Las demandas por
arbitrajes internacionales contra el Perú se están incrementando los últimos
años, por controversias, incumplimientos de obligaciones o disputas tributarias
en contratos de inversiones. Durante 2024 se presentaron 4 demandas ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI):
Gas Natural de Lima y Callao (US$200 millones), Gasoducto Sur Peruano (US$194
millones), Concesionaria Angostura Siguas (US$1,400 millones) y cervecería
Backus (S/1,600 millones). Durante 2025, en marzo, la empresa Brookfield demandó
una restitución de US$2,700 millones por Rutas de Lima, y, en noviembre, la
empresa colombiana Promigas inició otra demanda por controversias
tarifarias con Osinergmin que podría afectar la concesión norte que
beneficia 1.2 millones de personas y 100 industrias en Áncash, La
Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura.
Lo
más grave es que durante este año 2026, no ha pasado ni mes y medio y ya tenemos
más problemas de arbitrajes que nos siguen pasando enorme factura: el 19
de enero la minera canadiense Lupaka Gold Corp ha amenazado con embargar
activos del Estado, incluidos futuros pagos de deuda, barcos y bienes
inmuebles, por haber ganado en CIADI un laudo contra Perú por US$67 millones, pero
el gobierno no lo ha pagado, por lo que esta empresa denunciaría sobre dicha
deuda del Perú, durante una de las más importantes conferencias mineras a nivel
mundial, la Convención Mundial de la Exploración y Minería (PDAC-2026), en
Toronto, en marzo próximo, lo cual representaría gran desprestigio para nuestro
país. El 20 de enero, la compañía Unna Energía, subsidiaria del grupo
Aenza, presentó una solicitud de arbitraje internacional ante la Cámara de
Comercio Internacional (ICC) contra Perupetro por controversias en los lotes
III y IV, en un contexto de incumplimientos de pagos a 10 lotes petroleros por
compras de crudo de Petroperú a operadores petroleros de la costa norte.
Además,
en el contrato G2G entre Perú y Francia para la ejecución de obras de la nueva
Carretera Central, la vía expresa Santa Rosa y el puente Santa Rosa (acceso al
aeropuerto Jorge Chávez), el 3 de febrero, Provías Nacional (adscrita al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones) anuló unilateralmente la asesoría
técnica de PMO Vías (conformada por las empresas francesas EGIS y Setec),
asesoría designada por el gobierno francés. Las obras están paralizadas y
Provías refiere que presentará una propuesta integral que podría incorporar
financiamiento privado. Ya se está pidiendo la renuncia de la directora de
Provías y pareciera inevitable que Perú enfrente otro complicado arbitraje.
Bajo
este panorama, somos el tercer país más demandado en la historia del CIADI, y
en Latinoamérica, junto con Argentina y Venezuela lideramos en cantidades de
demandas arbitrales internacionales. El Perú cuenta con el Sistema de
Coordinación y Respuesta del Estado en controversias Internacionales de
Inversión (SICRECI) creada hace 19 años por ley 28933 de fecha 14 diciembre
2006, entidad que representa al Estado en disputas internacionales y su función
principal es optimizar la respuesta y coordinación al interior del sector
público frente a las controversias internacionales de inversión, así como
establecer mecanismos de alerta frente al surgimiento de cualquier controversia
internacional para permitir una oportuna y apropiada atención, lo cual
lamentablemente no se está cumpliendo eficazmente, generando el incremento de fallos
arbitrales adversos, afectado nuestro presupuesto nacional, nuestra imagen
internacional y las condiciones de estabilidad y predictibilidad del clima de
inversión privada internacional en el Perú.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de febrero
de 2024
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