El
candidato comunista marxista radical Roberto Sánchez, y su grupo ideológico, han
repetido hasta el cansancio, que de llegar al poder van a imponer una Asamblea
Constituyente a pesar de su inviabilidad constitucional, y peor aún, pretenden llevarlo a referéndum, Sánchez ha declarado que “hay que derogar esa
ley que ha arrebatado el derecho al referéndum”, refiriéndose a la ley 31399 del
30 enero 2022 que protege la Constitución para limitar el referéndum. La
obsesión y prioridad comunista es cambiar la Constitución vigente. Sánchez,
quien se autodenomina “candidato castillista”, ha manifestado textualmente que,
con una nueva Constitución, van a nacionalizar el gas de Camisea y ha reiterado
su propuesta de nacionalización como soberanía sobre nuestros recursos
naturales.
Pero
este estribillo de la Asamblea Constituyente y cambio de Constitución comenzó desde
el periodo preelectoral del golpista Castillo. Cuando juró como presidente, en
julio 2021, lo hizo “por una nueva Constitución Política”, también en julio
2023, cuando Waldemar Cerrón juró como segundo vicepresidente del Congreso, lo
hizo por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, igualmente,
Sánchez lo enfatiza como una de sus principales banderas políticas, su
argumento es que la actual carta magna favorece a las élites económicas, genera
mayor desigualdad y pobreza, por lo cual plantea un nuevo modelo que reconozca
a Perú como un Estado “plurinacional”. La táctica comunista para lograr sus
objetivos es creando narrativas falsas articuladas para amplificar cualquier
inconsistencia o injusticia y relacionarlas como un clamor de protestas de
marginados y vulnerados que deben ser reivindicados.
Sánchez
y el comunismo en general, quieren imponer una Asamblea constituyente para
cambiar la Constitución con el fin de suplantar el capítulo económico
(título III) porque nuestra Constitución es contraria al ideario comunista ya
que regula la economía social de mercado e iniciativa privada y garantiza la
libertad de trabajo y de empresa, comercio e industria, además, el rol económico
del Estado estimula la creación de riqueza, han pasado casi 33 años de vigencia
de nuestra Constitución promoviendo en nuestro país la estabilidad y desarrollo
económico. Además, buscan destruir las libertades de mercado, empresa,
industria, finanzas, libertades individuales y de expresión y eliminar el
impedimento de reelección presidencial inmediata (artículo 112°) para perpetuarse
como dictadura indefinidamente en el poder, siguiendo el ejemplo de Cuba (74
años), Nicaragua (47 años) o Venezuela (26 años).
Bajo
este panorama, el economista Pedro Francke (conocido locuaz izquierdista que ya
fue ministro de Economía del golpista Castillo) ha sido convocado por Juntos
por el Perú como asesor económico para dar ideas sobre el tema económico,
intentando atenuar el grave extremismo y radicalismo de Sánchez, así, Francke trata
de dar tranquilidad al sector privado y dice que no habrán estatizaciones y que
pedirán la ratificación de Julio Velarde en el BCR, y que es viable elevar el
sueldo mínimo a S/1,500, todo lo cual es una falsa táctica que está siendo usada
para mejorar la votación de Sánchez, sin embargo, éste, con ideas contrarias,
aún no ha avalado a Francke. Lo cierto es que, si el comunista Sánchez saliera
elegido, sería imposible que deje su entorno radical (Antauro Humala) y la
influencia de personajes vinculados a organizaciones subversivas. En este caso,
nos esperaría transitar hacia un inexorable y enorme caos y a la peor inestabilidad
social, política y económica que podría ocurrir en nuestro país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de
2026
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