El
pasado día 4, el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía acusó a Ollanta
Humala y Nadine Heredia por presuntos delitos ocurridos en el proyecto Gasoducto
Sur Peruano (GSP) en casos de asociación ilícita para delinquir y colusión
agravada, por efectuar diversos acuerdos ilícitos con representantes de
Odebrecht cambiando clausulas para facilitarle, con irregularidades, anomalías
y sobornos obtener la buena pro generando perjuicios de más de S/ 200 millones
al Estado, a Nadine Heredia, se le imputa asociación ilícita al haber liderado
y establecido los planes delictivos conjuntamente con su cónyuge. Para probar
su culpabilidad, la Fiscalía ha presentado 126 testigos y 700 pruebas
documentales.
El
GSP fue concebido para llevar gas natural desde Camisea para el desarrollo de la
Macro Región Sur (Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna), y hubiera
representado la obra de infraestructura más importante construida en el Perú,
por la extensión del ducto de gas (1,134 kilómetros) y su construcción a
ejecutarse mayormente en la selva.
Sin
embargo, se trató de un proyecto colmado de corrupción y sobornos, fue
adjudicado en junio 2014 a un consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña
y Montero por 34 años y una inversión de US$ 7,328 millones para la
construcción y mantenimiento del gasoducto el cual debió concluir en 2019, pero,
durante el gobierno de Kuczynski por incumplimiento del consorcio del cierre
financiero del proyecto, se rescindió el contrato en enero 2017 (RS
04-2017-MEM), pagando el gobierno US$ 262.5 millones por daños y
perjuicios y quedando el proyecto paralizado con tubos, equipos y materiales
valorizados en US$ 1,500 millones y depositados en Pampallaqta (Cusco), y, por su
preservación y custodia, seguimos pagando US$ 46.8 millones anuales.
Bajo este panorama, el 3 de abril pasado, en el Cusco, una comisión del Ejecutivo a cargo del ex Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó la imposibilidad de continuar el GSP por litigios pendientes y altos costos por la expropiación de los ductos instalados, proponiendo el gobierno un nuevo proyecto de corto plazo denominado “gasoducto para Cusco”, se construiría un gasoducto y 20 plantas regasificadoras con una inversión de US$ 1,000 millones, y cuyos estudios estarían listos en 6 meses (octubre 2025).
Sin embargo, mientras el
Estado peruano, por corrupción y malos manejos, sigue perdiendo millones de
dólares desde hace 8 años por la paralización del GSP, la Macrorregión Sur sigue
viendo postergado su desarrollo por limitaciones para la masificación del gas y
por el uso antieconómico de camiones que encarecen enormemente su precio,
principalmente en la región Cusco, que paga el gas más caro del Perú, aún siendo
generadores de la materia prima desde Camisea, en el bajo Urubamba, distrito de
Megantoni.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 14 de
junio de 2025
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