El
pasado miércoles 18 el Congreso eligió al congresista Balcázar, del partido
Perú Libre, como presidente de la Mesa Directiva y presidente de la República
interino, pero esta elección, tal como se está demostrando, estuvo plagada de
negociados, pactos debajo de la mesa y repartijas con complicidad de partidos
como Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre, con mucha influencia sobre
Balcázar y que priorizaron aberrantes cálculos políticos contra el interés
nacional.
Dentro
de estos negociados, Balcázar ha tenido sendas reuniones con congresistas de
Perú Libre, quienes la han pedido dejar sin efecto la reestructuración de
Petroperú porque se trata de una “privatización encubierta” que busca entregar
su patrimonio estratégico a grupos de poder económicos, por su parte, Balcázar
evitó dar declaraciones claras y optó por postergar cualquier decisión,
alegando desconocimiento técnico sobre el tema.
El
problema es que Petroperú requiere urgente una profunda reestructuración debido
a su grave situación operativa y financiera. Desde su fundación, el 24 de julio
de 1969, con el transcurso de los años, fue convirtiéndose en una empresa
estatal no sostenible por su pésima gestión, ineficacia, innumerables cambios
de directivos, corrupción, etc., ocasionando que actualmente su situación
financiera sea incontrolable y se encuentre al borde del abismo, su deuda
cuadruplica su patrimonio colocándola en quiebra técnica, al cierre de 2025 terminó
con una pérdida neta de US$1,611 millones y deudas con proveedores y otras
necesidades urgentes por US$5,000 millones, sin embargo, mantiene una planilla
de 2,700 trabajadores con envidiables sueldos a un costo anual de US$130
millones. Lo más grave, es que la Refinería de Talara cuyo costo final superó
US$6,500 millones (4 veces lo presupuestado), nunca ha alcanzado el 100% de su
capacidad operativa.
En
junio 2024, el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark, propuso
medidas para reestructurar Petroperú, entre ellas, traslado de la empresa a
Talara y reducción de 30% de personal, la expresidenta Boluarte lo rechazó y el
directorio en pleno renunció en setiembre 2024. El 31 de diciembre pasado, el
destituido ex presidente Jerí, aprobó el DU-010-2025 para reestructurar
Petroperú, al respecto, ProInversión ha elaborado un plan que busca que un
operador privado asuma riesgos operativos y financieros en la modalidad de
concesión, pero manteniendo la titularidad del Estado sobre los activos, sin
embargo, todo se encuentra paralizado.
Denisse
Miralles, que en su anterior cargo de MEF fue autora del DU-010-2025 iniciando la
reestructuración de Petroperú, ahora como premier, ni se ha referido al tema, y
quien iba a aplicarlo como gerenta general, Rita López, fue reemplazada por
Gustavo Villa, quien está en contra de la reestructuración y ha cambiado de
manera “express” una mayoría de gerentes, demostrándose un claro caso de
influencia externa y politización. Pero además, el Defensor del Pueblo, Josué
Gutiérrez, quien fuera abogado de Vladimir Cerrón, ha pedido al TC declarar la
"inconstitucionalidad total" de dicho DU, y en el Congreso, ya hay
más de una decena de proyectos de ley que piden su derogación.
Bajo
este panorama, desde la llegada de Balcázar a la presidencia, la
reestructuración de Petroperú está volviendo a foja cero y se acercan los
peligrosos rescates financieros del Estado, que desde 2013 ha superado los S/25,000
millones, la mayor parte entre 2022 y 2025 por casi S/18,000 millones que
equivalen a más del 5% del presupuesto nacional de inversión pública.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de febrero
de 2026
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