GOBIERNO COMUNISTA AGRAVA LA INFORMALIDAD LABORAL

 

El gobierno del comunista Castillo con su ideología marxista, leninista-maoísta, sigue sembrando el caos en todos los sectores del Estado, en el caso del sector trabajo, el primer titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), fue Íber Maraví (solo duró 2 meses) un comunista extremista radical severamente cuestionado por su presunta participación en actos subversivos,  designado por Castillo para que ejecute la inscripción exprés de su creada Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) que fuera denegada desde 2017 por tener orientación radical y opuesta a la carrera docente y la meritocracia, pero además, dejó una lista de 19 acciones (Agenda 19) que se contraponen abiertamente al impulso del empleo.

 

La congresista Betssy Chávez reemplazó a Maraví en octubre pasado y continuó como una consigna dicha Agenda 19, porque, según ella, generará condiciones en favor del empleo con acciones como restringir la tercerización laboral, elevar las indemnizaciones por despidos e incrementar el salario mínimo. La tercerización laboral (los trabajadores no son contratados por la empresa sino suministrados por un tercero) ha sido restringida con el DS-001-2022-TR, fecha 24 febrero, la cual es irregular porque modifica la Ley que regula estos servicios (Ley 29245), fue firmada y publicada sorpresivamente el mismo día en edición extraordinaria de Normas Legales. Esta restricción afectará el empleo formal e incentivará la informalidad laboral especialmente de micro y pequeñas empresas que no podrán usar este mecanismo para contar con trabajadores formales sin necesidad de contratarlos.

 

Respecto a la indemnización por despido se elevaría de 1 sueldo y medio a 3 sueldos, lo cual, según especialistas, afectaría a pequeños y medianos empresarios porque va a encarecer las contrataciones y reducir el empleo permanente ocasionando que continúen o se vayan al sector informal, y en el caso de aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), actualmente en S/ 930, recordemos que Castillo anunció en noviembre que la subiría hasta S/ 1,000 para luego recular reemplazando dicho aumento por un subsidio de S/ 210; la ministra Chávez también ha adelantado que se incrementará, sin embargo, este aumento debe ser analizado con el Consejo Nacional de Trabajo y en presencia de representantes de los trabajadores y empleadores.

 

Bajo este panorama, en un contexto en que se requiere impulsar urgentemente la recuperación del empleo, estas acciones que las lleva el gobierno comunista de forma unilateral y arbitraria con propuestas ideológicas y populistas de su Agenda 19, están en contra del incremento del empleo laboral porque encarecerá la contratación de trabajadores y agravará aún más la informalidad laboral que actualmente bordea el 80%.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de marzo de 2022

 

SUMIDOS EN EL EXTREMO DE LA INFORMALIDAD

La informalidad en nuestro país se multiplica incontenible, 60% de nuestro PBI se produce de manera informal, de 16 millones de peruanos económicamente activos ocupados, 11.9 millones (74.3%) son informales, predominando en 15 de las 25 regiones, principalmente en la macro región sur (Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) donde el 80% están incursos en este injusto sistema que no les permite tener derechos laborales, y menos, protección ni seguridad social, pero asimismo, no pagan tributos, realizan actividades de muy poca productividad, y compiten deslealmente con empresas formales, lo cual afecta la generación de riqueza y socava nuestro desarrollo.

La informalidad abarca 84% de micro y pequeñas empresas (mypes) que aunque no llevan registros de ventas emplean 8 millones de trabajadores, principalmente jóvenes (de 10 trabajadores jóvenes 8 son informales). Además las grandes y medianas empresas no invierten en tecnología ni innovación que les permita crear más puestos de trabajo formal.  

Nuestra informalidad alcanza niveles alarmantes en casi todos los sectores: en minería, de 500,000 mineros ilegales solo se han formalizado 631 (0.13%); en el sector financiero, 50% de cooperativas de ahorro y crédito no están afiliadas; en tecnología, existen 65% de software sin licencia, 52% de conexiones de TV informales, y, de 470 operadoras de cable, solo 12 son formales.

También elevados niveles de informalidad en: transporte interprovincial (77%), Taxis y combis (60%), empresas de seguridad (68%), inmobiliarias y constructoras (60%), predios construidos sin licencia municipal (70%); agencias de viajes (55%), restaurantes (75%) y cevicherías (95%), mercado de bebidas alcohólicas (34%), entre muchos otros ejemplos.

Bajo este panorama el gobierno es responsable de encontrarnos sumidos en el extremo de la informalidad por no tener estrategias de formalización que haga atractiva la formalidad y simplifique la normativa (inadecuada legislación laboral, abrumadoras regulaciones y trámites, complejo sistema tributario y excesivos impuestos), agravado por su falta de capacidad, debilidad, ineficiencia o corrupción institucional para realizar reformas, hacer cumplir las leyes, promover la capacitación laboral, mejorar el capital humano, y crear nuevos puestos de trabajo.

Uno de los principales retos del gobierno debe ser la formalización de nuestra sociedad. En tanto no se solucione esta grave informalidad económica, laboral y social, nuestra productividad y desarrollo se verán gravemente afectados, y mientras tanto, las cifras macroeconómicas y de crecimiento, competitividad y desarrollo humano, serán cada vez más frágiles y distorsionadas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de junio de 2015

ALARMANTE INFORMALIDAD EN EL TRANSPORTE TERRESTRE

Tres trágicos accidentes en carreteras ocurrieron los últimos días, el pasado día 23 en el kilómetro 318 de la Panamericana Norte (Huarmey) impactaron 3 vehículos pesados dejando 37 muertos y 60 heridos, el día 30 en el kilómetro 148 (carretera Nasca-Puquio) un despiste y volcadura de un bus ocasionó 19 muertos y 36 heridos, y el día 31 un bus se volcó en Urubamba, Cusco, causando 27 heridos. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre los motivos de estos accidentes donde la informalidad es una de las principales causas de la mayoría de los 1,000 accidentes anuales producidos en carreteras por camiones, buses y unidades tipo combi. Según Who Traffic Deaths, en el Perú se producen por accidentes terrestres 16 muertes por cada 100 mil habitantes.

En el transporte terrestre de pasajeros y carga hay 100 mil camiones de carga pesada y 9 mil buses interprovinciales, y según el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) operan informalmente 50% del transporte de pasajeros y 80% de transporte de carga. Además, es impresionante la cantidad de dinero que mueve anualmente el transporte informal: S/. 2,800 millones el interprovincial, y S/. 800 millones el de pasajeros.

La informalidad en las carreteras es alarmante, 80% de choferes no están en planilla recibiendo bajísimos sueldos, la rotación de horarios es desordenada, no cubren el descanso reglamentario cada 4 horas ocasionando somnolencia y cansancio (40% duerme menos de 6 horas diarias y 80% maneja más de 5 horas ininterrumpidas), los paraderos informales son causa de la mayoría de asaltos y han proliferado unidades tipo combi para servicio interprovincial de turismo las que sin ningún control incrementan la informalidad.

Según la consultora Decidatt hay muchas empresas que empiezan con flotas muy reducidas (2 a 4 vehículos de más de 15 años de antigüedad) y no cumplen los requisitos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pero logran registrarse en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi.

Bajo este panorama la informalidad en el sector transporte, y en general en el país, está ampliamente generalizada, es producto de la combinación de falta de control y supervisión de reglas y normas, complejo marco normativo que agobia a empresas formales, sistema de impuestos y regulación mal diseñados, malos servicios públicos, políticas sociales mal orientadas, falta de empleo, y deficiente educación y desarrollo de capacidades.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de abril de 2015

LA INFORMALIDAD NOS DESBORDA

La multiplicidad de formas que reviste la informalidad en nuestro sector laboral ha ocasionado que de 16 millones que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) más de 11 millones sean informales (70%), pero es más grave aún que en 15 de las 25 regiones del país, el 80% de trabajadores es informal. Esta compleja problemática se encuentra inmersa en todos los ámbitos de trabajo, pero principalmente en sectores de servicios, comercio, manufactura, construcción, educación, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

De las más de 5 millones de micro y pequeñas empresas (mypes), el 84.7% son informales y no llevan registros de ventas. A pesar de ello, representan el 90% del tejido empresarial del país y 15% de la producción nacional, y así, emplearon en 2013 casi 8 millones de trabajadores (47.4% de la PEA), la mayoría, empleos de precaria calidad con jornadas ilegales e ingresos bajísimos y deleznables. Increíblemente, más de 12 millones de trabajadores peruanos están inadecuadamente empleados, sin perspectivas, derechos, ni protección social.

Nuestra informalidad refleja subdesarrollo, síntoma de políticas inadecuadas, desconfianza en el Estado, en sus instituciones y en el propio gobierno. Los sistemas de impuestos y regulación mal diseñados como altos costos laborales no salariales –59% del salario bruto–, la falta de una adecuada Ley del Trabajo, la atrasada infraestructura, la baja inversión pública y privada, la ínfima calidad educativa, la elevada corrupción y la carencia de empleo adecuado, incrementan la desigualdad y ajustan un perverso escenario de incentivos que fomentan y fortalecen la informalidad.

Bajo este panorama, este desborde de la informalidad, intensiva en mano de obra y sin requisitos de capacitación laboral, debe obligar al gobierno a reexaminar esta grave problemática y fijar como meta concreta su reducción en elevados porcentajes, porque ésta representa la principal causa de nuestra frágil productividad que adolece de mínima capacidad para introducir innovación en los procesos productivos, y, lo más grave, es que obstaculiza el progreso y desarrollo del país.

Para reducirla es indispensable insertar gradualmente a las mypes en el sector formal por tratarse del mayor segmento dinámico de nuestra economía, pero además, se requiere el serio compromiso de todos los sectores del gobierno para generar empleos dignos, mejorar la calidad educativa y formación del capital humano, invertir en infraestructura y promover los alicaídos desarrollo tecnológico, competitividad e innovación en el país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de octubre de 2014

INFORMALIDAD EN EL PERÚ: GRAVE PROBLEMA ESTRUCTURAL

El pasado 4 de junio el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el informe “Producción y Empleo Informal en el Perú 2007-2012”, período en que nuestra economía creció 35%, pero el empleo informal total se redujo mínimamente 5.5% (de 79.8% a 74.3%) creándose en 5 años solo 1 millón de empleos formales. Si relacionamos el porcentaje total de empleo informal con la Población Económicamente Activa (PEA) –16.2 millones– increíblemente unos 12 millones de peruanos tienen empleo informal, y dentro de ellos, de 6.2 millones de jóvenes –hasta 24 años–, según la OIT, laboran informalmente 84.7% (5.3 millones).

Nuestra informalidad laboral es responsable del 19% del PBI y del 61.5% del empleo, cifras muy preocupantes, pero más aún es que en 15 de las 25 regiones del país el 80% de sus trabajadores sea informal sin ninguna protección social ni económica. Asimismo, en las empresas la informalidad promedio es altísima  (3 de cada 5 son informales) registrándose más de 2 millones de micro y pequeñas empresas (Mype) informales, y con mínima mano de obra calificada.

Pero no solo es grave la informalidad laboral, sino que este mal endémico, como problema estructural, se ha enraizado profundamente en muchas otras actividades a nivel nacional: 65% de uso de software opera sin licencia; 50% del uso de cable en los hogares es informal (1.4 millones); el internet informal crece a tasas anuales de 40%; en ventas de licor el 30.8 % es informal (mayor porcentaje en la región); en el sector logístico y distribución 67% proviene de empresas informales; de 400 centros para adictos a drogas, 396 (99%) son informales; en el transporte interprovincial 77% opera informalmente.

También en Lima, con 4,000 ambulantes informales, 1.3 millones de casas construidas sin licencia, y 2,400 imprentas informales en el Centro Histórico; en Tacna e Ica más del 70% de pozos de agua operan informalmente afectando el abastecimiento y en Arequipa 60% de guías de turismo son informales.

Bajo este panorama, la informalidad nos desborda, y para enfrentarla se requiere innovación en la gestión y serio compromiso de todos los niveles del gobierno para generar empleo adecuado y mejorar la calidad educativa y la inversión en infraestructura, caso contrario, nuestra productividad y desarrollo se verán seriamente afectados ocasionando un frágil crecimiento y unas distorsionadas cifras macroeconómicas.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de julio de 2014

NUESTRA CAÓTICA SITUACIÓN DE INFORMALIDAD

El pasado día 27 la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe lanzó en Lima un nuevo programa regional de “Promoción de la Formalización” (FORLAC), destinado a impulsar estrategias de formalización. En dicho acto la directora general y regional de la OIT, Elizabeth Tinoco, y el especialista José Chacaltana, manifestaron que en el Perú, de 12 millones de trabajadores, más de 8 millones (68.8%) son informales, y peor aún, que somos el 2° país en la región con más informales después de Honduras (70.7%).

Lo cierto es que el gobierno no le ha dado la atención debida a esta grave situación. De 4 millones de empresas existentes en el país, solo 1.4 millones (35%) están debidamente formalizadas, y 60% de nuestra producción proviene de empresas informales.

A pesar de ello el presidente Humala en su último mensaje a la Nación mencionó solo una vez la palabra informalidad (hablando del tema tributario), y asimismo, los ministros de Economía, Producción y Trabajo, poco o nada han hecho, aun cuando para impulsar la productividad y competitividad del país es fundamental reducir los altísimos niveles de informalidad, ya que ésta obstaculiza el progreso y compromete las instituciones y la gobernabilidad democrática.

  

Algunos ejemplos describen nuestra caótica situación:

1) 600 estaciones de radio operan ilegalmente en el país;

2) 300 imprentas trabajan sin licencia en el centro de Lima;

3) Hay 3 mil consultorios dentales informales solo en Lima;

4) De 411 mil trabajadores textiles, 312 mil (76%) son informales;

5) En agricultura hay 52% de trabajadores informales;

6) 50 mil viviendas son construidas anualmente sin licencia;

7) A nivel nacional 100 mil personas trabajan informalmente en el transporte de pasajeros y carga;

8) Hay 100 mil mineros ilegales y 400 mil empleos informales vinculados.

Bajo este panorama millones de peruanos se encuentran excluidos del crecimiento económico apresados en empleos informales de precaria calidad, con ingresos bajísimos y deleznables, sin perspectivas, derechos, ni protección social.

El gobierno para reducir la informalidad debería incentivar y apoyar la formalización gradual de las micro, pequeñas y medianas empresas ya que de 2 millones de unidades empresariales del país estas cubren el 99.6%; además, generar empleo de calidad, mejorar la educación, la formación del capital humano y promover el alicaído desarrollo tecnológico e innovación en el país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de setiembre de 2013

PERÚ: ALARMANTE INFORMALIDAD

En una entrevista publicada el día 12 en un diario local, la ministra de la Producción, Gladys Triveño, nos recordaba que actualmente hay 2.2 millones de micro y pequeñas empresas (Mype) informales, manifestando que “alista nuevas herramientas” para atraerlas a la formalidad. Es increíble que de 3.2 millones de Mype operando (97% del total de empresas peruanas) solo un millón estén formalizadas y el resto opte por la informalidad, limitando sus accesos a créditos, tecnología y capacitación. Esta situación implica aspectos que van desde la falta de impulso del gobierno, mínimos beneficios para su formalización, mala calidad de servicios del Estado –educación  y desarrollo de capacidades–, hasta su incapacidad para hacer cumplir las leyes.

Uno de los asuntos más complejos de nuestro país en materia laboral es la informalidad. Es vergonzoso que el 60% de nuestra economía opere en la ilegalidad. Existen 12.3 millones de trabajadores informales  (80% del PEA) sin contrato o con contrato a plazo fijo, y unos 7 millones de éstos no cuentan con derecho laboral ni beneficio social. Asimismo, los jóvenes enfrentan un sombrío panorama, de 100, unos 85 se ven obligados a buscar un empleo informal.

Pero la informalidad, a nivel nacional, muestra también niveles alarmantes en otros campos: 

1) Minería informal, en esta ilícita actividad operan medio millón de informales (3% del PEA) quienes evadiendo impuestos extraen oro por US$ 2,500 millones anuales; 

2) Dinamita, el 40% producida en el país es traficada informalmente y vendida a los mineros ilegales; 

3) Armas de fuego (pistolas, revólveres, carabinas y escopetas), más del 60% son usadas informalmente sin licencia; 

4) Centros de rehabilitación de drogadictos, dos recientes incendios provocaron la muerte de 43 jóvenes; de 400 centros solo 47 son formales; 

5) Inmuebles, 20% no están formalmente registrados; 

6) Transporte terrestre (personas, carga y mercancía), de 150,000 transportistas, 100,000 operan informalmente; 

7) Agencias de viaje, de 7,000, el 60% (4,200) son informales;  y 

8) Solo en Lima, son informales 40% de locales comerciales en Gamarra y 49% de Mesa Redonda y el Mercado Central; existen además 2,600 ambulantes y más de 20,000 mototaxis informales, y asimismo, el 75% de viviendas han sido edificadas de manera informal.

Bajo este panorama, la informalidad se enraíza peligrosamente en nuestro país conjuntamente con la corrupción y la falta de transparencia. Este endémico fenómeno genera desleal competencia contra las empresas formales y es voz de alerta sobre políticas sociales mal diseñadas. Mientras no se solucione esta problemática nuestra productividad y desarrollo se verán seriamente afectados, y las cifras macroeconómicas y de crecimiento, de los que en exceso se vanagloria el gobierno, serán cada vez más frágiles y distorsionadas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de junio de 2012

INFORMALIDAD Y DESIDIA EXTREMA

La tragedia ocurrida el pasado día 28 en el precario centro de rehabilitación “Cristo es Amor”, en el distrito de San Juan de Lurigancho, además del hondo dolor por la muerte de 27 jóvenes, ha demostrado informalidad extrema; allí vivían 80 adictos hacinados y en condiciones deplorables e infrahumanas, el local había sido clausurado en dos oportunidades por carecer de condiciones mínimas para funcionar, no contaba con programa de readaptación ni profesionales, y por S/. 150 mensuales (US$ 56) ofrecían la total rehabilitación por medio de la fe y la oración, sin embargo, prevalecía el pobre respeto a la vida humana, el encierro y el maltrato.

Como sucede en nuestro país, después de graves tragedias empiezan los deslindes de responsabilidad, en este caso, la municipalidad del distrito responsabilizó al ministerio de salud por no supervisar este centro, mientras el ministerio refutó a la municipalidad echándole la culpa por no clausurar el local que funcionaba sin autorización; pero realmente ambas instituciones tienen grave responsabilidad, la municipalidad por haber otorgado la licencia y no controlarlo después de clausurarlo, y el ministerio, por no certificar ni supervisar los tratamientos ofrecidos.

Igualmente, después de esta desgracia proliferaron promesas de todo calibre “para evitar la informalidad”: construcción de centros ejemplares de rehabilitación, medidas preventivas, trabajos coordinados, esfuerzos de supervisión y fiscalización, proyectos pilotos de capacitación en diagnóstico temprano de adicción, revisión de la legislación, regulaciones, y hasta darle más importancia a la salud mental, pero lamentablemente casi siempre son incumplidas.

Bajo este panorama, la desidia de las autoridades ha sido extrema y ha contribuido a la ocurrencia de esta penosa tragedia. Actualmente hay más de 200 centros de rehabilitación informales, y desde 1994 se han presentado casos de denuncias sobre violaciones sexuales, maltratos, agresiones, suicidios, contra los centros: “Paz y Bien”, “Querer es Poder”, “Amor de Cristo”, “Creo en Ti”, “Vida Nueva” etc., sin embargo, nunca las autoridades tomaron las acciones necesarias para revertir esta grave y peligrosa situación. 

Según la “Ley General de Salud” 29737-julio 1997 (art.11°) “toda persona tiene derecho a la recuperación, rehabilitación y promoción de su salud mental”, la cual fue ampliada por Ley 29737 (julio 2011) regulándose procedimientos de internamiento de personas con trastornos mentales (aún no reglamentada). Sin embargo, como el Estado tiene responsabilidad primaria y no puede cubrir dichos derechos, este vacío es ocupado por centros de rehabilitación formales e informales, algunos funcionando clandestinamente y otros con licencia municipal, pero ninguno adecuadamente regulado ni fiscalizado de modo profesional. Increíblemente nada de esto se encuentra reglamentado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de febrero de 2012

INFORMALIDAD, MEZCLA DE MALES

El pasado día 10 se realizó el proceso electoral presidencial en el Perú, y no habiendo alcanzando ninguno de los candidatos el porcentaje de votos requerido, el próximo 5 de junio se efectuará una segunda vuelta electoral entre los dos que alcanzaron los mayores porcentajes. En esta situación, se reiniciará una nueva campaña en la que deberían debatir y explicar la forma de como enfrentarán los principales problemas que aquejan al país, entre ellos, la solución al crucial problema de la informalidad, el cual ha sido dejado de lado en esta campaña electoral a pesar de que representa la mezcla todos los males del país.

La informalidad refleja subdesarrollo; es una voz de alerta, un síntoma de políticas inadecuadas y, más profundamente, una falta de confianza en el Estado, en sus instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, el propio gobierno, y los partidos políticos. Las deficiencias en educación afectan las capacidades organizacionales de los empresarios, que recurren a la informalidad como un recurso para suplir su falta de competitividad, pero bloquean su posibilidad de crecer; los sistemas de impuestos y regulación mal diseñados crean perversos incentivos que fomentan la informalidad; las deficiencias en infraestructura aumentan la vulnerabilidad de las empresas formales frente a las informales; y la corrupción y falta de transparencia profundizan sus raíces culturales; además, es la principal causante de nuestra baja productividad que adolece de una reducida capacidad para introducir innovación en los procesos productivos. Y así, la lista se extiende casi sin límite.

En el Perú la informalidad es una de las más altas del mundo. Tenemos ejemplos: el 60% del PBI del país es informal, también lo es el 80% de la población económicamente activa, y solo un tercio de los trabajadores están en planilla; existen 10 millones de trabajadores informales que representan el 68% de mano de obra del mercado laboral; alrededor de 100,000 personas están dedicadas a la minería informal; más de 100,000 personas trabajan ilegalmente en el transporte de personas, carga y mercaderías; el 50% de personas recurren a métodos informales para acceder a créditos; el 70% de las viviendas están informalmente construidas; y para colmo, más de 10 millones de litros de pisco, nuestro producto de bandera, se produce anualmente de manera informal.

Bajo este panorama, los dos candidatos deberían tener en cuenta el grave impacto que ocasiona la altísima informalidad en nuestro país y debatir sobre las acciones e implementación de políticas sociales para superar las causas que la originan, y fijar una meta para reducirla al 2016 como parte integral de la agenda más amplia del desarrollo del país. 

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de abril de 2011

PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFORMAL EN EL PERÚ

La multiplicidad de formas que reviste la informalidad en nuestro sector laboral así como la importancia que ha cobrado la economía informal en los segmentos tradicionales y emergentes, nos obliga a reexaminar esta problemática cuyo producto con relación al PBI –que llegaría hasta 50%– es de los más altos del mundo. Según el informe del 15 de abril pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la informalidad en nuestro mercado laboral llega a 67.9%, una de los más altas de la región.

Nuestra fuerza laboral es fundamentalmente informal. Se calcula que de 15 millones de la población económicamente activa (PEA) al 2008, alrededor de 10 millones pertenecen al sector informal. La carencia de empleos genera informalidad y constituye el único medio de subsistencia, en especial para miles de jóvenes que al término de sus estudios se ven obligados a incorporarse al sector informal recibiendo un bajísimo nivel de ingresos y careciendo de protección social. Como ejemplos, en los centros comerciales de la Avenida Abancay, en el centro de Lima, el 75% de trabajadores son informales, y solo en el sector minería se calculan más de 150 mil.

Un estudio presentado en octubre pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cipesa) de la Universidad Católica del Perú, señala que en el período 1998-2008 un 21.7% de los trabajos formales se convirtieron en informales, demostrando que el empleo que se genera es básicamente informal. Asimismo, en junio de 2008 el ministro de Trabajo explicó que el 80% de los nuevos empleos es informal o subempleado, y solo de 15% a 20% es formal.

Nuestro país no cuenta con una Ley General de Trabajo. En 1990 se adoptó una reforma laboral con 9 tipos de contrato y hoy existen cerca de 30, pero no han ayudado al traspaso de trabajadores informales al sector formal. Un proyecto de dicha ley se encuentra entrampado hace años en el Congreso de la República. Según sus opositores, estaría circunscrito solo a los trabajadores formales y además contendría requisitos muy complejos que no impulsarán la formalización del empleo ni la de cientos de miles de pequeñas empresas.
En este contexto, la alta cantidad de trabajadores excluidos de las estructuras formales debe obligar al gobierno a generar más empleo, apoyar la formalización del sector informal, así como garantizarles protección social por encontrarse más expuestos a una situación de precariedad y pobreza.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de noviembre de 2009