La
minería ilegal, principalmente de oro, se ha convertido en una amenaza grave para
nuestro país, deteriora la legitimidad y gobernanza territorial del Estado, el 50%
de oro extraído es ilegal y mueve más dinero que el narcotráfico, según la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la última década habría movilizado
US$ 22,800 millones en lavado de dinero, y para la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental opera sin freno en 11 regiones y 23 áreas naturales
protegidas, principalmente en la Amazonía.
El
mercurio es muy peligroso para la salud humana y el medio ambiente, por tal
motivo, en 2017 entró en vigor el Convenio de Minamata (firmado por 128 países,
incluido el Perú) el cual busca que se establezcan políticas y acciones para
prevenir emisiones y liberaciones antropogénicas al medio ambiente, suelos y
ríos, tanto en forma de mercurio elemental (amalgamación), o como vapor de
mercurio para separar oro-mercurio (refogado).
La
comercialización de mercurio en Perú increíblemente no está prohibida, la
mayoría ingresa vía importación para uso industrial, sujeto a control y
fiscalización, sin embargo, al incrementarse exponencialmente su demanda en la
minería ilegal e informal, muchas cargas se estarían desviando con alarmante
facilidad como tráfico y contrabando. La Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria (Sunat) desde el año 2012 inició funciones para
controlar y fiscalizar los insumos químicos susceptibles de uso en minería
ilegal, en su Registro de Usuarios de Mercurio (al 1° febrero 2025) figuran 2,468
inscritos, el 70% (1,728) son de Puno.
Una
investigación presentada en agosto 2025 por la Agencia de Investigación Ambiental
de EEUU (EIA) advierte que desde la reserva Sierra Gorda en Querétaro, México
(segundo mayor productor mundial de mercurio), se realizan envíos de mercurio hacia
minas de oro ilegales controladas por carteles en Bolivia, Colombia y Perú
habiendo traficado 200 toneladas entre abril 2019 y junio 2025, especialmente
en la Amazonía donde existe enorme inseguridad territorial, también se estima
que desde Bolivia (que no es signatario del Convenio de Minamata) viene
ingresando al Perú entre 50 y 80 toneladas en los últimos años. Además, es muy fácil
de conseguir mercurio en ferreterías de los asentamientos mineros y hasta es
ofrecido por internet.
Bajo
este panorama, desde 2012 se han promulgado más de 40 normas legales para
controlar y fiscalizar los insumos químicos usados por la minería ilegal, entre
leyes, decretos supremos y legislativos, resoluciones ministeriales,
resoluciones de Sunat y hasta del Mininter, sin resultados positivos porque su
uso ilegal continúa aumentado. El 12 de julio pasado fue promulgada una última
Ley 32412 que otorga mayores facultades a la Sunat y establece un nuevo marco
legal para control y fiscalización, distribución, transporte y comercialización
de insumos químicos para la industria, para prevenir su desvío, como tráfico o
contrabando, hacia actividades de la minería ilegal determinando su
trazabilidad, así como de maquinarias y equipos en medios de transporte, pero
increíblemente esta ley aún no puede ser aplicada porque no ha sido
reglamentada, como plazo, a los 90 días calendarios desde su promulgación, el cual
venció el 12 de octubre pasado.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 noviembre de 2025
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