Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

GOBIERNO COMUNISTA AMENAZA MINERÍA FORMAL PERO INCENTIVA MINERÍA ILEGAL



 

El actual gobierno comunista es antiminero, y con sus acciones pretende destruir la industria minera formal, atacándola y amenazándola, a pesar de ser nuestra principal fuente de divisas, recordemos como, en noviembre pasado, la premier Mirtha Vásquez, como parte de su estrategia antiminera, firmó en Ayacucho un acta para el cierre inmediato de cuatro minas (Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa), seguidamente, diferentes conflictos sociales provocados paralizaron tres importantes proyectos mineros, Las Bambas (reabierto con limitaciones), Ares y Cerro lindo, e increíblemente, el propio ministro de Energía y Minas, Gonzales Toro, refiriéndose a la inacción del gobierno para evitar un incendio provocado por agitadores comunistas en Las Bambas, se quitó la careta atreviéndose a decir “No es impunidad, pero a veces hay que permitirlo”, sin embargo, cuando se trata de minería ilegal, no toman medidas para fiscalizarla y erradicarla.

 

El 31 de diciembre pasado el gobierno promulgó la ley 31388 prorrogando, por cuarta vez, la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2024 (previamente fue aprobado en el Congreso el 16 de diciembre), en este proceso existieron tácitos acuerdos entre el Ejecutivo, Legislativo y dirigentes de mineros ilegales para seguir postergando el plazo de formalización y que continúe la impunidad para quienes operan extrayendo oro en lugares prohibidos, principalmente a orillas de ríos, lagunas y cabeceras de cuencas empleando equipos y maquinaria pesada no compatible en la pequeña minería o minería artesanal.

 

Desde hace 20 años el proceso de formalización minera ha fracasado, en el Registro de Formalización Minera (Reinfo), hasta enero 2020, se habían inscrito 54,192 mineros informales y según Gonzales Toro, durante este año promete formalizar 11,000, lo que representa un ínfimo porcentaje considerando que según Hernando de Soto en el país hay más de 500,000 mineros ilegales. A pesar de las continuas interdicciones, la minería ilegal sigue operando en forma ilícita y delincuencial en la mitad de regiones del país (Madre de Dios, Puno, Ancash, Cusco, Apurímac. Arequipa, La Libertad, Piura, Ica, Tumbes y Lima), también amenaza zonas de amortiguamiento de 14 áreas naturales protegidas.

 

Bajo este panorama, el haber prorrogado el proceso de formalización ocasionará que la minería ilegal se incremente y opere usando insumos químicos, explosivos, maquinaria prohibida para continuar infamemente extrayendo oro ilegal con total impunidad, con esta prórroga, los mineros ilegales, por más daños irreparables que hagan contaminando a pobladores y medio ambiente, no podrán ser denunciados por el Ministerio Público hasta 2024, seguirán evadiendo impuestos, generando graves delitos, contaminando con cianuro y mercurio nuestros recursos hídricos y suelos y depredando los bosques amazónicos y su biodiversidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de enero de 2022

 


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