El
pasado 29 de junio, mediante DS-012-2025-EM, el gobierno oficializó nuevamente
la ampliación del plazo, hasta el 31 de diciembre, del Registro Integral de
Formalización Minera (REINFO), para que (teóricamente) los mineros informales
puedan culminar sus trámites, sin embargo, dichas ampliaciones desde su
creación hace 9 años (2016), han venido encubriendo la minería informal para
evitar responsabilidades penales y convirtiéndose en refugio e incentivo para
la minería ilegal.
Desde hace 23 años
(2002), en que se acentuó la minería ilegal por aumento de precios del oro, se
inició el proceso de formalización minera artesanal y pequeña minería para
regular las actividades artesanales informales promulgándose muchas leyes,
decretos supremos, legislativos y de urgencia, promoviendo planes y
estrategias, inclusive en 2015 se creó una categoría presupuestal gastándose,
hasta julio 2024, más de S/ 130 millones. Todas estas acciones no lograron
ningún avance, por el contrario, incentivaron la minería ilegal que creció
inconteniblemente de la mano de grupos armados y crimen organizado, sin ningún
control ni fiscalización.
El REINFO fue creado
con carácter excepcional y temporal únicamente por 3 años, período desvirtuado
al ser prorrogado 9 años, a pesar de presentar enormes limitaciones
estructurales. Tiene registrados 87,000 mineros, pero 69,000 están suspendidos y
no tienen ninguna intención de formalizarse (hasta julio 2024, solo se
formalizaron 2,090 mineros, el 2.4%) porque al estar inscritos podían
continuar operando ocupando áreas concesionadas a terceras personas o
concesiones de exploración formal, destruyendo totalmente los ecosistemas. Aunque
no existen cifras oficiales sobre la cantidad de mineros informales e ilegales,
según estimaciones, podrían llegar a 500,000, principalmente en 12 regiones del
país y amenazando 23 Áreas Naturales Protegidas.
Bajo este panorama, por
incapacidad del Estado, no existe un sistema de medición y monitoreo integral
para planificar y controlar la minería informal e ilegal, y, habiéndose
mantenido el REINFO encubriendo esta ilegal actividad, ha crecido exponencialmente
generando más dinero ilícito que el narcotráfico (V&C Analistas), siendo
responsable del 40% de dinero que mueve la criminalidad en el país (IPE), así,
éstos oscuros recursos pueden financiar o penetrar al ámbito político e
intervenir en la campaña electoral captando espacios políticos en las
elecciones 2026. No es casualidad que durante 2024, en el Congreso, se
presentaron 44 proyectos de ley sobre minería, muchos favoreciendo la minería
informal e ilegal, también el MEM y muchos congresistas se reúne con mineros
informales para discutir la formalización, sin embargo, para reemplazar al
REINFO, en diciembre 2025, la Comisión del Congreso no tiene, ni por asomo, el
marco legal ni versión preparada para el debate de la Ley de la pequeña minería
y minería artesanal (MAPE), mientras tanto, por esta situación, ya empezaron los
bloqueos de mineros artesanales informales en el sur y norte del país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de julio de
2025
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