El capital humano representa el principal patrimonio
de la riqueza total de un país, para preservarlo e incrementarlo es fundamental
que niños y jóvenes obtengan las habilidades necesarias para incorporarse, en
su momento, a un cambiante y complicado mercado laboral. Justamente, la anemia
infantil es
uno de los principales problemas de salud pública que padecemos y amenaza ese
eslabón de capital humano peruano, el cual es imprescindible en la construcción
de nuestro futuro como país.
Cuando
la anemia infantil se presenta en niños entre 6 meses y 3 años, por mala
alimentación y nutrición (insuficiencia de hierro, vitaminas A y C, calcio y
proteínas) origina disminución de hemoglobina (Hb), considerada severa a
niveles menores de 7 g/dl, y genera durante su desarrollo, hasta los 11 años,
peligrosos efectos irreversibles en su desempeño inmunológico, físico,
emocional, cognitivo e intelectual, repercutiendo en una deficiente capacidad
para aprender y desarrollarse, afectando su formación educativa y
posteriormente, su eficiencia laboral, lo cual afecta directamente en nuestra
productividad y crecimiento económico.
Según
la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar Nacional y Departamental 2025, la incidencia de anemia entre niños
entre 6 meses y 3 años fue de 43.4% (área urbana 40.5% y rural 50.4%). Increíblemente, desde hace 17 años, la incidencia solo se redujo 7%
(de 50.4% en 2009 a 43.4% en 2025). Esto
demuestra que se trata de un problema estructural y crítico de salud pública
que no ha podido ser resuelto. Es impresionante y muy peligrosa su incidencia en
Puno (75.4%), Cusco (56.6%) y Loreto (55.6%). Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS) porcentajes de anemia superiores a
40% representan un “problema grave de salud pública”.
Sobre
la prevención y control de la anemia infantil existe extensa normativa, desde
la Ley 26842 “General de Salud” de julio 1997, hasta la fecha, existen decenas
de leyes, resoluciones supremas y ministeriales, decretos supremos y planes
nacionales y multisectoriales, sin embargo, no han funcionado y la incidencia
persiste. El último plan multisectorial 2024-2030 que busca reducir la
prevalencia de la anemia a 37.2% (desde 43.4% en 2025), involucra a 6
ministerios (Salud, Desarrollo Agrario, Desarrollo e Inclusión Social,
Educación. Producción y Vivienda), pero, inconcebiblemente, dicho plan debe
operar sin presupuesto asignado, y su financiamiento debe usar recursos
institucionales de dichos ministerios. Habría que preguntar a los ministerios
mencionados que cantidad han aportado para combatir la anemia infantil desde la
aprobación del plan, en junio 2024.
Bajo
este panorama, el actual ministro de Salud, Luis Dyer, debería considerar los siguientes
aspectos y acciones para prevenir y reducir la anemia y la desnutrición
infantil:
1)
Promover una adecuada intervención articulada de los sectores involucrados en
los 3 niveles de gobierno, en el trabajo conjunto de diagnóstico temprano,
tratamiento y control oportuno en madres gestantes y niños entre 6 meses y 3
años;
2)
Acentuar la participación y compromiso de gerencias y directores regionales de
salud;
3)
Incrementar, a nivel nacional, la cantidad de equipos biomédicos para
diagnósticos etiológicos de anemia;
4)
Mejorar la consejería nutricional para aumentar el conocimiento poblacional
sobre el uso de alimentos adecuados ricos en hierro y vitaminas;
5)
Integrar los planes multisectoriales con políticas públicas relacionadas para
optimizar el acceso a servicios básicos e infraestructura sanitaria, y
6)
Reforzar los programas sociales y de seguridad alimentaria, principalmente en
zonas rurales y amazónicas con pobreza y exclusión social.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de setiembre
de 2026
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