GASODUCTO SUR PERUANO: UN PROYECTO COLMADO DE CORRUPCIÓN

El pasado día 4, el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía acusó a Ollanta Humala y Nadine Heredia por presuntos delitos ocurridos en el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) en casos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, por efectuar diversos acuerdos ilícitos con representantes de Odebrecht cambiando clausulas para facilitarle, con irregularidades, anomalías y sobornos obtener la buena pro generando perjuicios de más de S/ 200 millones al Estado, a Nadine Heredia, se le imputa asociación ilícita al haber liderado y establecido los planes delictivos conjuntamente con su cónyuge. Para probar su culpabilidad, la Fiscalía ha presentado 126 testigos y 700 pruebas documentales.

El GSP fue concebido para llevar gas natural desde Camisea para el desarrollo de la Macro Región Sur (Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna), y hubiera representado la obra de infraestructura más importante construida en el Perú, por la extensión del ducto de gas (1,134 kilómetros) y su construcción a ejecutarse mayormente en la selva.

 

Sin embargo, se trató de un proyecto colmado de corrupción y sobornos, fue adjudicado en junio 2014 a un consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por 34 años y una inversión de US$ 7,328 millones para la construcción y mantenimiento del gasoducto el cual debió concluir en 2019, pero, durante el gobierno de Kuczynski por incumplimiento del consorcio del cierre financiero del proyecto, se rescindió el contrato en enero 2017 (RS 04-2017-MEM), pagando el gobierno US$ 262.5 millones por daños y perjuicios y quedando el proyecto paralizado con tubos, equipos y materiales valorizados en US$ 1,500 millones y depositados en Pampallaqta (Cusco), y, por su preservación y custodia, seguimos pagando US$ 46.8 millones anuales.

 

Bajo este panorama, el 3 de abril pasado, en el Cusco, una comisión del Ejecutivo a cargo del ex Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó la imposibilidad de continuar el GSP por litigios pendientes y altos costos por la expropiación de los ductos instalados, proponiendo el gobierno un nuevo proyecto de corto plazo denominado “gasoducto para Cusco”, se construiría un gasoducto y 20 plantas regasificadoras con una inversión de US$ 1,000 millones, y cuyos estudios estarían listos en 6 meses (octubre 2025). 

Sin embargo, mientras el Estado peruano, por corrupción y malos manejos, sigue perdiendo millones de dólares desde hace 8 años por la paralización del GSP, la Macrorregión Sur sigue viendo postergado su desarrollo por limitaciones para la masificación del gas y por el uso antieconómico de camiones que encarecen enormemente su precio, principalmente en la región Cusco, que paga el gas más caro del Perú, aún siendo generadores de la materia prima desde Camisea, en el bajo Urubamba, distrito de Megantoni.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 14 de junio de 2025

 

NUEVAMENTE EN DEBATE GASODUCTO SUR PERUANO, ADJUDICADO EN 2014 Y PARALIZADO EN 2017

Ni bien ingresado como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, puso en debate el tema del Gasoducto Sur Peruano, actualmente denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas - Zona Sur del Perú (SIT-Gas) advirtiendo que lo “analizará a fondo porque este proyecto es muy complejo”. Sr. ministro, por supuesto que se trata de un problema complejo, pero que Ud. debe resolver mediante una serie de procesos cognitivos y empleando sus conocimientos y habilidades.

 

Este proyecto SIT-Gas, tiene una historia muy oscura y corrupta. En 2008 el gobierno y la empresa Kuntur firmaron un contrato por US$ 1,334 millones, pero en abril 2011 Odebrecht compró las acciones de Kuntur y en 2012 caducó dicho contrato. Increíblemente, en 2014, el gobierno de Humala lo adjudicó al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por US$ 7,328 millones (en 2018, la Contraloría, usando información de la consultora Wood Mackenzie, informó que el costo total de la obra era de US$ 3,800 millones), dicha adjudicación de Humala contemplaba la construcción y mantenimiento del gasoducto de 1,134 kilómetros, durante 34 años, para el desarrollo de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna. En 2015 la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción investigaron irregularidades y anomalías en la mencionada concesión para favorecer a Odebrecht, luego vino el caso Lava Jato, y el 24 enero 2017 por incumplimiento del cierre financiero de esta empresa, el gobierno rescindió el contrato, y, para colmo, Odebrecht, en 2019, solicitó arbitraje ante CIADI para recuperar US$ 2,000 millones, que afirma, gastó entre 2014-2016.

 

Es inaudito que el proyecto esté paralizado 7 años y con una inmensa cantidad de tubos (para cubrir 1,134 kilómetros de distancia) cancelados por el Perú por un monto estimado, según expertos, de US$ 1,200 millones, están a la intemperie en una zona selvática, además, se paga US$ 47 millones anuales a la empresa colombiana Estudios Técnicos por su cuidado, entre 2017-2024 son US$ 329 millones, sumados al costo de los tubos serían US$ 1,529 millones, pagados por todos los peruanos.

 

Bajo este panorama, al gobierno le corresponde decidir sobre la continuidad del proyecto. Una comisión multisectorial creada para tal fin, en octubre 2021, manejaron las siguientes alternativas: obra pública, asociación público privada financiada o cofinanciada, y gobierno a gobierno. Sin embargo, la duda e incertidumbre que demuestra el nuevo ministro Rómulo Mucho, puede influir retrasando la continuación de esta obra de infraestructura clave y crucial para las regiones del sur, para proporcionar energía a industrias, minas, comercios y transporte de manera más eficiente, abaratando costos de producción eléctrica que permitirá mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo económico y creación de empleos en la zona sur de nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de marzo de 2024

  

GASODUCTO SUR PERUANO: OTRO PROYECTO SIGNADO POR LA CORRUPCIÓN Y PARALIZADO HACE 6 AÑOS

 

El megaproyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) fue adjudicado el 30 de junio 2014 (por 34 años y una inversión de US$ 7,328 millones) al consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero para la construcción y mantenimiento del gasoducto de 1,134 kilómetros para el desarrollo de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna (existen 16 trillones de pies cúbicos de reservas probadas); el gobierno de Ollanta Humala pregonaba que generaría 7,000 puestos de trabajo y beneficiaría 600,000 viviendas. Cabe señalar que en 2008 la empresa Kuntur firmó un contrato del GSP por US$ 1,334 millones, pero en abril 2011 Odebrecht compró las acciones de Kuntur y en 2012 caducó dicho contrato. Dos años más tarde, en 2014, fue adjudicado al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por US$ 7,328 millones.

 

En 2015 la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción investigaron irregularidades y anomalías en la concesión para favorecer a Odebrecht, y en noviembre fue arrestado Marcelo Odebrecht por la corrupción del caso Lava Jato complicando los créditos del GSP, mientras la policía de Brasil vinculaba a Ollanta Humala por presuntos cobros de coimas a Odebrecht, su esposa Nadine también fue incluida en las investigaciones, según Barata, realizó gestiones y coordinó reuniones para favorecer a la empresa brasileña. Por incumplimiento del cierre financiero, el 24 enero 2017 se rescindió el contrato con dicho consorcio, desde esa fecha, el GSP está paralizado y con tubos, equipos y materiales en una zona selvática afectados por la oxidación, increíblemente, desde 2017, el gobierno paga a la empresa Estudios Técnicos US$ 46.8 millones anuales por el cuidado del material (a la fecha habría pagado US$ 280.8 millones), en julio 2019 Odebrecht reconoció pago de sobornos para obtener el proyecto, además, el proyecto se encuentra judicializado por el consorcio de Odebrecht ante Ciadi por US$ 2,000 millones, inversión que afirma haber gastado entre 2014-2016, e increíblemente, en 2016, en los recibos de electricidad, los peruanos hemos pagado impuestos para financiar este proyecto.

 

Bajo este panorama, el GSP, que debió concluir en 2019, está paralizado 6 años con 37% de avance, el gobierno actual no tiene voluntad política y el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, ha manifestado que el concurso recién se convocaría el segundo semestre 2023. Si la inversión requerida a precios del 2014 era US$ 7,328 millones, el costo de inversión por rediseño del modelo contractual y estructuración del nuevo “Sistema Integrado de Gas Natural del Sur” (SIT Gas) se actualizaría a precios 2025, y si no es reformulado para que sea factible y viable por no tener asegurada la demanda de gas que transportaría, podría incrementarse a costos inimaginables.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de abril de 2023

 

 

PROINVERSIÓN: MALA GESTIÓN E INCAPACIDAD OPERATIVA

El 31 de mayo pasado el PCM aprobó la reorganización de ProInversión buscando fortalecer su estructura orgánica para el cumplimiento de sus funciones. Esta reorganización que durará un año es realmente extraña ya que en febrero 2017 y abril 2018 los ministros de esa época, de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y de Economía, David Tuesta, declararon que en esta institución ya se había realizado una profunda reorganización.   

Proinversión, entidad del Estado que promueve las inversiones privadas incorporándolas en obras y servicios públicos, está pasando muchas complicaciones, su gestión es poco satisfactoria, no atrae grandes inversionistas, con proyectos mal formulados y adjudicaciones erráticas. En 2017 solo adjudicó 12 proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) por S/.925 millones, en 2018, 8 proyectos por S/.3,087 millones, y en 2019 se redujo a 4 proyectos por S/.414 millones, para el período 2020-junio 2021 tiene una cartera de 23 proyectos con una inversión de S/:18,350 millones (US$5,349 millones), lo cual sería imposible de alcanzar.

Tenemos ejemplos de mala gestión e incapacidad operativa: 1).Hidrovía Amazónica, proyecto lanzado por Proinversión hace 10 años no habiéndose iniciado ningún trabajo físico porque el adjudicado Consorcio Cohidro no puede responder 400 observaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 2).Proyecto Majes-Siguas II, cuya adjudicación la otorgó Proinversión en setiembre 2010 al Consorcio Angosturas-Siguas pero en 10 años transcurridos se encuentra paralizado. 3).Proyecto PTAR Titicaca para tratamiento de aguas residuales Proinversión lo evaluó desde mayo 2014 y a pesar de su importancia y urgencia recién fue adjudicado en abril 2019 al cuestionado Consorcio mexicano Fypasa Construcciones y hasta la fecha no se inician los trabajos.4). Gasoducto del Sur, en junio 2014 Proinversión, descalificando al segundo grupo postor, adjudico la obra valorizada en US$7,000 millones y por 34 años al Consorcio conformado por Odebrecht, Graña  Montero y Enegás, firmando el contrato Ollanta Humala, pero años después, en febrero 2017, se rescindió el mismo por incumplimiento de cierre financiero, en junio 2019 se conoció sobre presuntos pagos ilícitos de Odebrecht para obtener dicha licitación, finalmente en agosto 2018 el consorcio demandó al Perú ante el Ciadi por 490 millones de Euros por habérsele retirado la concesión del proyecto.

Bajo este panorama se requiere que esta reorganización de Proinvesión sea la más adecuada para que esta institución inicie una nueva etapa, con funcionarios responsables, procesos claros y transparentes, mejor planificación previa de proyectos para evitar cambios y postergaciones, así como mejor control y seguimiento de las inversiones.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de junio de 2020

IMPORTACIÓN DE GAS BOLIVIANO: UN DESPROPÓSITO

Tal como fuera un despropósito que el gobierno pretendiera importar quinua de España siendo nuestro país el mayor exportador mundial, otro despropósito es que ahora se pretenda, sobre la base de un acuerdo suscrito el 25 de junio entre los mandatarios de Perú y Bolivia, importar gas natural de Bolivia a través de gasoducto virtual (camiones) para la zona sur, principalmente Puno, a pesar que solo nuestro lote 88 (con reservas para 35 años) podría abastecer toda nuestra demanda, además, el gas boliviano competiría con el nuestro desincentivando su exploración y explotación. Ya nuestras dos plantas de generación eléctrica más grandes (Engie en Ilo y Kallpa en Mollendo) tienen acuerdo con Bolivia para importarlo. Lo contraproducente es que tenemos mayores reservas (Perú 12.9 trillones de pies cúbicos –TCF– y Bolivia 10.7) pero Bolivia produce más (2,000 millones de pies cúbicos diarios) y nuestro país 1,250, por mala gestión y falta de estrategia e inversión.

El acuerdo también pretende interconectar el gasoducto de Bolivia con el gasoducto sur peruano para que nuestra macrorregión sur pueda recibir gas boliviano o gas de Camisea, sin embargo no se ha analizado su financiamiento ni viabilidad, además nuestro gasoducto está paralizado desde 2017. Otro punto señala que excedentes de gas licuado boliviano puedan ser exportados vía marítima desde Ilo, en este caso, el gobierno boliviano ha hecho pública su intención de construir un gasoducto entre La Paz e Ilo pero su concreción es muy difícil y no ha especificado plazos ni financiamiento (según Semana Económica superaría US$ 4,000 millones). 

Bajo este panorama, 62% de peruanos están en contra de importar gas boliviano. El actual acercamiento diplomático público de Bolivia al Perú se debe a que busca exportar su gas al mercado asiático ya que este elemento que representa 30% de sus exportaciones tiene en cercano plazo enormes riesgos políticos y económicos porque sus principales destinos exportables, Brasil (contrato desde 1999, termina este año) y Argentina (desde 2005, termina en 2026) se encuentran cerca de su autosuficiencia gasífera poniendo en jaque el principal activo boliviano. Nuestro país por falta de gestión, proyectos e inversiones no ha alcanzado su autosuficiencia (son nulos los descubrimientos), requerimos incentivar y aumentar inversiones para su exploración y explotación y atraer inversión extranjera y privada, objetivos que deben estar plasmados en la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos actualmente en proceso de predictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de 2019

GLP: FALTA DE GESTIÓN Y PREVISIÓN

Desde Camisea, Cusco, (lotes 88 y 56), se produce y traslada, a través de ductos, gas natural (GN) que debe estar comprimido requiriéndose tubos y tanques pesados de acero, y gas licuado de petróleo (GLP) producido de hidrocarburos líquidos, es el más usado en nuestro país y se distribuye en balones de gas, su demanda presenta tendencia creciente (y también su precio) por incentivos como la exoneración del ISC y subsidios para pobladores de bajos recursos, pero por el contrario, la oferta ha disminuido por baja capacidad de producción.

El GLP llega por un ducto (560 km) hasta Pisco donde se encuentran las instalaciones de fraccionamiento, almacenamiento y embarque, pero su transporte hasta Lima, por falta de un gasoducto, se realiza vía marítima en buques fletados por Pluspetrol que cuando son afectados por oleajes anómalos en la zona se incrementa el riesgo de desabastecimiento para el consumo de Lima y Callao (hubieron graves desabastecimientos en julio 2010 y junio 2015). De los 50,000 barriles diarios (b/d) que procesa la planta de Pisco 50% consume Lima y Callao donde 90% de hogares lo emplean para cocinar.

La construcción de este ducto Pisco-Lima empezó a evaluarse desde hace 9 años (2007), otorgándose en 2008 la concesión de un ducto Pisco-Lurín a la empresa Poliductos del Perú (RS 037-2008-EM) cuya proceso fracasó por desentendimientos entre Pluspetrol y dicha empresa. En noviembre 2010 fue incorporado el proyecto “Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao” a través de un ducto de 250 km desde Pisco hasta Lima (30,000 b/d), pero desde dicha fecha ProInversión ha postergado su adjudicación (con varias versiones de contrato) hasta en 5 oportunidades, la última reprogramación es para el 2° trimestre 2016, lo cual no se avizora.

Bajo este panorama por falta de gestión y previsión desde hace 9 años no ha sido construido el ducto Pisco-Lima, cuyo costo actual casi se ha cuadruplicado (desde US$ 70 millones hasta US$ 260 millones) por lo que continuará el riesgo de desabastecimiento y aumentarán los costos de transporte y congestión del tráfico en el puerto del Callao. Y para colmo, Petroperú acaba de cancelar la construcción de 3 terminales de almacenamiento de GLP en el Callao de 30,000 barriles c/u porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha expropiado los terrenos donde iban a ser construidos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de marzo de 2016

GLP: PROMESAS INVIABLES Y MALA GESTIÓN

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una de las principales fuentes energéticas de la economía nacional, 65% de hogares (unos 6 millones de peruanos) lo utiliza en balones como indispensable para cocinar, afectando por su elevado precio a gran porcentaje de hogares en Lima, Callao y otras ciudades, principalmente en zonas rurales.

Desde fines de abril pasado, interrupciones producidas en Camisea y la ruptura de un tramo del ducto en Anco (Ayacucho) ocasionaron grave desabastecimiento de GLP en Lima, Callao y otras ciudades, por disminución de producción y transporte a la planta de fraccionamiento (Pisco), y porque el traslado Pisco-Callao (vía marítima) estuvo afectado por oleajes anómalos (el transporte terrestre no es apto), por tal motivo se requiere urgentemente un ducto de 250 km entre Pisco y Lurín, cuya construcción, por mala gestión, viene postergándose desde hace 7 años ocasionando fragilidad en el traslado del GLP e incremento del costo de construcción al triple del precio inicial el 2008 (US$ 100 millones) hasta actualmente (US$ 300 millones).

En agosto 2008 se otorgó una concesión (RS 037-2008-EM) no concretándose por problemas de tarifas; en julio 2010 se anunció otra concesión, tampoco prosperó por enfrentamientos entre Petroperú y Pluspetro (productora del GLP). Desde octubre 2012 se viene anunciando nueva concesión, primero dijeron sería en octubre 2013, postergándose a fines de 2014, luego a julio 2015 y ahora aseguran será recién a fin de año y su construcción duraría 3 años.

Conforme a ley, las empresas distribuidoras deberían contar con reservas para 15 días, incumpliéndose esto, se ha debido importar casi 300 mil barriles. La importación de GLP, por mayores demandas y falta de previsión, podría ser permanente a partir de 2018.

Recordemos que en su campaña electoral Ollanta Humala prometió abaratar el balón de gas GLP de S/. 35 (año 2011) a S/. 12, promesa inviable porque hubiera tenido que subsidiar la diferencia a un costo de US$ 1 millón anual o controlar su precio. Paradójicamente, en lugar de reducir su precio, en este gobierno subió más de 10%. Un llamado Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que rige desde agosto 2012, entrega vales descontando S/.16 por la compra de un balón a unos 800 mil pobres extremos, pero debido a que su precio actual oscila entre S/. 39 y 42, hasta para ellos el precio es mayor de S/. 20.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de junio de 2015

GASODUCTO DE CAMISEA: AMPLIACIÓN PARALIZADA MÁS DE UN AÑO

El sistema energético peruano presenta grave vulnerabilidad y fragilidad debido a que el 50% de la energía eléctrica que abastece al país es generada mediante centrales termoeléctricas alimentadas por gas natural de Camisea, cuyo trasladado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) desde Echarate, Cusco, hasta el City Gate en Lurín, es a través de un ducto de 730 kilómetros (para líquidos hay otro de 560 kilómetros hasta Pisco) por lo que si sufriera falla operativa, avería, sabotaje o atentado terrorista, podría ocasionar racionamientos o cortes de electricidad con pérdidas de US$ 800 millones diarios y tarifas incrementadas en 40%.

Los trabajos de ampliación del actual gasoducto (proyectados desde 2010 e iniciados preliminarmente el 2011, creándose además una comisión especial) se encuentran paralizados más de un año (abril 2012) debido al secuestro, por terroristas, de 36 trabajadores en Kepashiato, y por el atentado, en octubre, al aeródromo de kiteni destruyéndose tres helicópteros utilizados para supervisar, mantener y reparar el ducto. Dichos trabajos consisten en la construcción de un ducto adicional –de respaldo– de 55 kilómetros alrededor de Kepashiato que vinculará al actual, y la instalación de una planta compresora Kp 127 en Echarte para aumentar, por etapas, el actual volumen de 610 hasta 920 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) e incrementar la confiabilidad del trasporte del gas hacia la costa.

Según TGP los trabajos se reiniciarían en mayo 2014, sin embargo, a pesar de que las FF AA y PNP han reforzado los mecanismos de seguridad e inteligencia para resguardar el gasoducto en el Vraem, el presidente de Electroperú, Jaime Hanza, ha manifestado su preocupación por la seguridad en la zona, y, para la empresa clasificadora de riesgo Equilibrium “las FF AA, si bien apoyan en la zona crítica, aún no logran brindar las condiciones mínimas de seguridad para retomar la ampliación del ducto”.  

Bajo este panorama, dicha paralización podría ocasionar una emergencia a corto plazo en el sistema energético nacional, y además, su deficitaria producción está desnudando la falta de sostenibilidad, eficiencia, seguridad y confianza, debido a que no se ha diversificado la matriz energética pese a la previsible mayor demanda industrial, residencial y automotriz, que crece (9% anual) a tasas superiores a las de la economía, dejándose de invertir en proyectos eléctricos de largo plazo como plantas hidroeléctricas, de energía renovables (casi inexistentes), en líneas de transmisión eléctrica, construcción de termoeléctricas de ciclo dual (permiten usar combustible alternativo al gas), de plantas de regasificación, así como de polos y proyectos de industrialización petroquímicos.
                                                                                                                                                      Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de junio de 2013

GAS DE CAMISEA: VULNERABILIDAD OPERATIVA

El pasado día 6 a las 00:30 horas, unos 25 a 30 terroristas de la facción de los hermanos Quispe Palomino, en medio de la oscuridad destruyeron con hachas y machetes la malla metálica del aeródromo de Kiteni (distrito de Echarate, en La Convención, Cusco), ingresaron haciendo disparos, redujeron a los dos vigilantes de seguridad presentes y colocaron y detonaron explosivos a tres helicópteros, quedando totalmente destruidos (dos eran de la empresa Andes y el otro de Helisur), con los que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TgP) supervisaba el sistema de transporte de gas del proyecto Camisea; los terroristas destruyeron también la garita de control de dicho aeródromo.

Al respecto, es realmente incomprensible que después de solo seis meses de haber ocurrido (9 de abril) el secuestro de 36 trabajadores de la misma empresa TdG, y en la misma zona (Kepashiato) y por 40 terroristas de la misma facción de terroristas de los Quispe Palomino, el gobierno no haya tomado las previsiones de seguridad correspondientes, y solo después de esta gravísimo atentado haya admitido desinteligencias en el resguardo del gasoducto, designado 50 policías para resguardar el aeródromo, y ofrecido 10 bases militares adicionales para incrementar la seguridad del gasoducto, además de una base policial y más comisarías en el Vraem (en Kepashiato, Kiteni y Camisea).

El aeródromo de kiteni nunca debió ser desprotegido por los continuos hostigamientos terroristas que dominan la zona y por tratarse de un importante centro de operaciones de TdG. Esta grave situación de inseguridad y la falta de garantías impiden efectuar trabajos de mantenimiento y operación del sistema, además ha ocasionado la suspensión de la ampliación del gasoducto, autorizada en julio pasado, y la construcción de una planta compresora de gas.

Bajo este panorama, Camisea es actualmente el principal yacimiento de gas natural del país y sus dos ductos, de gas natural (730 km.) y para líquidos de gas (540 km.) que empiezan en el distrito de Echarate, Cusco, y cruzan Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, requieren de urgentes medidas y acciones coherentes del gobierno que garanticen su seguridad, especialmente en el Frente Selva (primeros 211 km. con 15 campamentos), donde además de ser ruta de drogas, los gasoductos, válvulas, controladores de presión y estaciones de bombeo, están expuestos a atentados terroristas que podrían cortar el abastecimiento de gas natural y líquidos que actualmente generan el 50% de la energía eléctrica y el 80% de gas licuado que se consume en todo el país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de octubre de 2012