El pésimo manejo y gestión administrativa, económica y financiera de
Petroperú, no logra estándares de gestión y gobierno corporativo requeridos, no
es una empresa austera (burocracia, altos sueldos, activos improductivos), no tiene
liquidez ni cumple sus compromisos financieros, solo presenta riesgos y costos
mal llevados que son cubiertos por el Estado con los impuestos de todos los
peruanos. Su mayor descalabro fue la modernización de la Refinería de Talara,
los precios aumentaron exponencialmente desde 2004 con un estudio de
prefactibilidad para la ampliación de 3 unidades por US$ 315 millones, hasta
2022, al termino, con la astronómica suma de US$ 6,500 millones, y nunca ha
alcanzado el 100% de su capacidad operativa.
Según
ha manifestado Keiko Fujimori, su gobierno se centrará en Petroperú, mypes y
minería. Sobre Petroperú, plantea que se convierta en una asociación
público-privada, donde el Estado mantenga el 51% de las acciones y el 49%
restante sea gestionado por el sector privado. El objetivo es incrementar la
eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera de la empresa, evitando
rescates recurrentes del Estado y reduciendo deudas sin respaldo público,
además, continuará con la gestión de la venta de activos no estratégicos de
la petrolera estatal para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y
redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor
público.
Bajo
este panorama, para la toma de decisiones sobre Petroperú, Fuerza Popular
debería analizar las siguientes consideraciones:
El
valor de esta empresa estatal es negativo, actualmente se encuentra al borde
del abismo, su deuda cuadruplica su patrimonio colocándola en quiebra técnica, financieramente
está endeudada en US$ 8,000 millones.
El
31 de diciembre pasado, con DU-010-2025, se dispuso la reestructuración de
Petroperú con la posible privatización parcial de la Refinería a cargo de ProInversión,
lo cual ha generado amplias protestas de trabajadores y comunidades locales. El
21 de mayo pasado, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo de
la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros para que declare inaplicable dicho
DU, lo cual será visto en audiencia única recién el próximo 5 de octubre.
Petroperú ha tenido 14 presidentes de directorio desde
2021 con cambios de la mayoría de gerencias encargadas, ocasionando absoluta
inestabilidad institucional e impidiendo delinear un adecuado plan a mediano plazo. Para
que Petroperú no siga comprometiendo su capacidad operativa, es prioritario el
nombramiento de un presidente de Directorio idóneo que garantice cabalmente una
profunda reestructuración patrimonial y la protección de activos frente a
riesgos económicos y financieros.
Se
requiere reducir la planilla de 2,800 trabajadores que generan un costo anual
de US$130 millones.
A
pesar que desde setiembre 2024, con DU-013-2024, se dispone que ProInversión se
encargue de la venta de los inmuebles de Petroperú, cuyo plazo venció en
setiembre 2025, no hay planificación específica y no se ha vendido ningún
predio, irresponsablemente, hace 2 días, esta Agencia ha diferido la subasta
pública sin fecha anunciada, además, hay gran resistencia para no venderse el
edificio principal de 22 pisos en San Isidro, tiene un terreno de 22,000 m2 y
su precio total se estima en US$ 100 millones.
Es
urgente que una compañía internacional de prestigio realice una auditoría forense
a la Refinería de Talara y revise las cuentas y decisiones de ingeniería que se
tomaron durante todo el proceso de modernización.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de julio de
2026
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