En
general, la minería ilegal continúa avanzando sin freno en todo el Perú amenazando
reservas naturales protegidas, bosques amazónicos, glaciares, ríos y
territorios indígenas, desde la Amazonía hasta la costa y los Andes, destruyendo
hasta 8 áreas protegidas. Para que tengamos una cabal idea de como la minería
ilegal nos está afectando, según informe 2025 de Conservación Amazónica (ACCA)
existen 1,613 dragas para extracción de oro que afectan 250 ríos y 73
comunidades nativas en 9 regiones, y el Instituto Peruano de Economía (IPE),
advierte que en 2025 movilizaron US$11,500 millones mediante operaciones de empresas
que actúan sin fiscalización adecuada del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) y de los gobiernos regionales, estos dineros
ilícitos financian intereses políticos y perpetúan la impunidad logrando ampliar
el Reinfo hasta 2027 fomentando la ilegalidad.
El
caso del río Nanay es particularmente alarmante, la minería ilegal, asentada en
la cabecera de la cuenca Nanay, opera en el río con decenas de dragas para extraer
anualmente 500 kg de oro aluvial mediante vertido de mercurio utilizando 1.4
toneladas de este metal altamente tóxico contaminando el agua de los habitantes
de zonas aledañas, peces, medio ambiente y el agua que consume más de medio
millón de habitantes de Iquitos, también afecta al Área de Conservación
Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira, donde se inicia la cuenca. El pasado
día 22, las comunidades nativas, organizaciones ribereñas, indígenas, sociedad
civil y el pueblo organizado de Loreto convocaron una movilización pública
contra la minería ilegal en el río Nanay y otros ríos de Loreto. Pese a los
esfuerzos de la Marina de Guerra y Fiscalía Ambiental que logran destruir
decenas de dragas ilegales, éstas son inmediatamente reemplazadas por mineros
ilegales utilizando los inmensos recursos ilegales que les genera esta ilícita
actividad.
El
pasado 26 de junio, un grupo de 33 comunidades amazónicas y campesinas presentó
ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima, una denuncia
contra el Estado Peruano por incumplir la Decisión 774 “Política Andina de
Lucha Contra la Minería Ilegal” suscrita en julio 2012, por los países que la
conforman (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Dicha denuncia acusa al gobierno
peruano de incumplir dicha decisión que obliga a combatir la minería ilegal
enfrentándola de manera integral, optimizando el control y vigilancia de
comercialización de minerales ilegales y maquinaria, equipos o insumos usados
en este delito atentatorio contra la salud humana, seguridad, economía,
recursos naturales y medio ambiente.
Además,
la CAN suscribió la Decisión 844 en mayo 2019 creando el “Observatorio Andino
de gestión e información sobre uso y control de Mercurio” conteniendo datos
sobre producción, importación, exportación, comercialización, transporte y su uso
en cada país. A pesar que en el Perú el uso de mercurio está prohibido en
minería artesanal, sin embargo, la minería ilegal lo obtiene por contrabando. Solo
hace 3 días, en el puerto del Callao, fueron descubiertas, en un falso
cargamento de baterías, 2.5 toneladas de mercurio líquido valorizado en
US$ 4 millones.
Bajo
este panorama, la minería ilegal es una gravísima realidad que debe ser
combatida con urgencia y energía por el nuevo gobierno de Fuerza Popular,
cerrando definitivamente el Reinfo, prohibiendo concesiones mineras en los
ríos, tomando medidas para evitar la corrupción en regulación y control minero,
imponiendo penas de cárcel a quienes causen daños a la salud pública y la
biodiversidad.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de julio de
2026
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