EL GRAVE PELIGRO DE LA IZQUIERDA RADICAL

 

Las elecciones generales del pasado día 11, con la victoria en primera vuelta de Pedro Castillo, dirigente del Partido Perú Libre, de ideología comunista, marxista, leninista y claramente vinculado al Movimiento por la Amnistía y Derechos Humanos (Movadef), brazo político del terrorismo, nos demostró el avance de una amenazante izquierda radical y extremista muy peligrosa en nuestro sistema democrático camuflándose en las necesidades de la población, una ideología que no cree en la democracia pero busca usarla para acceder al poder y desde allí romper los parámetros democráticos y destruir la economía de mercado a costa de reactivar el rol del Estado en la economía.

 

Castillo, que usa dicotomías agresivas “esta elección es entre ricos y pobres y entre el patrón y peón”, tiene el cinismo de hacer “un llamado a la concertación más amplia”. Sobre la situación de Venezuela manifiesta: “Es una democracia petardeada por intereses norteamericanos, cuyo único fin es apoderarse de sus recursos económicos menguando al pueblo con sanciones criminales”, a pesar que los gobiernos comunistas radicales de Chávez (1999-2013) y Maduro que lo reemplazó (2013 a la fecha) han sumido a este país en una crisis política, económica y social, sin libertades y con pérdida de calidad de vida y poder adquisitivo de la población, graves desabastecimientos de alimentos y medicamentos, crisis en todos los sectores, inflación que sobrepasa el 1,000% y con 3 millones de ciudadanos escapando de esa dictadura.

 

Castillo, si accediera el poder, pretendería hacer lo mismo, cambiar la Constitución para estatizar la economía y nacionalizar los recursos estratégicos (minería, gas, petróleo) y los principales servicios (puertos, ferrocarriles, corredores aéreos), además, desactivar el Tribunal Constitucional porque afirma que defiende la gran corrupción, eliminar los tratados de Libre Comercio, Alianza del Pacífico y el acuerdo de Asociación Transpacífico, desactivar las AFP, y sobre la libertad de prensa advierte que los medios de comunicación deben estar comprometidos con la cultura y la cohesión del pueblo, además, ha reiterado que cerraría el Congreso si este no acepta sus planes.

 

Bajo este panorama, nuestro país no debería votar por un gobierno de izquierda radical expansivo, confiscador y un peligro para la economía de mercado y las inversiones que nos llevaría a una situación catastrófica, a más fracaso y mayor pobreza; lo que necesitamos es un cambio de rumbo viable, político, económico, social, de salud, de seguridad y reivindicación del Congreso, proyectos que solo podrán llevarse a cabo con un gobierno sensato y estable, en democracia y con la población con absoluta libertad de expresarse.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de abril de 2021

 

LAS ELECCIONES GENERALES DEL BICENTENARIO

 

El 28 de julio próximo conmemoraremos nuestro Bicentenario, no solo de la independencia sino además de nuestra trayectoria republicana. En junio 2011 se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 (DS-054-2011-PCM), con 88 programas estratégicos como acuerdos vinculantes convertidos en políticas de Estado, que proyectaba duplicar el ingreso per cápita, disminuir la pobreza a menos de 10%, eliminar la mortalidad infantil y desnutrición crónica, elevar significativamente la calidad educativa, cobertura de salud y seguridad social, además de una economía moderna y diversificada, aumentar el PBI al doble, triplicar las exportaciones y mejorar las políticas sociales con mayor presión tributaria.

 

Diez años después constatamos que este Plan, considerado como la hoja de ruta del desarrollo nacional hacia el 2021, que fue trabajado a lo largo de dos años y medio con participación de 4,500 expertos de los sectores social, económico y político no ha podido ser cumplido en lo más mínimo (aun cuando los indicadores fueron reajustados y reducidos en agosto 2015) porque la mayoría de ministerios no implementaron su plan estratégico sectorial multianual al 2021, y por el contrario, los problemas se agravaron superlativamente desde marzo 2020 con la pandemia de Covid-19 que afectó las capacidades del gobierno y del aparato estatal al ser rebasados por la magnitud de la emergencia.

Bajo este panorama, el día de mañana, domingo 11, se dará inicio al proceso de las elecciones generales 2021, las cuales serán muy peculiares porque se dan en medio de una grave pandemia con serias restricciones para evitar contagios, con 25 millones de peruanos habilitados para votar, pero con gran porcentaje de indecisos, y con 18 candidatos, muchos de ellos pregonando promesas incumplibles solo para ganar la preferencia ciudadana.

 

Pero principalmente estas elecciones serán cruciales por el fuerte significado histórico de nuestro Bicentenario, quien gane las elecciones al final del proceso tendrá la gran responsabilidad de marcar el rumbo de nuestra sociedad a partir de julio 2021 por cinco años que podrían ser los más complicados de nuestra historia debido a la peor crisis sanitaria y económica de los últimos tiempos por la gravedad de la pandemia del Covid-19, que para combatirla, como la primera prioridad, será clave una altísima capacidad de gestión, como también para enfrentar otros problemas complejos que agobian a la población, tales como, acabar con la delincuencia, promover la inversión y el empleo, enfrentar la corrupción, mejorar la educación y salud, y optimizar el funcionamiento del Estado.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de abril de 2021

 

AMAZONÍA: MINERÍA ILEGAL AURÍFERA INCONTROLABLE

Lamentablemente la grave crisis sanitaria y económica que afecta nuestro país, además de la campaña electoral en curso previa a las elecciones del 11 de abril, no nos permite a los peruanos prestar atención sobre otros problemas que generan graves daños a nuestra Amazonía como el de la minería ilegal de oro que se incrementa de manera incontrolable y que está contaminando con cianuro y mercurio los recursos hídricos y suelos y depreda sus bosques y biodiversidad, pareciera que nos estamos acostumbrando, sin llamarnos la atención, a las continuas noticias sobre operaciones de interdicción en los ríos amazónicos.

Hace 9 años se registró gran aumento de mineros ilegales en nuestra Amazonía, obligando a promulgar  el DL 1100 febrero 2012 declarando las acciones de interdicción de necesidad pública y ejecución prioritaria, así, desde 2013 se efectuaron cientos de éstas, y en enero 2019, a través de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se realizó el operativo “Mercurio” en La Pampa desalojándose 6,000 mineros ilegales, pero muchos de ellos se han trasladado a otras zonas cercanas a continuar con esta ilícita actividad. 

Solo entre enero y marzo 2021 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) en acción conjunta con la Marina de Guerra y Policía Nacional han ejecutado operativos en la Cuenca del río Nanay (11 de enero), en el sector Apaylon, en la cuenca del río Malinowski (14 de enero) y en el río Madre de Dios (11 y 12 de marzo) donde destruyeron motores, bombas de succión, caballetes, tolvas, balsas traca y hasta campamentos y grifos, pero posteriormente los mineros ilegales persisten en su ilegal actividad con nuevos equipos. 

Bajo este panorama, el actual ni los últimos gobiernos han mostrado voluntad política para luchar contra la minería ilegal en la Amazonía a pesar que existen estimaciones que esta ilegal actividad mueve US$ 2,900 millones al año y en los 30 últimos años ha depredado alrededor de 96,000 hectáreas de selva tropical. La estrategia no puede ser solo represiva, es urgente reactivar la formalización minera, increíblemente estancada hace 19 años desde que se promulgó la ley de formalización y promoción minera artesanal (Ley 27651, enero 2002), y un Plan Nacional aprobado hace 9 años (DS-013-2011-EM, mayo 2011) sin resultados positivos que mostrar, además, debe incrementarse la investigación y control del oro ilegal que es exportado vía Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, así como a las cadenas de compras y blanqueo en los mercados internacionales. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de abril de 2021

 

ABSURDA PROPUESTA DEL CANDIDATO LESCANO SOBRE EL HUÁSCAR

 

El pasado día 23, durante una visita a la región Tacna, el candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que de llegar a Palacio de Gobierno le pedirá al presidente chileno Piñera que Chile, devuelva el monitor Huáscar al Perú como señal de acercamiento entre ambos países y muestra de buena voluntad. No, candidato Lescano, un “trofeo de guerra” ganado en combate no se puede pedir en devolución como si se tratara de un acto de mendicidad, aunque haya sido ganado por el enemigo en un combate tremendamente desigual, el vencedor tiene derecho de conservarlo en su poder. Un “trofeo de guerra” no se puede solicitar, negociar o exigir como si es el caso de un “botín de guerra” tal como el robo y saqueo de los chilenos de libros de nuestra Biblioteca Nacional y otros bienes de nuestro patrimonio cultural.

 

Los peruanos tenemos la plena seguridad que Grau y los tripulantes del Huáscar que defendieron nuestra soberanía nacional, ofrendaron sus vidas y cayeron en combate, no permitirían jamás que se pida la devolución de nuestro emblemático monitor, ellos quisieron hundirlo en la madrugada del 8 de octubre frente a Punta Angamos; tras la muerte de Grau y el resto de oficiales, el último comandante  a cargo del Huáscar, el teniente primero Pedro Gárezon, dio la orden de abrir las válvulas de fondo y hundirlo, pero lamentablemente, cuando su interior ya se encontraba con una inundación de 4 pies, los chilenos lo abordaron y rescataron, usándolo posteriormente contra nuestro país como parte de la flota chilena, pero sin Grau y su tripulación el Huáscar fue tan solo un monitor de construcción británica hasta que en 1900 fue dado de baja y usado como museo marítimo flotante en el puerto de Talcahuano.

 

Bajo este panorama la absurda propuesta del candidato Lescano no solo es una afrenta a nuestra historia, sino que, además, no nos haría merecedores de la dignidad y honra que nos legaron nuestros héroes. Dejemos al Huáscar donde está, nuestro héroe aseveró “Os puedo asegurar que, si el Huáscar no regresa victorioso, yo tampoco he de regresar”, este buque, sobre el cual se ejecutaron los mayores actos de heroísmo de nuestro Gran Almirante Grau y su tripulación que jamás se han hecho en ningún otro blindado del mundo, nunca dejó ni dejará de estar con nosotros, en nuestras mentes y nuestros corazones, en nuestros sueños y aspiraciones, y en lo más profundo de todos los peruanos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de marzo de 2021

 

NUESTRA AMAZONÍA SIN DESARROLLO SOSTENIBLE

 

Nuestra Amazonía cubre 63% de la superficie total del país y cuenta con importante oferta de recursos naturales fundamentales para el desarrollo económico y social de su población, además, absorbe el carbono atmosférico reduciendo el calentamiento global y genera movimiento del vapor de agua para zonas en latitudes más elevadas, sin embargo, a pesar de su inmensa potencialidad su desarrollo sostenible no prospera por falta de políticas públicas efectivas y errores de planificación y gestión en proyectos de inversión de infraestructura vial, portuaria, turística, energética, y desarrollo de actividades forestal y acuícola.

 

Actualmente nuestra Amazonía sufre problemas críticos que impiden su desarrollo sostenible: tala y deforestación indiscriminada, aumento de cultivos de coca y producción de cocaína, contaminación petrolera y de minería ilegal aurífera en suelos, ríos y medio ambiente, exportación ilegal de madera, cuestionado otorgamiento de concesiones, mínimo desarrollo turístico, expansión de agricultura ilegal, incremento de tráfico ilegal de especies de flora, fauna y ornamentales.

 

Los artículos 68° y 69° de nuestra Constitución demandan la obligación del Estado de fomentar el desarrollo sostenible de la Amazonía con legislación orientada a promover la conservación de la diversidad biológica y de áreas naturales protegidas, lo cual no se ha logrado cumplir. En diciembre 1998 se promulgó la Ley 27037 de Promoción de Inversión en la Amazonía, para propiciar su desarrollo sostenible e integral y de promoción social, asegurando acceso a salud, educación, nutrición y justicia para mejorar la calidad de vida poblacional con programas y proyectos de desarrollo socio-económico que revaloricen la identidad étnica y cultural de las comunidades campesinas y nativas, pero muy poco se ha avanzado.

 

Han pasado 22 años y no hay mejoras sustanciales en el desarrollo amazónico, sin embargo, proliferaron comisiones y grupos de trabajo multisectoriales, entre ellos, RM-0373-2015- Minagri, para desarrollo forestal sostenible, RS-154-2018-PCM para crear comisión multisectorial que establezca acciones públicas prioritarias para la promoción del desarrollo sostenible de territorios amazónicos, y en julio 2019 el Parlamento promulgó una nueva Ley 30977 de Promoción de la Amazonía Sostenible disponiendo que el PCM elabore en 180 días un plan multisectorial considerando cuatro ejes: seguridad alimentaria, territorio, condiciones para el desarrollo y puesta en valor. Este plan no ha sido presentado a la fecha.

 

Bajo este panorama, para mejorar el desarrollo amazónico sostenible se requiere una nueva visión integral promoviendo la investigación e innovación considerando su variabilidad, complejidad, fragilidad y ubicación geoestratégica, con el fin de revertir en la Amazonía la actual crisis económica, social, tecnológica y ambiental.

 

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de marzo de 2021