El
bien común es el conjunto de prácticas y actividades desarrolladas para
beneficio de toda la sociedad, encaminándolas a un principio cohesionador y
vinculador de orden social, a través del cual se propicia la plena realización
de la persona humana, con mejores condiciones de vida y respeto de su dignidad,
su desarrollo, realización, y condiciones para satisfacer sus necesidades
primarias, propende además al fortalecimiento social, su integración armónica e
igualdad de oportunidades en la vida nacional.
Nuestra
actual Constitución se ocupa del bien común en el capítulo III del título III
del régimen económico (artículo 70°) al tratar sobre la inviolabilidad del
derecho de propiedad, especificando que “El Estado lo garantiza. Se ejerce con
armonía al bien común y dentro de los límites de la ley”; en el capítulo I,
artículo 58°, referido a la libertad de iniciativa privada ejercida en una
economía social de mercado, dispone que “Bajo este régimen, el Estado orienta
el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.
Estos campos de desarrollo están íntimamente relacionados al bien común como
principio ético, social y político, y, de cumplirse por el Estado, permitirían encaminar
el desarrollo integral de los miembros de la sociedad. Asimismo, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en distintos fallos, utiliza el
término bien común, y otros, como interés general, interés público, bienestar
general u orden público, que compatibilizan con la finalidad del bien común.
En
este contexto, el principio y fin ético de la política debe tener como objetivo
la búsqueda del bien común para los integrantes de la comunidad, el cual se
adquiere con valores y principios éticos que fortalezcan la conciencia y movilicen
la acción humana (sentido solidario, cooperación, justicia, paz, conciencia
cívica, fortaleza moral, sentido ético), debiendo el gobierno, para alcanzarlo,
utilizar como principales instrumentos la justicia y rectitud moral, la justa
distribución de la riqueza, educación, leyes y paz social.
Sin
embargo, la política, que debe ser la fuerza que moldee la sociedad con una
verdadera dimensión de propósito colectivo y principio de justicia con visión
de futuro y de bien común, está muy distante de la ciudadanía, los partidos
políticos “con muy pocas excepciones” se han convertido en una casta política
profesional del que obtienen ventajas personales para su propio beneficio, se
trata de una lucha por el poder carente de principios y dimensión de proyecto
común o transformación social, desligada de principios morales que envilecen
nuestra ética nacional.
Bajo
este panorama, nuestros últimos gobiernos, desde el ejercicio del poder, han
tomado un camino muy divergente a la construcción del bien común y la ética
política, con ausencia de valores morales, ocasionando, en los tres niveles de
gobierno, corrupción, enriquecimiento ilícito, mal uso de recursos y bienes
públicos empleándolos en intereses personales y/o partidarios, promesas
incumplidas, falta de justicia, inseguridad ciudadana, criminalidad y
violencia, entre otros, que se contraponen a los valores éticos y que no permiten alcanzar el bien común, lo cual
afecta a la población y la está conduciendo al desinterés ciudadano y a un
punto muy elevado de insatisfacción.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de enero de
2026
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