ERRADICACIÓN Y RESIEMBRA DE CULTIVOS ILEGALES DE COCA



El pasado día 9 el Ministerio del Interior (Mininter), con nota de prensa, informó que a un mes de iniciar la erradicación de cultivos ilícitos de coca, a cargo de personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de cultivos Ilegales (Corah), se destruyeron en total 1,086 hectáreas, en el distrito de Yuyapichis (Región Huánuco) y jurisdicción de Masisea (Región Ucayali), añadiendo que, esta erradicación evitó la producción de 10.5 toneladas de clorhidrato de cocaína (cantidad ínfima de lo que realmente se produce), sin embargo, la nota de prensa no explica que en ambos lugares fueron erradicadas 296 hectáreas de resiembra de cultivos ilícitos en parcelas ya erradicadas; lo que sucede en las zonas cocaleras, además de nuevos lugares de sembríos ilegales y de cultivos ilegales en áreas no empadronadas, existe enorme cantidad de resiembra, después de las erradicaciones los cocaleros plantan nuevamente cocales principalmente por falta de control de las autoridades, errores en la geolocalización y deficiencias en la articulación entre Mininter con el Ministerio Público y otras entidades competentes.

 

La resiembra trató de controlarse en setiembre 2015, con Decreto Legislativo 1241 para “fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”, incorporándose el artículo 296-C al Código Penal considerándola como delito a la salud pública e imponiéndose penas de entre 3 y 8 años de prisión, además, incautarse los terrenos si sus propietarios no sustituían la coca por cualquier plantación lícita, sin embargo, no se conoce de ningún caso de alguna persona que ha resembrado cultivos ilegales de coca y haya cumplido condena efectiva.

 

Recién, de manera tardía y extemporánea, el 14 diciembre 2023, con Decreto Legislativo 1592 (aún no reglamentado), se ha dispuesto la prohibición de cultivos de coca en áreas no empadronadas, la siembra de nuevas plantaciones y la resiembra en áreas de cultivos erradicados, y, asimismo, el 14 febrero 2024 Mininter anunció la iniciación de la elaboración de un protocolo interinstitucional para combatir la resiembra de cultivos ilegales de hoja de coca.

 

Bajo este panorama, lo más grave, es que no se erradica absolutamente ninguna hectárea en el Vraem (regiones de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Junín), en este valle se cultivan unas 30,000 hectáreas de coca ilegal (van directamente al narcotráfico) con un crecimiento de alrededor 3% anual. Desde 2022 Devida (adscrita al PCM), con anuencia de Castillo, y ahora de Boluarte, suscribió el funesto “Pacto Social Ciudadano” con cocaleros del Vraem para eliminar la erradicación y que ellos mismos erradiquen sus cultivos. ¿Cuál será la posición del nuevo premier Adrianzén sobre este infame “Pacto” que le dejó Otárola? ya que también le ha entregado la responsabilidad de la rectoría de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de marzo de 2024

  

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARÍTIMA EN LA ANTÁRTIDA Y EN EL MAR DE GRAU




El BAP Carrasco, Buque Oceanográfico Polar (BOP-171), culmina este jueves 12 de marzo, después de 86 días, la Trigésima Campaña del Perú a la Antártida (ANTAR XXX), iniciada en diciembre 2023, en esta campaña, como aporte a la ciencia, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, ha desarrollado el proyecto de investigación científica “Estudio de la circulación oceánica alrededor de las islas Shetland del sur e isla Elefante, y su conexión frente a la costa peruana y el fenómeno el niño y la niña”, que incluye análisis y data sobre la circulación oceánica, masas de agua y frentes oceánicos y el impacto del fenómeno El Niño en la región Antártica y los cambios oceanográficos físicos que se presentan en el Pacífico suroriental, recopilando muestras, perfiles de corrientes marinas, temperatura y salinidad e información meteorológica, que permiten obtener datos de nutrientes, fosfatos, silicatos, nitritos y nitratos.

 

Este importante buque oceanográfico fue construido en los astilleros Freire-Vigo, España, y está dotado de la más alta tecnología, considerada como la unidad científica más moderna de Sudamérica y de las más modernas del mundo, cuenta con laboratorios, equipos e instrumentos de primer nivel, tiene una autonomía de 51 días y realiza investigaciones científicas en oceanografía, hidrografía, meteorología, geología marina y otras ciencias aplicadas con tecnología en la Antártida y en el Mar de Grau.

 

El Perú se adhirió al Tratado Antártico en abril 1981 ratificándolo en noviembre de dicho año y la Política Nacional Antártica fue aprobada en 1987. Las primeras campañas las realizó el BIC Humbold, ANTAR I en enero 1988, y ANTAR II, en enero 1989, año que se instaló la Estación Científica Antártica “Machu Picchu”, adquiriendo el Perú status de miembro pleno o consultivo, con voz y voto. El BAP Humbold operó hasta 2014, y, el BAP Carrasco, desde 2017 hasta la actualidad, llevando a cabo 6 exitosas campañas antárticas.

 

Bajo este panorama, La ubicación y tamaño del continente antártico (14 millones de km2 sin considerar la zona de hielo) definen la trascendencia geopolítica y geoestratégica para nuestro país porque favorece nuestra navegación marítima internacional en dicha zona con vastos recursos estratégicos (petróleo, magnesio, carbón, antimonio, cromo, etc.) y el valor proteico del pequeño crustáceo krill para el consumo humano. Las expediciones científicas que ejecuta el BAP Carrasco representan la ciencia y tecnología enfocada en los Intereses Marítimos con proyección internacional, asegura la acción coordinada y articulada del Estado con relación a la Política Nacional Antártica bajo un enfoque integral, multisectorial y participativo que incluye a la comunidad científica, académica y sector privado, prestando servicio y apoyo a diferentes instituciones y universidades peruanas que realizan investigación en el mar.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de marzo de 2024

 


NUEVAMENTE EN DEBATE GASODUCTO SUR PERUANO, ADJUDICADO EN 2014 Y PARALIZADO EN 2017




Ni bien ingresado como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, puso en debate el tema del Gasoducto Sur Peruano, actualmente denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas - Zona Sur del Perú (SIT-Gas) advirtiendo que lo “analizará a fondo porque este proyecto es muy complejo”. Sr. ministro, por supuesto que se trata de un problema complejo, pero que Ud. debe resolver mediante una serie de procesos cognitivos y empleando sus conocimientos y habilidades.

 

Este proyecto SIT-Gas, tiene una historia muy oscura y corrupta. En 2008 el gobierno y la empresa Kuntur firmaron un contrato por US$ 1,334 millones, pero en abril 2011 Odebrecht compró las acciones de Kuntur y en 2012 caducó dicho contrato. Increíblemente, en 2014, el gobierno de Humala lo adjudicó al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por US$ 7,328 millones (en 2018, la Contraloría, usando información de la consultora Wood Mackenzie, informó que el costo total de la obra era de US$ 3,800 millones), dicha adjudicación de Humala contemplaba la construcción y mantenimiento del gasoducto de 1,134 kilómetros, durante 34 años, para el desarrollo de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna. En 2015 la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción investigaron irregularidades y anomalías en la mencionada concesión para favorecer a Odebrecht, luego vino el caso Lava Jato, y el 24 enero 2017 por incumplimiento del cierre financiero de esta empresa, el gobierno rescindió el contrato, y, para colmo, Odebrecht, en 2019, solicitó arbitraje ante CIADI para recuperar US$ 2,000 millones, que afirma, gastó entre 2014-2016.

 

Es inaudito que el proyecto esté paralizado 7 años y con una inmensa cantidad de tubos (para cubrir 1,134 kilómetros de distancia) cancelados por el Perú por un monto estimado, según expertos, de US$ 1,200 millones, están a la intemperie en una zona selvática, además, se paga US$ 47 millones anuales a la empresa colombiana Estudios Técnicos por su cuidado, entre 2017-2024 son US$ 329 millones, sumados al costo de los tubos serían US$ 1,529 millones, pagados por todos los peruanos.

 

Bajo este panorama, al gobierno le corresponde decidir sobre la continuidad del proyecto. Una comisión multisectorial creada para tal fin, en octubre 2021, manejaron las siguientes alternativas: obra pública, asociación público privada financiada o cofinanciada, y gobierno a gobierno. Sin embargo, la duda e incertidumbre que demuestra el nuevo ministro Rómulo Mucho, puede influir retrasando la continuación de esta obra de infraestructura clave y crucial para las regiones del sur, para proporcionar energía a industrias, minas, comercios y transporte de manera más eficiente, abaratando costos de producción eléctrica que permitirá mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo económico y creación de empleos en la zona sur de nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de marzo de 2024

  

EL DRAMA DE NUESTRA AGRICULTURA FAMILIAR



 

La agricultura es uno de los principales motores de crecimiento del país, sin embargo, este gobierno continúa acentuando su crisis, no apoya su desarrollo, tampoco reactiva ni resuelve los graves problemas del agro, informalidad laboral, infraestructura, riego tecnificado, fertilizantes, sanidad, investigación, tecnología, capacitación, productividad, seguridad alimentaria, créditos y seguros, sobrecostos y riesgos, destrabes de proyectos de irrigación, pero lo más grave es que no apoya ni fortalece la agricultura familiar, actividad, que explota áreas de cultivo de pequeño tamaño utilizando predominantemente mano de obra familiar no remunerada.

 

La última Encuesta Nacional Agropecuaria ENA-2022 registra que la agricultura familiar cubre 97.6% del sector productivo (2 millones de unidades agropecuarias) y genera trabajo a más de 3 millones de peruanos, sin embargo, además de no avanzar por falta de capacitación, asistencia técnica, y mínimo uso de tecnologías (semillas mejoradas, riego tecnificado, uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas), registra una tendencia decreciente entre 2019-2022 (de 40.9% a 35.6%), asimismo, la agricultura familiar de subsistencia (menos de 2 hectáreas), se redujo entre 2019-2022 (de 89.1% a 88%). Según la FAO, a diferencia del crecimiento de la agroexportación en nuestro país, en los últimos años la productividad en nuestra pequeña y mediana empresa agrícola es de las más bajas de la región.

 

En octubre 2023, el movimiento global OXFAM, organización que trabaja en 90 países del mundo, presentó la investigación “Agricultura Familiar en tiempos de crisis en Perú: diagnóstico y recomendaciones”, señalando que la agricultura peruana está sumida en una profunda crisis, golpeada sucesivamente por el covid-19, crisis de fertilizantes y cambio climático, pero la más afectada desde 2020 viene siendo la agricultura familiar (sector en el que viven 1 de cada 5 peruanos) debido a respuestas insuficientes del Estado peruano, ocasionando sucesivos aumentos de pobreza en hogares agrarios, alcanzando 42% en 2022, casi el doble que en hogares no agrarios, según cálculos en base a datos del INEI.

 

Bajo este panorama, a pesar que nuestra agricultura familiar abastece 80% de alimentos de la canasta básica y es eje principal de la seguridad alimentaria e impulsora del desarrollo del sector rural, está en pésima situación por falta de atención de la política pública del actual gobierno, por el que han pasado 7 ministros de Agricultura que han dejado de lado esta importante y fundamental actividad que no avanza en su fortalecimiento ni desarrollo. La agricultura familiar se encuentra a la deriva porque desde 2021 no contamos con una Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar, año que caducó la anterior estrategia (2015-2021), además, la agricultura no es censada hace 12 años, desde 2012, proceso indispensable para conocer la base productiva agropecuaria del país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de febrero de 2024

 


LA INDUSTRIA NAVAL FORTALECE LA INDUSTRIA NACIONAL Y CONTRIBUYE CON NUESTRA ECONOMÍA



 

La industria naval es un eslabón estratégico para el desarrollo socioeconómico, contribuye directamente a la economía y es pilar fundamental para el desarrollo de otras actividades que requieren servicios portuarios, logísticos, bienes y productos como transporte de mercancías, pasajeros, actividad pesquera, sector turismo, además, esta industria es creadora de puestos de trabajo con empleos directos e indirectos en muchos campos laborales, participan trabajadores de diversos rubros empresariales (incluyendo mano de obra especializada) que intervienen en su cadena de valor otorgando un carácter integrador y dinamizador sobre muchas ramas de esta actividad, adicionalmente, su importancia radica en su contribución al desarrollo sostenible, competitividad, productividad y capacitación tecnológica, a través de áreas de actuación principalmente en el capital humano e investigación y desarrollo.

 

En este contexto, nuestro principal astillero nacional son los Servicios Industriales de la Marina (SIMA PERÚ), creado en 1950, desde hace 74 años promueve y desarrolla la industria naval, industrias complementarias y conexas, actualmente cuenta con 3 centros operativos (Callao, Chimbote e Iquitos) y operan en construcción y reparación naval, metal-mecánica, armas y electrónica, ha construido más de 2,000 embarcaciones y es el único astillero del país con capacidad de desarrollar proyectos de alto bordo, construyó en 1958 el primer buque de alto bordo en Latinoamérica (BAP Zorritos), posteriormente otros 4 buques similares, además, el BIC Humboldt, y en 1978 las fragatas misileras BAP Montero y BAP Mariátegui, desde 2013 ha construido 6 embarcaciones Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) que han atendido alrededor de 3 millones de peruanos en la Amazonía y el Altiplano (en proceso 2 PIAS adicionales), también construyó nuestro grandioso Buque Escuela BAP Unión y el buque multipropósito BAP Pisco (en proceso el BAP Paita), actualmente moderniza nuestros submarinos tipo 209 (BAP Chipana en etapa de pruebas).

 

Cabe resaltar que SIMA PERÚ ha construido el 80% de puentes metálicos existentes en el país y actualmente desarrolla proyectos en Amazonas, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Junín y Piura. Proyecta contar con un nuevo dique para buques más grandes con mayor capacidad y estar a tono con el desarrollo portuario del puerto de Chancay e incremento de capacidades portuarias del Callao, para esto, está en proceso de selección del astillero coproductor para construir nuevas naves tipo multirol, patrulleras oceánicas y buques de apoyo logístico.

 

Bajo este panorama, nuestra industria naval viene fortaleciendo ampliamente la industria nacional contribuyendo así con la economía nacional. El gobierno debe cumplir lo que establece la Política Nacional Marítima como Objetivo Prioritario 3: “Incrementar el comercio de manera sostenible y diversificada en el ámbito marítimo”, y, el lineamiento 3.9 que precisa explícitamente “potenciar la capacidad y competitividad de la industria de construcciones y reparaciones navales”.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de febrero de 2024

 


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