PERÚ: INDUSTRIA CLANDESTINA DE FALSIFICACIÒN DE DINERO

El pasado día 12 la Policía Nacional durante un megaoperativo intervino 18 inmuebles en Lima, Surco y San Juan de Miraflores desarticulando una organización criminal de falsificadores de billetes denominada “Casa Verde 2” logrando incautar S/.5 millones, US$ 3 millones y 50 mil Euros, presentaban buen acabado y fueron sometidos a procedimientos químicos para evitar su detección por rayos ultravioleta. Cabe resaltar que entre enero y abril del presente año se produjeron una decena de incautaciones por más de US$ 5 millones y S/.29 millones en Lima (Cercado, Carabayllo, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres), Tumbes, Trujillo y el Aeropuerto Internacional. También en Julio 2018 fue desarticulada la organización criminal “Los Coyotes del Pacífico” incautándoles US$ 7 millones y S/.13 millones de billetes falsificados. Según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) existen mafias en EE UU y  México que financian este delito en nuestro país contratando personas que se dedican a falsificar dinero haciéndolo posteriormente ingresar al mercado peruano y extranjero.

La Convención de Ginebra para la represión de la falsificación de dinero que entró en vigor en julio 1936 a la que nuestro país se adhirió en marzo 1970 (DL 18189), postula a los Estados Parte la represión a la falsificación (fabricación, distribución o alteración) así como el refuerzo de la eficacia disuasoria y la prevención del delito. Desde 1996 la ley 26714 dispone penas privativas de entre 5 y 12 años (posteriormente aumentó hasta 14 años), asimismo, por estar dispuesto en el artículo 12° de la Convención, el 2001 se creó la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de billetes y monedas (Ley 27583) y el año 2006 se implementó un mecanismo de compensación a personas que denuncien estas falsificaciones (DS-018-2006-PCM).

Bajo este panorama, lamentablemente nuestro país es considerado por el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) desde 2009 principal productor del mundo de dólares falsificados con buenos acabados en códigos, cintillos de seguridad, pliegues y hasta textura, además, para dicho Servicio el mayor porcentaje de dólares falsos en ese país son de origen peruano. A pesar de la normativa existente y del esfuerzo de la Policía Nacional para lograr desmantelar las bandas criminales de falsificadores, este delito se sigue incrementando y nos queda la incertidumbre de cuantos millones de dólares y soles falsificados podrán evadir el control ocasionando que las bandas criminales continúen introduciéndolos en Perú y en el extranjero.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de noviembre de 2019

TALA ILEGAL: SIN SOLUCIÓN DESDE DÉCADA DE LOS 70

Aunque parezca increíble, hasta la fecha no contamos con una cifra oficial del comercio ilegal de madera, a pesar que desde década de los 70 existe en el sector forestal amazónico grandes cantidades de tala ilegal, informalidad, ilegalidad, corrupción y tolerancia en el mercado a la madera ilegal. Desde dicha época por la grave deforestación en la Amazonía ya se revisaba la base legal sobre recursos naturales renovables, la primera Ley Forestal y de Fauna Silvestre (1975) ya normaba la conservación de recursos madereros estableciendo régimen de uso, transformación y comercialización, siendo reemplazada en 2001 por la Ley 27308 creándose Osinfor (Supervisión Forestal) e incluyendo planes de manejo forestal, planificación, supervisión, fiscalización y control de recursos, y por último, la actual Ley 29763 en vigencia desde setiembre 2015, creándose el Serfor (Servicio Nacional Forestal), incorporando principios de enfoque ecosistémico, gestión forestal, transparencia, planes de manejo, etc., sin embargo, con esta basta normativa continúa la tala ilegal en la Amazonía.

Existen empresas nacionales con madera ilegal en su cadena de suministro y denuncias sobre exportaciones ilegales utilizando documentos oficiales otorgados por autoridades forestales. Un estudio del Banco Mundial (2012) estima que 80% de madera que sale al exterior es ilegal, también la Superintendencia de Banca y Seguro en 2018 señaló que 41% de la madera extraída y comercializada era ilegal. La ONG Global Witness advierte que en la última década, en Loreto y Ucayali 60% de la madera es extraída de zonas no autorizadas, además, según análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera el monto de lavado de activos en el sector forestal por tala ilegal es de US$ 150 millones anuales.

   

Bajo este panorama el director Ejecutivo de Serfor, Luis Gonzales-Zúñiga, ha reconocido que uno de los más serios desafíos del país es cambiar la mala imagen en el exterior del sector forestal peruano y anunció la trazabilidad de los recursos forestales maderables (RDE-230-2019-Minagri-Serfor-29 octubre) y en base a este modelo se determinará la legalidad de la madera rastreándola desde su extracción en el bosque, sin embargo, faltan muchos pasos para concluir el modelo, entre ellos, formatos de registros, libros de operaciones de campo y de planta, perfeccionar las guías de transporte forestal, definición de términos (transformaciones primarias y secundarias), refuerzos de puestos de control, además no tenemos un adecuado ordenamiento territorial forestal ni zonificación ecológica económica, lo cual es crucial para la lucha contra la tala ilegal.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de noviembre de 2019

IMPERDONABLE: ANEMIA INFANTIL NO SE REDUCE HACE 7 AÑOS

La anemia infantil es un gravísimo problema nacional que por deficiencia de alimentos que contienen hierro en la dieta diaria afecta a los niños más vulnerables (6 a 35 meses), período crítico por la acelerada evolución neurológica en esta etapa de crecimiento, ocasionando insuficiencia de hemoglobina en la sangre y deficiente abastecimiento de oxígeno corporal, atacando sus potencialidades y desarrollo intelectual lo cual se manifestará durante su crecimiento en falta de inmunidad y deficiente rendimiento y aprendizaje, y en la adultez baja productividad.  

El pasado día 10 el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Gustavo Rosell nos refrescó la memoria sobre el elevado índice de anemia infantil (43.5%), según sus declaraciones en los últimos 4 años este índice no ha disminuido, pero los registros indican que hace 7 años (período 2012-2018) no ha podido ser reducida a pesar desde 2004 existe abundante normativa para luchar contra este flagelo, entre ellas, Ley 28314: Fortificación de harina de trigo con hierro y micronutrientes, Ley 27337: Código de niños y adolescentes, DS-009-2006-SA: Reglamento de Alimentación Infantil, RM-258-2014-Minsa: Plan Nacional para reducción de desnutrición crónica infantil y prevención de anemia. También desde 2008 existe un Programa Articulado Nutricional para reducir la anemia infantil con presupuesto de S/.500 millones para el período 2016-2021, además, en julio 2018 se declaró de prioridad nacional la lucha contra la anemia infantil aprobándose un plan multisectorial (DS-068-2018-PCM) que plantea la articulación intersectorial e intergubernamental a cargo de 14 ministerios.

Bajo este panorama, es imperdonable que desde hace 7 años, 4 de cada 10 niños peruanos menores de 3 años sufran esta gravísima enfermedad, según la última medición nacional de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (Endes-2018) en el sector de población más pobre (quintil inferior de riqueza) la anemia alcanza 53.6% y en el grupo de niños entre 9 y 11 meses llega hasta 61.8%, y peor aún, hay regiones con altísimo nivel de niños que padecen este terrible mal, en Puno 67.7%, Pasco 58.7% y Loreto 57.4%. En febrero 2017 durante el Tercer Gore Ejecutivo los 26 gobernadores regionales y sectores presentes del gobierno central firmaron un pacto nacional para reducir al 2021 la anemia infantil a 19%, solo se trató de una promesa demagógica e imposible de cumplir porque desde 2012 se mantiene en 43.5%. Por lo expuesto la lucha contra la anemia durante los últimos 7 años ha sido un fracaso total.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de noviembre de 2019

EDUCACIÓN RURAL: PRIORIDAD MUY RETRASADA

El pasado 30 de octubre el premier Vicente Zevallos presentó las políticas del gobierno, al tratar el tema Educativo manifestó que es una de las prioridades centrales y que gran parte del futuro del país pasa por dar un gran salto cualitativo en calidad educativa, asimismo, sobre educación rural advirtió que aún presenta retos y nos demanda acciones y que se está siguiendo el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional de trabajar en un plan de acción concreto para hacer disponible la educación en zonas rurales.

El diagnóstico del problema educativo rural es conocido: insuficientes escuelas, infraestructura precaria, escasa disponibilidad de recursos educativos, escasa cantidad de docentes, práctica pedagógica de baja calidad con sobrecarga laboral, inadecuado currículo (enorme brecha entre lo propuesto y los resultados, centros de estudios alejados, alta dispersión geográfica, elevada deserción de estudiantes (solo 50% culmina secundaria), atraso en estudios y alto nivel de repetición del año escolar, inadecuadas condiciones socioeconómicas, prevalencia de desnutrición crónica (25%), alta tasa de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años (22%).

En diciembre 2018 el gobierno aprobó una Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales (DS 013-2018-Minedu) que no nace como iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) sino por sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente 00853-2015-PA/TC-14 marzo-2017) donde ordena al Minedu el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que al 2021 la educación rural pueda asegurar disponibilidad y accesibilidad, lo cual no podrá ser cumplido porque requiere de elevados presupuestos y dicha Política Educativa Rural señala que no demandará recursos del Tesoro Público (artículo 6º), sin embargo, es inconcebible que faltando dos meses para terminar el año, del presupuesto de S/.5,500 millones recibido por el sector Educación para proyectos, solo ha gastado S/.2,600 millones (47%) quedando sin ejecutar S/.2,900 millones a pesar de las graves carencias educativas rurales.

Bajo este panorama, no se aprecian avances en la educación rural,  las escuelas rurales (unidocentes, multigrados y bilingües) deberían cumplir rol fundamental para atender el derecho educativo de la población más pobre, excluida y vulnerable del país. Lamentablemente existe una gran brecha entre la educación urbana y rural, en las zonas rurales, donde estudia 20% de la población escolar nacional, no existe un sistema educativo diversificado de calidad que permita iguales oportunidades de acceso, permanencia y logros de aprendizaje y que considere la realidad productiva y cultural de cada zona altoandina y amazónica.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de noviembre de 2019

MALA GESTIÓN AFECTA AVANCE DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nuestra inversión pública se encuentra casi paralizada a pesar de representar una variable clave para impulsar el crecimiento del PBI, incrementar el empleo, el consumo y la producción. Los últimos registros son muy preocupantes, faltando solo 2 meses para finalizar el año la ejecución de inversión pública 2019 a nivel nacional sería la más baja de los últimos 6 años debido a la reducida ejecución de obras del gobierno central, gobiernos regionales y municipales, a pesar de las prioritarias necesidades en obras, infraestructura y servicios básicos para la población, de un presupuesto de S/48,775 millones para inversiones solo han ejecutado S/.20,537 millones (42.1%). Según la Contraloría actualmente estarían paralizadas unas 6,000 obras.

 

Increíblemente, del presupuesto modificado 2019 asignado para inversión a los 18 ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros (S/.18,766 millones), faltando 2 meses para finalizar el año tienen 2,500 proyectos no ejecutados habiéndose invertido solo S/.7,896 millones (42%), por ejemplo, el sector Salud, uno de los más requeridos y urgentes por la población tiene 182 proyectos no ejecutados y de S/.877 millones recibidos solo ha gastado S/.269 millones (30.7%), también la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) para reconstrucción de infraestructura dañada y destruida en 13 regiones por el fenómeno El Niño Costero, de un presupuesto 2019 de S/.6,400 millones hasta medio año solo invirtió S/.1,370 millones (21.3%), y acaba de renunciar su director ejecutivo, Nelson Chui.

Bajo este panorama, la inversión pública se encuentra estancada a pesar que existe suficiente normativa para impulsarla: Decreto de Urgencia (DU.006-2018-mayo), DU.004-2019-17 octubre, y además, el pasado día 30 el presidente Vizcarra anunció otro DU para destrabar obras paralizadas, sin embargo el problema principal es de falta de gestión pública.  La evaluación y formulación de proyectos de inversión pública debe analizar la coherencia con las políticas sectoriales, regionales o municipales, valorar costos y beneficios, estimar el momento óptimo de la inversión y evaluar la viabilidad financiera y rentabilidad socio-económica, para ello, en los niveles operativos del gobierno central, regional y municipal no existe adecuada capacidad de gestión pública ni una apropiada cantidad de profesionales especialistas en formulación de proyectos de calidad que recojan las necesidades de la población y optimicen presupuestos, además, hay falta de exigencia de objetivos, metas, indicadores y resultados concretos para cumplirse con los fines de la inversión de manera oportuna y eficiente y que genere rentabilidad social de acuerdo a la planificación efectuada.