AGUA POTABLE: INCIERTA SITUACIÓN EN LIMA Y CALLAO

El ruido e incertidumbre política y judicial desvían nuestra atención de temas importantes que afectan a la población, tal es el caso de la advertencia del pasado día 5 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) sobre la probable reducción de agua potable en Lima y Callao por ausencia de lluvias en la sierra central. Pareciera algo intrascendente, solo esperar que lleguen las lluvias en la sierra y todo solucionado, pero lamentablemente no es así. El río Rímac es el principal abastecedor de agua, su cuenca recibe con déficit suministro hídrico de las precipitaciones pluviales de las zonas alto andinas (5,000 msnm), del deshielo de glaciares, de represas (Yuracmayo, Huascacocha y Antacoto) y 16 lagunas embalsadas; su caudal debe mantener 40 m3/s pero el medio anual es 32 m3/s y actualmente, por el fenómeno de La Niña, está casi seco afectando la demanda de 10 millones de habitantes y obligando al uso de depósitos de agua de acuíferos subterráneos ubicados en las cuencas del río Rímac, Lurín y Chillón pero cuyos volúmenes disminuyen gradualmente.

El Anuario de Estadísticas Ambientales registra una producción anual de agua de Sedapal de 680 millones de m3 que se ha mantenido casi constante durante los últimos 10 años por lo que la demanda inexorablemente desbordará dicha producción que presenta además serias pérdidas anuales promedio de 220 millones (33%) por falta de facturación, en redes de distribución y conexiones clandestinas ocasionando desatención a más de 2.5 millones de pobladores en asentamientos humanos y zonas marginales y al millón que no cuenta con este servicio que debe usar camiones, pilones, cisternas a mayores costos que los que tienen acceso de red pública.

Bajo este panorama los efectos del cambio climático supondrían reducciones de hasta 10% de precipitaciones sobre las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, sumado a la crítica situación de desglaciación de nuestros nevados tropicales y la terrible contaminación del río Rímac por relaves mineros, desechos químicos e industriales, desagües y basura, agravado con el crecimiento demográfico y expansión urbana. Es obligación del gobierno buscar alternativas para solucionar el déficit hídrico en Lima y Callao a mediano y largo plazo, tales como obras de cabecera y conducción de la cuenca alta del río Rímac, con nuevos trasvases, mejoramiento y construcción de represas y embalses, tratamiento de aguas residuales para recargar los acuíferos, construcción de plantas desalinizadoras, entre otras.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de enero de 2018


LOS SOCAVONES DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA

El pasado 30 de diciembre se publicaron las declaraciones Marcelo Odebrecht que diera el 9 de noviembre ante fiscales peruanos en Curitiba, Brasil, quien, entre otra información, manifestó que con Alejandro Toledo se reunió por la gestión de las IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) sobre la construcción de la carretera interoceánica sur, y que con el presidente Kuczynski, como ministro de Economía, tuvieron una relación muy difícil, pero su contratación como consultor, con pagos no contabilizados (por cuestiones fiscales), fue una manera de curar heridas.

La licitación ganada por Odebrecht para construir la carretera interoceánica sur (tramos II y III y IV) fue propulsada por Toledo a cambio de coimas por US$ 20 millones. En diciembre 2004 Toledo con Kuczynski (ministro de Economía y presidente de Proinversión) y Fernando Zavala (Vice ministro de Economía), normaron el concurso, el contrato se firmó el 4 agosto 2005 obviándose la evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con ventajas a la empresa y perjuicios para nuestro país, y, cerrando el círculo, el 25 enero 2006, en tiempo record, Toledo y Kuczynski (Premier) firmaron la ley 28670 declarando de interés nacional la licitación de cinco obras, entre ellas la interoceánica sur, que fueron adjudicadas a Odebrecht, en marzo 2006, faltándole a Toledo 4 meses de gobierno se iniciaron las obras (presupuesto inicial US$ 800 millones); Alan García en julio 2006 recibió la obra con 5 kilómetros construidos cuestionándola duramente pero luego la promovió como obra suya. Según la Contraloría el costo se incrementó hasta US$ 2,980 millones (257% más) por sobrevaloraciones.

Bajo este panorama, la carretera interoceánica sur con 2,592 kilómetros recorriendo siete departamentos de la Macro Región Sur fue concebida para unir el océano Atlántico con el Pacífico y estrechar las relaciones comerciales entre Perú y Brasil, sin embargo, no ha representado una herramienta de integración comercial debido a complicados y engorrosos trámites fronterizos y falta de centros de actividad logística y desarrollo fronterizo Perú-Brasil, además por el aislamiento geográfico, tamaño del mercado, poco uso de la carretera (especialmente de transportistas brasileros) por falta de masa crítica de carga, altos costos de exportación, frágil comercio en inversiones, barreras de ingreso de empresas peruanas al mercado brasilero, falta de vías de penetración en nuestro país hacia dicha carretera y falta de sectores que dinamicen la economía peruana como turismo, comercio, producción frutícola y cafetera, entre otros.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de enero de 2018


PRESIDENTE OBLIGADO A CAMBIOS Y ORIENTACIÓN CLARA

El presidente Kuczynski estuvo a punto de ser destituido por el Congreso al haber cumplido un año y medio de infructuoso gobierno (su aprobación cayó de 61% hasta 18%), ahora, de cara al Bicentenario, le corresponde reiniciar su gestión en otra dirección, con orientación clara, con cambios necesarios y enfocarse en el cumplimiento de sus promesas y compromisos.
 
En el principal compromiso del presidente “llevar agua y desagüe a todos los peruanos”, se ha logrado muy poco en cobertura, especialmente en el área rural solo llega al 62% y en saneamiento a 29%; además, para tratarse las aguas residuales al 100% se requieren US$ 3,000 millones. El segundo compromiso “prestar un servicio de educación de calidad”, nos ubicamos en últimos puestos educativos del mundo (prueba Pisa), para mejorar esta situación el esfuerzo se centra en incrementar el presupuesto pero sin prestar atención a la débil gestión; en año y medio pasaron tres ministros y se activó una grave huelga magisterial de educación pública que duró 3 meses y afectó 1.5 millones de estudiantes. Su promesa sobre salud “prestar un servicio público sensible al enfermo, oportuno y eficaz”, está muy lejos de lograrse, el sistema de salud debe reorganizarse para alcanzarse un acceso universal y equitativo.
  
Otra promesa “formalizar el país” está estancada, 70% de peruanos no tiene empleo formal, se requiere una reforma laboral que capacite y promueva a empresas informales con potencial formal. Sobre “construir infraestructura para el desarrollo”, promesa con gran brecha de U$ 165,000 millones, es urgente construir carreteras y la reconstrucción de infraestructura dañada por El Niño costero. Su última promesa de “liberar a nuestra patria de corrupción, discriminación, inseguridad y delito” no muestra avance, la corrupción, convertida en el problema central socava nuestra democracia, la impunidad debe ser erradicada; la inseguridad y el delito se incrementa, faltan propuestas para prevenir la delincuencia (reducir causas socioeconómicas como falta de empleo y situación de cárceles), según el BID el costo de la delincuencia en Perú asciende a US$ 10,325 millones (2.77% del PBI).

Bajo este panorama, el presidente, que se encuentra en una situación vulnerable por el indulto a Alberto Fujimori, debe revertir su falta de gestión y liderazgo para cumplir sus promesas y compromisos, avanzar en reformas del Estado, modernizar la administración pública, desarrollar la institucionalidad, lograr la capacidad de asegurar la gobernabilidad y garantizar el desarrollo económico y social del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de diciembre 2017


QUE EL FUTURO DE NUESTRO PAÍS SE ACLARE

Finalmente el presidente Kuczynski no fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente, pero queda vigente su conflicto ético, sus reiteradas mentiras, sus declaraciones engañosas sobre algunas malas prácticas y pagos ilegítimos mientras era ministro, esto ocasionará una grave situación de incertidumbre por los cargos judiciales que posteriormente deberá enfrentar lo cual acentuará la desconfianza ciudadana, pero además por su falta de capacidad y liderazgo para gobernar. Recordemos que el presidente prometió crear “un país moderno más justo e igualitario”, lo cual ni siquiera logró encaminar en el año y medio de gobierno, siendo su gestión desaprobada en todas las regiones y todos los niveles socioeconómicos.

Pero también existe la percepción de autoritarismo y abuso del fujimorismo al tener mayoría opositora absoluta en el Congreso permitiéndole tomar posiciones agresivas, controlando censuras o renuncias de cinco ministros y hasta denuncia al Fiscal de la Nación, además, su lideresa Keiko Fujimori tiene pendiente el caso de la anotación de Odebrecht “aumentar Keiko para 500”, también por registros de supuestos donantes que negaron aportaciones y por cocteles pro fondos, finalmente está pendiente el caso reabierto de Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, por el origen de su patrimonio que incluye también a Keiko Fujimori.

Bajo este panorama el futuro de nuestro país se oscurece, tenemos además dos presidentes encarcelados (Fujimori y Humala) otro presidente prófugo (Toledo) y otro investigado (García). Nuestro futuro solo se aclarará cuando los políticos entiendan que la actividad política es esencialmente humana y civilizadora, un quehacer social cuyo principal fin es alcanzar, mediante patrones de acción y organización, el bienestar de la sociedad.

Ello entraña fundamentalmente que los políticos actúen con un verdadero compromiso para con los ciudadanos para el logro del bien común y del fortalecimiento de una estructura de virtudes y valores públicos construyendo instituciones sólidas e implementando políticas sociales que apunten a la igualdad de oportunidades y equidad que constituyen los máximos valores públicos de la democracia, obliga además a dejar de lado intereses personales o partidarios por conveniencia que buscan un medio esencial de vida tratando de mantener el “poder” para copar espacios y cargos que pueden transformarse en focos de corrupción (como los numerosos casos de Odebrecht), estas actitudes frivolizan la función pública y disminuyen la calidad de la política afectando gravemente a nuestra democracia y el camino de nuestro país hacia el desarrollo ad portas de nuestro bicentenario..

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de diciembre 2017


PERÚ: MONITOREO DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA 2016

El pasado martes 5 la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y Delito (Unodc) y Devida presentaron el Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca 2016 (poco difundido y analizado por la agobiante agenda política y judicial) registrando a diciembre 2016 una extensión de cultivos de coca de 43,900 hectáreas, aumentando 3,600 (9%) respecto a 2015 y revirtiéndose una tendencia de disminución de 4 años. Dicha extensión produce un potencial de hoja seca al sol de 105,960 toneladas, de ellas, 95,069 (90%) son derivadas al tráfico ilícito de drogas para producir pasta básica y cocaína.

Sobre la producción de cocaína, increíblemente hace 9 años no conocemos cifras oficiales, la última (302 toneladas) fue registrada el 2008, desde 2009 a 2015 se indica “no determinada” por falta de factor de conversión actualizado, según el DL 1241-julio 2016) debe determinarlo la Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía (Direjandro). Para Carmen Masías de Devida serían 410 toneladas producidas anualmente, pero actualmente podrían ser mucho más considerando la nueva tecnología, agroquímicos y sistemas de riego que usan los cocaleros (especialmente del Vraem) que mejoran rendimientos y cantidad de cosechas anuales.

Preocupan los cultivos de coca en el Vraem con 20,304 hectáreas (aumentaron 1,971 hectáreas respecto a 2015) con un rendimiento de 100 mil plantas por hectárea (promedio otras zonas 30 mil) que producen 73,643 toneladas de hoja seca (70% del total nacional), sin embargo nunca se ha erradicado. Carmen Masías afirmó durante el gobierno de Humala que en noviembre 2013 se entraría a erradicar, y en octubre pasado (gobierno actual) manifestó que es probable iniciarla en 2018, lo cierto es que no hay nada claro. El programa Agroideas desde 2010 y el proyecto especial (Provraem) desde 2014 (del Ministerio de Agricultura y Riego) tratan de promover la erradicación y sustitución voluntaria de 5,000 hectáreas de cultivos de coca pero en 2016 solo se reconvirtieron 632 hectáreas y contrariamente los cultivos han aumentado; el nuevo director de Provraem, Edgar Gómez, que asumió en julio pasado, manifestó que al interior de la institución encontró claros indicios de corrupción.

Bajo este panorama, mientras no existan eficientes programas sociales (salud, educación, servicios públicos), mejor infraestructura, cultivos alternativos de mejor rendimiento económico que la coca y adecuada asistencia técnica, la frontera cocalera (y producción de cocaína) seguirá creciendo en la mayoría de zonas cocaleras, especialmente en el Vraem (sin erradicación) que ocupa 46% del total nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de diciembre de 2017


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