El Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como función principal
el planeamiento, organización y ejecución de todos los procesos electorales, sin
embargo, en esta elección, principalmente la ONPE, su jefe, Piero Corvetto fue
responsable directo de graves demoras, retrasos e irregularidades en la
instalación de mesas y material electoral, direccionadas solo en la capital y
principalmente en bastiones electorales de Renovación Popular, lo que habría
ocasionado que cientos de miles de votos no se hayan concretado afectándose el
derecho a sufragar y también restándole votos a dicho partido político.
La contratación de la
ONPE a la empresa Servicios Generales Galaga SAC para traslado de material electoral es muy sospechosa porque fue contratada
anteriormente en 4 oportunidades (entre 2020 y 2023), siendo penalizada hasta en 3 oportunidades, en la gestión
de Corvetto por retrasos injustificados. Debe investigarse si es un acto de corrupción o de intención
deliberada para demorar el traslado del material electoral. También llama la atención que el JNE, Burneo Bermejo,
cuya función es fiscalizar los procesos electorales, no haya tomado
conocimiento sobre este antiguo y grave caso irregular que estaba sucediendo en
la ONPE. Increíblemente el procurador y representante del JNE, Ronald Angulo,
ha informado que la segunda vuelta se seguirá llevando a cabo con absoluta
normalidad.
Además, la
implementación por la ONPE del STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio),
para agilizar el procesamiento y difusión de los resultados electorales, ha
demostrado vulnerabilidad e ineficacia en su operación por falta de logística
operativa y dificultades técnicas en errores de acceso y conectividad a
internet, además de equipos y laptops inoperativas, lo cual ha generado mayor retrasó
en las elecciones y desconfianza del sistema por posibilidad de ser usado para
un posible fraude.
Corvetto debería dejar
el cargo y ser reemplazado para la segunda vuelta electoral a realizarse el
próximo 7 de junio. Al igual que en el proceso electoral 2021, en que, a pesar
de su ineptitud fue vergonzosamente ratificado por la anterior Junta Nacional
de Justicia (JNJ) vinculada a sectores de izquierda, su actuación en esta
elección 2026 ha sido nefasta, generando dudas y sospechas, es responsable de
la ejecución de un proceso desordenado, lleno de irregularidades y demoras que han afectado el
proceso electoral y ensombrecido nuestra democracia.
Bajo este panorama, a
Corvetto, quien, sin sonrojarse, niega graves irregularidades, le corresponde prisión
preventiva por alterar el resultado de una elección, según el artículo 359° del Código Penal (Atentados
contra el derecho de sufragio) dispone pena privativa entre 2 y 8 años a quien
altere de cualquier manera el resultado de una elección. Actualmente ha
sido denunciado penalmente por el mismo JNE por delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos
funcionales y obstaculización del desarrollo del acto electoral, conjuntamente con sus gerentes de Organización,
Administración y Gestión Electoral. Igualmente, la JNJ,
por unanimidad de sus 7 magistrados, le
han abierto investigación preliminar (el artículo 182° de la Constitución
establece que la JNJ puede removerlo por falta grave); también tiene otra
denuncia penal formalizada por López Aliaga por omisión de funciones en
flagrancia, y además, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios lo está investigando por presunta comisión del
delito Contra la Administración Pública-Colusión en agravio del Estado.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de abril de 2026
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