PERÚ: INDIGNANTE TRABAJO INFANTIL

El pasado día 12 se conmemoró el “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil” fecha que debió servir para reflexionar sobre los peligros y penurias de los niños que trabajan y ayudar a su erradicación, pero lamentablemente pasó casi inadvertida –ni siquiera hubo un mensaje, comentario o reflexión de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Teresa Laos– a pesar que la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2011) registra 1’659,000 niños trabajadores, cifra altísima equivalente al 23.7% de la población nacional de niños y adolescentes entre 5 y 17 años estimada en unos 7 millones.

El trabajo infantil es indigno porque prima el abuso y la explotación, un 80% trabaja en la economía informal en paupérrimas condiciones, principalmente en chacras, pastoreo, minería ilegal, servicio doméstico o en las calles, con míseros ingresos. La mayoría no asiste a la escuela, y los pocos que van, tienen limitado rendimiento escolar y abandonan los estudios 3 de cada 4 niños. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Perú es el segundo país (después de Brasil) con más trabajo infantil, el cual  se incrementa en las comunidades indígenas y zonas rurales (58.7%), con niños de muy corta edad.

La legislación peruana permite el trabajo infantil pero con restricciones, entre 12 y 14 años no debe exceder de 6 días por 4 horas diarias, y entre 15 y 17 años, hasta 6 horas diarias, sin embargo, se prohíbe el trabajo en actividades peligrosas, labores nocturnas, en el subsuelo o con pesos excesivos, pero esto no se cumple ya que 33.9% (562,400) adolescentes de entre 14 y 17 años lo hacen, lo cual merma su desarrollo y capacidades productivas; además, todo trabajo infantil autorizado debe ser controlado por el MTPE, sin embargo, del total de 1’659,000 de trabajadores infantiles, únicamente 1,176 (0.07%) a nivel nacional están registrados en su Anuario Estadístico Sectorial 2011, y solo 668 estudian.

Bajo este panorama actualmente se cuenta con más de 50 leyes y normas legales relacionadas con la erradicación del trabajo infantil. Entre los últimas tenemos el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021(abril 2012) y la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (setiembre 2012) estando el Nuevo Código del Niño y Adolescente en proceso de revisión, sin embargo, este flagelo seguirá incrementándose mientras no se mejore el empleo e ingreso familiar, la oferta educativa, el sistema de salud, las alternativas productivas y el control, monitoreo y asistencia de niños y adolescentes víctimas de la explotación laboral y sexual.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de junio de 2013

IMPARABLE TRÁFICO DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL

El pasado día 1 nos enteramos indignados que la casa de subastas Thomaston Place Auction vendió en EE.UU. 3 ceramios de la cultura Nasca y Chancay, a pesar que desde 1997 suscribimos con este país un Memorándum de Entendimiento para restringir la importación de bienes arqueológicos precolombinos y etnológicos culturales. Solo meses antes (23 de marzo) fue aún peor, porque la casa de subastas Sotheby’s de París vendió –por US$ 2 millones– 46 piezas de nuestras culturas Mochica, Chavín, Inca, Chimú, Huari, Chancay, Ica-Chincha, Nazca, Paracas, Cupisnique y Horizonte Tardío.

  

Como una rutina, cada cierto tiempo son subastadas en el extranjero piezas arqueológicas de nuestro patrimonio cultural –robadas, saqueadas o adquiridas ilegalmente– sin que los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura puedan evitarlo, limitándose a alertar a la Interpol Perú y a nuestras embajadas para que impidan su venta argumentando que nuestra Ley general del Patrimonio Cultural (28296) prohíbe su importación y que éstas salieron de manera irregular y sin autorización, lo cual, en el aspecto legal, no les interesa a las empresas subastadoras debido a que el Perú no cuenta con la inscripción ni el registro de las piezas.

Según la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura son identificados en el exterior 50 casos anuales de tráfico de bienes culturales, entre ceramios, textiles prehispánicos, y objetos robados de iglesias, siendo detectados por internet el 30%. Además unas 35 galerías y casas de subasta extranjeras han sido denunciadas ante el Ministerio Público sin ningún resultado.

Pero no solo se trata de subastas, de las 46,322 piezas de Machu Picchu que la Universidad de Yale tuvo retenidas más de 100 años, nos ha devuelto 35,533 (se exhibieron solo 360), faltando la repatriación de 10,789 piezas. Otro caso es el de Suecia, desde hace 83 años retiene ilícitamente 89 textiles de Paracas –de 2,000 años de antigüedad– en el Museo de Culturas del Mundo en Gotemburgo. También en la Biblioteca Nacional, en setiembre de 2011 se perdieron más de mil libros y documentos históricos de los cuales solo han sido recuperados 23, y aún no se concluye el inventario.

En suma, no existe en nuestro país una adecuada protección de nuestra herencia cultural y su tráfico se ha convertido en el segundo comercio ilegal después del de cocaína. El Dr. Walter Alva –descubridor de las tumbas reales de Sipan– corrobora esta increíble e indignante desidia e inacción: “lo perdido alcanza hasta un 60% de toda nuestra riqueza arqueológica”.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de junio de 2013

GASODUCTO DE CAMISEA: AMPLIACIÓN PARALIZADA MÁS DE UN AÑO

El sistema energético peruano presenta grave vulnerabilidad y fragilidad debido a que el 50% de la energía eléctrica que abastece al país es generada mediante centrales termoeléctricas alimentadas por gas natural de Camisea, cuyo trasladado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) desde Echarate, Cusco, hasta el City Gate en Lurín, es a través de un ducto de 730 kilómetros (para líquidos hay otro de 560 kilómetros hasta Pisco) por lo que si sufriera falla operativa, avería, sabotaje o atentado terrorista, podría ocasionar racionamientos o cortes de electricidad con pérdidas de US$ 800 millones diarios y tarifas incrementadas en 40%.

Los trabajos de ampliación del actual gasoducto (proyectados desde 2010 e iniciados preliminarmente el 2011, creándose además una comisión especial) se encuentran paralizados más de un año (abril 2012) debido al secuestro, por terroristas, de 36 trabajadores en Kepashiato, y por el atentado, en octubre, al aeródromo de kiteni destruyéndose tres helicópteros utilizados para supervisar, mantener y reparar el ducto. Dichos trabajos consisten en la construcción de un ducto adicional –de respaldo– de 55 kilómetros alrededor de Kepashiato que vinculará al actual, y la instalación de una planta compresora Kp 127 en Echarte para aumentar, por etapas, el actual volumen de 610 hasta 920 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) e incrementar la confiabilidad del trasporte del gas hacia la costa.

Según TGP los trabajos se reiniciarían en mayo 2014, sin embargo, a pesar de que las FF AA y PNP han reforzado los mecanismos de seguridad e inteligencia para resguardar el gasoducto en el Vraem, el presidente de Electroperú, Jaime Hanza, ha manifestado su preocupación por la seguridad en la zona, y, para la empresa clasificadora de riesgo Equilibrium “las FF AA, si bien apoyan en la zona crítica, aún no logran brindar las condiciones mínimas de seguridad para retomar la ampliación del ducto”.  

Bajo este panorama, dicha paralización podría ocasionar una emergencia a corto plazo en el sistema energético nacional, y además, su deficitaria producción está desnudando la falta de sostenibilidad, eficiencia, seguridad y confianza, debido a que no se ha diversificado la matriz energética pese a la previsible mayor demanda industrial, residencial y automotriz, que crece (9% anual) a tasas superiores a las de la economía, dejándose de invertir en proyectos eléctricos de largo plazo como plantas hidroeléctricas, de energía renovables (casi inexistentes), en líneas de transmisión eléctrica, construcción de termoeléctricas de ciclo dual (permiten usar combustible alternativo al gas), de plantas de regasificación, así como de polos y proyectos de industrialización petroquímicos.
                                                                                                                                                      Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de junio de 2013

EL DRAMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ

Muy poco o casi nada se trata sobre la problemática de residuos sólidos en nuestro país (basuras, desechos, restos, desperdicios). Según el IV Informe Anual de Residuos (años 2010-2011) del Ministerio del Ambiente (MINAM), el 2011 se produjeron a nivel nacional 7 millones de toneladas (2 millones solo en Lima) entre residuos domiciliarios, comerciales, de espacios públicos, de salud, industriales, de construcción, agropecuarios, etc., que según la normativa vigente –ley 27314 (julio 2000), DS 057 (julio 2004) y DL 1065 (junio 2008)– debieron ser recolectados, separados, clasificados y tratados desde la fuente de generación hasta su disposición final en un relleno sanitario, pero lamentablemente su cumplimiento es exiguo, inadecuado e incoherente, generándose consecuencias ambientales en el aire y agua superficial y subterránea, y degradación y contaminación en suelos, afectando seriamente la salud poblacional.

   

A pesar que el gobierno presentó en diciembre pasado una nueva estrategia para que al 2021 el 100% de residuos estén dispuestos en rellenos sanitarios, el presupuesto que asigna es ínfimo. Para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, “es un tema complejísimo”. Además que los residuos se triplicarían al 2021 (21 millones de toneladas), solo se trata 35% y el 65% restante (4.5 millones de toneladas) es manejado inapropiada y descontroladamente, siendo arrojado al mar, ríos y lagos, a botaderos informales, descampados, quebradas, chancherías clandestinas, desiertos, o son quemados, o terminan en las calles.

Bajo este panorama, la principal dificultad del manejo de residuos sólidos a nivel nacional es la falta de rellenos sanitarios. Actualmente solo existen 9; el 2010 el MINAM anunció que el 2011 se construirían 32, pero incumplió. Según cifras del 2009 de dicho ministerio, para un manejo adecuado en el país se requiere construir 688 rellenos (entre manuales, semi-mecanizados y mecanizados) además de 1,216 micro-rellenos sanitarios.

Pero existen otros problemas influyentes:

1) Es mínima la asignación de recursos del gobierno;

2) Faltan plantas para residuos peligrosos y hospitalarios (biocontaminantes, tóxicos, radiactivos y patogénicos), solo hay 2 (en Lima) debiendo trasladarse (sin control ni fiscalización) desde cualquier parte del país hasta la capital;

3) Es deficiente la capacitación y gestión operativa, gerencial y financiera de las municipalidades;

4) no existe concertación y participación de los actores vinculados al sistema de gestión; 5) falta información, sensibilización y educación a la población; y

6) Es insignificante el reciclaje (5% del total apto para reciclar).

Toda esta dramática situación se agrava por el desmedido incremento de residuos que genera el acelerado crecimiento poblacional e industrial así como del comercio y empleo informal.   

PERÚ EN "LISTA DE VIGILANCIA" POR PIRATERÍA DESDE HACE 12 AÑOS

El pasado día 1 la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR) presentó el “Informe anual Especial 301- mayo 2013” sobre la situación de evolución y control de las tendencias mundiales de la Propiedad Intelectual de los Derechos (DPI) y sus conflictos asociados, así como la situación de efectividad en la defensa de estos derechos de más de 90 naciones del mundo que se relacionan comercialmente con dicho país.

Desde el 2001 el Perú se encuentra incluido en la “Lista de Vigilancia” por presentar problemas de debilidad en la protección de los derechos de la propiedad intelectual. En el actual informe 2013, EE UU advierte sobre una amplia disponibilidad de productos falsificados y pirateados en nuestro país instando a dedicar recursos adicionales para la aplicación de la DPI, mejorar la coordinación entre autoridades, optimizar los controles fronterizos y fortalecer el sistema judicial para controlar la venta de medicamentos falsificados y de biotecnológicos derivados farmacéuticos, también sobre prevención del uso de software sin licencia y protección contra la piratería.

Según INDECOPI, nuestro país pierde US$ 600 millones anuales por piratería y US$ 1,000 adicionales por contrabando. Para la Business Software Alliance (BSA) 67% del software comprado en el Perú es ilegal generando pérdidas anuales de US$ 80 millones. La industria editorial pierde US$ 40 millones anuales. El 98% de la oferta de música y películas es pirata. El comercio ilegal de medicinas concentra el 10% del mercado total de medicamentos. Solo en Lima hay 70 mil personas con internet pirata, y hasta existen en el país 600 estaciones de radio informales. En general es preocupante ver infinidades de negocios y ambulantes que  venden películas piratas, copias de libros, ropa de marca adulterada e infinidad de productos falsificados a vista y paciencia de las autoridades.

Bajo este panorama la piratería en nuestro país ha crecido vertiginosamente y es un mal enraizado que sigue siendo el principal problema para los derechos de autor, sin embargo, pese a su grave impacto en la economía nacional, no es tratado como un asunto prioritario por el gobierno e instituciones involucradas, ni por el Poder Judicial.

Para enfrentar este grave problema se debe: 1) Combatir la informalidad; 2) Efectuar mayor control con decomisos permanentes en zonas donde reina la piratería; 3) El Poder Judicial debe imponer sentencias máximas de 8 años normadas en el Código Penal (no hay un solo caso de pena privativa de la libertad por este delito); y 4) Promover una educación integral que fomente conciencia antipirata en los consumidores.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de mayo de 2013