La
Organización Internacional del Trabajo (OIT). presentó el pasado 11 de
diciembre su último informe sobre el Panorama Laboral 2025 de América Latina y
el Caribe advirtiendo que la informalidad sigue siendo uno de los principales
desafíos del mercado laboral en la región, presentando las tasas de
informalidad de 12 países, con un promedio de 46.7 %. En el caso de
nuestro país, lamentablemente, registramos la segunda tasa más alta (70.8%),
solo después de Bolivia (82.3%), como dato comparativo, las tasas más
bajas las tienen Uruguay (22.3%) y Chile (24.9%). Esta
altísima informalidad laboral que registramos, es uno de los principales
desafíos que debemos enfrentar en el corto, mediano y largo plazo, sin embargo,
para resolverlo, muy pocos candidatos a las elecciones 2026 presentan en sus
planes de gobierno propuestas importantes o preponderantes.
Nuestra
Población Económica Activa (PEA) es de 18 millones, pero 13 millones son
informales, sin beneficios esenciales en salud, seguridad social, estabilidad y
protección laboral, gran porcentaje de ellos trabajan por cuenta propia, otros
se dedican al autoempleo, pero hay también quienes ingresan al denominado
“empleo oculto” (economías ilegales o crimen organizado). El 99% de las
empresas peruanas son micro, pequeñas y medianas (mipymes), pero el 87% operan
de manera informal. En las zonas rurales, la tasa de informalidad llega a 94.3%,
y en zonas urbanas a 65%, inmensa brecha entre regiones porque en zonas rurales
predominan trabajos con baja productividad en sectores primarios (agricultura,
pesca, minería). El empleo juvenil a nivel nacional es 75% y su tasa de
desempleo 12.1%, la cual, conjugada con falta de oportunidades
educativas y dificultades económicas genera que 1.5 millones de jóvenes,
entre 15 y 29 años, no estudien ni trabajen (Ninis).
Existen
muchas promesas y ofrecimientos políticos para reducir la informalidad laboral
pero sin resultados. La destituida expresidenta Dina Boluarte, en su último
mensaje presidencial ofreció reducir la informalidad laboral al 50%, y en
agosto pasado, su ex ministro de Trabajo, Daniel Maruate, anunció que en 2026 se
reducirá a 70%, y en 2040 al 50%. En el actual gobierno, en octubre pasado, la
ministra de Economía, Denisse Miralles, durante una reunión ministerial
Perú–OCDE señaló que impulsa una estrategia integral para enfrentar la
informalidad, y, en noviembre, el ministro de Trabajo, Óscar Fernández, en un
Encuentro Nacional por la Formalización Laboral, en Chiclayo, anunció acciones
descentralizadas y un pacto con gobiernos regionales para reducirla, sin
embargo, como no son políticas de Estado, sería difícil implementarlas considerando
el poco tiempo que ambos ministros permanecerán en el cargo.
Bajo
este panorama, el gobierno debería ver la informalidad laboral como un problema
estructural que obstaculiza nuestro desarrollo, limita directamente la configuración
productiva por falta de acceso a la tecnología e innovación, y también al
capital humano por falta de capacitación formal rezagando nuestra
competitividad, además, por operar fuera del sistema tributario limita la
capacidad de recaudación del Estado afectando el crecimiento económico y
limitando el acceso a derechos y servicios.
Para
reducir la informalidad, el gobierno debería implementar una estrategia de
reformas estructurales de diversificación y políticas públicas, incluyendo
estrategias regionales, en los ámbitos tributario (incentivos fiscales para la
formalización), educativo (educación y formación técnica) e institucional
(promoción del empleo juvenil), para incrementar nuestro crecimiento económico
(PBI) y transformar la estructura del empleo para generar mayores oportunidades
laborales y empleo de calidad.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de enero de
2026
Artículos Publicados 
