AGRICULTURA FAMILIAR SIN PLAN NACIONAL

La agricultura familiar es de vital importancia para el desarrollo nacional, es eje principal de la seguridad alimentaria porque atiende la demanda del 80% de la canasta familiar, y sin embargo, a pesar que hace 4 años se aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 (junio 2015) y se promulgó la Ley de Agricultura Familiar Nº 30355 (octubre 2015), el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en todo este tiempo, no ha concluido ni aprobado el correspondiente Plan Nacional de Agricultura Familiar, documento imprescindible para la promoción, desarrollo y asignación de recursos para esta importante actividad.

Aunque para la actual Ministra, Fabiola Muñoz, la agricultura familiar es la columna vertebral de su gestión, hace meses aseguró que dicho Plan estaría listo el pasado mes de agosto, lo cual no ocurrió, posteriormente ha manifestado que sería a fin de año pero después de recibir las propuestas que presente la mesa técnica sobre agricultura familiar, una de la cinco mesas técnicas de diálogo formadas a raíz de las exigencias de las organizaciones agrarias durante el paro agrario del pasado 13 de mayo, reclamando, entre otras demandas, fondos y presupuesto para desarrollar la agricultura familiar.

La agricultura familiar es la principal impulsora del desarrollo rural y aunque la Ley de Agricultura Familiar dispone que el Minagri asuma la conducción de la promoción y desarrollo de ésta actividad, no ha tomado las acciones necesarias y prácticamente esta actividad se encuentra relegada a pesar que la Política Nacional Agraria (DS-002-2016-Minagri) la prioriza con énfasis en el pequeño productor agrario. Según datos del último censo agropecuario cubre 97% del sector productivo (2.2 millones de unidades agropecuarias) y genera trabajo a 3 millones de peruanos, sin embargo, según la FAO, en el Perú, a diferencia del crecimiento de la agroexportación en los últimos años, la productividad en la pequeña y mediana empresa es de las más bajas de la región.

Bajo este panorama la ministra Muñoz ha manifestado que se reestructurará el Minagri, cambiará su nombre por “Ministro de Desarrollo Agrario” y creará el “Viceministerio de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario”, pero más importante que esto sería presentar el Plan Nacional de Agricultura Familiar con la finalidad de poder asignar los recursos necesarios para desarrollarla adecuadamente con capacitación, formación, asistencia técnica, acceso al crédito, mejorando la infraestructura de riego e impulsando la asociatividad, para incrementar el nivel de producción y productividad de los agricultores familiares.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de setiembre de 2019

PETROPERÚ EN SU LABERINTO

Petroperú, empresa petrolera estatal de derecho privado, que en los últimos años viene cambiando de presidente de directorio en promedio cada 6 meses, tiene desde el 16 de abril pasado como nuevo presidente a Carlos Paredes, quien resaltando las deficiencias de sus antecesores manifestó que la empresa está muy lejos de cumplir con los exigentes estándares de gestión y gobierno corporativo, además ha hecho declaraciones que denotan una mala gestión y manejo y hasta ha adelantado que “pronto saldrán a la luz” casos de corrupción dentro de la empresa, está evaluando paralizar el Oleoducto Norperuano si no mejora su producción y ha reconocido que la empresa está sobreendeudada por la construcción de la refinería de Talara (a pesar que un objetivo estratégico principal de Petroperú es su sostenibilidad financiera), según la Superintendencia del Mercado de Valores tiene una deuda a largo plazo de US$ 4,200 millones y para cancelarla necesitaría unos 30 años.

Actualmente Petroperú está trabajando con 95% de deuda y evalúa la venta en 2020 del 15% de sus acciones en colocación privada, también vender las unidades auxiliares de la refinería, además, Paredes osadamente plantea que el Tesoro Público asuma US$ 1,000 millones de dicha deuda para que ésta no sea pública sino del Tesoro Público, según él, permitiría acceder a tasas de interés más bajas y generar ahorros al Estado. Algunas clasificadoras de riesgo califican el crédito corporativo a largo plazo de Petroperú en BBB (capacidad para cumplir sus obligaciones financieras pero con condiciones económicas adversas que pueden debilitar su capacidad de pago), en caso Petroperú tenga dificultades financieras, así sea por mala gestión o mal manejo, el gobierno deberá proporcionarle apoyo financiero con el dinero de todos los peruanos.

Bajo este panorama la situación de Petroperú se explica por el financiamiento para la Refinería de Talara que increíblemente aumentó en casi 10 años (octubre 2008 a febrero 2018) más de 6 veces su valor, de US$ 800 millones en el proyecto inicial (octubre 2008), elevándose a US$ 3,500 millones (mayo 2014) al suscribirse el contrato con Técnicas Reunidas (este contrato no fue divulgado hasta 2017), llegando finalmente en febrero 2018 a US$ 5,000 millones (S/.16,224,345 millones) según acuerdo del directorio de Petroperú 014-2018. Esta cifra, por incertidumbre en la determinación del valor final del proyecto (gastos adicionales, ajustes en obras complementarias, montajes, retrasos, intereses) podría incrementarse hasta que la refinería inicie sus operaciones, según Petroperú en febrero 2021.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de setiembre de 2019  

LAGO TITICACA: PLANTAS DE TRATAMIENTO RETRASADAS

Enorme irresponsabilidad e insensibilidad por parte de gobiernos centrales, regionales y locales quienes desde hace 27 años han tenido abandonado al lago  Titicaca, tesoro y patrimonio natural del Perú, cuya contaminación se ha incrementado exponencialmente hasta la actualidad. En 1992 colapsaron las lagunas de oxidación de la bahía de Puno que limpiaban las aguas residuales domésticas generadas por más de un millón de pobladores las cuales regresaban al lago sin tratarse ocasionando gran contaminación, increíblemente dichas lagunas de oxidación colapsadas siguen operando a pesar que debieron ser reemplazadas por plantas de tratamiento de aguas residuales, además existen otras vías contaminantes que vienen del río Ramis (sustancias minerales altamente tóxicas de la minería ilegal), del río Coata (aguas servidas de Juliaca), del río Huancané (aguas servidas y residuos sólidos), y del río Ilave (residuos químicos y sólidos).  

El proyecto para construir dichas plantas demoró extremadamente muchos años hasta diciembre 2014 en que el Ministerio de Vivienda aseguraba que la buena pro se entregaría en octubre 2015 pero no se concretó, recién en diciembre 2016 se declaró su viabilidad, fue convocado en julio 2018 y en abril 2019 se adjudicó la Buena Pro de concesión por 30 años al consorcio mexicano Fypasa Construcciones.

Sin embargo, persisten problemas en la formalización de terrenos, principal dificultad que retrasaría el inicio de las construcciones de las plantas, así, pobladores de Ilave no están de acuerdo con tasaciones del Ministerio de Vivienda, otros han presentado nuevos títulos de propiedad, y en Puno recién se tramita la adquisición de 56 predios y hasta existen terrenos judicializados. Lo lógico hubiera sido formalizar estos casos antes de la adjudicación de la Buena Pro (29 abril 2019), además, el contrato que debió suscribirse con Fypasa en julio pasado todavía no se ha realizado y por “imprevistos” fue aplazado al día 20 de agosto, pero ya estamos día 31 y aún no se firma.

Bajo este panorama considerando que construir 6 nuevas plantas de tratamiento (Puno, San Román, Melgar, Ilave, Juli y Moho) y recuperar las 4 existentes (Yunguyo, Lampa, Azángaro y Huancané) demoraría más de 4 años, se requiere con carácter prioritario agilizar el proceso para comenzar las obras con la finalidad que en mediano plazo se ejecute la prevención y recuperación de nuestro lado del lago Titicaca y sus afluentes, siendo además imprescindible planificar e implementar programas de educación ambiental entre los pobladores de la región.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de agosto de 2019

AEROPUERTO EN CHINCHERO PREOCUPA A UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), según informaciones periodísticas, en julio pasado remitió al Gobierno un documento solicitando información sobre los impactos que produciría la operación del aeropuerto de Chinchero sobre el Valle Sagrado de los Incas y principalmente sobre Machu Picchu. El ministro de Cultura, Luis Castillo, el pasado día 18 en una entrevista periodística manifestó que la Unesco ha venido cuestionando la gobernanza del pueblo de Machu Picchu (ex aguas calientes) por aglomeración urbana, acumulación de residuos sólidos y residuos líquidos arrojados al río, además, sobre la capacidad de carga de turistas en Machu Picchu, asimismo explicó que esta organización ha advertido al Gobierno su preocupación por la ciudad del Cusco, el Qhapac Ñan y Machu Picchu por lo que “estamos preparando las respuestas” aunque extrañamente dijo “es un procedimiento muy complicado que requiere una serie de consultorías”.

El aeropuerto de Chinchero será construido a 3,730 metros de altura (330 metros más alto respecto al Cusco), el proceso del proyecto ha sido muy controvertido, en febrero 2017 el ex presidente Kuczynski junto con el entonces ministro de Transportes y actual presidente, Martín Vizcarra, y Mercedes Aráoz pusieron la primera piedra, pero en mayo Vizcarra se vio forzado a renunciar por irregularidades en una adenda del contrato, suspendiéndose la construcción, posteriormente, en enero 2019 las excavadoras comenzaron a trabajar y actualmente el presidente Vizcarra ha defendido con mucho ahínco este proyecto cuyas obras se iniciarían el segundo semestre 2020, a pesar  que muchos arqueólogos, antropólogos e historiadores, firmantes en una lista de miles de personas, han pedido al presidente que no se construya el aeropuerto en esta zona porque causaría daños irreparables a la cultura del Perú y de la humanidad.

Bajo este panorama, los mayores problemas que se avizoran son los graves impactos que se podrían producir en el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu por el sobrevuelo de aviones de mayor tamaño y nivel de huellas de ruido (Boeing, Airbus), además especialistas han advertido dificultades para operaciones aéreas en dicha zona; incremento de turistas a Machu Picchu, a pesar de las restricciones de Unesco en 2018 ingresaron 1.5 millones, el doble de lo establecido; las grandes construcciones romperán completamente la tipología del lugar y el paisaje inca; construcción de nuevas vías de acceso al aeropuerto y sobrepoblación y contaminación incontrolables en Chinchero y el Valle Sagrado de los Incas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de agosto de 2019

EXIGUA TRANSPARENCIA EN NUESTRO SISTEMA POLÍTICO

A menos de dos años de cumplirse el bicentenario nuestro país está atravesando una peligrosa crisis política producida por una tensa y conflictiva dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo que ocasiona un choque de poderes del Estado con confrontaciones, pugnas y mínima tolerancia, situación agravada además por la enorme corrupción y la desconfianza de los ciudadanos por las instituciones, los partidos políticos y los políticos en general. El Poder Judicial lleva una pesada  carga de corrupción e inoperancia. El Congreso podría competir entre los más impopulares de los últimos años, además de usuales escándalos de muchos congresistas, el Parlamento no asume una tarea más integral y no ha sido capaz de articular una agenda consensuada para el país. El Ejecutivo demuestra debilidad y poca credibilidad, el presidente emite inconvenientes declaraciones (casos Odebrecht y Tía María) y presenta dificultades para desarrollar sus funciones, así, hemos llegado al extremo de un pedido del Ejecutivo para adelantar las elecciones versus una moción de vacancia presidencial que pretende parte del Congreso.

La desconfianza y cuestionamiento a nuestro sistema político es una realidad indesmentible, tanto por las actuaciones personales de sus protagonistas como por el inconsistente debate político que emplea un formato de desarrollo mediático y deja de hacer justicia, los partidos políticos que no tienen una estructura bien constituida experimentan un proceso de debilitamiento y desprestigio presentando bajísimos niveles de credibilidad frente a la ciudadanía. A pesar que la política es fundamental en la creación de instrumentos y proyectos para avanzar en el desarrollo del país, lamentablemente la mayoría de nuestros políticos persigue su interés dentro de las reglas de juego que los rigen en lugar de proceder según su visión sobre lo que requiere el país, actúan con motivaciones subordinadas a lo conveniente para permanecer y prosperar en la política, proceso que se podría comenzar a corregir mejorando las reglas del juego político con reformas que protejan el interés general del país que ellos mismos no las quieren aprobar.

Bajo este panorama la clase política no es transparente, debería entender que los verdaderos liderazgos políticos son éticos ya que provienen de reclamos por instaurar la igualdad, la integridad, la justicia, la equidad, la probidad y el bien común, los cuales en nuestro sistema político se están quedado en el camino por la ciega persecución de intereses personales y partidarios, lo cual afecta nuestra democracia y el desarrollo integral nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de setiembre de 2019