Al
haber elegido el Congreso, el miércoles 18, al congresista Balcázar, presidente
de la Mesa Directiva, y a la vez, presidente de la República Interino, el hecho
de ostentar una agenda política comunista radical de Perú Libre y por su extrema
y controvertida trayectoria genera mucha desconfianza, podríamos pasar por un
período de 5 meses de inestabilidad que complique seriamente reformas como la
ley MAPE, la situación de Petroperú y del INPE, el contrato G2G entre Perú y
Francia por anulación unilateral de asesoría técnica, así como el plan de
seguridad ciudadana y la compra de aviones para la FAP.
Pero
también puede afectar significativamente la reactivación de miles de obras
públicas paralizadas o abandonadas a lo largo del país. Según el Banco Mundial,
en su último informe “Perú, Revisión de las finanzas públicas:
movilizando recursos para la prestación de servicios y el crecimiento”, advierte
que desde 2012, aproximadamente el 45% de los proyectos de inversión pública
iniciados permanecen detenidos, lo cual equivale a alrededor del 17.3%
del PBI, y 47% del gasto ejecutado no estaba previsto en el presupuesto, evidenciando
fallas en planificación y gestión de la inversión pública. Además, la
Contraloría General de la República reportó que hasta enero 2026 hay 2,741
obras paralizadas a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno por un monto de
inversión de S/67,139 millones, y, según la ministra de Economía Miralles, se
han identificado 12,575 proyectos con problemas de financiamiento que superan
los S/21,000 millones, anunciando la utilización de un crédito suplementario a
partir de abril y priorizará recursos ya distribuidos para continuar 249 obras
paralizadas y desfinanciadas sobre proyectos nuevos (DU-001-2026-EF).
La
inversión pública utilizada para iniciar obras de infraestructura a nivel
nacional, o mejorar o recuperar las ya construidas, son fundamentales para el
crecimiento social y económico de nuestro país, principalmente en proyectos
viales, hidráulicos, mineros, hidrocarburos, irrigación, ferroviarios, portuarios,
aeroportuarios, eléctricos, telecomunicaciones, obras urbanas de servicio
público (agua, electricidad, transporte y alumbrado), en seguridad pública, en escuelas, hospitales, y en vivienda y
alimentación. La obra pública es el verdadero motor del desarrollo, y su
inversión debe ejercerse con eficacia, eficiencia y honradez, por ser crucial
para reactivar la economía y mejorar el bienestar social y el desarrollo de
nuestro país.
Bajo
este panorama, increíblemente el 20% de las obras del Gobierno nacional se
encuentran paralizadas, y en el ámbito regional un 15%, la mayoría por
incumplimientos contractuales, falta de recursos financieros y liquidez,
deficientes expedientes técnicos, discrepancias, controversias, arbitrajes, denuncias
y los habituales casos de corrupción en las grandes, medianas y pequeñas obras
públicas (coimas por asignación de obras y coimas asociadas con su calidad y
utilidad).
Lo
correcto sería transparentar, controlar y fiscalizar las obras en todas sus
etapas, primero debería hacerse público los pasos previos (expediente técnico
de justificación de la obra y su necesidad), posteriormente, controlarse y
fiscalizar todo su desarrollo, desde su planeamiento, contratación,
adjudicación y ejecución hasta concluirlas, con la premisa de cero tolerancias
a la corrupción y elevación de los estándares éticos. Y sobre los miles de
obras públicas paralizadas, su reactivación debe solucionarse en acción
coordinada de los niveles del Estado (nacional, regional y local) aunque en
este período de nuevo gobierno interino hasta julio no esperemos ningún avance
al respecto, por el contrario, puede seguir agravándose.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de febrero
de 2026
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