El
31 de mayo pasado el PCM aprobó la reorganización de ProInversión buscando
fortalecer su estructura orgánica para el cumplimiento de sus funciones. Esta
reorganización que durará un año es realmente extraña ya que en febrero 2017 y
abril 2018 los ministros de esa época, de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y de
Economía, David Tuesta, declararon que en esta institución ya se había
realizado una profunda reorganización.
Proinversión,
entidad del Estado que promueve las inversiones privadas incorporándolas en
obras y servicios públicos, está pasando muchas complicaciones, su gestión es poco
satisfactoria, no atrae grandes inversionistas, con proyectos mal formulados y
adjudicaciones erráticas. En 2017 solo adjudicó 12 proyectos de Asociaciones
Público Privadas (APP) por S/.925 millones, en 2018, 8 proyectos por S/.3,087
millones, y en 2019 se redujo a 4 proyectos por S/.414 millones, para el
período 2020-junio 2021 tiene una cartera de 23 proyectos con una inversión de
S/:18,350 millones (US$5,349 millones), lo cual sería imposible de alcanzar.
Tenemos
ejemplos de mala gestión e incapacidad operativa: 1).Hidrovía Amazónica, proyecto lanzado por Proinversión hace 10
años no habiéndose iniciado ningún trabajo físico porque el adjudicado Consorcio
Cohidro no puede responder 400 observaciones del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA). 2).Proyecto Majes-Siguas II, cuya adjudicación la otorgó Proinversión en
setiembre 2010 al Consorcio Angosturas-Siguas pero en 10 años transcurridos se
encuentra paralizado. 3).Proyecto PTAR Titicaca
para tratamiento de aguas residuales Proinversión lo evaluó desde mayo 2014 y a
pesar de su importancia y urgencia recién fue adjudicado en abril 2019 al
cuestionado Consorcio mexicano Fypasa Construcciones y hasta la fecha no se inician los trabajos.4).
Gasoducto del Sur, en junio 2014 Proinversión, descalificando al segundo grupo
postor, adjudico la obra valorizada en US$7,000 millones y por 34 años al
Consorcio conformado por Odebrecht, Graña
Montero y Enegás, firmando el contrato Ollanta Humala, pero años
después, en febrero 2017, se rescindió el mismo por incumplimiento de cierre
financiero, en junio 2019 se conoció sobre presuntos pagos ilícitos de
Odebrecht para obtener dicha licitación, finalmente en agosto 2018 el consorcio
demandó al Perú ante el Ciadi por 490 millones de Euros por habérsele retirado
la concesión del proyecto.
Bajo este panorama se requiere
que esta reorganización de Proinvesión sea la más adecuada para que esta
institución inicie una nueva etapa, con funcionarios responsables, procesos
claros y transparentes, mejor planificación previa de proyectos para evitar
cambios y postergaciones, así como mejor control y seguimiento de las
inversiones.
Artículo de
Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de junio de 2020
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