NUESTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL MAL RESGUARDADO

El pasado 29 de noviembre, mediante un comunicado y conferencia de prensa, Luisa María Vetter, jefa institucional del Archivo General de la Nación –AGN– (adscrito al Ministerio de Cultura) informó la desaparición en el Archivo Colonial (Sede Ex Correo cerca al Palacio de Gobierno) de un histórico e invalorable manuscrito del Libertador José de San Martín de fecha 13 octubre 1821 concediendo libertad a la esclava Juana Mazo por haber apoyado en el Hospital del Ejército a soldados peruanos que combatieron por la independencia. Este documento (que en el mercado negro puede cotizarse en cifras millonarias) estaba en el repositorio como folio 556 del protocolo del escribano Gaspar Salas, y al ser requerido para un reportaje “Sucedió en el Perú”, advirtieron que había sido arrancado.

EL AGN tiene 4 sedes, la pérdida sucedió en la sede Ex Correo (archivo colonial y republicano) donde se custodia el documento histórico más antiguo en el país “Protocolo ambulante de los Conquistadores” año 1533, primer documento escrito sobre el proceso de instalación institucional europea en América Latina y contiene documentos con firmas de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y otros escritos originales de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas, sin embargo, esta sede se ubica en un pasaje cerca a restaurantes y una pollería con chimenea, si ocurriera un incendio sería muy dificultoso combatirlo por falta de agua e inaccesibilidad a los bomberos, la misma jefa de AGN, en una entrevista anterior a la pérdida manifestó “rezamos para que el incendio jamás ocurra”. La segunda Sede ubicada en el sótano del Palacio de Justicia desde 1943 (archivos públicos notariales y judiciales) actualmente está en peligro de desalojo por el Poder Judicial que interpuso demanda en 2014 por requerimiento de oficinas, lo cual es inaudito. Las otras 2 sedes están en Pueblo Libre y Lince para las direcciones de archivo intermedio y políticas archivísticas.

Bajo este panorama, el AGN es responsable de la conservación, organización y servicio de nuestro histórico patrimonio documental compuesto por documentos únicos e irremplazables que describen la memoria colectiva de nuestra nación, nuestra historia e identidad nacional. Estamos ad portas del Bicentenario y corresponde al Estado tomar acciones integrales como la construcción de un local propio y adecuado provisto de modernos sistemas y equipos de última tecnología para la conservación, digitalización, archivo, protección, control y seguridad de nuestro patrimonio documental indispensable para instituir nación y ciudadanía.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de diciembre de 2018

COMBATIR LA CORRUPCIÓN CON EDUCACIÓN EN VALORES

El tema de la corrupción es un fenómeno antiguo muy conocido por todos los peruanos porque se ha desbordado como una verdadera pandemia e incrustado en la mayoría de instituciones, sus efectos son demoledores, no solo arrebata dinero de los recursos públicos (según Transparencia Internacional se pierden anualmente S/ 12,600 millones por corrupción) sino que su misma existencia socaba la estructura social y ética de nuestra sociedad, crea desconfianza, incentiva conductas abusivas y rompe el principio de legalidad. A raíz del caso Lava Jato la corrupción en nuestro país llegó a su máxima expresión cuando se confirmó que Odebrecht pagó sobornos por US$ 29 millones para ganar licitaciones involucrando a personajes que mostraron su verdadera miseria moral, entre ellos, ex presidentes, políticos, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, funcionarios públicos, empresarios y profesionales.

Para comprender la magnitud de la corrupción a nivel nacional, el pasado 20 de setiembre el procurador anticorrupción, Amado Anco, advirtió que hay 4,225 procesos (peculado, colusión, negociación incompatible) que involucran a autoridades y ex autoridades de gobiernos regionales y locales, 4,000 están en trámite y solo 222 tienen sentencia firme e increíblemente solo 14 cumplen prisiones preventivas. También, un reciente estudio “círculo de la corrupción en gobiernos regionales” advierte que existen 1,091 obras paralizadas por corrupción que afectan en diferentes regiones servicios de salud, educación, agua y saneamiento, vivienda y carreteras.

Bajo este panorama, a corto plazo debemos implementar en forma prioritaria las reformas judicial y política para tratar de cambiar la cultura institucional y la lógica de la gestión pública, pero para combatir la corrupción de manera sostenida y con visión de futuro se requiere la intervención de los tres poderes del Estado y de todos los peruanos, principalmente en temas de educación en valores. La solución a largo plazo pasa por una adecuada educación del carácter en valores y virtudes con códigos éticos y de conducta en colegios y universidades siendo indispensable incluir y desarrollar programas curriculares de enseñanza que incidan en valores éticos (honradez, transparencia, normas de comportamiento, ejemplaridad, responsabilidad, disciplina y respeto) para edificar la conciencia ciudadana, además es fundamental la educación en la familia para formación del carácter de sus hijos y su comprensión de las necesidades de los demás por encima de pensar en sí mismos. Todos los esfuerzos educativos y de los padres de familia coadyuvarán a erradicar en el futuro los casos de corrupción y de otros problemas sociales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de diciembre de 2018

PASIVOS AMBIENTALES: GRAVES IMPACTOS NO VISIBILIZADOS

El pasado día 5 el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, de manera muy expresiva informó sobre un significativo incremento de recursos asignados para remediación de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, de S/ 155 millones (US$ 46 millones) el 2018 a S/ 300 millones (US$ 89 millones) el 2019, añadiendo “lo cual evidencia el interés del Gobierno para su atención”, sin embargo, se trata de una irrisoria inversión para tal fin, toda vez que en 2014 la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros estimó mínimo US$ 500 millones solo para cerrar pasivos mineros de alto riesgo. Por falta de inversión hace 5 años los pasivos ambientales mineros siguen incrementándose, el año 2010 se inventariaron 5,551 y según el último inventario 2018 existen 8,794 (RM-224-2018MEM/DM), además de 3,500 pasivos de hidrocarburos.

A pesar de la Ley 28271 que regula los pasivos ambientales mineros (reglamentada en diciembre 2005) y la Ley 29134 que regula los pasivos de hidrocarburos (en vigencia desde 2013) éstos no disminuyen, y menos se avizora alguna remediación, además los inventarios anuales de pasivos mineros, en su mayor porcentaje, no identifican los responsables que los generaron ni se gestionan estudios ambientales. Mientras el MEM no identifique los generadores de los pasivos, el Estado es responsable de su remediación (DS-069-2005-EM). Increíblemente existen pasivos mineros en 21 de las 25 regiones con casos de exorbitantes cantidades en Áncash  (1,377), Cajamarca (1,155) y Puno (1,139), además de pasivos en más de 50 cuencas, pero poco o nada se hace para remediarlos.

Bajo este panorama, el pasado día 10 llegaron a Lima representantes de Pasco, La Oroya, Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y Puno para dar a conocer la problemática de contaminación ambiental y de pasivos que afectan su salud, exigiendo una política de salud integral y atención especializada. Los pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, durante las lluvias causan enormes discurrimientos de restos altamente tóxicos contaminando cabeceras de cuencas, ríos, suelos y el ecosistema afectando seriamente la salud de los pobladores. El gobierno debería activar las recomendaciones del Informe de la Defensoría del Pueblo N° 171 (julio 2015) brindando atención prioritaria a los pasivos ambientales depositados o abandonados, garantizando recursos financieros y ejecutando acciones para su remediación (principalmente los de alto y muy alto riesgo), e identificando los responsables, siendo imperativa una acción coordinada del Estado en sus 3 niveles de gobierno.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de noviembre de 2018

PERÚ: PRODUCCIÓN DE COCAÍNA POR EL NARCOTRÁFICO

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) es el organismo rector de política y estrategia nacional en la lucha contra las drogas, sin embargo, no registra cifras oficiales de cantidad de cocaína que produce el narcotráfico en nuestro país, refiere extraoficialmente diferentes cantidades lo que obviamente distorsiona el diseño de estrategias y políticas y la elaboración de programas para enfrentar este flagelo, dichas cifras oficiales deberían estar incluidas en su página web y registradas en los monitoreos anuales de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como sucede con los demás países.

El último dato oficial (302 toneladas) fue registrado en el Monitoreo 2008 utilizando como factor de conversión 375 kg de hoja seca para producir 1 kg de cocaína (establecido en 2003), el cual está absolutamente desactualizado por la alta productividad de los cultivos (especialmente del Vraem) requiriéndose mucho menor cantidad de hoja de coca seca para producir más cocaína, según el último monitoreo publicado producimos 105,960 toneladas de hoja seca, cantidad que podría almacenarse en 3,784 contenedores (28 toneladas cada uno). Para determinar el nuevo factor de conversión se requiere una estricta validación de datos de transformación en el campo y diferentes análisis de pureza. No existe explicación razonable de la no actualización en 10 años de dicho factor, probablemente se trata de no determinarlo porque se registrarían mucho mayores cantidades de cocaína producidas por el narcotráfico.

Bajo este panorama, el pasado día 2 la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del Gobierno de EE UU (ONDCP) publicó estimaciones de 2017 en Perú sobre cultivo de coca, 49,800 hectáreas (13% mayor que 2016), y sobre producción de cocaína, 491 toneladas con potencial puro (20% mayor que 2016 y nivel más alto en 25 años), según este informe los incrementos fueron impulsados por la mayor producción en el Vraem. Devida reaccionó explicando que no serían 491 toneladas sino una producción estimada de 449 toneladas porque no se habría considerado la reducción de hoja de coca para consumo lícito, sin embargo, lo importante no es tratar de maquillar cifras sino de reducir la producción de cocaína que se ha incrementado vertiginosamente desde hace 17 años en 248%, de 141 toneladas (año 2000) hasta 491 toneladas estimadas en 2017, cantidad que podría ser mucho mayor empleando un factor de conversión actualizado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de noviembre de 2018

NUEVA ESTRATEGIA “VRAEM 2021”: MÁS DE LO MISMO

Hace más de 11 años una estratégica integral “Una opción de Paz y Desarrollo en Seguridad” fue declarada de necesidad pública y preferente interés nacional (DS-003-2007-DE) para promover en el Valle de los ríos Apurímac. Ene y Mantaro (Vraem)  su desarrollo, elevar su situación socioeconómica y mejorar la calidad de vida poblacional con presencia e intervención del Estado, constituyéndose un grupo de trabajo multisectorial conformado por 10 ministerios y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), pero 5 años después, sin resultado alguno, esta estrategia fue derogada siendo reemplazada por otra que con los mismos considerandos declara nuevamente prioridad nacional el desarrollo social, económico y pacificación del Vraem creándose otra comisión multisectorial permanente para su pacificación (DS-074-2012-PCM), además, en junio 2013 se aprobó un programa 2013-2016 de intervención multisectorial del gobierno en el Vraem (DS-077-2013-PCM) para mejorar la calidad de vida e inclusión social y en junio 2017 se aprobó la Estrategia Nacional 2017-2021 para atención integral de drogas, con especial atención al Vraem (DS-061-2017-PCM).

Además de tantas estrategias, el pasado 12 octubre se aprobó otro nuevo plan multisectorial de desarrollo “Estrategia Vraem 2021” (DS-102-2018-PCM) con similares considerandos a las anteriores estrategias que enfatizan en el marco teórico el desarrollo social y económico sostenibles de los pobladores del Vraem y sus comunidades. Según Rubén Vargas, presidente de Devida, el actual plan tiene hoja de ruta y Devida ya se encuentra en el Vraem porque va a instalar una oficina en Pichari, sin embargo, al igual que las anteriores estrategias, no contempla erradicación o reducción de cultivos, bajo este concepto esta estrategia representa más de lo mismo.  

Bajo este panorama, mientras en el Vraem no se elabore una estrategia que en forma simultanea vaya realizando por zonas un balance de desarrollo social y reducción de cultivos, continuará nuestro principal problema del permanente incremento de plantaciones de coca (más de 20,000 hectáreas) con un rendimiento de 100 mil plantas por hectárea (promedio otras zonas 30,000), las que se convierten en 73,000 toneladas de hoja seca (70% del total nacional), principal insumo para elaboración de cocaína que es derivada íntegramente al narcotráfico, el que extraoficialmente produce en el Vraem 300 toneladas anuales de 400 a nivel nacional (desde hace 10 años no tenemos cifras oficiales). En los últimos años se han gastado más de S/.8 millones sin lograrse el desarrollo social ni reducir el espacio cocalero.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de noviembre de 2018