Lo
que actualmente sucede en nuestro país, insatisfacción ciudadana por falta de
atención de sus necesidades (84% desaprueba a Boluarte y 76% a Otárola), un régimen
con falta de liderazgo que no ha aprobado ni elaborado nada relevante, crece la
inseguridad ciudadana, una economía en declive, enfrentamientos en el Congreso
y Ministerio Público, etc., este panorama nos desvía la atención para analizar
y debatir la grave situación de la educación escolar, principal recurso de un
país para construir una ciudadanía responsable, solidaria y ética, y con futuro
viable.
El pasado 5 de
diciembre, la OCDE presentó los resultados de la última prueba PISA-2022
(Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes) que mide la capacidad
de estudiantes en matemáticas, comprensión lectura, ciencias, y pensamiento
creativo (este último resultado será publicado en junio 2024); por nuestro
país intervinieron 8,787 estudiantes de secundaria (edad 15 años), de 337
colegios (73% públicos, 27% privados). Los resultados se miden en 6 niveles de
aprendizaje, el 6° es el óptimo, en nuestro caso, los resultados son críticos en
el área urbana y muy graves en el área rural, la mayoría de estudiantes solo
llegó hasta el 2° nivel (únicamente responden reactivos básicos y realizan
inferencias sencillas): en matemáticas (área urbana 66%, rural 89%), en
comprensión lectora (área urbana 50%, rural 79%), y en ciencias (área urbana
52%, rural 78%).
Aunque nuestro problema
educativo es estructural, actualmente está en declive pronunciado, primero, porque
Castillo creó la Federación Nacional de Trabajadores
en la Educación del Perú (Fenatep), y actualmente Boluarte la defiende incondicionalmente,
a pesar oponerse a la carrera docente y a la meritocracia, además, mantiene
ascendencia sobre grupos radicales de maestros y su fundamentalismo sindical
afecta nuestra democracia; segundo,
porque en este gobierno, en sus dos fases, han pasado seis ministros de
Educación, siendo imposible seguir una adecuada política educativa;
tercero, porque el Congreso, en setiembre pasado, repuso automáticamente a
14,000 profesores interinos cesados que no quisieron rendir evaluaciones o desaprobaron,
afectando la reforma educativa y la meritocracia; y, cuarto, porque el
gobierno incumple su deber constitucional de asegurar que nadie se vea impedido
de recibir educación adecuada, y de supervisar el cumplimiento y calidad de la
educación (artículo 16).
Bajo este panorama, la
última prueba PISA ha desnudado nuestra lamentable realidad educativa por lo
que la ministra de Educación debería renunciar. El gobierno está obligado a implementar
políticas que mejoren su calidad, capacitando y evaluando permanentemente los
docentes (y no lo contrario) para que estimulen en los alumnos creatividad y
análisis, y, como derecho esencial, brindar un acceso equitativo a estudiantes
de todo nivel socioeconómico porque actualmente no garantiza iguales
oportunidades de desarrollo de las capacidades de aprendizaje.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de enero de
2024
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