Ni
bien ingresado como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo
Mucho, puso en debate el tema del Gasoducto Sur Peruano, actualmente denominado
Sistema Integrado de Transporte de Gas - Zona Sur del Perú (SIT-Gas)
advirtiendo que lo “analizará a fondo porque este proyecto es muy complejo”. Sr.
ministro, por supuesto que se trata de un problema complejo, pero que Ud. debe
resolver mediante una serie de procesos cognitivos y empleando sus
conocimientos y habilidades.
Este proyecto SIT-Gas, tiene una historia muy
oscura y corrupta. En 2008 el gobierno y la empresa Kuntur firmaron un contrato
por US$ 1,334 millones, pero en abril 2011 Odebrecht compró las acciones de
Kuntur y en 2012 caducó dicho contrato. Increíblemente, en 2014, el gobierno de
Humala lo adjudicó al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por US$
7,328 millones (en 2018, la Contraloría, usando información de la consultora
Wood Mackenzie, informó que el costo total de la obra era de US$ 3,800
millones), dicha adjudicación de Humala contemplaba la construcción y
mantenimiento del gasoducto de 1,134 kilómetros, durante 34 años, para el
desarrollo de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna. En 2015 la
Contraloría y Fiscalía Anticorrupción investigaron irregularidades y anomalías
en la mencionada concesión para favorecer a Odebrecht, luego vino el caso Lava
Jato, y el 24 enero 2017 por incumplimiento del cierre financiero de esta
empresa, el gobierno rescindió el contrato, y, para colmo, Odebrecht, en 2019,
solicitó arbitraje ante CIADI para recuperar US$ 2,000 millones, que afirma,
gastó entre 2014-2016.
Es inaudito que el proyecto esté paralizado 7 años y
con una inmensa cantidad de tubos (para cubrir 1,134 kilómetros de distancia)
cancelados por el Perú por un monto estimado, según expertos, de US$ 1,200
millones, están a la intemperie en una zona selvática, además, se paga US$ 47
millones anuales a la empresa colombiana Estudios Técnicos por su cuidado, entre
2017-2024 son US$ 329 millones, sumados al costo de los tubos serían US$ 1,529
millones, pagados por todos los peruanos.
Bajo este panorama, al gobierno le corresponde
decidir sobre la continuidad del proyecto. Una comisión multisectorial creada
para tal fin, en octubre 2021, manejaron las siguientes alternativas:
obra pública, asociación público privada financiada o cofinanciada, y gobierno
a gobierno. Sin embargo, la duda e incertidumbre que demuestra el nuevo
ministro Rómulo Mucho, puede influir retrasando la continuación de esta obra de
infraestructura clave y crucial para las regiones del sur, para proporcionar
energía a industrias, minas, comercios y transporte de manera más eficiente,
abaratando costos de producción eléctrica que permitirá mejorar la
competitividad y fomentar el desarrollo económico y creación de empleos en la
zona sur de nuestro país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de marzo de
2024
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