GOBIERNO CAE EN APROBACIÓN POR ERRORES EN GESTIÓN

Los resultados de las encuestas nacionales (urbano rural) de Ipsos registran que desde setiembre pasado la aprobación del presidente Kuczynski ha caído súbitamente 20 puntos (de 63% a 43%) aumentando su rechazo en 28 puntos (de 17% a 45%) lo que indica apoyo minoritario (mayor rechazo que aprobación), aun así, el presidente afirmó que no le preocupan las encuestas, sin embargo, el primer ministro Zavala, también con caída de aprobación de 16 puntos (de 44% a 28%) y aumento en su rechazo hasta 44%, ha manifestado lo contrario, que él si toma en cuenta dichas encuestas para adoptar mejores acciones, reconociendo además que el Gobierno ha cometido “algunos errores de gestión” pero sin mencionar cuales. Ayudemos al primer ministro a descifrar los motivos que ocasionan dichos errores cuando el gobierno recién cumple 7 meses de gestión, entre otros: partido político con estructura débil, desarticulado, sin cohesión, pugnas internas y falta de operadores políticos; limitada visión política y orientación respecto a los grandes retos pendientes y complejidades del país; extraña forma de comunicarse; constantes idas y vueltas verbales del presidente, mensajes dobles y discursos contradictorios.
                                                  
Asimismo, solo por mencionar algunos casos que el gobierno prometió accionarlos de forma prioritaria: en temas de seguridad ciudadana, carencia de rumbo, especialmente en sistemas de inteligencia e investigación vinculados a seguridad y crimen organizado; falta de operadores de gestión de conflictos y crisis sociales; frágil fiscalización ambiental en zonas de conflicto minero o de recursos hídricos; atención calamitosa en hospitales públicos, no se han ampliado los horarios de atención por falta de recursos; en educación, no se avanza en capacitación docente, infraestructura e institutos de excelencia; acciones muy tímidas contra la informalidad; e increíblemente se está combatiendo un narcotráfico en aumento sin contarse con una estrategia nacional oficial.

Bajo este panorama, la gestión del gobierno debe ser moderna y eficiente como condición indispensable para avanzar en reformar el Estado, modernizar la administración pública, desarrollar la institucionalidad, reducir el centralismo y lograr la capacidad de garantizar el desarrollo económico y social del país, lo cual implica adecuar las estructuras del aparato público y traducirlas en eficaces políticas públicas que cubran las demandas sociales de la ciudadanía (servicios públicos de calidad) así como mayor eficiencia en empleo de los recursos públicos en inversiones productivas y transparentes, para el logro de un crecimiento sostenido y el desarrollo integral nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de febrero de 2017



NUESTRA REAL SITUACIÓN FORESTAL

Según última medición realizada a nuestros bosques amazónicos por los Ministerios de Agricultura y del Ambiente con apoyo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la pérdida por deforestación en 2015 fue 156,000 hectáreas (has), y en los últimos 15 años 1’800,000 has, los principales causantes son: tala ilegal, mercado negro de madera, minería ilegal, narcotráfico (cultivos de coca), agricultura itinerante, ganadería y agroindustria (cultivos de palma).  

La Ley Forestal 29763 (julio 2011), reglamentada 4 años después (setiembre 2015), tiene por finalidad potenciar el sector forestal, pero lamentablemente poco se ha avanzado en mejorar la gestión de bosques, reducir la deforestación, incrementar las plantaciones y promover nuevas concesiones, principalmente por falta de inventario nacional y de zonificación y ordenamiento forestal, imprescindibles para elaborar políticas sobre uso y conservación sostenible de nuestros bosques, delimitar tierras forestales y como herramientas para la gestión de recursos forestales y fauna silvestre. .
El Inventario Nacional Forestal iniciado en marzo 2011 con inversión de US$ 6 millones (US$ 4.2 millones la FAO y US$ 1.8 el gobierno) debió culminar el 2014, sin embargo continúa con lento avance y con presupuesto del gobierno incrementado a US$ 20 millones. La Zonificación y Ordenamiento Forestal, recién en julio pasado fue promulgada la Guía Metodológica para precisar y facilitar el proceso, sin embargo, solo 4 de nuestras 24 regiones han declarado de interés este proceso (San Martín, Ucayali, Loreto y Apurímac). En enero pasado se creó la Mesa Técnica de Desarrollo Forestal (dependiente del Ministerio de Agricultura) con muchas críticas porque entidades protagonistas del sector (Produce, Mincetur, Osinfor y los Gobiernos Regionales) participarán solo como invitados.

Bajo este panorama, las promesas irreales abundan: “al 2021 reduciremos a cero la deforestación” (Antonio Brack en octubre 2010 y Pulgar Vidal en noviembre 2014), también el Premier Zavala (agosto pasado): “al Bicentenario tendremos 2 millones de has de plantaciones comerciales y 1 millón reforestadas”. Pero lo real es que la deforestación es imparable; solo tenemos 40,000 has de plantaciones comerciales; en productos maderables exportamos US$ 150 millones e increíblemente importamos US$ 1,200 millones; de 7.5 millones de has concesionadas solo 2.5 millones son aprovechadas, no se concesionan los 10 millones de has disponibles, y además, no se da prioridad a la investigación científica y tecnológica, por lo que no se avizora que esta situación mejore en el corto ni mediano plazo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de febrero de 2017


INCREÍBLE, NO TENEMOS ESTRATEGIA ANTIDROGAS

La Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2011-2016 del anterior gobierno se encuentra fuera de vigencia desde diciembre pasado y aún desconocemos la Estrategia 2017-2021 de este gobierno, el cual está actuando contra el narcotráfico sin haber presentado su política, objetivos estratégicos, líneas de acción, programas, metas, y recursos para financiarla. Carmen Masías, actual presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), encargada de diseñar y conducir la política nacional de lucha contra las drogas, fue quien formuló la Estrategia Nacional 2011-2016 del gobierno de Humala, pero fue destituida en mayo 2014, y ahora, paradójicamente, es encargada de elaborar la Estrategia Nacional 2017-2021 del actual gobierno, a pesar que el presidente Kuczynski, cuando era candidato, anunció la desactivación de Devida.

Sobre la estrategia 2011-2016, aunque el ex presidente de Devida, Alberto Otárola, enfatizó que se “alcanzaron absolutamente los objetivos y se batieron todos los récord”, los resultados fueron desastrosos, no se erradicó en el Vraem argumentándose reconversión de cultivos, lo cual fracasó, y en esta convulsionada zona aumentan en cantidad y calidad los cultivos abarcando casi la mitad del total nacional (45.5%) articulados a la producción y tráfico de drogas con 30 mafias identificadas, tampoco se cumplió la meta de disminución de la hoja seca, principal insumo para elaboración de cocaína por lo cual seguimos siendo el principal país productor en el mundo, la última cifra oficial 2008 fue 302 TM y actualmente se calcula entre 350 y 450 TM (en 2015 solo se decomisaron 8.5.TM), la incautación de insumos químicos es mínima y la cantidad de cultivos erradicados difieren entre los últimos datos de la ONU (40,300 has) y la Oficina de Control de Drogas de EE UU (53,500 has).

Bajo este panorama, a pesar que no existe aún la Estrategia 2017-2021, para el ministro de Defensa, Jorge Nieto, el Vraem y la lucha contra el narcotráfico serán prioridades de su gestión, y, según Masías, basará la Estrategia en “lecciones aprendidas”. De todas formas, es indispensable ejecutar programas de desarrollo, social y alternativo en las zonas cocaleras, priorizando el Vraem, con acciones complementarias de erradicación de cultivos ilícitos, y para ello se requiere que el gobierno incremente sustancialmente los recursos (US$ 300 mil en 2015) para combatir el flagelo del narcotráfico que mueve hasta US$ 7,000 millones anuales en nuestro país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de febrero de 2017


OLEODUCTO NOR PERUANO: ONCE MESES PARALIZADO

Nuestra agenda de hidrocarburos está totalmente cubierta por el Gasoducto Sur Peruano, y no es para menos pues la empresa Odebrecht, a cargo de su construcción, ingresó en una vorágine de corrupción al entregar coimas a funcionarios peruanos por US$ 29 millones poniendo en riesgo las bases de nuestro sistema político y económico. Sin embargo, esta circunstancia nos hace olvidar la grave situación del Oleoducto Nor Peruano ONP (construido hace 43 años con 1,106 km de tuberías para transportar petróleo desde Loreto, cruzando los Andes, hasta la Refinería de Talara en Bayóvar, Piura), cuyas operaciones se encuentran paralizadas hace 11 meses (desde el 24 febrero 2016) debido a las continuas roturas de tubos produciendo 60 derrames en los últimos 15 años, pero solo en 2016 fueron 13 que vertieron unos 6,000 barriles de petróleo en la selva de Loreto y Amazonas produciendo emergencias ambientales en ríos y comunidades.

La inoperatividad del ONP paralizó la producción del lote 192, en Andoas, Loreto, operado por Pacific Exploration & Production (empresa canadiense con contrato hasta agosto 2017) que producía unos 9,000 barriles diarios (bpd), la cuarta parte del total nacional, lo cual afecta notoriamente las regalías y el pago del canon a Loreto, también inmovilizó la producción del lote 67 operado por Perenco (2,000 bpd). Nuestra producción petrolera que hace 30 años registraba 150,000 bpd, en 2015 se redujo hasta 58,000 bpd, cayendo a 36,800 bpd por la paralización del oleoducto.

Bajo este panorama, en Petroperú han pasado 4 presidentes en menos de 3 años, en noviembre pasado la empresa se declaró en emergencia y en diciembre el gobierno dispuso su reorganización, pero otorgándole facultades para invertir en el oleoducto (mantenimiento sostenibilidad y mejoras en infraestructura) incluyendo un plan de desarrollo social para las comunidades.

Pero lo real es que en las últimas 2 décadas el ONP no ha tenido un correcto mantenimiento y cumplirá el próximo mes un año paralizado (en Bayóvar se compra petróleo a Ecuador) y Petroperú recién está solicitando una auditoría internacional, además, el Congreso investigará (en 120 días, hasta el 24 de abril próximo) los derrames, sus impactos ambientales y sociales, y por su parte, el presidente Kuczynski afirmó que “Petroperú tiene una crisis tremenda” y que “se tiene que rehacer el oleoducto desde el principio hasta el final”, lo cual podría catalogarse como un irreal pronunciamiento.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de enero de 2017


FORMALIZACIÓN MINERA: FALLIDOS PROCESOS

Aunque parezca increíble, desde hace más de medio siglo, por ausencia del Estado, la minería artesanal ha operado con informalidad casi generalizada en socavones o yacimientos aluviales destruyendo y contaminando, pero peor aún, la minería ilegal, en espacios prohibidos, principalmente en nuestra Amazonía (cabeceras de cuenca, riberas de ríos y zonas de amortiguamiento) devastando bosques y contaminando recursos hídricos, tierras y medio ambiente, esta situación ha ocasionado además el posicionamiento y consolidación de mafias que explotan laboral y sexualmente a menores y originan delincuencia, alcoholismo, violencia, inseguridad, trata de personas, prostitución, etc.

Hace 15 años, en abril 2002 (gobierno de Toledo), se promulgó la ley 27651 de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, pero no se inició el proceso ni se combatió la minería ilegal, después de 9 años, en marzo 2011 (período final del gobierno de García) se aprobó un “Plan Nacional para la formalización de la Minería Artesanal” el cual no dio resultado. En diciembre 2011 (gobierno de Humala) se autorizó a los mineros informales continuar extrayendo oro en el corredor de Madre de Dios y en mayo 2012 a comercializarlo 2 años adicionales, en 2014 publicó una Estrategia de Saneamiento para resolver el proceso de formalización que finalmente fue postergado hasta diciembre 2016 sin ningún logro que demostrar, de unos 200,000 (entre mineros artesanales, informales e ilegales), se acogieron al proceso 70,000 pero solo 5,000 (7.1%) se formalizaron.

El actual gobierno ha reabierto el Registro de Formalización hasta junio 2017, ampliado nuevamente el plazo del proceso que denominan “Formalización Integral” hasta junio 2020, sin embargo, no existen procedimientos financieros para fomentarlo, y operativamente es lamentable que se permita a los mineros informales el uso de cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras y perforadoras neumáticas, camiones cisterna (DL 1336).
  
Bajo este panorama seguiremos 4 años más en un proceso de formalización minera artesanal (iniciado hace 15 años) sin lograrse el objetivo y, menos aún, erradicar la minería ilegal. Para avanzar en este proceso es indispensable que el gobierno apoye a las regiones en sus funciones y facultades sobre minería artesanal; evite provisiones de insumos químicos, explosivos y maquinaria prohibida a mineros ilegales; promulgue la Ley de Ordenamiento Territorial y determine zonas de actividades extractivas; no permita alquileres de concesiones legales a mineros ilegales; fiscalice el oro ilegal y refuerce el control en áreas naturales protegidas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de enero de 2017


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