El
actual gobierno comunista es antiminero, y con sus acciones pretende destruir
la industria minera formal, atacándola y amenazándola, a pesar de ser nuestra
principal fuente de divisas, recordemos como, en noviembre pasado, la premier
Mirtha Vásquez, como parte de su estrategia antiminera, firmó en Ayacucho un
acta para el cierre inmediato de cuatro minas (Inmaculada, Pallancata, Apumayo
y Breapampa), seguidamente, diferentes conflictos sociales provocados
paralizaron tres importantes proyectos mineros, Las Bambas (reabierto con
limitaciones), Ares y Cerro lindo, e increíblemente, el propio ministro de
Energía y Minas, Gonzales Toro, refiriéndose a la inacción del gobierno para
evitar un incendio provocado por agitadores comunistas en Las Bambas, se quitó
la careta atreviéndose a decir “No es impunidad, pero a veces hay que
permitirlo”, sin embargo, cuando se trata de minería ilegal, no toman medidas
para fiscalizarla y erradicarla.
El
31 de diciembre pasado el gobierno promulgó la ley 31388 prorrogando, por
cuarta vez, la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de
diciembre de 2024 (previamente fue aprobado en el Congreso el 16 de diciembre),
en este proceso existieron tácitos acuerdos entre el Ejecutivo, Legislativo y
dirigentes de mineros ilegales para seguir postergando el plazo de
formalización y que continúe la impunidad para quienes operan extrayendo oro en
lugares prohibidos, principalmente a orillas de ríos, lagunas y cabeceras de
cuencas empleando equipos y maquinaria pesada no compatible en la pequeña
minería o minería artesanal.
Desde
hace 20 años el proceso de formalización minera ha fracasado, en el Registro de
Formalización Minera (Reinfo), hasta enero 2020, se habían inscrito 54,192
mineros informales y según Gonzales Toro, durante este año promete formalizar
11,000, lo que representa un ínfimo porcentaje considerando que según Hernando
de Soto en el país hay más de 500,000 mineros ilegales. A pesar de las
continuas interdicciones, la minería ilegal sigue operando en forma ilícita y
delincuencial en la mitad de regiones del país (Madre de Dios, Puno, Ancash,
Cusco, Apurímac. Arequipa, La Libertad, Piura, Ica, Tumbes y Lima), también
amenaza zonas de amortiguamiento de 14 áreas naturales protegidas.
Bajo
este panorama, el haber prorrogado el proceso de formalización ocasionará que
la minería ilegal se incremente
y opere usando insumos químicos, explosivos, maquinaria prohibida para
continuar infamemente extrayendo oro ilegal con total impunidad, con esta prórroga,
los mineros ilegales, por más daños irreparables que hagan contaminando a
pobladores y medio ambiente, no podrán ser denunciados por el Ministerio
Público hasta 2024, seguirán evadiendo impuestos, generando graves delitos, contaminando con cianuro
y mercurio nuestros recursos hídricos y suelos y depredando los bosques
amazónicos y su biodiversidad.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de enero de
2022
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