En
setiembre 2025, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
Piero Corvetto, confirmó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso, que en el proceso electoral 2026 utilizará nuevos sistemas
informáticos y tecnológicos para garantizar mayor seguridad y transparencia en
las Elecciones, informó que había rediseñado el sistema de cómputo de votos incorporando
inteligencia artificial para la lectura y procesamiento de actas, así como el
uso del sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) para ayudar
y mejorar la votación en la elaboración de actas y presentación de resultados.
Para la implementación de dichos sistemas solicitó S/451 millones, de los
cuales, para el STAE S/144 millones.
Sobre
el STAE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, está
seriamente comprometido porque un mes antes de las elecciones sabía que presentaba
vulnerabilidades, detallando en un informe de fiscalización que podrían afectar
la integridad, trazabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información
procesada en las mesas de votación, sin embargo, no tomó ninguna acción para corregir
las fallas y permitió su uso en las elecciones. Durante el proceso, junto con
el gravísimo retraso en la apertura de las mesas de sufragio, el STAE presentó
fallas generalizadas, y recién, el JNE dispuso que Corvetto deje de usarlo y
restablezca la operación manual, sin embargo, éste no cumplió y ordenó
deliberadamente que continúe usándose, originándose graves irregularidades que
comprometieron los resultados de la votación.
Después
de producirse este caos electoral, el JNE y la ONPE están ejecutando acciones para
confundir a la población. Por un lado, el pasado día 2, el JNE informó que ha
dispuesto una auditoría informática integral de la primera vuelta, sin dar
detalles de su fecha de inicio, procedimiento, tiempo de duración, y si su
ejecución va a concluir antes de proclamar los resultados. Y la ONPE,
extrañamente el mismo día 2, emite un comunicado sobre la situación generada el
12 de abril, aduciendo que “las críticas y cuestionamientos obedecen al
desconocimiento del funcionamiento del sistema y el descontento generado por
los eventos ocurridos el día de los comicios”, por lo tanto, añade que “la
democracia se sostiene en el respeto a las instituciones y a los resultados
electorales”, pero para confundir aún más a la ciudadanía, 3 días después
realizó una conferencia de prensa, donde el subgerente de Gobierno Digital e
Innovación de ONPE, Fernando Zapata, señaló que desde el 13 noviembre 2025 la
empresa MIT Corporation realizó una auditoría sobre amenazas y vulnerabilidades
en los 3 sistemas de cómputo, y que, ¡oh sorpresa¡ recién ha culminado el 29 de
abril, después de las elecciones del 12 de abril.
Bajo
este panorama, el JNE y la ONPE tratan de hacer creer a la población que el
resultado de la elección fue correcto y debe respetarse, pero jamás podrán
ocultar las graves y groseras acciones e irregularidades dirigidas para
comprometer los resultados de una irregular, dolosa, engañosa y manipulada
votación que ha quebrado la voluntad popular creando una inmensa y creciente
crisis de desconfianza electoral de la ciudadanía. El JNE debería, antes de
proclamar los resultados, disponer una auditoría internacional que verifique
los sistemas informáticos de la ONPE y efectúe un control concurrente integral
de los programas de conteo de votos, incluyendo la situación de votación de la
Serie 900, para garantizar la transparencia de todo el proceso.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de
2026
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