SISTEMA ELECTORAL VULNERABLE A LA MANIPULACIÓN Y AL FRAUDE

Las fábricas de firmas y afiliaciones indebidas y falsas realizadas por partidos políticos a miles de ciudadanos han causado indignación nacional y amenaza el proceso electoral 2026. La responsabilidad recae en el Sistema Electoral, donde no asumen su responsabilidad. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría General de la República, desde setiembre 2024, con informe-030-2024-OCI/0280-SOO, le advirtió sobre fallas estructurales en procedimientos para verificar y sancionar a partidos políticos que presenten afiliaciones irregulares de ciudadanos sin su consentimiento, inclusive le recomendó aplicar el artículo 32.3 de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General que permite declarar nulos actos administrativos basados en documentación falsa, en ese entonces, Salas Arenas, con cómplice silencio, no tomo ninguna acción.

El nuevo Jurado, Burneo Bermejo, al asumir el cargo (22 noviembre 2024), no hizo nada tampoco, ni investigó, ni denunció, solo por presión presentó tardíamente denuncias por afiliaciones ilegales de partidos involucrados, y aunque manifestó que “el marco normativo es un poco limitado”, por la gravedad de esta situación, debe tomar las acciones legales urgentes para suspender la inscripción de los partidos políticos involucrados para las elecciones 2026.

 

En el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde koechlin, asumió el cargo en agosto 2020 por 4 años, y a pesar que en las elecciones 2021 fue responsable de un padrón electoral con cientos de personas fallecidas aptas para votar, además del desabastecimiento para obtener DNI, fue ratificada por 4 años más por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), y aunque increíblemente indica que su función es solo cotejar las firmas, es responsable por la filtración masiva de datos personales y no verificar las firmas falsas de los partidos políticos, por lo que la nueva JNJ, que asumió el 6 enero 2025, debería investigarla y destituirla.

 

El mismo caso es del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, su actuación en 2021 fue nefasta, como juez y parte, ejecutó el proceso electoral habiendo sido parte de elaborar el padrón electoral, y la anterior JNJ también lo ratificó por 4 años más, la nueva JNJ debería analizar su caso porque la desconfianza que genera es altísima para quien debe resguardar las cédulas de sufragio 2026, debería ser reemplazado.

 

Bajo este panorama, en nuestro país existe una profunda desconfianza hacia el Sistema Electoral, partidos políticos e Instituciones, las elecciones de 2006 son cruciales para señalar el rumbo de nuestro país, de la estabilidad del Estado de derecho y la democracia. En un contexto de fragmentación política y procedimientos fraudulentos, los peruanos debemos ser muy rigurosos y exigentes y votar responsablemente por candidatos con cualidades positivas, políticas, éticas, y transparentes, y no hacerlo por candidatos improvisados y aventureros, y menos, por partidos que presentaron afiliaciones ilegales.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de mayo de 2025

 

  

NAVEGANDO HACIA EL FUTURO: LA INDUSTRIA NAVAL IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DEL PERÚ

En el debate sobre el desarrollo nacional, a menudo buscamos ejemplos tangibles de progreso, de cómo el Perú puede dar saltos cualitativos en su capacidad productiva y tecnológica. Pocos sectores ilustran mejor este avance que nuestra industria naval, un pilar que se está fortaleciendo y representa una verdadera vanguardia en la reforma industrial del país. 

La necesidad de diversificar nuestra economía y generar valor agregado nos lleva a mirar a nuestros astilleros, especialmente a SIMA Perú (Servicios Industriales de la Marina), y ver cómo, con el apoyo de nuestra Marina de Guerra, ese anhelo empieza a tomar forma concreta. Ya no se trata solo de reparar buques; hablamos de diseño, ingeniería y construcción de alta complejidad. Los ejemplos son evidentes: desde el imponente BAP Pisco (y su gemelo BAP Paita en camino), buques multipropósito para la defensa y auxilio en desastres, hasta las modernas patrulleras marítimas que vigilan nuestro Mar de Grau, pasando por el emblemático buque escuela BAP Unión, nuestra embajada itinerante. Cada uno de estos proyectos ha sido un escalón en capacidad técnica y humana para el Perú. 

Pero el verdadero salto estratégico que consolida a la industria naval como motor de transformación, se está dando ahora con la renovación de nuestra flota en alianza con un gigante mundial como Hyundai Heavy Industries (HHI) de Corea del Sur, acuerdo para coproducción y transferencia tecnológica. Gracias a esta alianza, SIMA Perú construirá, para nuestra flota de superficie, una nueva fragata, un buque patrullero oceánico (OPV) y dos unidades auxiliares de desembarco, el alcance de esta visión estratégica de la Marina incluye además, para la flota submarina, la modernización avanzada y futuros proyectos de construcción, con el objetivo de asegurar una capacidad submarina moderna, y, crucialmente, desarrollar en el Perú el conocimiento técnico para sostenerla, y, eventualmente, construirla en un ámbito tecnológico de élite. 

Fortalecer y reformar la industria naval implica generar empleos de calidad, impulsa la tecnología, reduce nuestra dependencia externa para la defensa y el control de nuestro mar y sus recursos, absorbe conocimientos y técnicas de vanguardia en construcción naval que capacitará, al más alto nivel, a ingenieros y técnicos peruanos, permitirá la modernización de sus instalaciones, y, “como efecto multiplicador”, dinamizará el desarrollo de una cadena de industrias proveedoras locales, además. servirá de modelo para otros sectores productivos fortalezcan nuestras capacidades industriales a largo plazo. 

Bajo este panorama, la industria naval, con SIMA Perú a la cabeza, y alianzas estratégicas como con HHI, son un ejemplo concreto de cómo el Perú puede avanzar hacia una economía más sofisticada y soberana. No es solo construir buques; es construir futuro, capacidad y orgullo nacional. Apoyar y entender la magnitud de este esfuerzo es fundamental para consolidar esta ruta de progreso industrial.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de mayo de 2025

 

PROGRESO SOCIAL CON TENDENCIA DE DETERIORO EN NUESTRO PAÍS

 

El concepto de progreso social se refiere a la mejora y avance continuo y sostenible de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo humano en una sociedad, a fin de que todos sus integrantes tengan una mayor calidad de vida, acceso a más oportunidades, una reducción de las desigualdades, construcción de comunidades más resilientes, y, para lograrlo, sobre la base de políticas públicas y programas de gobierno, se deben alcanzar avances significativos en áreas de educación, salud, infraestructura, erradicación de la pobreza, acceso a servicios básicos y justicia social.

En marzo pasado fue presentado el Índice de Progreso Social Mundial 2025 (IPSM) por el Social Progress Imperative, liderado por Michael Porter (Universidad de Harvard) y Scott Stern (Sloan School of Management), en colaboración, para el caso peruano, con Centrum PUCP y la organización Hombro a Hombro. Este IPSM analiza el desempeño social de 170 países del mundo en 3 dimensiones: necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidad, los cuales son medidos a través de 57 indicadores, entre los más importantes: nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, seguridad personal, acceso a conocimientos básicos y a educación superior, salud y bienestar, calidad ambiental, derechos y voz, libertad personal y de elección e inclusión. 

 

En dicho IPSM, el Perú ocupa el puesto 84 (67.61 puntos sobre 100) entre 170 países presentando una tendencia de deterioro en los últimos 5 años no logrando consolidar un progreso social sostenido; como comparación, en el mundo, Noruega ocupa el primer puesto (91.95 puntos), y en Latinoamérica Chile mantiene el primer puesto en la región (puesto 36° a nivel global con 79.26 puntos). El deterioro de nuestro país se explica por haber ocupado últimos puestos en indicadores claves como enfermedades infecciosas (121°), tasa de mortalidad materna (101°), agua y saneamiento (104°), seguridad personal (114°), violencia política (121°), percepción de inseguridad (133°), acceso a educación de calidad y aprendizaje de los niños (125°), acceso a servicios de salud (119°), empleo vulnerable (109°), mujeres con educación avanzada (119°), entre otros. 

Bajo este panorama, si bien es cierto que la economía es importante para el desarrollo de un país, el avance del PBI está muy lejos de representar el único factor determinante del progreso social, es decir, del nivel de bienestar o calidad de vida de la población, que en nuestro caso, los últimos puestos registrados en indicadores claves del IPSM demuestran el deterioro, carencias y enormes falencias que tenemos en las necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades entre los pobladores. El camino más efectivo para impulsar el progreso social son las políticas públicas y las correctas y transparentes decisiones de inversión social.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de abril de 2025

ELECCIONES GENERALES 2026: INCIERTO PROCESO ELECTORAL

 

En las próximas elecciones generales del 12 de abril 2026, más de 27 millones de peruanos (incluidos 2.5 millones de nuevos votantes) elegiremos, para el período 2026-2031, entre 43 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas y 11,300 candidatos, al presidente de la República, 2 vicepresidentes, 70 senadores, 120 diputados y 5 parlamentarios andinos. La inscripción del “aluvión” de 43 partidos representa una grave crisis de representación y desprestigio que nos obliga a votar en una desmesurada y desproporcionada cédula, situación que resta seriedad al proceso, incrementa el descrédito, creando un panorama complejo de incertidumbre y un entorno incierto. Este embrollo fue generado por Martín Vizcarra al promulgar, en agosto 2019, la ley 30995, reduciendo  la cantidad de firmas para inscripción de partidos, de 750,000 a 25,000. 

Lamentablemente los partidos políticos representativos, de alcance nacional, recién van apareciendo después de haber invernado en períodos no electorales, no han promovido, ni mínimamente, la participación ciudadana en política ni han representado e intermediado como interlocutores de las demandas y necesidades de la población con el Estado, no se identifican con la ciudadanía por presentar serias deficiencias de institucionalidad, transparencia y falta de representantes legítimos y dirigentes capacitados. Ahora, se entremezclan con mini partidos desconocidos que no congregan una mínima cantidad de militantes inscritos y participantes activos, muchos de ellos, buscarán con vehemencia y desesperación negociar ofreciéndose como “vientres de alquiler” atentando contra la democracia, ya vemos como candidatos, por interés, se inscriben en partidos que jamás han militado y no coinciden con principios ni postulados.

Y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), durante el proceso 2021 a cargo de Salas Arenas, tuvo graves denuncias por robo de votos, falsificación de actas, firmas falsas, adulteración en mesas, miembros de mesa suplantados, etc. creando un grave descrédito institucional, situación que el actual JNE, Roberto Burneo, debería analizar profundamente y tomar las acciones correspondientes para conducir el proceso de manera justa y transparente, garantizando su legalidad para que represente la legítima voluntad del pueblo.

Bajo este panorama, nos espera un incierto proceso, por la desconfianza en el Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC) en éstos 2 últimos cargos, increíblemente, permanecen los mismos titulares seriamente cuestionados por su pésima gestión durante el proceso 2021 (Corvetto y Velarde), además, por los 43 partidos inscritos, el descrédito de los partidos políticos y la debilidad  institucional. Esperemos que al plazo del 2 de agosto se inscriban alianzas electorales que reduzcan las candidaturas y que al 23 de diciembre se inscriban las mejores formulas presidenciales y listas de candidatos; pero, principalmente, es urgente fortalecer la participación ciudadana y la conciencia y cultura cívica para que el voto sea reflexivo, por propuestas verdaderamente diáfanas, viables, responsables, claras y realistas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de abril de 2025

¿POR QUÉ NUESTRA INVERSIÓN PÚBLICA ES TAN DÉBIL Y DE BAJA CALIDAD?

La inversión pública es crucial para el desarrollo económico y social de nuestro país, a través de ella se ejecutan obras públicas de infraestructura, educación, salud, agua y saneamiento, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, entre otras, para nuestro desarrollo y mejora de las condiciones de vida poblacional, sin embargo, sus beneficios se ven empañados principalmente por corrupción, burocracia, inconducta funcional y otros aspectos que a continuación se detallan. 

Según información de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública aumentó 16% entre 2023 y 2024 (de S/ 49,843 millones a S/ 57,742 millones), sin embargo, un Análisis del Consejo Privado de Competitividad de enero 2025, nos advierte que en 2024 se dejaron sin ejecutar recursos por S/ 12,250 millones (1.2% del PBI 2023), principalmente por gobiernos regionales y locales (91% a nivel nacional), éstos recursos sin ejecutar equivaldrían a la construcción de 6,500 kilómetros de carretera o 14,000 centros de salud de primer nivel. Pero lo más grave, durante 2024, de 64,636 proyectos registrados, 10,833 presentan ejecución cero. Además, al primer trimestre 2025, más del 80% de gobernadores y alcaldes no superan ni 20% de sus partidas. 

Ya la Contraloría General de la República lo advertía desde el primer trimestre 2024, que a nivel nacional, el Banco de Inversiones tiene, desde 2001, cerca de 532,000 proyectos, de los cuales 199,011, podrían ejecutarse, pero 20% están abandonados. En ese entonces, el contralor Nelson Shack señalaba que “la corrupción se presenta desde la adjudicación y durante el proceso de selección porque saben que la obra va a paralizarse, se adjudica, levantan el adelanto presupuestal, pero no se ejecuta”, añadiendo que perdemos en obras públicas 17% del presupuesto por corrupción e inconducta funcional, invertimos 100% y solo ejecutamos 60% o 70% de los recursos.

Bajo este panorama, los principales problemas que afectan los procesos de inversión pública, además de la corrupción, burocracia e inconducta funcional, tenemos: la falta de gestión y planificación, inadecuada capacidad técnica, deficiencias en expedientes técnicos y en supervisión y control; alta rotación de funcionarios ejecutores de proyectos; incumplimiento de aspectos técnicos y normativos; inconsistencias en valorización de obras; atrasos de ejecución ocasionando sobrecostos. Ante esta situación el gobierno, con DS-020-2025-EF fecha 15 febrero, ha aprobado nuevos lineamientos de política nacional de inversión pública para mejorar la calidad y sostenibilidad de los proyectos, que esperemos, resuelva en algo el grave problema de pésima vinculación de las partidas presupuestales con proyectos indispensables para la población, cuyas regulaciones datan desde junio del 2000 por el Sistema Nacional de Inversión Pública, reemplazado por inconexo y burocrático en diciembre 2016, por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que hasta la fecha tampoco funciona adecuadamente.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de abril de 2025