Es
realmente incalculable el daño y destrucción que ocasiona la minería ilegal fluvial
en nuestra Amazonía por extracción de oro aluvial, arrasa y contamina los ríos envenenando
la cadena alimentaria, afectando la fauna acuática, el medio ambiente y la
salud de pobladores de 70 comunidades indígenas. La ley 30057 prohíbe la
minería ilegal por tratarse de un grave problema, especialmente en la Amazonía;
el Decreto Legislativo 1100 prohíbe en todos los cursos de agua como ríos y
lagunas, el uso de maquinarias, dragas, balsas o tracas, además, la ley 29338
de recursos hídricos dispone que el acceso al agua (ríos y afluentes desde su
origen natural), es prioritario sobre cualquier uso para la persona humana y deben
ser administrados en armonía con el bien común y la protección ambiental, sin
embargo, dicha normativa no se cumple en absoluto.
Los
mineros ilegales, con dragas y bombas succionadoras, extraen sedimentos que
tratan con mercurio quemando la mezcla para separar las partículas de oro,
siendo arrojado al río como metilmercurio (MeHg), elemento altamente tóxico
(según datos del Minam, por cada kilogramo de oro extraído usan 2.8
kilogramos de mercurio) afectando los peces que son consumidos por pobladores que
dependen de este recurso alimenticio, además, los altos niveles de sedimentos
que provocan las bombas de succión alteran los cursos de los ríos y enturbian y
perjudican la calidad del agua utilizada para su subsistencia. La Organización
Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la toxicidad producida por el
metilmercurio deteriora el desarrollo cognitivo ocasionando alteraciones
neuromusculares y neurológicas, especialmente en los niños. Según informe de la
Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), entre los ríos
más afectados están: Madre de Dios, Inambari, Malinowski, Pariamanu
(región Madre de Dios), Pachitea, Yuyapichis (región Ucayali), Marañón, Cenepa,
Napo, Nanay, Santiago, Mazán (región Loreto).
Bajo
este panorama, aunque la Marina de Guerra, a través de las Capitanías de Puerto,
en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, hace
denodados esfuerzos realizando continuos operativos contra la minería ilegal en
distintos ríos de nuestra Amazonía, sin embargo, no es suficiente, le
corresponde al gobierno implementar una estrategia integral que incluya la
trazabilidad del camino del oro, incrementar recursos y personal con sistemas
de alarmas tempranas y tecnologías de monitoreo para mejorar y agilizar el
control y fiscalización de los ríos afectados, eliminar concesiones mineras que
se superpongan con los ríos, además, brindar apoyo técnico y recursos a las comunidades
indígenas para que participen, en sus territorios, en la lucha contra la
minería ilegal, mantener estricto control sobre la cadena de suministros y
venta de mercurio y gasolina a los mineros ilegales, e imponer sanciones penales
muy severas por contaminación de ríos u otros cuerpos de agua.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de agosto de
2025
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