NUESTRA DEPLORABLE SITUACIÓN EDUCATIVA

El pasado día 3 publicaron los resultados del Programa para Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2012), en cuyas pruebas –realizadas en agosto pasado– participaron 6,500 estudiantes peruanos (de 15 años) de 240 colegios privados, estatales, urbanos y rurales, en las que vergonzosamente ocupamos el último lugar –entre 65 países– en ciencias, lectura y matemáticas.

También en anteriores PISA 2001 y 2009 estuvimos a la zaga educativa, al igual que en otras participaciones internacionales e índices de desarrollo humano, además las evaluaciones nacionales censales (ECE)  registran bajísimos niveles de aprendizaje. Como consecuencia de los dramáticos resultados en PISA 2001, el 28 de julio de 2003 se declaró “la educación en emergencia”, pero 10 años después continúan los bajísimos niveles de rendimiento escolar, no lográndose ni remotamente los objetivos educativos en comprensión lectora, matemáticas, y peor en ciencia y tecnología.

  

Desde 2007 tenemos un Proyecto Educativo Nacional 2021 (PEN): “La educación que queremos para el Perú” como política de Estado al 2021, pero sus objetivos y lineamientos no se aplican en su real dimensión, y ni siquiera hemos concretado un plan nacional de desarrollo integral considerando la educación como columna vertebral.

En las zonas rurales del país, donde estudia alrededor del 40% de escolares, las condiciones educativas son muy precarias. Las brechas entre las zonas urbana y rural son impresionantes, desde 2007 la diferencia de 15% se incrementó los últimos años hasta 30%. Solo 11% de alumnos de primeros grados de primaria de zonas urbanas pueden resolver problemas matemáticos básicos, pero en zonas rurales dramáticamente no llegan ni al 4%. En los pueblos indígenas es más grave, la falta de docentes bilingües afecta la formación escolar, y ni siquiera el 5% del total nacional pueden acceder a una carrera universitaria.

Bajo este panorama, nuestra situación educativa es deplorable y debe ser una cuestión de emergencia nacional. Se requiere urgentemente una transformación educativa radical que la refuerce sobre la base de capacidades y competencias y que promueva la productividad, el interés y creatividad.

Es imprescindible una política de Estado seguida por los próximos seis gobiernos (unas tres décadas) para garantizar, en el horizonte estratégico, continuidad y progresividad que ponga la educación como medio necesario y fundamental para asegurar un dinamismo productivo con equidad social y una democracia sin exclusiones. Solo así estaremos poniendo las bases del desarrollo del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de diciembre de 2013

INCERTIDUMBRE ANTE CERCANO FALLO DE LA HAYA

El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA chilenas, vicealmirante José Romero, y el general saliente, Hernán Mardones, manifestaron que estando ad portas del fallo de La Haya (por la demanda peruana), las FF AA chilenas estaban listas y en condiciones de responder a la conducción política en caso de crisis o conflicto armado.

Estas expresiones belicistas son parte de un proceso sistemático de mensajes similares desde iniciada nuestra demanda, no solo de militares, también de líderes políticos. El ex Canciller Foxley advirtió que “su país no cederá ni un milímetro marítimo”; el ex ministro de Defensa Vidal nos recordaba: “tenemos las mejores FF AA de los últimos 100 años”; el ex ministro de Defensa Allamand exhortaba: “tenemos que estar plenamente preparados con nuestra fuerza militar”; y el ex comandante en Jefe FACH fue más agresivo: “todos saben que tenemos la capacidad de pegar fuerte”.

El mismo presidente Piñera ha reiterado que sus FF AA ”tienen capacidad operativa para proteger, defender y garantizar su territorio, mar, límites y soberanía”, y la Estrategia chilena de Seguridad y Defensa 2012-2024 incluye términos como “tener superioridad en el enfrentamiento” o “decidir un conflicto en corto tiempo”.

Además, existe rechazo de la población chilena (73%) a ceder espacio marítimo al Perú, y mayor aún de los gremios de pescadores y armadores artesanales que no conciben cambio de límites marítimos porque “les afectaría enormemente su economía y subsistencia”.

Bajo este panorama, si bien el presidente Piñera y el canciller Moreno han afirmado (en forma extrañamente reiterativa) que respetarán el fallo, cuando se habla de su ejecución, advierten que primero deben conocerlo antes de comprometerse.

El gobierno peruano debería plantearse cursos de acción ante diferentes situaciones de fallo favorable. Deberíamos analizar el caso colombiano, que al igual que Chile, prometió a Nicaragua reconocer el fallo, pero al serle adverso, y con oposición de la población (83%), de las FF AA (pidieron revisión del esquema de seguridad nacional), y de gremios (pesqueros y turísticos), ya pasó un año y aluden que “no desconocen el fallo, pero es inaplicable”, argumentando causas históricas, jurídicas, internas y constitucionales, que igualmente podría considerar el próximo gobierno chileno, que de confirmarse sea Michelle Bachelet, recordemos que enfrió las relaciones bilaterales al considerar nuestra demanda inamistosa por “desconocer tratados y prácticas de décadas”.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de noviembre de 2013

INDIGNANTE ABANDONO DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL

Hace más de 3 años (22 julio 2010) se publicó la “Ley de creación del Ministerio de Cultura” (N° 29565) para fomentar la cultura y principalmente para conservar y proteger nuestro vasto y extraordinario patrimonio cultural, sin embargo, poco o nada se ha avanzado, y se incrementa la destrucción progresiva de nuestros monumentos arqueológicos.

Hace solo un mes grupos de agricultores destruyeron 3 hectáreas de una zona intangible de Luya (Lambayeque) donde existen restos de una Plaza ceremonial de 1,000 años de antigüedad que sería sede del reino de Nor (nieto de Naylamp), pero lo más indignante es que las labores arqueológicas del proyecto se paralizaron por falta de presupuesto y no existía señalización ni control.

En Nasca, invasores han destruido conjuntos de líneas y trapecios del complejo arqueológico (en Cerros Altos y Huaca La Calera II) usando maquinaria pesada, construyendo cercos de piedras y lotizando terrenos. Según el arqueólogo Giuseppe Orefici, esto sucede por la indiferencia de las autoridades encargadas de protegerlo.

Hace pocos meses, para uso de cultivos, fueron destruidos 100 metros de un camino chimú de 600 años de antigüedad del Complejo Arqueológico de Chiquitayab en Ascope (La Libertad), también 450 hectáreas de la reserva ecológica de Chiparrí y tasa hídrica de Tinajones, y además, 5 de las 24 hectáreas del complejo arqueológico más importante de la cultura Chancay, Pisquillo Chico (Huaral). Más cerca, en Carabayllo, Lima, han invadido parte del complejo monumental Huaycoy (1800 a.C) y actualmente se venden terrenos de 90 m2 a US$ 20,000.

  

En febrero 2012, el director ejecutivo en el Perú del World Monument Fund (WMF), Juan de la Puente, nos advertía que “la gestión y protección del  patrimonio en el Perú es un desastre”.

Esta grave e indignante situación de nuestro patrimonio cultural se explica por:

1) El gobierno no tiene voluntad política para otorgarle prioridad y no toma conciencia de su descuido, incumpliendo el mandato constitucional de protegerlo (artículo 21°);

2) Los recursos asignados al sector Cultura son mínimos (0.29% del presupuesto general, unos S/. 60 millones anuales);

3) No se le asocia a una visión de desarrollo nacional;

4) Falta de capacidad de gestión, desidia y abandono, en su administración, preservación y protección, a nivel local y regional; y

5) Falta una ley de mecenazgo que permita el necesario concurso de la empresa privada.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de noviembre de 2013

PROGRAMAS SOCIALES Y MEDICIÓN DE POBREZA

Se ha desatado en nuestro país un gran debate sobre la conducción y eficacia de la política social y programas sociales del gobierno, especialmente en zonas rurales, vulnerables, y de riesgo, donde ronda la pobreza, hambre, miseria y desnutrición. La evaluación de la gestión social se logra midiendo la pobreza, la cual, según la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Mides), Mónica Rubio, no hay consenso sobre la mejor manera de hacerlo.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la mide usando el método de “pobreza monetaria” considerando el gasto de los hogares y no el ingreso, es decir, mide la capacidad de compra pero no el consumo efectivo de bienes. Según esta medición, una persona es pobre si no puede adquirir una “canasta básica alimentaria” (mínimo requerimiento de energía sin considerar otras necesidades primarias) bajo la “línea de pobreza” equivalente a S/. 284 mensuales, sin embargo, con un sol más, S/. 285 (S/. 9.50 diarios), no es pobre, y si gasta menos de S/. 151 es pobre extremo, pero con un sol más, S/. 152  (S/. 5.06 diarios), ya no lo es.

Los porcentajes de ésta desfasada medición no reflejan la realidad porque no evalúa el desarrollo social, actualmente existen 7.8 millones de pobres, sin embargo, según medición de la Universidad del Pacífico empleando el método multidimensional habrían 11.9 millones, o con una medición estructural, que estaría empleando el Mides, llegaría a casi 13 millones.

  

Bajo este panorama en marzo de 2012 el INEI presentó nuevos niveles de pobreza (entre 2004 y 2010), pero mantiene el actual método de medición de “pobreza monetaria” que puede crear grandes expectativas reduccionistas de pobreza real y afectar la gestión de programas sociales en su focalización e identificación nacional, ya que no mide índices de desarrollo humano ni de oportunidades humanas, como  la desnutrición crónica infantil, o la inequitativa cobertura de acceso y calidad de servicios básicos del Estado.

Los programas sociales, aunque necesarios temporalmente para aliviar a los más necesitados, no resuelven el grave problema de nuestra elevada pobreza, especialmente en el área rural (53%) que triplica descomunalmente a la urbana (16.6%). La forma de reducirla es distribuyendo mejor la riqueza, combatiendo la desigualdad, creando empleos, mejorando la salud, educación, infraestructura y saneamiento, aumentando la remuneración mínima vital para cubrir la canasta familiar y promocionando la inversión productiva.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de noviembre de 2013 

PERÚ: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El Gobierno declaró el 2013 “Año de la seguridad alimentaria y del desarrollo rural” y como asunto de interés nacional y necesidad pública, sin embargo, a pesar que en el país existe riesgo alimentario por limitada disponibilidad y acceso a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, no recibe la atención debida.

Con DS 102-2012 PCM (octubre 2012) se creó la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria para que en 180 días evalúe la vigente Estrategia Nacional 2004-2015 y proponga una nueva Estrategia y un Plan 2012-2021, pero dicho plazo venció largamente y no hay Estrategia ni Plan. Asimismo, la Comisión Agraria del Congreso aprobó el pasado junio el predictamen de Ley del Derecho a la Alimentación, Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional, pero no se prioriza su debate congresal.   

Según el mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria 2012 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, unas 4.5 millones de personas, principalmente del sector rural, presentan “Muy Alta” y “Alta” vulnerabilidad a la Inseguridad alimentaria por no cubrir sus requerimientos nutricionales para una vida saludable, a pesar de tratarse de un derecho fundamental. En la práctica, la política de seguridad alimentaria se limita a programas de asistencia alimentaria, algunos de los cuales presentan serias deficiencias y no cumplen sus metas a cabalidad (inexplicablemente acaban de desactivar el Programa Integrado de Nutrición Infantil).

Otro problema de inseguridad alimentaria es que somos netos importadores de soya y cebada (100%), trigo (90%) y maíz amarillo (60%), y según la FAO, debemos mejorar el acceso a los alimentos, sobre todo en las zonas rurales, además de insertar en los sistemas alimentarios del país a la pequeña producción y a la agricultura familiar.

Bajo este panorama, la inseguridad alimentaria nos seguirá persiguiendo debido a: 
1) Falta de soporte institucional y presupuestal; 
2) Deficiente producción sostenible y diversificada de alimentos por falta de tecnología, investigación e innovación; 
3) Falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar (84% de productores rurales generan 60% de alimentos que consumimos diariamente); y 
4) Impacto de desastres naturales y cambio climático.

Debemos implementar una política de seguridad alimentaria, coherente y sostenible, para impulsar la modernización, capitalización y productividad del campo, caso contrario, la desnutrición crónica infantil, la prevalencia de anemia en menores de 5 años, y el déficit calorífico, seguirán bordeando el 18%, 33% y 29%, respectivamente, a nivel nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de noviembre de 2013