REZAGADOS EN CALIDAD DE EMPLEOS Y REMUNERACIONES

El pasado día 7 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el Índice de Mejores Trabajos que analiza las condiciones laborales de 17 países de América Latina a través de medidores de empleo en cantidad (tasa de participación laboral y ocupación) y calidad (tasas de formalidad y trabajo con salario suficiente para superar la pobreza) con puntuaciones de 0 a 100 (donde 100 significa máximo trabajo formal con salario suficiente). Con mayor puntuación figuran Uruguay (71.9) y Chile (64.9): Perú ocupa el 12° puesto (54.7) debajo del promedio de América Latina (57.1). Aunque nuestros medidores de cantidad son altos (participación laboral 81.1 y ocupación 78.4), en calidad son muy bajos, informalidad (puesto 14° con 16.5 puntos) y sueldo insuficiente (puesto 12° con 42.8 puntos).

La generación de empleo de calidad en nuestro país ha sido casi nula los últimos años; de cada 10 empleos generados solo 2 son de calidad, los empleos en empresas formales de 10 a más trabajadores ha crecido a tasas inferiores al 1%, este año se han creado solo 0.4% de empleos y 6.6% de la PEA cae mensualmente en desempleo, el desempleo juvenil es 3 veces mayor que en adultos; respecto a 2016 se perdieron 160,000 empleos formales, aparecieron 300,000 nuevos empleos informales y unas 250,000 personas entrarían al subempleo el 2018. Además, el gobierno prometió la creación de un seguro de desempleo pero ha sido postergado y está casi descartado por la alta informalidad laboral.

Nuestro mercado laboral presenta una altísima informalidad (70%) y muy baja productividad, según la investigación Trabajo Decente en América Latina 50% de trabajadores recibe menos del sueldo mínimo (actualmente S/.850, el 7° más bajo de América Latina y El Caribe), además, nuestras brechas salariales entre hombres y mujeres bordea el 40%, y, entre 2014 y 2016 las remuneraciones medias reales de trabajadores formales se redujeron 0.5%. Nuestro PBI per cápita (ingreso promedio por ciudadano) bordea los US$ 5,500 (menos de la mitad que Uruguay, Chile o Panamá).

Bajo este panorama, para incrementar el empleo de calidad (incorporación a planilla, acceso a seguridad y previsión social) y la capacidad adquisitiva de las remuneraciones promedio es imprescindible mejorar nuestra capacidad económica nacional, y para ello, debemos reducir la informalidad laboral, promover la estabilidad laboral, mejorar la industrialización, elevar la productividad y fomentar la capacitación de los jóvenes para aumentar la mano de obra calificada.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de noviembre 2017


INFORME DESCLASIFICADO SOBRE ACUERDO CHILE-BOLIVIA

Estados Unidos desclasificó recientemente documentos del Departamento de Estado donde aparece un informe “confidencial” dirigido al presidente Jimmy Carter notificándole que en diciembre 1975 el presidente del gobierno militar Augusto Pinochet ofreció a su homólogo boliviano Hugo Banzer una franja de territorio de 10 km con acceso al mar sin incluir áreas para un puerto marítimo, pidiendo “intercambio de territorio y derechos sobre agua dulce de Bolivia”, advierte que “Chile buscaba una alianza con Bolivia contra el Perú” y señala que este ofrecimiento reduciría tensiones en el área, debiendo la estrategia de EE UU apoyar a Bolivia a tener acceso al mar por ser una causa internacional muy popular y fomentaría la cooperación entre países del área.

Pero ¿en qué consistió realmente dicho acuerdo y como intervino el Perú? El 8 de febrero 1975, durante el “abrazo de Charaña” entre Pinochet y Banzer, normalizaron relaciones diplomáticas y arribaron al acuerdo de cesión de Chile a Bolivia de un corredor entre la línea Concordia y el extremo norte de Arica con canje compensatorio de tierra y mar cedidos y derecho chileno de aprovechar totalmente las aguas del río Lauca. Diez meses después, dicho acuerdo fue consultado al Perú (nota diplomática 685, diciembre 1975) en cumplimiento el artículo 1° del Protocolo Complementario del Tratado Perú-Chile de 1929.

Perú contestó en noviembre 1976 condicionando su aprobación al establecimiento en Arica de un área territorial bajo “soberanía compartida” de Bolivia, Chile y Perú, administración portuaria común, concesión para construcción de un puerto boliviano manteniendo soberanía sobre el mar adyacente al litoral del territorio bajo “soberanía compartida” y establecimiento de un polo de desarrollo económico mancomunado. Chile la rechazó por considerarla una alternativa diferente al acuerdo con Bolivia. En marzo 1977 Bolivia y Chile cesaron definitivamente sus relaciones por no ponerse de acuerdo en las compensaciones solicitadas por Chile.

Actualmente ambos países afrontan un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una demanda boliviana presentada en abril 2013 requiriendo la obligación de Chile para negociar “de buena fe” una salida soberana al mar. Compete al Perú su neutralidad, estar atento a los alegatos orales y al fallo final proyectado para 2018 y analizar los probables cursos de acción a seguir si el fallo dispone la convocación de una negociación de Chile con Bolivia, lo cual podría abrir la posibilidad de involucrar a nuestra frontera sur y nuestros intereses marítimos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 noviembre 2017


CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD

En el último Informe de Competitividad 2017-2018 presentado por el Foro Económico Mundial (WEF), que evalúa los factores que fomentan la productividad y el crecimiento de 137 países del mundo, nuestro país retrocedió 5 posiciones (del 67° al 72°) respecto al anterior 2015-2016, pero lo más preocupante es que de los 12 pilares del índice, el mayor retroceso se ha presentado en institucionalidad (10 puestos, del 106° al 116°), este pilar, el primero y uno de los más importantes del informe, es analizado en 21 variables, y en más de la mitad ocupamos los últimos puestos, entre ellos: carga de regulación gubernamental (puesto 131° entre 137°), fiabilidad de los servicios policiales (130°), crimen organizado (129°), eficiencia del marco legal en solución de controversias (129°), confianza en los políticos (126°), costos del crimen y violencia (122°), comportamiento ético de las empresas (121°), desvío de fondos públicos (118°), favoritismo en decisiones de funcionarios del gobierno (114°), derechos de propiedad (109°), independencia judicial (106°), eficiencia del gasto público (104°).

Tenemos innumerables problemas que demuestran una crisis de institucionalidad, entre otros: Gobierno, reducida capacidad institucional para disminuir la informalidad laboral y económica, carencia institucional de gestión y recursos para mantener la ley y el orden, para brindar educación y salud y proveer servicios básicos a los pobres; Congreso, falta de capacidad que le impide equilibrar o coadyuvar acciones del gobierno; Partidos Políticos, escasa credibilidad y bajos niveles de institucionalidad; Poder Judicial, administración de justicia endeble, de muy baja calidad y falta de transparencia.

Bajo este panorama el objetivo principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre y establecer una estructura estable de la interacción humana que garantice una gestión eficaz del Estado y represente el potencial de crecimiento y desarrollo del país. Por falta de instituciones fuertes todos los avances que se logren en materia económica o financiera se limitarán a mejoras marginales, requerimos de instituciones fortalecidas que garanticen la igualdad ante la ley, seguridad jurídica, respeto al derecho de propiedad y control del crimen organizado y violencia. Debemos mejorar la calidad y capacidad de nuestras instituciones y construir un entorno institucional sólido y justo priorizando las reformas del Estado, con énfasis especial en la recuperación de la capacidad del gobierno, organismos de gestión centrales, sector público en gestión e innovación, legislativo, judicial, partidos políticos, electoral, y en descentralización y participación.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de noviembre 2017


INCONTROLABLE TALA Y COMERCIO ILEGAL DE MADERA

El pasado día 19 el representante comercial de EE UU, Robert Lighthizer, (quien asumió el cargo el 15 de mayo pasado) sancionó a la empresa peruana La Oroza que opera en Loreto, Maynas, disponiendo, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE UU (capítulo 18-medio ambiente, anexo 18.3.4-manejo del sector forestal) que la Aduana y Protección Fronteriza de su país bloquee las importaciones de madera de dicha empresa. En este caso, el Comité de Madera de EE UU solicitó al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales del Perú (Osinfor) que verifique si la empresa La Oroza había cumplido las leyes y normas que rigen en nuestro país sobre extracción y comercio de madera exportada a EE UU, determinando que gran parte del envío incumplía los requisitos legales.

Tenemos una nueva Ley Forestal 29763 y sus 4 reglamentos promulgados en setiembre 2015, además comisión multisectorial, estrategia nacional de lucha contra la tala y comercialización ilegal de madera, Osinfor, Sinafor, y hasta altos comisionados contra la tala ilegal, sin embargo, anualmente perdemos 160,000 hectáreas de bosques y estamos muy lejos de combatir eficazmente la tala y comercio ilegal. La tala ilegal continúa imparable, taladores ilegales operan con impunidad por falta de presencia del Estado, según Osinfor, de 4,420 inspecciones realizadas entre 2009-2016 sobre extracción de madera de zonas autorizadas, el 80% presentó irregularidades. Respecto al comercio ilegal, existen empresas con madera ilegal en su cadena de suministro, asimismo, denuncias sobre exportaciones ilegales utilizando documentos oficiales otorgados por autoridades forestales; en noviembre 2015 se inmovilizaron en el puerto de Iquitos 1,312 m3 de madera de origen ilegal valorizado en S/1.6 millones. Según el Banco Mundial, 80% de madera exportada desde nuestro país proviene de tala ilegal. 

Bajo este panorama, el comercio relacionado con la tala ilegal, incluido su tráfico, socavan el comercio de productos legales, reducen el valor económico de los recursos naturales y debilitan su conservación y manejo sostenible. Debemos mejorar el sistema de prevención de tala ilegal con permanentes y eficientes inspecciones y supervisiones especialmente en la selva central; controlar adecuadamente las concesiones, constancias de posesión, titulaciones y uso de cambio de suelo; investigar y fiscalizar con mayor énfasis el mercado negro de madera; incentivar la reforestación de árboles maderables aclarando los procesos para registrarlos; y aplicar con mayor rigurosidad medidas anticorrupción para funcionarios que atenten contra la administración y control de recursos forestales. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de octubre de 2017


HAMBRE, MALNUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El pasado día 10 la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) presentó su informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe” el cual considera que la erradicación del hambre y malnutrición (desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) se relaciona con patrones alimentarios y tiene implicancias en las estructuras de los sistemas alimentarios. En el caso de nuestro país registra un dato muy preocupante sobre la subalimentación (carencia o privación de alimentos referida al hambre e inseguridad alimentaria) que ha afectado 2.5 millones de peruanos (período 2014-2016).

En desnutrición crónica registra una prevalencia de 10% afectando 500 mil niños peruanos (no olvidemos que en anemia tenemos un problema severo de salud que afecta a 50% de niños escolares). En sobrepeso registra en menores de 5 años una prevalencia de 7.2% y en mayores de 18 años hasta 25.4%; es inconcebible que a más de 4 años de publicada la ley 30021 de promoción de alimentación saludable, su reglamento recién fue aprobado en junio pasado y entrará en vigencia en enero 2018, la mala alimentación y sobrepeso influyen en 13% de probabilidad de mortalidad prematura entre peruanos de 30 a 70 años por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o respiratorias.

También influye en hambre y malnutrición la relación canasta básica alimentaria (CBA) versus salarios mínimos, el quintil de peruanos más pobre usa 60.3% de sus ingresos para adquirir alimentos; el INEI para medir la pobreza considera S/.328 el costo mensual de la CBA (diario S/.10.90), si una persona gasta más de esta cantidad en alimentos no es pobre y para un pobre extremo la referencia es S/.180 mensuales (diario S/.6), sin considerar gastos de salud, agua, luz, transporte, vestido etc. También es causa adyacente de malnutrición, especialmente en niños, la falta de acceso a agua potable y saneamiento, nuestra cobertura es bajísima (área urbana 88% y 79% respectivamente, rural 62% y 29%).

Otros aspectos importantes son la adaptación de la agricultura familiar al cambio climático y la conservación de la biodiversidad para garantizar al futuro la estabilidad de alimentación saludable, además la seguridad alimentaria es indispensable para satisfacer permanentemente los requerimientos nutricionales de la población, debemos mejorar y avanzar en el acceso de alimentos, prácticas de consumo, estabilidad frente a condiciones externas y mejorar el marco institucional y capacidades de gestión en los tres niveles de gobierno.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de octubre de 2017


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