INGRESO A OCDE: DEPENDE DE REFORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS



Durante las actividades desarrolladas en la Cumbre APEC Perú 2016 el presidente Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que al reunirse en Palacio de Gobierno con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, le pidió apoyo para el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) quien tomó nota de tal deseo para iniciar conversaciones “a su debido tiempo”, el presidente peruano también conversó con los primeros ministros de Canadá y Nueva Zelanda quienes le manifestaron su apoyo a esta aspiración, y hasta el presidente de EE UU, Barack Obama, resaltó la voluntad de Perú de integrar esta organización, sin embargo, esta adhesión que Perú aspira alcanzar para el Bicentenario depende no solo del apoyo unánime de los 34 países miembros, sino principalmente en cumplir con sus indicadores de desarrollo. Los países miembros de OCDE cuentan con altos estándares de transparencia, productividad e inclusión que en su conjunto producen 67% de bienes y servicios del mundo y representan 70% de la economía global.

Esta organización nos consideró en enero 2015 en un “Programa País” (que concluye este diciembre) justamente para apoyar la elaboración de reformas económicas, sociales e institucionales y políticas públicas que debería llevar a cabo nuestro país, y ya hemos recibido sus informes, documentos y dos estudios multidimensionales (octubre 2015 y agosto 2016) que diagnostica nuestras restricciones y barreras. Al culminar dicho Programa País se esperaría que continuemos con una hoja de ruta o programa formal de acceso para posteriormente ser considerados como invitados.

Pero si aspiramos ingresar a la OCDE al 2021 debemos ejecutar reformas institucionales y diseño de políticas públicas de calidad. Nuestro crecimiento debe ser inclusivo e incluyente (con un PBI per cápita de US$ 6,300 no llegamos ni a la tercera parte del promedio de países miembros), en educación y habilidades requerimos formar jóvenes para alcanzar empleos de calidad, también estamos muy lejos del promedio en salud, energía, gasto público, innovación y preparación tecnológica, lo mismo en mercado laboral, infraestructura de transporte y portuaria y logística, gobernanza e instituciones, ordenamiento territorial y protección ambiental, todo lo cual repercute en nuestros bajos niveles de productividad (30% del promedio OCDE) y diversificación de la economía, elevada desigualdad e informalidad laboral (70%). Para enfrentar esta situación es indispensable ampliar la base impositiva, mejorar el sistema tributario y fortalecer la institucionalidad y confianza del Estado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de noviembre de 2016


APOLOGÍA AL TERRORISMO: NINGUNA SENTENCIA CONDENATORIA

La apología al terrorismo es un antiguo tema que debatimos circunstancialmente cada vez que los terroristas de Sendero Luminoso (SL) y sus seguidores se manifiestan en acciones de apología con defensa y alineación como en la reciente “marcha fúnebre” en Comas con cánticos y pancartas y el caso del mausoleo construido sin autorización en dicho distrito donde rinden culto a sus muertos ante la pasividad de nuestras autoridades, porque los cuerpos ya debieron ser trasladados y el mausoleo derrumbado. La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Luciana León, anunció la revisión de leyes contra este delito porque los terroristas “le sacan la vuelta”, así, el congresista Carlos Tubino presentó el pasado día 13 el proyecto de ley 611/2016-CR para modificar el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal incluyendo la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito o de persona condenada por terrorismo.

Sin embargo hace muchos años venimos tratando este delito sin resultados porque no existe ninguna sentencia condenatoria. El 3 enero 2003 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 7 del Decreto Ley 25475 (Expediente N° 010-2002-AI/TC) por constituir una violación a la libertad de información y expresión, además representar una expresión innecesaria de sobrecriminalización al encontrarse vigente el artículo 316 del Código Penal. Con DL N° 924 (19 febrero 2003) se reformó dicho artículo incrementando las penas (6 a 12 años) si la apología se hace del terrorismo o de condenados (autor o partícipe) y con DL N° 982 (22 julio 2007) aumentaron las penas (8 a 15 años) si la apología se realiza en medios de comunicación o internet.
    
Bajo este panorama, la apología al terrorismo, a la violencia y a cabecillas terroristas cruza los límites permisibles dentro de un Estado de derecho. Es inconcebible que no exista ningún sentenciado por este delito a pesar de que seguidores de SL hayan utilizado todas las formas posibles de apología, desde mensajes proselitistas y prédicas violentistas en páginas web creadas en internet con homenajes a héroes caídos y desfiles de presos en cárceles, bloqueos de carreteras para adoctrinar pobladores, grupos pro senderistas en universidades luchando por la amnistía general y libertad de presos políticos (léase terroristas), profesores haciendo apología con estudiantes, marchas rindiendo culto a sus muertos con exaltaciones de violencia y hasta un mausoleo donde rinden culto y enaltecen a sus muertos.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 noviembre de 2016


DECLARACIÓN DE SUCRE PERÚ-BOLIVIA: TREN BIOCEÁNICO Y CONVENIOS DE ILO

El pasado día 4 se realizó en Sucre la 2ª Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia donde los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Evo Morales suscribieron la “Declaración de Sucre”. En el punto N° 20: “reiteran su interés en el Corredor Ferroviario Bioceánico Central destacando la suscripción del memorándum de entendimiento para promover su viabilidad”. Este corredor bioceánico proyecta conectar el puerto brasilero de Santos, pasando por la ciudad boliviana Puerto Suárez, hasta el puerto de Ilo. Inicialmente Perú, Brasil y China suscribieron un acuerdo tripartito (mayo 2015) en que el tren bioceánico (de 8,000 km a un costo preliminar de US$ 60,000 millones) uniría el puerto de Bayovar (Piura) con el brasileño de Acu cruzando la Amazonía peruana (peligroso impacto ambiental), pero por impulso boliviano cruzaría su territorio a menor costo (US$ 10,000 millones) por ser la ruta más corta (400 km por Perú y 3,100 km por Bolivia y Brasil).
  
Este proyecto se justifica porque abarataría los costos de importación y exportación y además podría transportar al final de su construcción unas 7 millones de personas y 10 millones de toneladas de carga beneficiando a Perú, Brasil y Bolivia, pero también a Paraguay, Argentina y Uruguay con la conexión del tren con la hidrovía Paraguay-Paraná, sin embargo, es un proyecto de largo plazo que recién se encuentra en etapa de evaluación, estudios de factibilidad y viabilidad.

En el punto N° 14: “expresaron su interés en la pronta implementación de los Convenios de Ilo suscritos en enero 1992, los mismos que se encuentran plenamente vigentes”. Recordemos que dicho convenio (“Boliviamar”) se suscribió hace casi 25 años con la cesión de Perú a Bolivia (por 99 años) de una zona franca en Ilo (163 hectáreas y 5 kilómetros de litoral) para zona de desarrollo comercial y turística, pero Bolivia jamás la utilizó, a pesar de ello el ex presidente García suscribió en octubre 2010 un “Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios del Proyecto Playa Bolivia” incluyendo abrumadoras concesiones (acceso permanente al Pacífico, punto de atraque propio, derecho de navegación de buques bolivianos, 8,000 m2 de terreno para la construcción de su Escuela Naval, libre uso de instalaciones portuarias, zona franca industrial y económica especial, etc.), el cual desde hace 3 años se encuentra en el Congreso y no debe ser aprobado por contravenir nuestra Constitución (art. 54 y 55).  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 noviembre
2016


SITUACIÓN DEL TRABAJO JUVENIL REQUIERE URGENTE SOLUCIÓN

Actualmente nuestra población nacional registra 31’150,000 habitantes, de ésta, la población juvenil (15 y 24 años) ocupa el 27% (8’410,000), de los cuales 5’067,000 conforman la PEA. El pasado día 24 la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2016 “Más habilidades para el trabajo y la vida”, en su capítulo 4 trata sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes de América Latina para insertarse laboralmente, en el caso peruano señala que entre los que finalizan su educación 60% consigue un empleo, pero solo 17% un empleo formal, el 22% consigue un empleo independiente (la mayoría subempleados con ingresos menores al sueldo mínimo vital), el restante 18% ocupa trabajos familiares sin remuneración o trabajos precarios (sin aportes para su desarrollo laboral).

Los jóvenes que terminan su educación se demoran, en promedio, 9 meses para conseguir un empleo asalariado, y hasta 2 años y medio por un empleo decente (contratados, con ingresos suficientes y beneficios de salud y previsión social). También la informalidad laboral juvenil es altísima, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llega a 82% (una de las 4 más altas a nivel regional) afectando más de 1 millón de jóvenes, en microempresas sobrepasa el 90%, y hasta en empresas formales 72% trabaja en malas condiciones, con bajos ingresos, inestabilidad laboral, desprotección y sin derechos sociales ni laborales.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) nos advierte sobre otra dramática realidad, un millón de jóvenes peruanos entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan (ninis), igualmente, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los jóvenes peruanos ninis entre 15 y 29 años llegan a 26.7% en mujeres y a 15.4% en hombres. La mayoría de jóvenes ninis proviene de hogares pobres o vulnerables que no encuentran oportunidades de estudio o trabajo y están expuestos a caer en delincuencia o drogadicción.

Bajo este panorama, los jóvenes peruanos son uno de los grupos sociales más vulnerables, postergados y relegados de las prioridades en agendas públicas, el gobierno debe mejorar esta crítica situación promoviendo la generación de empleo juvenil y reforzando la capacitación laboral con programas en formación académica y técnica para desarrollar sus capacidades productivas, porque la población juvenil representa un valioso potencial de capital humano, imprescindible para mejorar la productividad nacional, favorecer el crecimiento económico y alcanzar nuestro desarrollo sostenible. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de noviembre de 2016



CHILE: 26 AÑOS DEBATIENDO DEROGACIÓN DE LEY RESERVADA DEL COBRE

El pasado día 23 el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Valdés, señaló que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) requiere mayor financiamiento para que Chile continúe siendo el mayor productor mundial de cobre, lo cual se ve obstaculizado porque “la Ley Reservada del Cobre exige que se dé el 10% de sus ventas a la FF AA, lo que está drenando sus reservas”. Del mismo modo, el presidente de Codelco, Óscar Landerretche, manifestó que esta corporación “entregó por dicha ley a la FF AA, entre el 2000 y 2015, la cantidad de US$ 14,300 millones”.

Esta ley se estableció hace 58 años (29 octubre 1958) como Ley del Cobre N° 13.196 y gravaba a mineras privadas con 7.5% de sus ventas exclusivamente para adquisición de equipos bélicos. En 1973, a comienzos del Gobierno Militar, la ley se modificó con Decreto N° 239 y leyes 18.445 (1985) y 18.628 (1987) disponiendo un impuesto de 10% para la FF AA sobre las exportaciones totales de Codelco, además de aumentos garantizados y entregas de fondos y contabilizaciones reservadas en cuentas secretas e inversiones mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación.

El asunto es que hace 26 años, desde el primer gobierno de la Concertación (Patricio Aylwin 1990-1994) y el actual de Michelle Bachelet (2014-2018) se viene debatiendo su derogación (hasta se investiga un millonario desfalco a la ley entre 2010 y 2014) pero nunca se ha concretado porque de manera recurrente los proyectos de ley presentados por los diferentes gobiernos no han sido aprobados por el Congreso a pesar de solo requerirse quórum simple, con el argumento de una necesaria estabilidad y un plan anual de adquisiciones de armamento debido a que la paz nunca estará garantizada y porque no existe desarrollo sin seguridad.

Bajo este panorama, la condición imprescindible del gobierno y la oposición chilena para derogar esta ley es que, como política de Estado, se deberá desarrollar un sistema financiero con fondos estables y permanentes para adquisiciones militares (presupuestos plurianuales o planificaciones mayores de 5 años) que facilite las inversiones en armamento para asegurar en el largo plazo la mayor capacidad de defensa del país, por lo que con los exorbitantes recursos provenientes de esta ley más los presupuestos anuales para Defensa, han tenido, y mantienen, una desenfrenada adquisición de armamento netamente ofensivo y de última tecnología. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de octubre de 2016

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