechosos, el 2015 solo se decomisó 0.7 TM (0.38%) en un impresionante movimiento de contenedores que según la Secretaría General de la Comunidad Andina, dicho año se movilizaron 1’910,000 (5,300 diarios), de los cuales, para la Organización Mundial de Aduanas (OMA) se revisa menos del 2% (alrededor de 100).

Bajo este panorama, es prioritaria la reducción de drogas que sale por el puerto del Callao. Según el reporte del Departamento de Estado de EE UU (INCSR-marzo-2015) somos el primer productor mundial de cocaína y segundo en cultivo de coca por lo que aumentan las mafias de narcotraficantes mexicanos y colombianos. Por la capacidad de almacenaje de contenedores (11 almacenes, 4 zonas y 5 patios) y su gran movimiento se requiere redoblar el sistema de seguridad con mayores capacidades humanas (inteligencia, policías, aduanas, fiscalía) y materiales, logística y tecnología (escáneres móviles, equipos de control, inviolabilidad de sellos de seguridad) para la aplicación de controles más estrictos al personal de trabajadores portuarios, así como en la detección de droga sembrada (preñada) en almacenes y contenedores.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de setiembre de 2016

PROYECTO MAJES SIGUAS II: 10 AÑOS DE RETRASO

El pasado día 15, durante las celebraciones del 476° aniversario de la fundación de Arequipa, el presidente Pedro Pablo Kuczynski emplazó a sus ministros de Transportes (Martín Vizcarra) y Agricultura (José Hernández) para que solucionen los problemas que impiden la ejecución del proyecto Majes-Siguas II, sin embargo, esta obra presenta un retraso de 10 años por razones principalmente de gestión, financiamiento y un conflicto legal.

Este proyecto, anhelado por Arequipa desde hace más de 30 años para irrigar 38,500 hectáreas de las pampas de Siguas está retrasado 10 años desde que ProInversión convocara en mayo 2006 la concesión de obras de afianzamiento hídrico e infraestructura de irrigación; en enero 2008 el MEF otorgó la viabilidad del proyecto y en setiembre 2010 se adjudicó la concesión a la empresa Angostura Siguas (Cobra Instalaciones-España y Cosapi-Perú) siendo inmediatamente suspendida por un conflicto legal con el gobierno regional del Cusco por el desvío del río Apurímac que culminó en noviembre 2013, y recién, en abril 2015, se firmó un nuevo contrato de concesión (Adenda 12).

Sin embargo, aún está lejos la construcción de los componentes claves de Majes Siguas II: el embalse de Angostura (cuenca alta del río Apurímac) para almacenamiento de 1,140 millones de metros cúbicos (MMC) y 2 túneles de derivación (7 y 11 km). Sincerando nueva programación sobre la construcción de Angostura, el Gobierno Regional de Arequipa señala que recién se iniciaría en 2017 por optimización de tecnología del proyecto, calculándose su duración 4 años después de concluirse la habilitación de caminos y accesos.

Además de problemas contractuales (preocupación de rescisión, modificaciones, adendas, revisión de expedientes) existe un problema financiero prolongado por parte del gobierno, una obra cuyo monto inicial fue calculado en 2006 en US$ 260 millones, ha sido incrementado más del doble, hasta US$ 550.5 millones, que el consorcio pretende recuperar vendiendo agua a los agricultores por 16 años siempre y cuando se garantice una dotación anual de 530 MMC para el proyecto, pero además, se presentan problemas de gestión: ambiental (falta de profesionales), cultural (plan de monitoreo arqueológico y protección de área con geoglifos) y social (lentitud en adquisición de parcelas en Pusa Pusa donde se construirá Angostura). Actualmente se ejecuta el primer expediente de la fase1 la obra (avance 40%), calculándose que la construcción total de Majes Siguas II culminaría en 7 años, hacia 2023.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de agosto de 2016