El JNE, cuya función
principal es administrar la justicia electoral y fiscalizar los procesos
electorales, pudo, de oficio, haber corroborado las inscripciones ilegales de
los partidos involucrados y aplicar el artículo 32.3 de la ley 27444 de
Procedimiento Administrativo General que permite declarar nulos los actos
administrativos basados en documentación falsa. Sin embargo, tibiamente presentó
un proyecto de ley al Congreso planteando modificar el Código Penal, para, por
falsedad documental y suplantación de identidad de los partidos, suspender su
inscripción y otorgarles responsabilidad penal, lo cual no sería posible por
haber culminado el plazo, el 12 de abril pasado, para realizar cualquier
reforma legal o cambio de leyes durante el proceso electoral.
Aunque el JNE haya insistido
que seguirá evaluando estas afiliaciones indebidas mediante una “fiscalización
posterior”, también ha reconocido su inviabilidad: “si no es en este
proceso, que sea para el otro”, creando aún más desconfianza e incredulidad, aumentándola
aún más por su insólita definición sobre las elecciones 2026 como “la tormenta
perfecta”. Una última encuesta de CPI reveló que 48.1% de peruanos no
confía en absoluto en el JNE.
Otro tema que genera enorme
incertidumbre es sobre la inscripción de alianzas o coaliciones electorales,
cuyo plazo límite es el 2 de agosto, y no se aprecian mayores avances para estas
elecciones. Al respecto, considerando que 52% de peruanos se identifica con una
posición política de derecha y centroderecha (Datum 27-4-25) es fundamental que
partidos que la comparten, construyan una alianza sólida que posibilite, al
candidato propuesto, recibir una alta cantidad de votos que le otorgue mayor probabilidad
de triunfo y legitimidad para gobernar.
Bajo este panorama, por
la desconfianza que genera el caso de partidos políticos usando afiliaciones
ilegales y firmas falsas para inscribirse en las elecciones 2026, es inadmisible
que habiendo recurrido al falseamiento, engaño y fraude delictivo continúen
impunemente en carrera electoral, debiendo haber sido suspendidos y
denunciados. El JNE no puede mirar de costado, su deber primordial es proteger
y resguardar la justicia electoral con probidad, firmeza y decisión.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de junio de 2025
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