INTRUSIÒN IDEOLÓGICA TERRORISTA EN SESIÒN 171º DE CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su período de sesiones 171º en Sucre, Bolivia (7 al 16 febrero) efectuando 24 audiencias públicas sobre casos de derechos humanos en doce países, entre ellos el Perú sobre el cual se presentaron informes sobre “Situación de personas defensoras de derechos humanos y política integral de protección” (día 12), y “Denuncias de violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes LGBTI” (día 14), audiencias donde participaron representantes del Estado Peruano. Pero lo más grave sucedió en otra audiencia pública (día 13) sin representantes del Estado peruano donde personas vinculadas a cinco organizaciones afines al grupo criminal Sendero Luminoso (SL) despotricaron y desvariaron ideológicamente contra el Estado.

Un video presentado por la ONG de derechos humanos Waynakuna-Perú, nos permite constatar con gran indignación como Natalia Oslo, representante del Movimiento de amnistía y derechos fundamentales (Movadef), grupo de fachada de SL, denuncia ante comisionados de la CIDH que el Estado peruano aplica una política de persecución contra dicha organización para proscribir los derechos de la sociedad peruana, y los persigue por adoptar una línea ideológica marista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, inclusive se atrevió a presentar al Estado peruano como policiaco, corrupto y explotador. También intervino Alex Cárdenas, representante de la organización Ratio Iuris (brazo legal de SL) manifestando que en Perú existe una política antiterrorista contra quienes tienen ideas afines al marismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, resaltando que Abimael Guzmán está en aislamiento 16 años sin derechos en el penal ilegal de la Base Naval del Callao que no tiene base jurídica, pidiéndole a la CIDH se pronuncie por su vida.

Sendas protestas y explicaciones se difundieron apenas aparecieron las informaciones sobre dicha audiencia, el Ministerio de RR EE expresó su malestar y protesta por permitirse exponentes de ideología terrorista, también el Ministerio de Justicia explicó que el Estado peruano solo fue convocado a dos audiencias públicas pero no a esta tercera donde participaron personas vinculadas a SL, sin embargo, según el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abräo, en el período 14 noviembre-7 diciembre 2018 recibieron inscripciones de 468 personas de organizaciones sociales para participar en las audiencia públicas tomando la palabra 80, solo bastaba que autoridades peruanas verificaran el registro de inscripción de  personas afines a SL. Mientras no efectuemos estricto seguimiento y control de estas organizaciones (existen unos 30 grupos con nexos con SL) su estrategia político-ideológica seguirá avanzando hasta rebasarnos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de marzo de 2019

FIN DE UNASUR, BÚSQUEDA DE OTRO PROCESO INTEGRADOR

El próximo día 22 se llevará a cabo en Santiago de Chile una cumbre de Jefes de Estado de Sudamérica donde se debatirá la finalización de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), organismo que nació en 2008 con el principal objetivo de construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión sudamericana en los ámbitos social, económico, político y cultural; y en Defensa, a través del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD).lo cual nunca se logró porque nació mal y actualmente está casi en extinción con más de tres años sin actividad (cinco países suspendieron su participación y uno se retiró), con un déficit de US$ 20 millones y una inmensa sede construida a un costo de US$ 43 millones en las afueras de la capital de Ecuador, Quito que queda como símbolo de extralimitación de gastos inútiles.

La Unasur fue impulsada por el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez definiéndola como “su gran sueño personal”, y en el camino, a través de manipulaciones políticas que siguió al pie de la letra el otro dictador Maduro, se introdujeron ideologías izquierdistas en una coyuntura que varios presidentes con ese sesgo político (principalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas – Alba) tenían concepciones muy divergentes con el resto de países y se oponían a la propuesta respaldada por Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas.

En la próxima cumbre de mandatarios en Chile, a la que ha sido también invitado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se debatirá la creación de otra plataforma de integración, entre las principales propuestas está la creación del Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur), un mecanismo presentado en enero pasado por los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile Sebastián Piñera, manifestando que su principal objetivo será “para el desarrollo de América del Sur”.

Bajo este panorama, a pesar que ningún país se ha manifestado sobre el  proyecto Prosur, se espera que en la próxima cumbre de mandatarios se encuentre una nueva realidad que evite la  asimetría y aislamiento y dé inicio a la creación de un nuevo proyecto integrador que logre una identidad de vinculo de todos los países sudamericanos como mecanismo de coordinación de políticas públicas en defensa de la democracia, independencia de poderes, integración económica, agenda social y respeto a las libertades y derechos humanos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de marzo de 2019

IRREAL MEDICIÓN DE NIVELES DE POBREZA EN EL PERÚ

El pasado 28 de febrero la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, manifestó que para medición de la pobreza se cambiará el método actual de medición monetaria por la metodología multidimensional donde además de la parte monetaria se analizarán otros indicadores sociales y sería incorporada en 2021. Nuestro actual sistema de medición “Línea de Pobreza Monetaria” es evidentemente irreal porque solo evalúa la capacidad de compra de las personas pero no valora las dimensiones indispensables que traducen la privación de necesidades básicas como educación, salud, vivienda, trabajo, y esta situación se explica claramente por el uso político de los gobiernos para mostrar menores cifras de pobreza. Recordemos que durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), usándose la medición monetaria, las cifras de pobreza fueron reducidas de 49.1% en 2006 hasta 27.8% el 2011 cuando era claro que la cantidad de pobres era mucho mayor.  

Nuestra medición de pobreza monetaria la realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) empleando una sola variable, mediante el valor de una canasta mensual mínima de S/.338 por persona (S/.11.27 diarios) cantidad que debe alcanzar para alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, transporte, enseres y otros, así, si una persona tiene dicha cantidad de dinero no es pobre, y para pobreza extrema, la canasta es de S/.183 (S/.6.1 diarios) solo para subsistir con mínimas necesidades nutricionales, también, contando con dicha cantidad de dinero una persona  no es pobre extrema. Esta medición de pobreza es tan irreal que si se le entregara a cada peruano en condición de pobreza S/ 11.27 diarios para vivir no existiría ni un solo pobre en nuestro país. Según la última medición monetaria 2017 casi 7 millones de peruanos son pobres (21.7%) de los cuales 1.2 millones son pobres extremos (3.8%), pero además existen 2.3 millones de peruanos (32.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, cantidades que obviamente se incrementarían con una medición multidimensional.

Bajo este panorama es necesaria y prioritaria la implementación de la medición multidimensional para evitar maquillajes en cifras de pobreza, ya que este método, por tener un enfoque de derechos sociales, determina carencias en salud, educación y nivel de vida en las diferentes sub-poblaciones (regiones, grupos étnicos, áreas rural/urbana, género), lo que arrojará cifras reales  y nos permitirá diseñar políticas públicas integrales que coadyuven a reducir los niveles de pobreza y encaminen el desarrollo social y económico de nuestro país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de marzo de 2019

OLEODUCTO NORPERUANO: PARALIZACIONES Y DERRAMES EXTREMOS

Apenas iniciado el año 2019, el 1° de enero ocurrió otro derrame en el tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP) en Santa Rosa, distrito Manseriche, Loreto (km 323), y aunque Petroperú no ha explicado las causas ni la cantidad de petróleo derramada, debe ser considerable porque el gobierno declaró la zona en Estado de Emergencia por “Muy Alto Riesgo” de peligro inminente para la salud (DS-014-2019-PCM-febrero 7). Un mes antes (27 noviembre 2018), en Morona (Km 193, Comunidad de Mayuriaga), se produjo un presumible atentado derramándose 8,000 barriles a la zona y al río Mayuriaga (afluente del Marañón), declarándose también Estado de Emergencia (DS-032-2019-PCM-febrero 20), en este caso, los comuneros impidieron ingresar al personal de Petroperú hasta recién hace 3 días iniciándose la reparación, esta situación ocasionó la paralización del ONP por 96 días (hasta hoy sábado) afectando las operaciones del Lote-192 (el más grande del país), del Lote-8 (Pluspetrol) y Lote-67 (Perenco), Petroperú inclusive propuso que la empresa ecuatoriana Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) traslade el petróleo.

El ONP construido hace 45 años (1,106 km de tuberías) para transportar petróleo desde Loreto hasta la Refinería de Talara (Bayóvar, Piura), tiene un gran historial de derrames y paralizaciones. Entre 2016 y 2017 sufrió más de 20 derrames afectando con miles de barriles una amplia zona Amazónica, y además, distintos tramos estuvieron inoperativos más de un año, aunque Petroperú atribuye la mayoría de derrames a sabotajes, nunca se hallaron culpables, para  la OEFA la mayoría se debieron por falta de mantenimiento preventivo (expediente 1306-2014). Una comisión investigadora del Congreso (noviembre 2017) presidida por el actual Premier César Villanueva, estableció que durante el período 2007-2016 fueron derramados en la Amazonía 25,000 barriles de petróleo dejando una gran carga social.

Bajo este panorama, a pesar que el DL-1292 (29 diciembre 2016) declara de necesidad pública e interés nacional la operación segura del ONP, poco o nada se ha avanzado, ni en trabajos integrales ni en remediación de los graves impactos ambientales causados. Aunque Petroperú manifestó recientemente que el oleoducto va a ser modernizado concluyendo el 2021, esta infraestructura requiere una inspección general en toda su extensión para detectar los puntos críticos de los ductos y los tramos a cambiar para luego ejecutarse un recorrido integral, cuya falta, conjuntamente a la falta de mantenimiento, de medidas de seguridad y de elementos tecnológicos modernos son factores determinantes para las roturas y derrames de petróleo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de marzo de 2019

CORRUPCIÓN: PEOR PUESTO DEL PERÚ DESDE 2012

El pasado día 29 de enero la organización Transparencia Internacional presentó su Índice Anual de Percepción de la Corrupción 2018 en el cual nuestro país ocupa el puesto 105° entre 180 países, el peor puesto desde el año 2012 en que nos ubicamos en el puesto 83°, como este índice permite desde dicho año la comparación anual de puntajes, hemos empeorado 22 puestos en el nivel de corrupción de este Índice que analiza fundamentalmente en los países los casos de corrupción de funcionarios públicos y políticos, abuso del servicio público en beneficio personal, sobornos, pagos irregulares en contrataciones públicas y malversación de fondos, así como la efectividad de iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos.

No nos sorprende este puesto obtenido en el Índice por todos los escándalos de corrupción política y empresarial sucedidos en nuestro país en los últimos años y que actualmente, por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht estamos corroborando las enormes coimas de millones de dólares entregados a ex presidentes, ministros, funcionarios, gobernadores regionales y alcaldes, además de la corrupción de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” que tiene 100 denuncias y una veintena de jueces involucrados, y hasta del “Club de la Construcción” con más de 10 empresas que habrían repartido sobornos a funcionarios públicos.

Durante los últimos años ha proliferado en nuestro país el nombramiento de comisiones de alto nivel, consejos, oficinas nacionales y pactos anticorrupción, además contamos con un Plan Nacional Anticorrupción y un Código Procesal Penal, sin embargo, continúan las denuncias y la espiral de corrupción avanza sin freno motivo por el cual la Procuraduría Anticorrupción tiene una carga procesal penal a nivel nacional de más de 40,000 procesos de corrupción en trámite.

Bajo este panorama la razón principal del incremento de la corrupción en nuestro país se debe principalmente a que el ámbito político es atraído por la ambición al dinero y la utilización del poder que generan casos de tráfico de influencias, sobornos y coimas, y porque la lucha contra este flagelo no está funcionando debido a la falta de institucionalidad política y judicial, fragilidad en los sistemas de prevención y control y falta de compromiso ético y transparente con el país de los poderes del Estado y de políticos y personajes públicos para que se distingan por su austeridad y honradez, todo lo cual imposibilita la eliminación de los incentivos e impunidad que genera la corrupción.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de febrero de 2019