RESERVA NATURAL MARINA EN NUESTRA COSTA NORTE


El pasado día 9, durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, anunció que el gobierno creará en nuestra costa norte (Tumbes y Piura) la reserva natural marina Mar Pacífico Tropical de Grau que comprende Isla Foca, Cabo Blanco-El Ñuro, Arrecifes de Punta Sal y Banco de Máncora (superficie 116,000 hectáreas), además, la ministra reconoció que existen concesiones de exploración petrolera que se superponen a dicha área propuesta, y aunque no especificó cuales, se trata de cinco lotes petroleros a cargo de cuatro empresas, BZP Exploration (Lotes Z-1 y XXIII), Savia (Z-28), Gold Oil (Z-34) y Karoon (Z-38). Al respecto, el Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, por el anuncio de la ministra dijo “creemos está un poquito desubicada”, advirtiendo que dicha reserva afectaría gravemente las operaciones de exploración y explotación, sin embargo, debería considerarse que en esta reserva natural las operaciones de hidrocarburos pueden ser compatibles con la conservación y protección del mar y especies marinas, con la investigación científica de los recursos hidrobiológicos y la promoción de la pesca artesanal.
 
Esta zona marina debe ser debidamente protegida porque concentra 72% de especies del litoral, presenta alta productividad, abastece 40% de la producción pesquera, brinda el 50% de recursos para exportación y especies de consumo humano directo, esta gran biodiversidad se presenta debido al fenómeno de convergencia de dos corrientes marinas, la fría de Humboldt y la caliente del Pacífico Tropical.

Bajo este panorama, según la ministra Muñoz espera anunciar la creación oficial de esta reserva durante el III Congreso de Áreas Naturales Protegidas Latinoamericano y del Caribe (del 17 al 20 marzo 2019 en Lima). Esperamos que así sea porque se garantizaría adecuado cuidado en las operaciones petroleras de las empresas con contrato vigente, así como la protección y explotación sostenible de sus recursos por amenazas de actividades ilegales (pesca industrial en las 5 millas, pesca de arrastre y boliche) que depreda el ciclo de vida de las especies marinas, también debido a que su enorme biodiversidad biológica contribuye al desarrollo sostenible del país y a la generación de turismo (avistamiento de ballenas jorobadas y tortugas verdes de carey), además, considerando que esta zona ha sido reconocida en el Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 como “lugar de esperanza” entre los ecosistemas marinos de mayor significancia biológica mundial.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de julio de 2018



DEBILIDADES DE NUESTRO SECTOR PESQUERO ARTESANAL


El pasado 30 de junio, el Ministro de la Producción (Produce), Raúl Pérez-Reyes, manifestó que se evaluaba ampliar el plazo del Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa) para formalizar pescadores y puedan obtener permiso de pesca; cabe mencionar que este sistema de formalización fue creado en diciembre 2016 (DL 1273) constituyendo una excepción y proyectando formalizar 25,000 pescadores, lo cual nunca se logró, ni al concluir su plazo (agosto 2017) ni durante su ampliación hasta diciembre 2017. Según cifras de Produce se han formalizado 6,000 embarcaciones pesqueras, 37% de las 16,045 registradas durante el primer y único censo nacional de pesca artesanal (marzo 2012), sin embargo, es una incógnita la cantidad formalizada de pescadores que según dicho censo registraba 56,559 (44,161 pescadores y 12,398 armadores), cantidad que en 6 años debe haberse incrementado notoriamente.

La actividad pesquera artesanal opera en diez regiones del litoral, abastece recursos pesqueros frescos al mercado (bonito, perico, caballa, pejerrey, pulpo, calamar, pota, etc.) aportando a la seguridad alimentaria, además, genera 50% del empleo total del sector, sin embargo, también presenta debilidades como baja productividad y competitividad, informalidad, desorden, poca exportación, mucha comercialización de pescado fresco no contabilizada, decenas de desembarcaderos excluidos para exportación, faenas artesanales perjudicadas por ingreso de embarcaciones industriales a las 5 millas, asimismo, conjuntamente con fábricas, minería y residuos sólidos y líquidos costeros, genera contaminación del mar proveniente de embarcaciones, faenas y plantas.

Bajo este panorama los agentes y actores de pesca artesanal pierden interés por insertarse en el mercado formal, sin embargo, por su importancia económica, social y en nuestra gastronomía, el Gobierno y Produce deben fomentar y promocionar la pesca artesanal, priorizar la construcción de nuevos desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) y modernizar los actuales adecuándolos a estándares sanitarios con infraestructura que mantenga la calidad del producto; mejorar el proceso sanitario y de tramitación para exportación; otorgar créditos como material de trabajo, brindar capacitación a los pescadores y resolver la problemática de jubilación del trabajador pesquero; también, el seguro obligatorio del pescador artesanal (SOPA) cuya ley (30636) fue promulgada hace un año aun no es reglamentada y además es rechazada por muchos pescadores por sus bajos beneficios; finalmente, urge realizar un segundo censo (el primero fue hace 6 años) para sincerar cifras que actualmente se manejan sin sustento estadístico con el fin de ejecutar políticas estructuradas para su mejor manejo productivo y generación de más puestos de trabajo formales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de julio de 2018

FORMALIZACIÓN MINERA TRABADA HACE 16 AÑOS


Han pasado más de 16 años desde que en enero 2002 se promulgó la primera ley 27651 para regular las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros artesanales, propendiendo a su formalización, promoción y desarrollo, sin embargo, poco o nada se ha avanzado, y además en esta ley ni siquiera se menciona la minería ilegal, a pesar que esta actividad delictiva se venía desarrollando desde el año 1930 en Puno, la cual siguió creciendo en la selva del Cusco y a partir del año 2000 comenzó a incrementarse agresivamente en Madre de Dios (Huepetuhe, Guacamayo, La Pampa y Delta) con grave destrucción de nuestros bosques, operando actualmente en 21 de nuestras 25 regiones.

A pesar que una de principales acciones para reducir la minería ilegal consiste en formalizar a los mineros, los procesos desde la promulgación de la ley 27651 no han dado resultados. En marzo 2011 se aprobó el Plan Nacional para Formalización de la Minería Artesanal, pero nada se logró, unos meses después, en diciembre, se autorizó a los mineros informales continuar extrayendo oro en el corredor de Madre de Dios y en mayo 2012 a comercializarlo 2 años adicionales, el plazo de formalización en abril 2014 fue postergado hasta 2016 con una “Estrategia de Saneamiento” (DS029-2014-PCM) que resultó ser un fracaso porque de más de 400 mil mineros entre artesanales, informales e ilegales, solo lograron formalizarse unos 100. El gobierno (período de Kuczynski) declaró de interés nacional la formalización minera estableciendo disposiciones para un proceso de formalización minera integral, reabriendo el registro de formalización de febrero a junio 2017 y prolongando el plazo para culminar el proceso hasta 2020.

Bajo este panorama actualmente se calculan 400 mil mineros pero solo 50 mil (12.5%) se encontrarían en proceso de formalización, en Madre de Dios donde existe la mayor cantidad de mineros nada se ha avanzado, el actual procedimiento normativo está trabado y no garantiza la sostenibilidad de los mineros y productores artesanales, El presente período (Vizcarra) se ha comprometido a revisar y modificar la actual legislación que está ocasionando el trabamiento de la formalización ocasionando que la minería informal e ilegal siga incrementándose, y en los últimos 4 años, a pesar de haberse ejecutado 236 operativos de interdicción, esta ilegal actividad que representa unos US$ 3,000 millones anuales en lavado de activos (principalmente oro) ha superado los US$ 2,000 millones del narcotráfico.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de junio de 2018

LAVADO DE ACTIVOS: PREOCUPANTE CRECIMIENTO


Los pasados días 6 y 7 se realizó en nuestra capital el X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA-2018) para buscar fortalecer en los países la metodología para prevención y gestión del riesgo de este delito, cuya gravedad consiste en su poder corruptor, que encubre dinero, bienes, efectos o ganancias ilícitas o ilegales haciéndolos aparentar como legales. En nuestro país este delito muestra preocupante incremento generando peligrosos efectos perturbadores a la gobernabilidad y la estabilidad económica nacional. Según el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, en 2017 se acumularon más de 11,000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), 55% más que en 2014 (6,000 ROS), principalmente de sectores con poca o nula supervisión (mercado inmobiliario, comercio exterior, cooperativas, entre otros), con dinero procedente del narcotráfico, corrupción y delitos ambientales (minería y tala ilegal).

A nivel mundial estamos considerados entre países donde se blanquea dinero, el Departamento de Estado de EE UU, en su informe sobre narcotráfico y crímenes financieros 2016 nos incluyó en una lista negra por vulnerabilidades ligadas al narcotráfico (extracción ilegal de oro, tala ilegal y contrabando), también el FMI en julio 2017 advirtió que Perú debe aplicar medidas más enérgicas contra la corrupción y lavado de activos, además, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza una evaluación sobre nuestro sistema de prevención de lavado de activos cuyo informe final será emitido en diciembre 2018.

Bajo este panorama, a pesar del incremento de lavado de activos en nuestro país increíblemente las sentencias penales en las últimas décadas no llegan a 30. Solo hace 3 meses se aprobó el Plan Nacional contra Lavado de Activos (DS.003.2018-JUS), y con gran resistencia del Congreso, recién en enero 2019 la SBS podrá supervisar las cooperativas (de 502 identificadas 134 están en el Vraem), pero faltan acciones, entre otras, fortalecer la fiscalía y órganos de control; hacer más efectiva la ley de Pérdida de Dominio; control de casas de cambios, empeño y empresas prestamistas; uso de nuevas herramientas tecnológicas para evaluación de riesgos y de información e inteligencia financiera; incorporación de la normativa “beneficiario final” (detectar personas naturales detrás de las empresas), aplicación de sanciones firmes, agilización en el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, e implementación de sistemas interconectados (intercambio de información y coordinación) entre instituciones que operan para detectar operaciones de dinero ilícito.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de junio de 2018



PERÚ: ALARMANTE PIRATERÍA DE SOFTWARE


El pasado día 5 la BSA-The Software Alliance- (organización defensora de la industria del software en el mundo) presentó en Washington la Encuesta Global de Software 2018, la cual registra que en Perú 62% del software instalado en computadoras personales y empresas no cuentan con licencia (6 de cada 10), este porcentaje es muy elevado respecto a la tasa mundial (37%) y Latinoamérica (52%), lo cual representa graves riesgos de seguridad. En la administración y negocios de las empresas puede causar serios problemas legales, económicos, técnicos y financieros, afectar la seguridad de datos de los clientes, interferir en futuros programas, además, al instalarse un software ilegal en cualquier equipo se incrementa el peligro de privacidad de información de los usuarios, robos de información, ciberataques debilitantes, pirateos de datos, acceso no autorizado por hackers, introducción de programas maliciosos y hasta suplantación de identidades para cometer delitos.

Pero lo más grave es que el uso de software ilegal atenta contra los derechos de propiedad intelectual, cabe señalar que el último informe 2018 sobre derechos de propiedad intelectual de la Oficina Representante Comercial de EE UU mantiene al Perú en su Lista de Vigilancia (reiterativamente desde hace 17 años), además, en nuestro país, el valor comercial del consumo de software ilegal (denominado pérdidas a la industria) asciende a US$ 180 millones. Según Microsoft, en América Latina, nuestro país es el segundo más vulnerable por ciberataques, solo superado por Brasil. Aunque contamos con una legislación penal que restringe y sanciona usos ilegales cibernéticos con hasta 8 años de prisión por comercialización y por uso en empresas multas de hasta 180 UIT (S/.747,000), el uso ilegal de software se mantiene en un altísimo nivel alarmante e incontrolable y no se conoce ningún caso de pena privativa de la libertad impuesta por este delito.

Bajo este panorama se requiere que la Dirección de Derecho de Autor de INDECOPI promueva más campañas para incentivar el uso de programas informáticos legales en las empresas del país, principalmente las Pymes, también, mayores controles e inspecciones inopinadas, especialmente a empresas de manufacturas, ventas, distribución y servicios que, según la BSA, son las que más inciden en uso de software ilegal, además, que la Dirección de Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal (DIRPOLFIS) realice constantes operativos y decomisos de material ilegal en negocios y galerías de venta y ensamble de equipos de cómputo en todo el país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de junio de 2018


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