TIERRAS RARAS: MINERALES CRÍTICOS EN EL JUEGO GEOPOLÍTICO ENTRE EE.UU. Y CHINA

Las “tierras raras”, conocidas como “minerales críticos”, se han convertido en un recurso estratégico muy importante para la transición energética, industria tecnológica (digitalización global) y defensa. Son poco comunes en la corteza terrestre, escasos, no se encuentran en estado puro y son difíciles de encontrar, forman parte de una mezcla de óxidos o silicatos e hidróxidos con impurezas y son un conjunto de 17 elementos químicos con propiedades físicas y químicas excepcionales de tipo magnéticas, ópticas y electroquímicas. Con el “boom” de la inteligencia artificial las tierras raras adquirirán inmenso valor e importancia en el futuro cercano. El primer mineral crítico descubierto fue el Gadolinio (Gd) el año 1800, y, entre otros, tenemos el Escandio (Sc), Itrio (Y), Cerio (Ce), Lantano (La), Neodimio-praseodimio (NdPr), Disprosio (Dy), Lutecio (Lu), Terbio (Tb).

 

El pasado día 2, en una entrevista en un diario local, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó que viajaría a Washington para reunirse con el  secretario de Estado, para “discutir el tema de los minerales raros que son bien importantes porque se utilizan para producir todos los nuevos artefactos. De los 60 minerales raros, el Perú tiene más de 50, entonces, sí somos importantes”, sin embargo, señor Canciller, solo contamos con 10 de los 60 identificados por EE.UU, y todos no son tierras raras (arsénico, boro, cobre, estaño, fósforo, indio, litio, plata, plomo y zinc), y, a pesar que tenemos gran potencial geológico para exploración y futura explotación en zonas principalmente de la cordillera oriental (Puno, Apurímac y Cusco), no hemos avanzado nada por falta de normativas para su explotación y complejidad en su separación y refinamiento (excepto litio, aunque descubierto en 2018 en Falchani y Quelcaya, en Puno, ni siquiera cuenta con estudio de impacto ambiental).

 

El Canciller De Zela participó el pasado día 4 en dicha Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington que convocó a 55 países y estuvo a cargo del vicepresidente J.D.Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. En dicho evento el Canciller firmó un Memorándum de Entendimiento con EE.UU., buscando fortalecer la cooperación en identificación de proyectos prioritarios con acceso a instrumentos financieros y tecnológicos.

 

Bajo este panorama, China tiene una producción anual de minerales críticos de 270,000 toneladas (seguido por EE.UU. 45,000 y Myanmar 31,000), además, controla a nivel mundial más del 90% de su refinado y lidera su extracción, procesamiento y cadena de valor completa.

 

EE.UU., frente a este dominio chino, busca redefinir su seguridad y defensa creando una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión de US$12,000 millones, y, además, formando alianzas estratégicas para coordinar posiciones y contrarrestar la influencia china en precios de minerales clave como, litio, níquel y tierras raras. EE.UU. durante la reunión ministerial suscribió alianzas sobre minerales críticos con UE, Japón y México para desarrollar políticas comerciales coordinadas, identificación de minerales críticos de interés y precios mínimos de importación.

 

Por su parte, China, ha consolidado su posición como líder en el mercado de tierras raras, considerándolas como activo estratégico y empleando alta tecnología en su procesamiento de fundición,  separación y purificación, y controlando eficazmente su producción y refinado con cadenas de proceso especializado, convirtiéndolo en un arma política y presión económica en forma de restricciones a la exportación e incremento de requisitos de licencia en sectores críticos como la electrónica, automoción y defensa.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de febrero de 2026

  

VERTIGINOSO AUMENTO DEL PRECIO DEL COBRE: ¿PODREMOS APROVECHAR SU POTENCIALIDAD?

 

El precio del cobre sigue incrementándose en los últimos años por su demanda para infraestructura de inteligencia artificial, transición energética, centros de datos, electromovilidad, digitalización industrial, paneles solares, redes eléctricas, entre otros. En 2025 su precio promedio fue de US$ 4.5 la libra (US$ 11,243.00 la TM), para 2026 el promedio se estima en más de US$ 5 la libra, inclusive la primera semana del año subió a US$ 6 la libra por primera vez como máximo histórico (US$ 13,323.00 la TM).

 

Según UBS Group AG, las limitadas aprobaciones de nuevos proyectos en los principales países productores, combinadas con interrupciones y reducciones, han dado lugar a niveles muy bajos de crecimiento de la producción en 2025 con el mayor déficit global en los últimos 20 años, previéndose, además, un crecimiento limitado en 2026. Inclusive S&P Global proyecta que la demanda mundial de cobre crecerá un 50% hasta 2040 por haberse consolidado como uno de los metales más estratégicos del siglo XXI, cuya disponibilidad condicionará el crecimiento económico y tecnológico de las próximas décadas. En noviembre 2025 EEUU ha añadido al cobre en la lista de minerales críticos que considera vitales para su economía y seguridad nacional.   

 

Nuestra producción nacional de cobre en 2024 fue de 2.7 millones de TM, para 2025, aún sin datos oficiales, pero hasta octubre fue de 2.3 millones de TM, que representa 30% del valor total de las exportaciones, lograda principalmente por aumento de producción de Las Bambas con 348,500 TM (37.2%), sin embargo, nuestros proyectos de exploración avanzan muy lentos, de 48 pendientes, la mayoría de ellos no inician el proceso o están en etapa inicial de gestión ambiental, la normativa y tramitología puede alargar su inicio por 7 años o más. En cuanto a inversión cuprífera, según la cartera 2025 de Minem, existen 36 proyectos que suman una inversión de US$ 45,749 millones, la mayoría sin fecha de inicio definida y en etapas de avance conceptual y de prefactibilidad, solo 7 considerados en ampliación, integración, reposición y optimización con etapa de avance factible y con fechas de término de entre 2027 y 2053. Por reducidos proyectos de exploración y menor producción, desde 2023 perdimos el puesto de segundo productor mundial de cobre, cediéndoselo a la República del Congo.

 

Bajo este panorama, tenemos enorme potencial en el cobre, sin embargo nuestro crecimiento productivo es bajo. Su vertiginoso aumento de precio y creciente demanda debe ser aprovechado por nuestro país, para ello, es necesario incrementar las exploraciones, fomentar y ampliar las inversiones privadas mineras, para así mejorar nuestra producción; las enormes cantidades de proyectos presentados en cartera por el Minem, son eso, “proyectos”, lo importante es hacerlos viables y concretarlos para que generen recursos. Es necesario mejorar la estabilidad política e institucional para atraer capitales y  solucionar los desafíos estructurales que tenemos, entre ellos, desarrollo sostenible de los proyectos, mejorar los asuntos técnicos, sociales con las comunidades campesinas, ambientales, regulatorios, logísticos, procedimientos administrativos, de inseguridad e informalidad, además, los problemas de capacidad productiva regional (envejecimiento de yacimientos y menor ley del mineral), y lo más importante, enfrentar la minería ilegal del cobre principalmente en el sur del país, que según el IPE puede procesar hasta 20,000 TM diarias.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. fecha 17 de enero de 2016

 

LA CARA MÁS DESTRUCTIVA DE LA MINERÍA ILEGAL

Es realmente incalculable el daño y destrucción que ocasiona la minería ilegal fluvial en nuestra Amazonía por extracción de oro aluvial, arrasa y contamina los ríos envenenando la cadena alimentaria, afectando la fauna acuática, el medio ambiente y la salud de pobladores de 70 comunidades indígenas. La ley 30057 prohíbe la minería ilegal por tratarse de un grave problema, especialmente en la Amazonía; el Decreto Legislativo 1100 prohíbe en todos los cursos de agua como ríos y lagunas, el uso de maquinarias, dragas, balsas o tracas, además, la ley 29338 de recursos hídricos dispone que el acceso al agua (ríos y afluentes desde su origen natural), es prioritario sobre cualquier uso para la persona humana y deben ser administrados en armonía con el bien común y la protección ambiental, sin embargo, dicha normativa no se cumple en absoluto.  

 

Los mineros ilegales, con dragas y bombas succionadoras, extraen sedimentos que tratan con mercurio quemando la mezcla para separar las partículas de oro, siendo arrojado al río como metilmercurio (MeHg), elemento altamente tóxico (según datos del Minam, por cada kilogramo de oro extraído usan 2.8 kilogramos de mercurio) afectando los peces que son consumidos por pobladores que dependen de este recurso alimenticio, además, los altos niveles de sedimentos que provocan las bombas de succión alteran los cursos de los ríos y enturbian y perjudican la calidad del agua utilizada para su subsistencia. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la toxicidad producida por el metilmercurio deteriora el desarrollo cognitivo ocasionando alteraciones neuromusculares y neurológicas, especialmente en los niños. Según informe de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), entre los ríos más afectados están: Madre de Dios, Inambari, Malinowski, Pariamanu (región Madre de Dios), Pachitea, Yuyapichis (región Ucayali), Marañón, Cenepa, Napo, Nanay, Santiago, Mazán (región Loreto). 

 

Bajo este panorama, aunque la Marina de Guerra, a través de las Capitanías de Puerto, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, hace denodados esfuerzos realizando continuos operativos contra la minería ilegal en distintos ríos de nuestra Amazonía, sin embargo, no es suficiente, le corresponde al gobierno implementar una estrategia integral que incluya la trazabilidad del camino del oro, incrementar recursos y personal con sistemas de alarmas tempranas y tecnologías de monitoreo para mejorar y agilizar el control y fiscalización de los ríos afectados, eliminar concesiones mineras que se superpongan con los ríos, además, brindar apoyo técnico y recursos a las comunidades indígenas para que participen, en sus territorios, en la lucha contra la minería ilegal, mantener estricto control sobre la cadena de suministros y venta de mercurio y gasolina a los mineros ilegales, e imponer sanciones penales muy severas por contaminación de ríos u otros cuerpos de agua.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de agosto de 2025

  

COMO SE HA VENIDO ENCUBRIENDO E INCENTIVANDO LA MINERÍA INFORMAL E ILEGAL DESDE HACE 23 AÑOS

 

El pasado 29 de junio, mediante DS-012-2025-EM, el gobierno oficializó nuevamente la ampliación del plazo, hasta el 31 de diciembre, del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), para que (teóricamente) los mineros informales puedan culminar sus trámites, sin embargo, dichas ampliaciones desde su creación hace 9 años (2016), han venido encubriendo la minería informal para evitar responsabilidades penales y convirtiéndose en refugio e incentivo para la minería ilegal.

 

Desde hace 23 años (2002), en que se acentuó la minería ilegal por aumento de precios del oro, se inició el proceso de formalización minera artesanal y pequeña minería para regular las actividades artesanales informales promulgándose muchas leyes, decretos supremos, legislativos y de urgencia, promoviendo planes y estrategias, inclusive en 2015 se creó una categoría presupuestal gastándose, hasta julio 2024, más de S/ 130 millones. Todas estas acciones no lograron ningún avance, por el contrario, incentivaron la minería ilegal que creció inconteniblemente de la mano de grupos armados y crimen organizado, sin ningún control ni fiscalización.

 

El REINFO fue creado con carácter excepcional y temporal únicamente por 3 años, período desvirtuado al ser prorrogado 9 años, a pesar de presentar enormes limitaciones estructurales. Tiene registrados 87,000 mineros, pero 69,000 están suspendidos y no tienen ninguna intención de formalizarse (hasta julio 2024, solo se formalizaron 2,090 mineros, el 2.4%) porque al estar inscritos podían continuar operando ocupando áreas concesionadas a terceras personas o concesiones de exploración formal, destruyendo totalmente los ecosistemas. Aunque no existen cifras oficiales sobre la cantidad de mineros informales e ilegales, según estimaciones, podrían llegar a 500,000, principalmente en 12 regiones del país y amenazando 23 Áreas Naturales Protegidas.

 

Bajo este panorama, por incapacidad del Estado, no existe un sistema de medición y monitoreo integral para planificar y controlar la minería informal e ilegal, y, habiéndose mantenido el REINFO encubriendo esta ilegal actividad, ha crecido exponencialmente generando más dinero ilícito que el narcotráfico (V&C Analistas), siendo responsable del 40% de dinero que mueve la criminalidad en el país (IPE), así, éstos oscuros recursos pueden financiar o penetrar al ámbito político e intervenir en la campaña electoral captando espacios políticos en las elecciones 2026. No es casualidad que durante 2024, en el Congreso, se presentaron 44 proyectos de ley sobre minería, muchos favoreciendo la minería informal e ilegal, también el MEM y muchos congresistas se reúne con mineros informales para discutir la formalización, sin embargo, para reemplazar al REINFO, en diciembre 2025, la Comisión del Congreso no tiene, ni por asomo, el marco legal ni versión preparada para el debate de la Ley de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), mientras tanto, por esta situación, ya empezaron los bloqueos de mineros artesanales informales en el sur y norte del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de julio de 2025

 

 

PREOCUPANTE SITUACIÓN DE NUESTRA MINERÍA DE COBRE

El cobre es el tercer metal más utilizado del mundo y será clave para la transición energética e inteligencia artificial. En el Perú contamos con 100 millones de toneladas métricas finas (TMF) de reservas, representa un 49% del valor de las exportaciones mineras, y es fuente crucial de ingreso, clave para el desarrollo económico e influye en el incremento de infraestructura, servicios básicos, empleos, ingresos y disminución de la pobreza.

 

Sin embargo, desde 2023 hemos perdido nuestro puesto como segundo productor mundial, asumiéndolo la República Democrática del Congo. Según el registro de Mineral Commodity Summaries 2025 del US Geological Survey de EEUU, en 2023 produjimos 2.76 millones TMF mientras El Congo 3.30, y en 2024, produjimos menos, 2.60 millones TMF y El Congo mantuvo 3.30, una ventaja de 700,000 TMF muy difícil de recuperar por nuestra grave inestabilidad política, crisis institucional y la incursión de una creciente e incontrolable minería ilegal de este mineral que tenemos limitaciones para enfrentarla por estar amalgamada con el crimen, inseguridad ciudadana, bloqueos y conflictos sociales, situación agravada porque desde julio 2021 han pasado increíblemente 15 ministros del Interior, y, no es posible llevar una política coherente en el tiempo para enfrentar esta significativa amenaza.

 

Tampoco podemos incrementar nuestra producción de cobre, porque desde julio 2021 pasaron 9 ministros de Energía y Minas, y ninguno proyectó la construcción de nuevas minas, solo realizaron expansiones de algunas en operación y no solucionaron los problemas de simplificación de tramitología, resolución de conflictos, solución de temas sociales, consultas previas, etc., además del nefasto Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que desde hace 8 años facilita el blanqueo de esta ilícita actividad. Aun así, según el ministro Montero, a partir de mediados de 2026 alcanzaremos una producción de 3 millones TMF, cantidad realmente inalcanzable porque solo tenemos proyectos en etapas iniciales de desarrollo, baja actividad exploratoria y Tía María paralizada hace 16 años sin licencia social.

 

Bajo este panorama, para evitar que nuestra producción de cobre siga decreciendo, afectando nuestra participación en el mercado mundial y desaprovechando su ciclo favorable de precios, debemos mejorar la estabilidad política e institucional para atraer capitales, fomentar y ampliar las inversiones mineras privadas, optimizar los procesos administrativos, evitar las sobrerregulaciones, realizar más exploraciones en regiones claves como Áncash, Apurímac y Cajamarca para agilizar nuevos proyectos mineros en el corto y mediano plazo, y lo más importante, enfrentar la minería ilegal del cobre principalmente en el sur del país, que según el IPE puede procesar hasta 20,000 TMF diarias. Es muy preocupante que el propio ministro Montero, a principios de mes, durante una conferencia a la prensa extranjera, haya reconocido el avance, a gran escala, en la producción informal de cobre.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de junio de 2025

  

CORREDOR MINERO DEL SUR: CONFLICTOS, PROTESTAS, PARALIZACIONES Y BLOQUEOS

 

El conflicto social se está intensificando peligrosamente en el Corredor Minero del Sur (Apurímac, Cusco, Arequipa), con 482 kilómetros de extensión permite el ingreso a las minas de cobre Las Bambas en Apurímac, y Antapaccay y Constancia en Cusco. Desde el 13 de marzo se encuentran en paro indefinido, en oposición a Las Bambas, comuneros de Huancuire y Pumamarca, alegando invasiones y contaminación de sus tierras, igualmente, desde el 25 de abril, comuneros de Ccapacmarca, en Chumbivilcas (Cusco) mantienen bloqueado este corredor pidiendo saneamiento legal de sus tierras y pavimentación de dicha vía.

 

Los conflictos continuaron el pasado sábado 17, comuneros de la localidad de Fuerabamba, Apurímac, que desde el 28 de abril mantienen bloqueadas las vías de acceso a Las Bambas, atacaron sus instalaciones e incendiaron dos garitas de ingreso, dejando 38 agentes de seguridad con múltiples contusiones, según los comuneros, tienen una disputa con la minera por un terreno colindante de 40 hectáreas en Tamboccasa. Al día siguiente, domingo 18, en el sector de Molinopampa, en una vía bloqueada por piedras, fue incendiado un camión cisterna que brinda servicios a la empresa.

 

Esta situación afecta particularmente al proyecto minero Las Bambas de la empresa china MMG (4,000 msnm) uno de los emprendimientos cupríferos más grandes de nuestro país, desde 2016 ha realizado inversiones por US$ 11,000 millones en proyectos que sostienen sus operaciones, sin embargo, el recrudecimiento de conflictividad, ataques e interrupción del corredor minero (580 bloqueos entre 2016 y 2023) paralizando decenas de camiones cargados de este mineral hacia el puerto de Matarani en Arequipa, ocasionando descensos de producción de cobre, desde 450,000 toneladas anuales en 2017, hasta 322,000 en 2024, un 7% más que en 2023 impulsada por la explotación del tajo de Chalcobamba, zona, conjuntamente con Sallawi Pumamarca, donde también ha aumentado la minería ilegal. Lo grave es que cada día que Las Bambas deja de exportar, le genera pérdidas de unos US$ 9 millones, y nuestro país deja de  recibir por impuestos US$ 5 millones diarios, y la región Apurímac unos US$ 3 millones. Las operaciones de esta minera representan entre 1% y 2% del PBI nacional, y 79% del PBI de la región Apurímac, que generan desarrollo.

 

Bajo este panorama, somos el segundo país exportador de cobre del mundo, su producción es vital para nuestra generación de ingresos y desarrollo. En esta situación de conflictividad es imprescindible la presencia del Estado para buscar consensos, restablecer el pleno Estado de derecho, evitar el desborde de violencia (manifestación destructiva del conflicto social) y enfrentar el incremento de la minería ilegal, lo cual se está incrementando peligrosamente en las zonas mineras cupríferas de Apurímac y Cusco.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de mayo de 2025

 

MINERÍA ILEGAL SE EXPANDE PELIGROSAMENTE EN LA CUENCA DEL RÍO NANAY

 

La cuenca del río Nanay nace en la llanura amazónica, tiene una extensión de 1,671,484 km2, y el río Nanay, dentro de esta cuenca, es un afluente del río Amazonas que recorre 315 kilómetros del territorio amazónico de Loreto y es el principal abastecedor de agua potable para los 500 mil habitantes de Iquitos y para los pobladores de 40 comunidades a lo largo de la cuenca, que usan las aguas del río y los peces como fuente de alimento; pero además, por desventura, esta cuenca, en su fondo arenoso y enlodadas orillas contiene gran cantidad de oro de 24 quilates, por lo cual, desde los 90 ha atraído “dragueros” operando dragas artesanales y peque dragas, para extracción de oro aluvial, contaminando con mercurio las aguas y removiendo sedimentos que contiene metales pesados y sustancias tóxicas.

En el año 2020, al detectarse 50 dragas en la cuenca, se declaró en estado de emergencia varios distritos por el peligro inminente de contaminación hídrica del río Nanay (DS-150-2020-PCM). La Conservación Amazónica ACCA informó que a julio 2023 detectaron 98 dragas operando en el río Nanay, y el pasado 13 de enero, 41 nuevas dragas en el Alto Nanay, incremento alarmante, y, a pesar de los esfuerzos de vigilancia, control y continuos operativos de intervención e intersección y destrucción de dragas que ejecuta la Marina de Guerra, Policía Nacional y Ministerio público, la fácil construcción de dragas artesanales construidas y camufladas en lugares agrestes, son reemplazadas casi de inmediato, así, la minería ilegal se sigue expandiendo y operando.

 

Pero no solo son las dragas de los mineros ilegales, también hay problemas de concesión minera. Hace 22 años se promulgó la Ordenanza Regional de Loreto 006-2003-GRL-CR, que declara la cuenca del río Nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera y contra alteración de cobertura vegetal, sin embargo, el gobierno, en lugar de no permitir actividades de extracción de oro, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) del Ministerio de Energía y Minas, el 31 de agosto 2023 le otorgó el título de concesión minera de 1,000 hectáreas, en el distrito de Alto Nanay, a una persona natural representante la empresa Raíces Gaddaffy (Resolución-0110-2023-INGEMMET/PE), sin embargo, esta concesión recibió 3 demandas legales, y, el pasado 6 de febrero fue anulada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto. 

Bajo este panorama, se debería declarar de interés nacional la cuenca del río Nanay y no aprobarse concesiones mineras, además, promover, articular, gestionar y desarrollar acciones para protegerla, evitar el incremento de mineros ilegales y de dragas que se expanden peligrosamente contaminando el río y al Área “protegida” de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de marzo de 2025  

 

TRAS 22 AÑOS DE INICIADO PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA, ES MUY GRAVE LA SITUACIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

 

En enero de 2002 se inició el proceso para formalizar y promover la pequeña minería artesanal promulgándose la Ley 27651, pero su desarrollo no tuvo buenos resultados. Nueve años más tarde (marzo 2011) se aprobó el Plan Nacional para Formalización de la Minería Artesanal, pero tampoco nada se logró, en 2012 se abrió un Registro de Declaraciones de Compromiso que luego se le denominaría Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Prosiguieron una serie de postergaciones del Reinfo hasta 2016 implementándose una “Estrategia de Saneamiento” (DS029-2014-PCM) que resultó un fracaso, luego, hubo dos ampliaciones más hasta diciembre 2021, y, finalmente, con Ley 31388, el pleno del Congreso aprobó con 104 votos a favor extender su vigencia por 3 años, hasta el 31 diciembre 2024.

El Reinfo, sin capacidad formalizadora y promotora de la pequeña minería ha fracasado rotundamente, por el contrario, ha servido en gran parte para proteger la minería ilegal, porque, mientras los mineros ilegales se encuentran en este Registro, operan con total impunidad, aliándose muchas veces con el crimen organizado para ocupar concesiones otorgadas a la minería formal, no pudiendo ser intervenidos y estando exentos de responsabilidad penal (DL1102), a pesar que destruyen el medio ambiente, devastan bosques, contaminan tierras y recursos hídricos y cometen graves delitos conexos.

Con la vigencia del Reinfo, la minería ilegal, con un estimado de 300,000 mineros ilegales, ha operado masivamente en La Libertad, Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Arequipa, Huánuco, Apurímac. Cusco, Puno, Piura y en zonas de frontera. La situación es muy grave por corrupción, mafias, además, por los 16 crímenes cometidos y derribo de 15 torres eléctricas en Pataz, La Libertad. La producción de oro ilegal en nuestro país es altísima, según el IPE, el Perú, en 2023, exportó 44% de todo oro ilegal que sale de Sudamérica, alcanzando a exportar 77 toneladas por US$ 4,833 millones, y según el ex director del IIMP, Miguel Cardozo, en 2024 ya se estaría extrayendo US$ 6,000 millones de oro ilegal.

Bajo este panorama, en el Congreso hay cinco proyectos de ley que pretenden extender el Reinfo hasta diciembre 2026 o 2027, uno de ellos pertenece al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y, actualmente, un nuevo predictamen insiste en promover su extensión sin establecer un plazo temporal definido, lo cual sería inconcebible, el Congreso argumenta que el Minem, Rómulo Mucho, no entrega el proyecto que anunció sobre una estrategia de formalización minera para la nueva Ley de Pequeña minería y Minería Artesanal, denominada ley MAPE, que considera cancelar el Reinfo, la cual el gobierno debería presentar con carácter urgente para el correspondiente debate parlamentario.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de noviembre de 2024

MINERÍA INFORMAL E ILEGAL: DEPREDACIÓN, VIOLENCIA, CRIMINALIDAD E IMPUNIDAD

El pasado día 2, en la provincia de Pataz, en La Libertad, encontrándose en estado de emergencia, se produjo cruel ataque en un socavón de la minera Poderosa (primera exportadora de oro del país) asesinando 10 trabajadores con armas de guerra y explosivos. Según autoridades de La Libertad, habría sido ejecutado por “parqueros” (sicarios contratados por mineros ilegales), ese mismo día, además, destruyeron 10 torres de seguridad. Según la empresa, 3 meses antes del atentado, advirtieron, hasta en 20 reuniones, sobre la situación de inseguridad en la zona donde hay 48 plantas ilegales que procesan oro ilegal, sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción, recién se está proponiendo implementar sedes policiales en 5 distritos de La Libertad, incluyendo Pataz con 30 efectivos de Dinoes.

 

Aunque la minera informal, y la abiertamente ilegal, han causado violencia coludidos con bandas delincuenciales, durante este gobierno se incrementaron las más graves, además del reciente en Pataz, también en Arequipa, en Atico, Caravelí, un enfrentamiento entre mineros informales por disputa de terrenos dejó 14 muertos y 12 desaparecidos, y en agosto-2022, en Choco, Castilla, en el campamento de mina Paula, una balacera entre mineros ilegales ocasionó un fallecido y ocho heridos, además, actúan pretendiendo espantar la minería formal con violencia como sucede en Las Bambas, Shahuindo, La Rinconada.

 

Este gobierno comunista tiene grave responsabilidad, en la primera fase, Castillo prorrogó la vigencia del proceso de formalización minera hasta diciembre 2024 (ley 31388, diciembre-2021) con inscripción vigente en el Registro de Formalización (Reinfo), el cual permite total impunidad de mineros informales e ilegales solo con inscribirse, su normativa debería ser urgentemente reformada con cumplimientos estrictos de plazos y solo otorgarse autorizaciones al concluirse el proceso, y justamente, en agosto-2022, Castillo se reunió con cientos de mineros informales ofreciéndoles anular normas y decretos lesivos para que se formalicen. En la segunda fase, Boluarte dijo en enero-2023 que no se puede anteponer la minería por encima de la vida y el agua, y jamás se ha referido a la peligrosidad, criminalidad e impunidad que ronda la minería informal e ilegal, solo hasta que se produjo este vil crimen en Poderosa, increíblemente manifestó que “analiza formalizar la minería ilegal”.

 

Bajo este panorama, se calculan 500,000 mineros ilegales a nivel nacional que amenazan nuestra seguridad, economía, depredan aguas, suelos, bosques y contaminan el medio ambiente, según la SNMPE, la minería ilegal ocasiona pérdidas anuales de S/22,700 millones (2.5% del PBI), crece anualmente a tasa de 11.7% y su valor de producción supera al del narcotráfico, aun así, este gobierno comunista, para combatir este flagelo, ha reducido en 0.49% el presupuesto 2024 respecto al de 2023.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de diciembre de 2023

PROYECTO MINERO TÍA MARÍA: SÍMBOLO DE INCERTIDUMBRE DE NUESTRA PRODUCCIÓN CUPRÍFERA

 

En setiembre 2005 Southern Perú Copper Corporation anunció el hallazgo de un depósito de cobre en Islay, Arequipa, con producción estimada de 90,000 toneladas anuales, denominándosele proyecto Tía María, posteriormente, en 2014, la empresa informó que invertiría US$ 1,300 millones por la explotación de dos yacimientos a tajo abierto, Tía María y La Tapada, el proyecto contaba con opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado.

 

Tía María es un importante proyecto cuprífero, la inversión actual propuesta es de US$ 1,400 millones con capacidad para producir anualmente 120,000 toneladas, es el segundo proyecto más grande en Arequipa después de Pampa de Pongo; durante los 2 años de construcción produciría 4,000 empleos, y, con los fondos por su explotación, potenciaría el desarrollo de Arequipa fortaleciendo el agro, la ganadería local y relanzaría la economía nacional.

 

La consultora global Wood Mackenzie, en noviembre pasado, nos advirtió que desde 2026 Congo desplazaría al Perú como segundo productor mundial por la paralización de grandes proyectos cupríferos como Tía María y 6 proyectos paralizados en Cajamarca (“Cinturón de cobre del norte”); con Quellaveco y Las Bambas llegaríamos a 2024 a un límite de producción de 2.8 millones de toneladas, para luego empezar un descenso. En 2022 Congo casi igualó a Perú con 2.4 millones de toneladas (Chile reportó 5.3).

 

La minería, en especial de cobre, es el motor de nuestra economía, sin embargo, nuestra producción en los próximos años es una incertidumbre por la posición antiminera de este gobierno comunista que comenzó desde la campaña presidencial cuando Boluarte, en el valle de Tambo (mayo 2021) aseguró que “Tía María no pasará”, y, en enero 2023, ya en el gobierno, reiteró que no se puede anteponer la minería por encima de la vida y el agua. Lo increíble es que, según datos oficiales, tenemos reservas cupríferas por 90 millones de toneladas y proyectos por desarrollar con inversiones de hasta US$ 38 millones.

 

Bajo este panorama, a pesar que Boluarte haya aparentado en APEC manifestando que “Perú cree firmemente en la inversión privada y tenemos las puertas abiertas”, las empresas privadas extranjeras no están dispuestas a invertir por el proceder antiminero del gobierno, con demasiada burocracia, sin intención de simplificar permisos ni generar espacios de confianza con comunidades donde existe cobre, además de la incertidumbre política, permanentes protestas sociales azuzadas por agitadores antimineros, rotación de 6 ministros desde 2022 y la falta de convicción para destrabar Tía María, además de 6 proyectos de Cajamarca que Boluarte ni los menciona pero podrían producir anualmente hasta 1.5 millones de toneladas.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de noviembre de 2023

MINERÍA ILEGAL E INFORMAL CRECE IMPARABLE Y OCASIONA DESMEDIDO IMPACTO

 

El pasado 22 de agosto la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) presentó el informe “Minería ilegal en la Amazonía peruana”, señalando que la minería ilegal de oro ha crecido en 32 distritos de la Amazonía en los últimos 3 años (regiones: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), impactando 22 ríos (los más afectados: Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo), empleando minería aluvial, en cuerpos de agua mediante dragas y con maquinaria pesada en zonas no permitidas.

 

El informe estima que el porcentaje de oro ilegal exportado estaría en un rango entre 30% y 70%, y el reporte estadístico, junio 2023, de la superintendencia de Banca y Seguros señala que los montos acumulados sobrepasan los US$ 8,000 millones, superando al narcotráfico y corrupción de funcionarios, asimismo, los Reportes de Operaciones Sospechosas, la señalan como mayor amenaza de riesgo de lavado de activos. El estudio de la Consultora V&C Analistas (efectuado por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), advierte que la minería ilegal e informal está creciendo en los 10 últimos años a tasa de 11.7% anual generando pérdidas por S/ 22,700 millones (2.5% del PBI).

 

En Madre de Dios, la minería ilegal está desbordada, en agosto 2022 expertos del Proyecto Prevenir de USAID presentaron informes explicando que en esta región existen 31,390 mineros informales y 9,323 ilegales (solo 5,000 formales), y en una extensión de 7,300 km2 detectaron 3,500 artefactos ilegales (balsas con motores, bombas de succión, dragas en lecho de ríos, deslizamientos tubulares, volquetes y cargadores frontales) que afectan áreas naturales, zonas de amortiguamiento y comunidades indígenas, y, entre 2021 y 2022, arrasaron 18,421 hectáreas de bosque, extensión, que, si hoy se replantara, demoraría 100 años en recuperarse.

 

Bajo este panorama, a esta ilícita actividad se le vincula con narcotráfico, delincuencia organizada, trabajo infantil y forzoso, trata de personas, extorsión, sicariato, homicidio, robos de tierras, además, afecta severamente los bosques y agudiza el cambio climático, emplea mercurio para extraer el oro, veneno silencioso que deteriora aguas, suelos, medio ambiente y la salud humana. A pesar de esta grave situación el viceministro de minas, Jaime Chávez, considera difícil que cambie en el corto plazo porque su causa es la pobreza, ilegalidad y alto precio del oro, increíblemente para él no hay solución ni toma medida alguna. Para combatir la minería ilegal, la primera acción principal sería la activación de la formalización minera promulgada hace 21 años (ley 27651 enero 2002), sin embargo, este gobierno prorrogó su vigencia hasta diciembre 2024 (ley 31388 diciembre 2021).

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 30 de setiembre de 2023

 

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL LITIO DESCUBIERTO HACE CINCO AÑOS EN PUNO?

 

En setiembre de 2017 la empresa peruana Macusani Yellowcake (subsidiaria de la canadiense Plateau Energy) anunció el descubrimiento de 2.5 millones de toneladas de litio en el Yacimiento Falchani (región Puno a 4,500 msnm), y en agosto 2018, según un informe de la consultora The Mineral Corporation, aumentó la cantidad a 4.7 millones de toneladas indicando que se requería una inversión de US$ 800 millones para comenzar a producir a partir del 2021, sin embargo, ya estamos en mayo 2023 y recién el pasado día 11, muy retrasados, han sido aprobados los permisos de perforación para realizar la declaración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que debe presentar la empresa para certificar los asuntos ambientales e inventario del agua y otros aspectos de energía nuclear.

 

Además existen todavía muchas complicaciones para el inicio de las perforaciones, entre ellas, se requiere mantener reuniones con autoridades involucradas y comunidades de la región Puno, algunas comunidades indígenas originarias rechazan su privatización (Mallkus, Jilaqatas, Mama Tallas), otro problema es que aún no se tiene el marco legal para la exploración ni explotación de litio, el cual está supeditado a la elaboración del reglamento que establezca los temas de competencia y debe ser definido por 6 ministerios, lo cual se viene anunciando desde agosto 2018 sin avances importantes, y por último, el litio de Falchani en Macusani se encuentra en roca, diferente a los salares de Bolivia, Argentina y Chile. por lo que el costo de extracción sería más elevado.

 

El litio es un importante mineral para la acción climática y transición de energía limpia, sus propiedades en conducción de calor y electricidad lo privilegian para la masificación de vehículos eléctricos y fabricación de baterías de iones-litio (Li-Ion), tecnología en celulares, notebooks, artículos electrónicos portátiles, como insumo en generación de aire acondicionado en submarinos y aviones, fabricación de vidrios y cerámicas resistentes al calor y hasta como uso farmacéutico para combatir el trastorno bipolar y depresión.

 

Bajo este panorama, ¿Cuál será el futuro de nuestro litio? La ley 31283 (julio 2021) declara de necesidad pública, interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados, pero no se ha avanzado lo suficiente. Para que el proceso no se siga dilatando, el gobierno debería agilizar las reglamentaciones y la empresa Macusani el EIA que por la dificultad para su aprobación podría retrasarse hasta 2026 o 2027 junto con la construcción de una planta para iniciar operaciones y que nuestro país ingrese a la industria del litio, pudiéndose planificar además la construcción de una refinería de litio, fábrica de baterías y hasta la fabricación de autos eléctricos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de mayo de 2023

 

COMUNISTAS Y VIOLENTISTAS SIGUEN SOCAVANDO NUESTRA MINERÍA

 

El corredor minero del sur, de 400 kilómetros, es una importante vía de transporte para las minas por la que se traslada el mineral hasta el puerto de Ilo, atraviesa las regiones de Arequipa. Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno, siendo clave para minas importantes a nivel mundial como Las Bambas (Apurímac, Cotabambas), Antapaccay (Cusco, Espinar), Hudbay (Cusco, Chumbivilcas).

 

Desde que el delincuente comunista Castillo llegó al poder, comenzaron las acciones antimineras, el caos y violencia, recordemos que en noviembre 2021 la ex premier Mirtha Vásquez firmó en Ayacucho un acta para el cierre inmediato de cuatro minas, pero fue desde el pasado 7 de diciembre, cuando apresaron a Castillo, en que arreció el caos, violencia, ataques, saqueos e incendios en el corredor minero generados por comunistas extremistas antimineros y violentistas radicales. A pesar que las minas aportan elevados presupuestos a los distritos, provincias y regiones que lo conforman, la vía del corredor ha sido permanentemente paralizada en diferentes sectores, afectando 2.6 millones de personas (52%). Las Bambas representa el 78% del PBI de Apurímac y actualmente no puede transportar material por bloqueos en Chumbivilcas, y en enero pasado la minera Antapaccay fue atacada, saqueada, y su campamento incendiado.

 

Los actos vandálicos en las minas ocasionarán dramáticos resultados en 2023: 1) Inversión minera, el sector dejaría de invertir US$ 2,000, según el BCR podría caer hasta –16%; 2) Exploración, es casi inexistente así como también la expansión de las actuales minas; 3) Producción, grave riesgo de dejar de producirse 30% de cobre, habiéndose perdido US$ 960 millones: 4) Exportaciones, en 2022 cayeron 5% respecto a 2021 (de US$ 39,680 millones a US$ 37,711 millones), especialmente el cobre que se redujo en US$ 1,100 millones, y en 2023 continuarían cayendo; 5) Trabajadores mineros, según la SNMPE por paralizaciones y ataques a mineras están siendo afectados más de 30,000 trabajadores.

 

Bajo este panorama, el gobierno de Perú Libre es antiminero. A pesar que la minería es nuestra principal fuente de divisas pues aporta 12% del PBI nacional, el gobierno (en sus dos fases) no ha solucionado la violencia radical y el caos que persiste contra las minas en el corredor minero y en el resto del país impidiendo su normal funcionamiento, sin embargo, la minería ilegal, no la fiscalizan ni erradican. La presidenta Boluarte tiene la responsabilidad de hacer prevalecer el Estado de derecho, el principio de autoridad y las leyes, y enfrentar el caos y escalada violentista extrema en el sector minero y en la zona sur del país ejerciendo adecuadamente el poder y adoptando las medidas necesarias, con decisión, carácter, firmeza y autoridad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. Fecha 4 de marzo de 2023

 

GOBIERNO COMUNISTA AMENAZA MINERÍA FORMAL PERO INCENTIVA MINERÍA ILEGAL

 

El actual gobierno comunista es antiminero, y con sus acciones pretende destruir la industria minera formal, atacándola y amenazándola, a pesar de ser nuestra principal fuente de divisas, recordemos como, en noviembre pasado, la premier Mirtha Vásquez, como parte de su estrategia antiminera, firmó en Ayacucho un acta para el cierre inmediato de cuatro minas (Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa), seguidamente, diferentes conflictos sociales provocados paralizaron tres importantes proyectos mineros, Las Bambas (reabierto con limitaciones), Ares y Cerro lindo, e increíblemente, el propio ministro de Energía y Minas, Gonzales Toro, refiriéndose a la inacción del gobierno para evitar un incendio provocado por agitadores comunistas en Las Bambas, se quitó la careta atreviéndose a decir “No es impunidad, pero a veces hay que permitirlo”, sin embargo, cuando se trata de minería ilegal, no toman medidas para fiscalizarla y erradicarla.

 

El 31 de diciembre pasado el gobierno promulgó la ley 31388 prorrogando, por cuarta vez, la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2024 (previamente fue aprobado en el Congreso el 16 de diciembre), en este proceso existieron tácitos acuerdos entre el Ejecutivo, Legislativo y dirigentes de mineros ilegales para seguir postergando el plazo de formalización y que continúe la impunidad para quienes operan extrayendo oro en lugares prohibidos, principalmente a orillas de ríos, lagunas y cabeceras de cuencas empleando equipos y maquinaria pesada no compatible en la pequeña minería o minería artesanal.

 

Desde hace 20 años el proceso de formalización minera ha fracasado, en el Registro de Formalización Minera (Reinfo), hasta enero 2020, se habían inscrito 54,192 mineros informales y según Gonzales Toro, durante este año promete formalizar 11,000, lo que representa un ínfimo porcentaje considerando que según Hernando de Soto en el país hay más de 500,000 mineros ilegales. A pesar de las continuas interdicciones, la minería ilegal sigue operando en forma ilícita y delincuencial en la mitad de regiones del país (Madre de Dios, Puno, Ancash, Cusco, Apurímac. Arequipa, La Libertad, Piura, Ica, Tumbes y Lima), también amenaza zonas de amortiguamiento de 14 áreas naturales protegidas.

 

Bajo este panorama, el haber prorrogado el proceso de formalización ocasionará que la minería ilegal se incremente y opere usando insumos químicos, explosivos, maquinaria prohibida para continuar infamemente extrayendo oro ilegal con total impunidad, con esta prórroga, los mineros ilegales, por más daños irreparables que hagan contaminando a pobladores y medio ambiente, no podrán ser denunciados por el Ministerio Público hasta 2024, seguirán evadiendo impuestos, generando graves delitos, contaminando con cianuro y mercurio nuestros recursos hídricos y suelos y depredando los bosques amazónicos y su biodiversidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de enero de 2022

 

AMAZONÍA: MINERÍA ILEGAL AURÍFERA INCONTROLABLE

Lamentablemente la grave crisis sanitaria y económica que afecta nuestro país, además de la campaña electoral en curso previa a las elecciones del 11 de abril, no nos permite a los peruanos prestar atención sobre otros problemas que generan graves daños a nuestra Amazonía como el de la minería ilegal de oro que se incrementa de manera incontrolable y que está contaminando con cianuro y mercurio los recursos hídricos y suelos y depreda sus bosques y biodiversidad, pareciera que nos estamos acostumbrando, sin llamarnos la atención, a las continuas noticias sobre operaciones de interdicción en los ríos amazónicos.

Hace 9 años se registró gran aumento de mineros ilegales en nuestra Amazonía, obligando a promulgar  el DL 1100 febrero 2012 declarando las acciones de interdicción de necesidad pública y ejecución prioritaria, así, desde 2013 se efectuaron cientos de éstas, y en enero 2019, a través de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se realizó el operativo “Mercurio” en La Pampa desalojándose 6,000 mineros ilegales, pero muchos de ellos se han trasladado a otras zonas cercanas a continuar con esta ilícita actividad. 

Solo entre enero y marzo 2021 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) en acción conjunta con la Marina de Guerra y Policía Nacional han ejecutado operativos en la Cuenca del río Nanay (11 de enero), en el sector Apaylon, en la cuenca del río Malinowski (14 de enero) y en el río Madre de Dios (11 y 12 de marzo) donde destruyeron motores, bombas de succión, caballetes, tolvas, balsas traca y hasta campamentos y grifos, pero posteriormente los mineros ilegales persisten en su ilegal actividad con nuevos equipos. 

Bajo este panorama, el actual ni los últimos gobiernos han mostrado voluntad política para luchar contra la minería ilegal en la Amazonía a pesar que existen estimaciones que esta ilegal actividad mueve US$ 2,900 millones al año y en los 30 últimos años ha depredado alrededor de 96,000 hectáreas de selva tropical. La estrategia no puede ser solo represiva, es urgente reactivar la formalización minera, increíblemente estancada hace 19 años desde que se promulgó la ley de formalización y promoción minera artesanal (Ley 27651, enero 2002), y un Plan Nacional aprobado hace 9 años (DS-013-2011-EM, mayo 2011) sin resultados positivos que mostrar, además, debe incrementarse la investigación y control del oro ilegal que es exportado vía Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, así como a las cadenas de compras y blanqueo en los mercados internacionales. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de abril de 2021

 

AUMENTA MINERÍA ILEGAL EN RÍO MALINOWSKI, MADRE DE DIOS

El pasado día 14 personal de la Marina de Guerra del Perú, perteneciente a la Capitanía de Puerto Maldonado, realizó un operativo contra la minería ilegal en el río Malinowski, en el sector Apaylón, en Tambopata, Madre de Dios, con la participación de la Fiscalía especializada en Materia Ambiental (Fema) la misma que cumpliendo las regulaciones del DL-1100 dispuso la interdicción del material que utilizan los mineros ilegales para la explotación ilícita de oro, lográndose destruir tres campamentos, una balsa traca y una traca mecánica.

 

Este es uno de los cientos de operaciones que realiza la Marina en el lecho del río Malinowski y de otros ríos de la Amazonía que mineros ilegales previamente deforestan las zonas adyacentes para extraer oro en sus lechos. Unidades de la Marina realizan labores de inteligencia y seguimiento, así como operaciones de vigilancia y seguridad fluvial para salvaguardar la vida humana, proteger el medio ambiente y los recursos naturales en el ámbito de su jurisdicción. Según información del Ministerio del Ambiente, durante los últimos 5 años se han ejecutado 277 interdicciones solo a lo largo del río Malinowski, destruyéndose 79 campamentos ilegales, 1,100 motores, 1,060 balsas carrancheras, 120 grupos electrógenos, 100 tracas, caballetes, tolvas y otras maquinarias y equipos.

 

En enero 2019 se realizó la “Operación Mercurio” para erradicar la minería ilegal y otros delitos conexos en La Pampa lográndose casi desaparecerla, pero los mineros ilegales se reubicaron en los lechos de los ríos de localidades cercanas como el río Malinowski que se encuentra en la microcuenca Malinowski, tiene una longitud de 120 km hasta su llegada, como principal afluente, al río Tambopata y presenta gran pérdida de bosques. En octubre 2020 los mineros ilegales ingresaron a la Isla Córdova a orillas del río Malinowski y también al sector Apaylon en pleno río, áreas que se encuentran dentro de Tambopata, una reserva emblemática de conservación en el país con el más alto índice de biodiversidad.

 

Bajo este panorama, el río Malinowski, cuyo cauce natural fue alterado en cuatro kilómetros por la actividad minera ilegal, es la única barrera entre la reserva de Tambopata y la zona donde aún operan mineros ilegales, por lo que es necesario incrementar la seguridad en dicha área en una franja en ambos lados del río Malinowski, además, implementarse más puestos de control, monitoreos permanentes, alarma temprana e incremento con continuidad de los operativos de interdicción en la zona articulando acciones y estrategias.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de enero de 2021

 

MINERÍA ILEGAL DE ORO EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

 

La emergencia sanitaria, el colapso de nuestra economía por detenerla, y ahora, con tres presidentes de la República en un solo período 2016-2021 que acrecienta nuestra precariedad y fragilidad instituciona e inestabilidad política, no nos permite enfrentar adecuadamente muchos problemas sectoriales que afectan gravemente a nuestro país. Uno de ellos es la minería ilegal y la vulnerabilidad que se mantiene en la frontera con Ecuador, hace muchos años que esta ilícita actividad amenaza esta zona en el distrito de El Cenepa, región de gran biodiversidad, además se viene incrementando peligrosamente en las riberas del río Cenepa en las comunidades Kayamas, Huampami y Mamayaque.

 

La extracción de oro ilegal en la Cordillera del Cóndor no es una actividad reciente, desde hace años, las principales organizaciones comunales de la zona, Awajun y Wampis, vienen revelando la presencia de mineros ilegales ecuatorianos en la Cuenca del Cenepa, territorio histórico que fue escenario de un conflicto bélico en 1995, y que durante mucho tiempo ha sido invadida y depredada por el oro que allí existe, lo hacen a través de túneles de hasta dos kilómetros que llegan desde La Herradura (localidad ecuatoriana más cercana a la línea fronteriza) hasta Perú, por donde transportan en sacos minerales extraídos de socavones peruanos los cuales contienen oro entremezclado que es procesado y vendido en el mercado ecuatoriano.

 

El pasado día 9, Mongabay, organización que trata temas sobre áreas naturales y ambientales, presentó un informe sobre la vulnerabilidad que aún existe en la Cordillera del Cóndor debido a la presencia de mineros ilegales ecuatorianos, denominados “cuñeros”, quienes continúan ingresando a suelo peruano a pesar que en marzo de este año las FF AA y PNP dinamitaron socavones de 200 metros de profundidad al lado de la carretera que llega a nuestro puesto de vigilancia Tambo, también en octubre 2019 dinamitaron otros socavones en el distrito de El Cenepa en inmediaciones de la línea fronteriza, sin embargo, aprovechando la emergencia sanitaria dichos mineros ilegales, los han reabierto.

 

Bajo este panorama, por tratarse de una zona estratégica de frontera nacional es urgente enfrentar esta situación antes de que adquiera cursos incontrolables. Se debería incrementar, en cantidad y permanencia, el control de los puestos de vigilancia fronterizos, los patrullajes en la línea de frontera, las interdicciones en vías de acceso y los bloqueos de socavones, con la finalidad de evitar que los mineros ilegales ecuatorianos continúen ingresando ilegalmente a nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de noviembre de 2020