La inteligencia artificial (IA) en nuestro
país comenzó a usarse hace 10 años en el entorno laboral y empresarial, utilizándose
en forma progresiva hasta que fue formalizada en julio 2023 con Ley 31814 y reglamentada
el 9 abril 2025, la cual resalta que promueve el desarrollo económico y social,
nos posiciona como uno de los países líderes en Latinoamérica, y actualmente es
una importante herramienta utilizada en aplicaciones móviles que usamos a
diario, en entidades públicas y privadas, academia, sociedad civil, y coadyuvan
a mejorar la salud, educación, justicia, seguridad ciudadana, entre otros.
El pasado día 4, el
Banco Mundial presentó un “Informe sobre el desarrollo mundial 2026: La
promesa de la inteligencia artificial”, el cual explica que, si se implementan
políticas correctas, las naciones de ingresos bajos y medianos, tienen una
oportunidad histórica para superar desafíos sociales y económicos que han
persistido por generaciones y actúe como sustituto que potencie la
productividad de quienes carecen de apoyo especializado con modelos de bajo
costo, pueden funcionar en teléfonos móviles básicos e incluso sin conexión
permanente a internet, ideales para zonas rurales o con infraestructura
limitada.
Sin embargo, el uso de
IA en educación, aunque ofrece beneficios, también puede generar dependencia tecnológica
excesiva, limitar la comprensión, razonamiento, pensamiento crítico,
creatividad, juicio profesional e interacciones humanas. En el campo
empresarial y laboral existen desafíos importantes como fragmentación
tecnológica y operativa, falta de políticas claras de gestión, seguridad y
privacidad de datos, falta de talento especializado en profesionales de IA,
cloud y ciberseguridad (seguridad en la nube) que obliga a las compañías a
depender de consultorías tecnológicas para desarrollar, mantener o sostener sus
sistemas. En otros proyectos, la IA podría implementarse en agricultura y
minería para monitoreos y en la Amazonía para combatir la minería ilegal y
deforestación.
Pero lo más preocupante
de la IA es el fraude informático por ciberdelincuentes a personas y negocios que
realizan operaciones a través de dispositivos móviles. Estos ciberdelincuentes perfeccionan
técnicas muy sofisticadas y estrategias que emplean IA como Chatbots (sofware
que usan engaño y manipulación para obtener informaciones confidenciales o
financieras), o Deepfake (utiliza la IA para crear videos, voces o imágenes),
delitos que se están incrementando para suplantar identidades, contra el honor,
calumnia, difamación o fraudes informáticos, imitación de voces o mensajes de
video y hasta utilizan IA avanzada, cuya complejidad técnica genera
dificultades para determinar culpables. A pesar que la Ley 32314 del 29 abril
2025 modifica el Código Penal incluyendo como delitos con penas más severas, a
casos de difamación, estafa, pornografía infantil, plagio e
infracciones contra derechos de autor y de propiedad intelectual, sin embargo,
no se conoce sentencia alguna con penalidades por dichos delitos.
Bajo este panorama,
recién hace 4 meses (abril 2026) el gobierno anterior implementó una Estrategia
Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030 (ENIA) que contiene, en 81
páginas, 4 ejes estratégicos y 16 líneas de acción, pero no incluye recursos
asignados para aplicarlos. Sin presupuestos para IA el Estado no podrá elevar
sus capacidades de decisión, anticipar necesidades, integrar información,
asignar mejor los recursos y ofrecer mejores servicios, asimismo, el gobierno tendrá limitaciones para
fortalecer y actualizar medidas para prevenir fraudes porque limitará la
actualización de operaciones que se adelanten al accionamiento de estrategias cibercriminales
ni tampoco mejorar campañas para crear conciencia sobre el uso seguro de
tecnologías digitales para evitar fraudes mediante videos y suplantación de
funcionarios públicos.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de agosto de
2026
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