La
multiplicidad de formas que reviste la informalidad en nuestro sector laboral
ha ocasionado que de 16 millones que conforman la Población Económicamente
Activa (PEA) más de 11 millones sean informales (70%), pero es más grave aún que
en 15 de las 25 regiones del país, el 80% de trabajadores es informal. Esta compleja
problemática se encuentra inmersa en todos los ámbitos de trabajo, pero
principalmente en sectores de servicios, comercio, manufactura, construcción, educación,
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
De
las más de 5 millones de micro y pequeñas empresas (mypes), el 84.7% son
informales y no llevan registros de ventas. A pesar de ello, representan el 90%
del tejido empresarial del país y 15% de la producción nacional, y así, emplearon
en 2013 casi 8 millones de trabajadores (47.4% de la PEA), la mayoría, empleos
de precaria calidad con jornadas ilegales e ingresos bajísimos y deleznables.
Increíblemente, más de 12 millones de trabajadores peruanos están
inadecuadamente empleados, sin perspectivas, derechos, ni protección social.
Nuestra
informalidad refleja subdesarrollo, síntoma de políticas inadecuadas, desconfianza
en el Estado, en sus instituciones y en el propio gobierno. Los sistemas de
impuestos y regulación mal diseñados como altos costos laborales no salariales
–59% del salario bruto–, la falta de una adecuada Ley del Trabajo, la atrasada
infraestructura, la baja inversión pública y privada, la ínfima calidad
educativa, la elevada corrupción y la carencia de empleo adecuado, incrementan
la desigualdad y ajustan un perverso escenario de incentivos que fomentan y
fortalecen la informalidad.
Bajo
este panorama, este desborde de la informalidad, intensiva en mano de obra y
sin requisitos de capacitación laboral, debe obligar al gobierno a reexaminar
esta grave problemática y fijar como meta concreta su reducción en elevados
porcentajes, porque ésta representa la principal causa de nuestra frágil
productividad que adolece de mínima capacidad para introducir innovación en los
procesos productivos, y, lo más grave, es que obstaculiza el progreso y
desarrollo del país.
Para
reducirla es indispensable insertar gradualmente a las mypes en el sector
formal por tratarse del mayor segmento dinámico de nuestra economía, pero además,
se requiere el serio compromiso de todos los sectores del gobierno para generar
empleos dignos, mejorar la calidad educativa y formación del capital humano,
invertir en infraestructura y promover los alicaídos desarrollo tecnológico,
competitividad e innovación en el país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de octubre
de 2014
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