Recientemente
hubo varios asaltos violentos contra vehículos que transportaban oro ilegal, el
pasado 22 de marzo delincuentes, encapuchados y con fusiles, atracaron en la
Costa Verde un vehículo que trasladaba lingotes de oro y el pasado 9 de julio, atracaron
otro vehículo en la avenida El Derby, Surco, que llevaba 5 kg de oro.
Anteriormente en agosto 2023, cerca del aeropuerto internacional detuvieron un
vehículo con una barra de oro de 7 kg, incautación que permitió a la fiscalía
identificar una posible red de empresas y personas involucradas que exportaban oro
ilegal a India y Emiratos Árabes Unidos. Y en abril de 2025 se incautaron
lingotes de oro ilegales valorizados en US$ 13 millones a una red criminal que
exportaba este metal a India, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong a través de
empresas fachada mediante documentos falsificados.
Estos son solo ejemplos de cómo la minería ilegal de oro se está criminalizando y nos está posicionando como los mayores exportadores regionales de oro ilegal generando en 2025 unos US$ 12,000 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), exportamos 44%, seguido por Colombia (25%), Bolivia (12%), Ecuador (9%) y Brasil (9%). Para estas exportaciones ilegales de oro se utilizan autorizaciones y facturas de compra y venta fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de economías ilegales y de grupos criminales, y corrupción para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.
Según
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los
factores estructurales que más influyen en la comercialización de oro ilegal
son su alto precio (US$ 4,400 por onza), mínima presencia del Estado en zonas
remotas de producción, altos niveles de informalidad económica, operativos de
interdicción sin inteligencia previa, y la influencia de una política tolerante
hacia la minería artesanal y de pequeña escala, como es el caso del Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO) que se convirtió en un protector de
impunidad, además, existen demasiadas plantas de beneficio registradas en la
pequeña minería (2,000 y deberían ser 50) que procesan cientos de toneladas de
oro diario que son comercializados por cuestionados agentes y compañías.
El
último reporte estadístico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
enero 2016 a junio 2026, registra 174,718 Reportes de Operaciones Sospechosas
(ROS) enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarios, empresas para
prevención de lavado de activos. Además, incluye datos de comunicaciones de
inteligencia nacional e internacional por un monto involucrado total de US$
206,736 millones, de los cuales US$ 83,116 millones (40%) corresponden a
minería ilegal como un delito precedente vinculado, también Informes de
Inteligencia Financiera (IIF) por US$ 10,370 millones, de los cuales US$ 6,531
millones (63%) corresponden a minería ilegal. Esta información de la UIF
demuestra que la minería ilegal, principalmente de oro, es el principal motor
de lavado de activos en nuestro país y sostiene redes financieras ilícitas
dentro del sistema económico formal.
Bajo
este panorama, la minería ilegal es una de las principales economías ilícitas
en nuestro país, ocasiona graves impactos ambientales, sociales y económicos y moviliza
millones de dólares anuales, superando al narcotráfico en ingresos ilícitos y
presencia territorial. Fuerza Popular tiene el gran reto de reducirla, con una
nueva ley MAPE que reemplace el REINFO, controlando toda la cadena productiva y
fiscalizándola. Según el gobierno, se ha trazado como objetivo, al 2031,
erradicarla al menos el 50% en zonas críticas.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de agosto de
2026
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