El
pasado 25 de setiembre la Defensoría del Pueblo publicó su reporte
“Responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional”, en el cual
verifica informes de control por auditorías o servicios específicos de la
Contraloría General de la República, entre enero 2023 y julio 2025, verificando
casos de corrupción producidos en gobiernos regionales y locales durante el
actual período de funciones. Se analizaron 924 informes identificándose más de
2,000 casos de responsabilidad penal.
A
nivel de gobiernos regionales, identificaron 446 casos (5 gobernadores
regionales involucrados), a nivel municipalidades provinciales 524 casos (19
alcaldes involucrados), y en distritales 1,052 casos (64 alcaldes involucrados)
además de 1,138 casos de procesos administrativos. Recientemente han sentenciado
14 años al Ex gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra (cohecho
pasivo y colusión agravada); a la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez, 9 años 5
meses (peculado doloso agravado); y al alcalde (prófugo) de Comas, Ulises
Villegas, 6 años (colusión agravada), además, al gobernador regional del Callao
(no habido), Ciro Castillo, acaban de dictarle detención preliminar (presuntos
delitos de organización criminal y colusión agravada).
Los
hechos de corrupción más frecuentes que involucran a gobernadores y alcaldes son:
designación irregular de funcionarios y directivos públicos, favorecimiento
a terceros, contrataciones irregulares de proveedores, uso irregular de
recursos y/o bienes públicos, omisión de deberes funcionales en provisión de
servicios de programas sociales y en gestión de bienes donados; a pesar
de altos presupuestos que reciben, los gobernadores y alcaldes corruptos denigran
con acciones repudiables su principal misión de administrarlos eficientemente
para garantizar la calidad de vida y desarrollo integral de los pobladores.
Según información de la Contraloría, entre 2021 y 2023 la corrupción e
inconducta funcional de gobiernos regionales y locales causó S/39.2
millones en perjuicio al Estado.
La
corrupción representa abuso del poder público al
administrar bienes y recursos para satisfacer ambiciones personales y lucrar en
perjuicio del patrimonio del Estado. Es un flagelo que está azotando gravemente
a nuestro país, se ha convertido en una práctica común en la Administración
Pública penetrando a sus instituciones, afectando la estructura del Estado y
socavando los cimientos éticos y morales de la función pública. ¿Cómo podríamos
enfrentar la corrupción adecuadamente si no tenemos vigente un Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra Corrupción?, el último publicado (período 2018-2021) está
obsoleto hace más de 4 años y no ha sido reemplazado.
Bajo
este panorama, la corrupción en gobiernos regionales y locales está asociada al
proceso de descentralización (Ley 27783 agosto 2002, reglamentada mayo 2004) para
la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a dichos gobiernos que
iniciaron la ejecución de su propio presupuesto en 2005, pero con funcionarios
sin experiencia, sin personal calificado, sin capacitación ni asistencia
técnica, sin capacidad de gestión para proyectos ni gastos. Desde esa época se
iniciaron casos de descontrol, despilfarro y corrupción en licitaciones, obras
sobrevaloradas, adjudicaciones a empresas familiares y allegados, y sin
fiscalización y control, lo cual, en 10 años transcurridos no ha podido
corregirse porque no hay capacidad preventiva, ni identificación y gestión de
riesgos, además, existe impunidad y débiles sanciones penales.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de diciembre
de 2025
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