A
partir del 28 de julio próximo, en que se proyecta como virtual presidente para
el período 2026-2031, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, se iniciará este
período de gobierno adverso y muy complicado, con muchas dificultades por el
retorno del bicameralismo con un parlamento fragmentado de 6 agrupaciones,
algunas de ellas, con diputados y senadores con agendas partidarias,
ideológicas, individuales o con intereses personales, lo cual representa al
próximo gobierno enormes desafíos para garantizar la gobernabilidad de nuestro
país y ejecutar las reformas necesarias, debiendo construir alianzas para
aprobar proyectos de ley, elegir mesas directivas y conformar comisiones.
De
ganar las elecciones Fuerza Popular, a pesar de no tener mayoría parlamentaria
en el próximo Congreso, debería, con las facultades que le otorga la
Constitución al Poder Ejecutivo, reanudar y acelerar la gran cantidad de obras
públicas de infraestructura estancadas, como puentes, carreteras, colegios,
hospitales, etc., así como mejorar las capacidades del Estado para responder
las más urgentes necesidades de la población, especialmente, de la más
vulnerable.
Sin
embargo, en los primeros 100 días, el gobierno tendría que priorizar los
problemas más graves, en primer lugar, la inseguridad ciudadana, delincuencia y
criminalidad que representa la principal preocupación de la población desde
hace años y que continúa incrementándose con quebrantamientos cada vez más
violentos, como homicidios y extorsiones, delitos que, representando la
principal amenaza, muchos quedan impunes. Según estudio de la Universidad de
Piura, el costo de la delincuencia anualmente es de 3.1% del PBI,
equivalente a US$11,800 millones, debido al cierre de pequeños y medianos
comercios, reducción de actividad productiva y pérdidas de fuentes de trabajo.
Una
importante conclusión del sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la
Violencia nos advierte que la inseguridad ciudadana se ha convertido en un
fenómeno estructural que afecta la economía, la salud mental y la vida
cotidiana de millones de peruanos. El transporte es el sector que se ha
convertido en el más vulnerable frente a la extorsión y el sicariato,
principalmente en Lima y Callao, pero también aumenta en Piura, La Libertad e
Ica, solo en los 5 primeros meses de este año, han ocurrido 131 atentados
contra conductores, cobradores y pasajeros.
Del
mismo modo, el nuevo gobierno debe enfrentar urgentemente la corrupción
política e institucional que incrementa cada vez más la inseguridad ciudadana y
afecta la democracia y los servicios públicos, según el Índice de Percepción de
la Corrupción (IPC) 2025 nos ubica en el puesto 130 entre 180 países evaluados,
también influyen gravemente otras actividades delictivas que deben ser
urgentemente contrarrestadas, tales como el crimen organizado que promueve las
economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, comercio
ilegal de tala y pesca) las cuales están dominando las actividades más
rentables en nuestro país.
Bajo
este panorama, de llegar al gobierno Fuerza Popular deberá tomar las acciones
urgentes para accionar, en el menor tiempo posible, lo propuesto en su Plan de
Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana: modernización de
la Policía Nacional; creación de un Comando Unificado Permanente
contra el crimen organizado; implementación de Centros de Comando
interconectados con inteligencia artificial; construcción de mega
penales y creación de un Consejo de Prevención del Delito. Sin embargo, el
nuevo gobierno tendrá necesariamente que implementar dichas acciones
fortaleciendo, de manera simultánea, la gestión interna y la institucionalidad
estatal, fundamentos esenciales para garantizar el orden y el bienestar común.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de
2026
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