MINERÍA ILEGAL E INFORMAL CRECE IMPARABLE Y OCASIONA DESMEDIDO IMPACTO

 

El pasado 22 de agosto la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) presentó el informe “Minería ilegal en la Amazonía peruana”, señalando que la minería ilegal de oro ha crecido en 32 distritos de la Amazonía en los últimos 3 años (regiones: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), impactando 22 ríos (los más afectados: Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo), empleando minería aluvial, en cuerpos de agua mediante dragas y con maquinaria pesada en zonas no permitidas.

 

El informe estima que el porcentaje de oro ilegal exportado estaría en un rango entre 30% y 70%, y el reporte estadístico, junio 2023, de la superintendencia de Banca y Seguros señala que los montos acumulados sobrepasan los US$ 8,000 millones, superando al narcotráfico y corrupción de funcionarios, asimismo, los Reportes de Operaciones Sospechosas, la señalan como mayor amenaza de riesgo de lavado de activos. El estudio de la Consultora V&C Analistas (efectuado por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), advierte que la minería ilegal e informal está creciendo en los 10 últimos años a tasa de 11.7% anual generando pérdidas por S/ 22,700 millones (2.5% del PBI).

 

En Madre de Dios, la minería ilegal está desbordada, en agosto 2022 expertos del Proyecto Prevenir de USAID presentaron informes explicando que en esta región existen 31,390 mineros informales y 9,323 ilegales (solo 5,000 formales), y en una extensión de 7,300 km2 detectaron 3,500 artefactos ilegales (balsas con motores, bombas de succión, dragas en lecho de ríos, deslizamientos tubulares, volquetes y cargadores frontales) que afectan áreas naturales, zonas de amortiguamiento y comunidades indígenas, y, entre 2021 y 2022, arrasaron 18,421 hectáreas de bosque, extensión, que, si hoy se replantara, demoraría 100 años en recuperarse.

 

Bajo este panorama, a esta ilícita actividad se le vincula con narcotráfico, delincuencia organizada, trabajo infantil y forzoso, trata de personas, extorsión, sicariato, homicidio, robos de tierras, además, afecta severamente los bosques y agudiza el cambio climático, emplea mercurio para extraer el oro, veneno silencioso que deteriora aguas, suelos, medio ambiente y la salud humana. A pesar de esta grave situación el viceministro de minas, Jaime Chávez, considera difícil que cambie en el corto plazo porque su causa es la pobreza, ilegalidad y alto precio del oro, increíblemente para él no hay solución ni toma medida alguna. Para combatir la minería ilegal, la primera acción principal sería la activación de la formalización minera promulgada hace 21 años (ley 27651 enero 2002), sin embargo, este gobierno prorrogó su vigencia hasta diciembre 2024 (ley 31388 diciembre 2021).

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 30 de setiembre de 2023

 

MALAS PROYECCIONES Y BAJOS INDICADORES ECONÓMICOS CREAN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE

 

Durante el XVI Foro Internacional de Economía "Quo Vadis 2023" de la Cámara de Lima, el  ministro de Economía, Alex Contreras, aseguró que en julio se registraría la tasa de crecimiento (PBI) más alta del año, y marcaría el derrotero de recuperación económica, sin embargo, su pronóstico fue totalmente erróneo, de acuerdo al último registro del INEI, en julio se registró una caída de -1.29%, la segunda tasa más baja del año (en mayo cayó -1.43%), nuestra economía está en los niveles más bajos en décadas, el PBI 2023, según el BCR, crecería un ínfimo 0.9%, a su vez, Contreras proyectó 2.5%, ajustó su proyección a 1.1% y aún se quedó corto.

 

El ministro de Economía, que según encuesta Datum tiene una desaprobación de 64%, no puede darse el lujo de equivocarse en proyecciones del PBI por tratarse de un tema sensible que mide el nivel del comportamiento de la actividad económica y se plasma en el poder adquisitivo y empleo, además, influye de manera directa en indicadores de pobreza (según el Banco Mundial: 70% de peruanos son pobres o vulnerables), desnutrición infantil (después de 12 años aumentó a 11.7%), anemia infantil (42.4%), informalidad y precariedad (70%), entre otros.

 

La inversión privada que incide directamente en el PBI, según el BCR, en 2023 caería -5.3%, pero para IPE y Macroconsult sería peor (-7.5% y -8% respectivamente), su descenso comenzó desde la gestión del corrupto Castillo y actualmente continúa con Boluarte, esta situación es muy grave porque representa 80% del total de inversión en el país, y es indispensable para disminuir la pobreza, promover empleo, reducir la informalidad, impulsar el consumo privado y generar infraestructura social. También la minería, que tiene un rol fundamental en el crecimiento económico, y según el BCR ha aportado 8.7% del PBI en los últimos 10 años, al cierre del 2023 caería increíblemente hasta -18.1%.

 

Bajo este panorama, el actual gobierno comunista tiene enorme responsabilidad en la caída del PBI por haber generado un entorno de inestabilidad política y social, desalentando la inversión privada, principalmente la minera que promueve desarrollo, genera recursos de inversión pública e impulsa cierre de brechas sociales y económicas. Esta preocupante situación ocasiona enorme incertidumbre en el país lo cual es un lastre para el crecimiento del PBI, origina baja confianza empresarial, crea dificultad para reactivar la economía y genera fuga de capitales, reducción de empleo, alta inflación y bajo consumo privado. El World Uncertainty Index (WUI), según su índice de incertidumbre mundial (con data para 143 países), el Perú, en los últimos años, no tiene resultados económicos alentadores que incluso son peores que el promedio de América Latina.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de setiembre de 2023

PETROPERÚ: BOLUARTE SIGUE MISMO LIBRETO ESTATISTA DE CORRUPTO CASTILLO

 

En esta segunda etapa del gobierno comunista, Boluarte, sigue el mismo libreto estatista del corrupto Castillo sobre los lotes petroleros I, V, VI y Z-69 (antes Z-2B) en la cuenca de Talara, quien en diciembre 2021 entregó temporalmente el Lote I a la empresa estatal Petroperú para faenas de explotación, como un hecho histórico, pregonando su fortalecimiento, actualmente, Boluarte continúa afianzándola, y ha decidido que, como los contratos vencen entre octubre y noviembre, se los adjudiquen a Petroperú para operaciones de explotación, en contrato a 30 años, sin concurso público (el 2 de febrero pasado, en Talara, aseguró que los lotes I, VI y Z-69 “serán del Estado peruano”), lo cual atenta contra las normas legales vigentes por violar la libre competencia y es rechazado por los gremios empresariales.

 

Este gobierno comunista sabe que Petroperú no reúne las condiciones técnicas para operar dichos lotes por presentar bajos estándares de gestión de gobierno corporativo y manejo con desastre financiero, su crítica situación actual fue ocasionada principalmente por el proyecto Refinería de Talara, cuyo costo proyectado en 2008 de US$ 1,334 millones, se incrementó, al término de los trabajos (el 12 abril pasado, tras 9 años), hasta US$ 5,300 millones. El hecho es que por no tener financiamiento para cubrir los gastos financieros de la deuda principal, usa permanente apalancamiento estatal, solo en el primer semestre tuvo pérdidas de US$ 380 millones, y sus pérdidas totales superan los US$ 10,000 millones, para colmo, ha pedido al Estado nuevo soporte financiero de US$ 3,200 millones y la capitalización de la deuda por US$ 750 millones que recibió del Ejecutivo en 2022, es decir, pide que no se le cobre la deuda y se considere como aporte de capital, al respecto, el ministro de Economía, Contreras, ha asegurado. que así se quisiera, no hay espacio para capitalizar a Petroperú.

  

Bajo este panorama, Petroperú, como empresa estatal, sus riesgos y costos mal llevados los cubre el Estado con los impuestos de todos los peruanos. Ninguna empresa privada hubiera ejecutado este proyecto por su elevada inversión, baja rentabilidad e ínfimas utilidades netas (en 20 años debe recuperar US$ 5,300 millones), en el contexto privado estaría quebrada y sería liquidada, ni siquiera se conoce su valor de mercado. Inclusive, operativa la Refinería de Talara, no contamos con crudo disponible para refinarlo, de nuestra demanda de 115 mil barriles/día (bpd) solo producimos 39 mil bpd, teniendo que importarse 76 mil bpd, nuestro autoabastecimiento petrolero es un tabú debido a nuestra baja producción por falta de inversión en exploración y explotación, y por la crítica situación del Oleoducto Norperuano.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de setiembre de 2023

 

CON EL GOBIERNO INERTE, AVANZA LA INSANIA CRIMINAL TERRORISTA

 

Grupos de terroristas de Sendero Luminoso que se autodenominan Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) de la organización criminal que dirige Quispe Palomino “camarada José” está avanzando en su accionamiento de violencia para cometer criminales atentados, en combinación con grupos de cabecillas del narcotráfico a los que brindan seguridad y cobertura en transportes de droga a cambio de dinero y armas, mientras la presidenta Boluarte, demostrando falta de decisión política, increíblemente no provee a las fuerzas del orden el presupuesto necesario para dotarlas del equipamiento, material, tecnológico y armamento necesario para combatir a terroristas y narcotraficantes en el Vraem quienes cuentan con ingente cantidad de armamento y dinero sucio, producto de la venta de drogas.

 

El pasado día 4, durante la madrugada, una patrulla de fuerzas combinadas del Ejército y Policía, durante un operativo en el distrito de Putis, provincia de Huanta, en Ayacucho, intervinieron una camioneta que trasladaba droga, siendo emboscados y atacados con insania criminal usando granadas y fusiles AKM, falleciendo 4 heroicos militares y quedando heridos 7 miembros de la patrulla, entre soldados, policías y civiles, según comunicado del Comando Conjunto, las fuerzas del orden abatieron 2 terroristas.

  

Siete meses antes, el 11 de febrero, estos terroristas cometieron otro criminal atentado en el distrito Unión Asháninka, provincia La Convención, Cusco, donde efectivos de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) llegaron a la zona para realizar un operativo, siendo igualmente emboscados, atacados y asesinados 7 heroicos policías. Estos dos últimos ataques tienen un denominador común, se produjeron en zonas donde existe elevado cultivo de coca, actividad del narcotráfico y producción de cocaína.

 

Bajo este panorama, Boluarte incumple la Constitución, porque es deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Si no fuera por las Fuerzas del Orden que enfrentan al terrorismo, el Vraem sería una zona liberada para terroristas y narcotraficantes, sin embargo, el gobierno no está apoyando este combate, urgentemente debería eliminar el pacto social ciudadano con los cocaleros del Vraem para que se autoerradiquen, este nefasto pacto promovido por el corrupto y golpista Castillo, continua irresponsablemente con Boluarte, a pesar que está favoreciendo al narcotráfico porque está ocasionando crecimientos imparables de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína.

 

Además, este gobierno no tiene presencia del Estado ni ejecuta acciones de desarrollo en las zonas cocaleras, principalmente en el Vraem; no adecua contramedidas que contrarresten la infiltración ideológica subversiva en los diferentes campos y sectores de la población; tampoco repotencia la parte administrativa ni presupuestal de la Dirección contra el Terrorismo y unidades especiales del Ministerio de Defensa, y mucho menos, impulsa una adecuada y eficiente inteligencia estratégica.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de setiembre de 2023

 

A VEINTE AÑOS DEL VERGONZOSO Y NEFASTO INFORME DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

 

El pasado día 28 se cumplieron 20 años de la presentación del vergonzoso y nefasto “Informe Final” de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que según su presidente, Salomón Lerner Febres, fue el resultado de “investigar y hacer pública la verdad sobre dos décadas de origen político en el Perú” (1980-2000), sin embargo, este documento no deslindó entre la criminal agresión terrorista y la defensa del Estado que con sus FF AA protegieron la sociedad, increíblemente no denunciaron  a ningún terrorista, lo que si hicieron con las FF AA y Ronderos.

 

La prueba irrefutable del comportamiento antimilitarista de esta Comisión fue el primer mensaje que dio su presidente Lerner Febres, durante la ceremonia de presentación del informe, lanzando inaceptables injurias y ofensas contra las FF AA y la Policía: “hemos comprobado con pesar que agentes de las FF AA y Policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de DD HH, y que existen, por tanto, fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, torturas, violencia sexual, que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer y subsanar”.

 

Esta CVR nació mal porque fue conformada arbitrariamente nombrándose a 11 (de 13) personajes con marcada ideología de izquierda, y su informe presenta argumentos falsos e inaceptables: califica a Sendero Luminoso como “partido político” en lugar de fijarlo como grupo terrorista; usaron terminología maoísta (guerra popular, acciones armadas, ajusticiamientos); incrementaron deliberadamente el número real de muertos, según informe del especialista Manrique Valier (a pedido de la propia CVR), el número de víctimas fue 19,000 y 3,000 desaparecidos, como no convenía a sus intereses, contrataron al norteamericano Patrick Ball, quien aplicando metodologías para cálculos de poblaciones de animales silvestres, determinó la descabellada y tramposa cifra de 69,280 víctimas, aumentando proporcionalmente las cantidades atribuibles a las FF AA y Policía Nacional con el claro propósito de desprestigiarlas, además, gastaron en 2 años el exorbitante presupuesto de US$ 11’740,000 (los 9 comisionados de la CVR chilena trabajaron ad honoren 9 meses).

 

Bajo este panorama, después de 20 años se continúa confirmado que este informe, lejos de dar información veraz y haber reconciliado, ha abierto terribles heridas al país creado una fuerte reacción contraria, escepticismo y rechazo de gran mayoría de peruanos por su marcada imparcialidad en favor de los grupos terroristas y de izquierda, lo cual ha servido de caldo de cultivo para que ingresen en la política el corrupto Castillo y sus compinches como aliados del grupo terrorista Sendero Luminoso, así como para la creación de sus organismos de fachada como Movadef, Fudepp, Afadevig, Acepp, Cislppm, entre otros.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de setimbre de 2023