La
Asociación Civil Transparencia, conocida como Transparencia, se autodefine como
una asociación que trabaja por la calidad de la democracia y representación
política plural en el Perú, sin embargo, Álvaro Henzler, mientras era
presidente y vocero de dicha asociación, que ha participado como observadora
electoral en las elecciones 2026, ha mostrado permanente acuerdo o apoyo al
Jurado Nacional de Elecciones, durante y después del proceso electoral, no es
una observadora electoral independiente ni imparcial. Según Giuliana Caccia,
directora de la Asociación Origen, Transparencia ha recibido de Open Society
Foundations de George Soros la cantidad de US$ 100,000 para contribuir al
fortalecimiento y sostenibilidad de la institución.
El
12 de abril, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo,
dispuso que la votación se extienda hasta el día 13, Henzler saludó
efusivamente esa decisión sin prestarle mayor atención a las graves
irregularidades direccionadas por ONPE para torcer las elecciones en Lima. De
manera inexplicable, el día 12 no difundió el conteo rápido de Transparencia e
Ipsos, según él, por problemas logísticos, pero cuando vieron que Datum
presentó el mismo día 12 su conteo rápido ubicando a Keiko Fujimori con 16.8%,
seguida de López Aliaga con 12.9% y Sánchez 5° con 9.4%, se
apuraron el día 13 en presentar su conteo rápido, colocando a Keiko Fujimori
con 17.1% pero con datos muy diferentes que favorecían a Sánchez con 12.4%,
lejos de López Aliaga con 11.3%. Presuntamente Datum difundió los datos
correctos, y Transparencia e Ipsos, habrían incluido resultados ficticios de las
actas serie 900 para poner 2° a Sánchez, información que en ese momento nadie
conocía, lo cual debería ser profundamente investigado.
Esta
grave situación de como Transparencia e Ipsos obtuvieron esos resultados tan
elevados a favor de Sánchez, podría tener una explicación, justamente, el
pasado 5 de mayo, en el programa televisivo Beto a Saber, se denunció que en
diciembre 2025, Henzler, a través de su otra Asociación Civil Lucaris, recibió
S/ 42,500 del JNE por una charla de “motivación y sensibilización para taller
de ejes estratégicos”, acción inconcebible, antidemocrática y dolosa por el
cargo que ostentaba como presidente de Transparencia, agravado por su actuación
como asociación observadora electoral el 12 de abril.
Coincidentemente,
el mismo día de la denuncia contra Henzler, Transparencia publicó un informe de
observación electoral extremadamente parcializado, respaldando la legitimidad
del proceso y también apoyaron el rechazo del JNE sobre pedidos de nulidad y elecciones
complementarias, a pesar que una gran mayoría de peruanos reclamaba anular las
elecciones por haberse cometido un presunto fraude electoral, además, sobre el
sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) manifiesta que
solo dificultó su implementación en varias mesas, cuando realmente tuvo fallas
generalizadas, principalmente en el software, habiendo el JNE dispuesto que
ONPE no lo siga utilizando, lo cual Corvetto incumplió deliberadamente para
seguir alterando la votación del proceso electoral.
Bajo
este panorama, la grave denuncia contra Henzler que lo obligó a renunciar
irrevocablemente el 8 de mayo, por, según él, haber cometido un “error de
criterio”, realmente se trató de un comprometido conflicto de intereses que ha
interferido profundamente con su capacidad de actuar de manera imparcial y
objetiva enturbiando gravemente la observación electoral de Transparencia, generado
serias dudas y desconfianza en la ciudadanía por su apoyo al cuestionado,
irregular e ilegítimo proceso electoral 2026, y seguramente, con consecuencias
nefastas para nuestro país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de mayo de
2026
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