UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LAVADO DE ACTIVOS

 

El Departamento de Estado de EE UU en su último informe sobre Estrategia Internacional de control de Narcóticos y Lavado de Dinero de marzo 2020 señala que durante 2019 fueron identificados en nuestro país US$ 1,750 millones provenientes de lavado de dinero, de los cuales US$ 880 millones corresponde a lavado en minería ilegal (la mayor cantidad en los últimos 9 años) ya que los narcotraficantes están dirigiendo el lavando dinero a través de transacciones de oro ilegal, inclusive, a pequeña escala mezclan oro ilegal con lícito en la cadena de suministro, pero además del tráfico de drogas, también son fuentes de fondos ilícitos la tala ilegal de madera, corrupción pública, contrabando, piratería, trata de persona, entre otras, los cuales son blanqueados creándose empresas de fachada para simular operaciones financieras.

 

Este delito, que por su poder corruptor genera en nuestro país peligrosos efectos perturbadores en la gobernabilidad, así como profundas distorsiones en la economía se ha incrementado en los últimos años debido al creciente aumento de dinero ilícito el cual es blanqueado en compra de inmuebles, lujosos vehículos, transferencias de bienes y dinero ilegales, remesas al exterior y cambio de divisas.  

 

El principal medio para enfrentar el lavado de activos es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) creada en marzo 2002 (Ley N°27693) y adscrita a la SBS, cuya función es recibir, analizar, tratar, evaluar, transmitir información y detectar este delito, investigando los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de personas naturales y jurídicas obligadas a proporcionar información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°27693. Entre el 2011 y agosto 2020 la UIF recibió 80,848 ROS, y solo entre enero y agosto 2020 recibió 6.482, y, aun así, no tiene facultad para levantar directamente el secreto bancario y tributario lo que afecta su labor de análisis e investigación financiera.

 

Bajo este panorama, después de más de 10 años de gestiones, recién el pasado día 14 la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que otorga dicha facultad a la UIF, pero falta su debate y aprobación en el pleno. Sin embargo, para la lucha contra el lavado de activos aún faltan acciones, entre otras, fortalecer la fiscalía y órganos de control, mejorar la ley de Pérdida de Dominio, uso de nueva tecnología para evaluación de riesgos y de información e inteligencia financiera, detección de personas naturales detrás de empresas y aplicación de sanciones firmes.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de octubre de 2020

NUESTRA FRÁGIL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

 

Ayer, 16 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación con la finalidad de concientizar sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, desnutrición y pobreza y cuyo principal sustento es la seguridad alimentaria para que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos para desarrollar una vida activa y sana, lo cual incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de alimentos.

 

Nuestra seguridad alimentaria es muy frágil a pesar que desde hace 18 años, en noviembre 2002, fue creada una comisión multisectorial para coordinar, evaluar y priorizar políticas sectoriales que garanticen la seguridad alimentaria poblacional, sin embargo, no tuvo ningún resultado que mostrar, recién 10 años después, en octubre 2012 se creó otra comisión multisectorial permanente declarándose la seguridad alimentaria y nutricional de interés nacional y necesidad pública, también en diciembre 2013 se aprobó la Estrategia Nacional 2013-2021 y en junio 2015 el Plan Nacional 2015-2021 para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población priorizando los grupos vulnerables y en pobreza extrema, lo cual claramente no se ha logrado.

 

La seguridad alimentaria y nutricional se ve afectada por la situación del agro que no ha recibido la atención necesaria durante décadas, principalmente la agricultura familiar que es la base de la seguridad alimentaria y tiene importancia preponderante en la producción y en la ocupación con 24% de la PEA, hay 3.8 millones de agricultores a nivel nacional, de ellos, 3 millones (83%) son agricultores familiares, únicamente el 4% ha recibido asistencia técnica y solo 40% de sus unidades agropecuarias cuentan con infraestructura de riego.

 

Bajo este panorama, acaba de concluir un pleno agrario en el Congreso para ver, entre otros proyectos de ley, la implementación de un fondo de emergencia Reactiva Agro y el fortalecimiento patrimonial del Banco Agropecuario. Se evidencian graves problemas en la producción agropecuaria ya que el sector perdería este año más de S/ 1,600 millones, la situación en el campo para pequeños agricultores es “alarmante” por la escasez de agua y falta de capital, lo cual se ha visto agravado por la pandemia con el impacto del aislamiento social, además, el aumento del precio del transporte afecta las campañas de siembra. Se debe garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población implementándose acciones en el agro en disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de octubre de 2020

 

8 DE OCTUBRE: INDIGNACIÓN POR DEJARSE SIN EFECTO FERIADO NACIONAL

 

Ha causado indignación la acción del presidente Vizcarra de haber dejado sin efecto el 8 de octubre como feriado nacional al conmemorarse el 199° Aniversario de la Marina de Guerra y el 141° Aniversario del Glorioso Combate de Angamos. Dicha disposición fue incluida entre líneas, para tratar que pase desapercibida, en el 6° artículo del Decreto de Urgencia 118-2020 que no tiene nada que ver con esta simbólica fecha sino que trata sobre “medidas extraordinarias para prevención y control del dengue”, además, el argumento utilizado por el gobierno es nefasto: “un día laborable menos por feriado, donde la producción opera por debajo de su capacidad potencial, resta al crecimiento de la actividad económica”, dicho razonamiento pierde todo sustento cuando el pasado día 5 el Ministro de Defensa, Jorge Chávez, manifestó que “de aquí, en adelante, no se va a suspender ningún otro feriado”.

 

Resulta incomprensible como el Premier Walter Martos y el ministro de Defensa Jorge Chávez, que han servido en las FFAA, no hayan asesorado al presidente Viscarra para evitar tal despropósito cuando ellos conocen y han sentido y vivido lo profundo que significan para la población los homenajes y conmemoraciones a nuestros héroes. El ministro de Defensa Chávez, equivocadamente manifestó que “si bien el 8 de octubre no es feriado, las FFAA celebrarán el acto heroico de Miguel Grau”, no ministro, el 8 de octubre todos los peruanos rinden homenaje y reflexionan sobre el legado de nuestro máximo héroe y Peruano del Milenio, el Gran Almirante Miguel Grau Seminario y su dotación del Monitor “Huáscar” que jamás se rindieron y se inmolaron por la patria en una lección de heroísmo, sacrificio y patriotismo, tal como se ha conmemorado cada 8 de octubre desde hace 80 años, cuando en junio de 1940 se promulgó la ley N°9126 que declara ésta fecha de “Homenaje del Perú al Almirante Miguel Grau y a los que sucumbieron con él a bordo del Monitor Huáscar”.

 

Bajo este panorama, el 8 de octubre no ha debido pasar como cualquier día para la población, la figura del Almirante Grau vive en el corazón de todos los peruanos y mereció que ese día todos debimos participar reflexionando y compartiendo efemérides (aún de manera virtual, lo cual es imposible en día laborable) sobre el legado de heroísmo y valores que nos dejó nuestro máximo héroe como hombre cabal, profesional íntegro, político digno, superior justo, subalterno respetuoso, vencedor magnánimo y vencido glorioso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de octubre de 2020

 

MINERÍA ILEGAL: FORMALIZACIÓN E INTERDICCIÓN

El sector minero, por su gran potencial, es crucial para la recuperación de nuestra economía, sin embargo, arrastra el grave problema de la minería ilegal que lejos de resolverse avanza imparable. Para enfrentarla es indispensable la formalización minera por parte del Estado, pero increíblemente han pasado casi 19 años desde que se inició el proceso para formalizar y promover la pequeña minería artesanal (Ley 27651 enero 2002) pero nada se avanzó, 9 años después, en marzo 2011, se lanzó el Plan Nacional para la formalización con plazo de acción de 5 años, pero tampoco nada se logró, y como para tratar que nos olvidemos de este proceso, a partir de 2016 se produjo una seguidilla de ampliaciones de plazos, primero hasta junio 2017, luego hasta octubre 2018 y finalmente hasta diciembre 2021 (Ley 31007 octubre 2019). A nivel nacional hay 400,000 mineros ilegales con mínimo porcentaje de inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y solo 5,000 (1.25%) tributan, esto explica porque desde 2012 se exportaron alrededor de US$ 15,000 millones de minerales (principalmente oro) sin declararse ni pagar impuestos.

 

En febrero 2012, por gran incremento de la minería ilegal se reguló su interdicción (DL.1100) declarando sus acciones de necesidad pública y ejecución prioritaria, desde 2013 se efectuaron cientos de acciones de interdicción, y en enero 2019, a través de operaciones conjuntas de personal de las FFAA y PNP se realizó el operativo “Mercurio” en La Pampa (zona amortiguamiento Reserva Nacional Tambopata), desalojándose 6,000 mineros ilegales que durante 15 años extrajeron oro y destruyeron 12,000 hectáreas de bosque amazónico, pero gran parte se trasladaron a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal Amarakaeri, a Alto Malinowski y Pariamanu (Madre de Dios), y a Quincemil y Camanti (Cusco). Durante 2020, por aumento de mineros ilegales en Madre de Dios, se han ejecutado muchas interdicciones: en la Reserva Comunal Amarakaeri, en el cauce del río de Quebrada Santa Isidora, Quebrada Berben y El Ponal, en el río Inambari y zona de Pariamanu, en sectores de Kotsimba y Sarayacu, en Apaylon, en el cauce del río Malinowski y en zonas de amortiguamiento de Tambopata.  

 

Bajo este panorama, sin poderse formalizar la minería ilegal por un proceso que ha fracasado, y solo con interdicciones no podrá contrarrestarse, continuará incrementándose y seguirá evadiendo impuestos, generando graves delitos, contaminando con cianuro y mercurio nuestros recursos hídricos y suelos, y depredando los bosques amazónicos y su biodiversidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de octubre de 2020

  

PARTIDOS POLÍTICOS SIN RUMBO

Quedan 4 días de plazo (hasta el miércoles 30) para que los candidatos a la presidencia de la República sin afiliación partidaria se inscriban en un partido político para postular en las elecciones del 11 de abril 2021 (ley 31038: normas transitorias para las elecciones generales 2021 en el marco de la emergencia sanitaria). Solo en esta situación los 24 partidos políticos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) recién aparecen después de haber invernado en períodos no electorales conjuntamente con la proliferación de candidatos, y muchos de estos partidos son desconocidos y sin capacidad de congregar ni una mínima cantidad de militantes inscritos y participantes activos, también otros partidos, buscan con vehemencia y desesperación negociar ofreciéndose como “vientres de alquiler” con aspirantes que tengan probabilidades de alcanzar más votos (peligroso atentado contra la democracia), ya vemos como algunos candidatos se van inscribiendo en partidos que jamás han militado, que no tienen coincidencias con principios ni postulados, pero lo hacen por interés y obligados por exigencia de la ley. 

 

En el texto sobre democracia interna aprobado en el Congreso, continuando las conocidas tretas y costumbres para manejar las listas congresales, aprobaron que las cúpulas de los partidos, de acuerdo a su normativa interna, puedan confeccionar sus propias listas, y aunque existe la alternativa de realizar elecciones internas con votos de los afiliados. ésta ha debido ser la única opción democrática para que los partidos formulen sus listas congresales a través del voto de cada militante afiliado, libre, voluntario, directo y secreto; los partidos políticos, en lugar de considerar una selección más estricta y cuidadosa la manejan a su entero interés partidario lo cual origina Congresos mediocres con congresistas que no honran sus compromisos y actúan con ignorancia disciplinada y absolutamente desconectados de la población.

 

Bajo este panorama, a los partidos políticos, como base social de nuestra sociedad, les compete promover la participación ciudadana en la política y representarla e intermediar como interlocutores de sus demandas y necesidades con el Estado, pero no lo cumplen porque no se identifican con la ciudadanía y están alejados del interés mayoritario debido a serias deficiencias de institucionalidad, transparencia y orden, bajos niveles organizativos y falta de vida orgánica seria y persistente, ausencia de mecanismos, cuadros y propuestas, mal manejo de democracia interna e insuficiente competencia para elegir liderazgos, predominio del caudillismo, carente formación y renovación de cuadros y falta de representantes legítimos y de dirigentes capacitados.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de setiembre de 2020