El
pasado 21 de junio el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 1587-2021-CR,
en el que, de manera excepcional y sin concurso público, se otorga el nombramiento
automático de docentes de Educación Básica Regular solo con tener 3 años de
contrato, lo cual atenta contra la meritocracia y representa una injusticia contra
los docentes que se esforzaron para asistir a cursos de compensación y aprobar
obligatoriamente los concursos de mérito de nombramiento. Esta iniciativa,
claramente comunista y populista, fue una de las principales promesas de
campaña electoral del corrupto Castillo, y, cuando fue electo, aseguró que su
gobierno revisará y derogará los procesos de evaluación para nombramiento de
profesores de la Ley de Reforma Magisterial 29944, la cual, justamente, impulsa
el fundamento de mérito y capacidad de los profesores en el ingreso, permanencia,
mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial.
Resulta muy extraño que
este proyecto de ley que fue presentado hace 15 meses (28 marzo 2022) por
Pasión Dávila del Bloque Magisterial, recién haya sido activado y votado en el
Congreso en bloque por las bancadas de izquierda radical y Alianza para el
Progreso, y algunos de Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, de manera
irresponsable y con inusitada rapidez, cuando tenemos ad portas una elección de
la Mesa Directiva del Congreso, ¿otra repartija?
A menos de un mes que
Castillo perpetrara un golpe de Estado, firmó, el 11 noviembre 2022, una ley
que convierte 41,138 plazas eventuales (de contrato) a orgánicas (de
nombramiento) para maestros de escuelas públicas, destinando S/ 140 millones
para financiar nuevas vacantes de profesores auxiliares y administrativos, exigiendo
además, el reconocimiento de años de servicio de los maestros para colocarlos en
la escala magisterial; cabe mencionar que los incrementos remunerativos
de los profesores contratados, al ser nombrados, varían entre 100% y 210%,
desde la primera hasta la octava escala magisterial.
Bajo este panorama, dicha
ley aprobada, que increíblemente no pasó por la comisión de Educación del
Congreso cuya presidenta es Gladys Echaíz (solo pasó por comisiones de Trabajo
y Presupuesto) colisiona gravemente contra la meritocracia en la carrera
pública docente porque se está eliminando las evaluaciones de conocimientos
pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad, así como de
habilidades generales de los profesores. Esta ley, que debería ser nuevamente
revisada en el Congreso, según Otárola será observada por el poder Ejecutivo,
ha sido rechazada por Minedu, por el Consejo Nacional de Educación (CNE) y
otros expertos en Educación, porque representa un pésimo antecedente que atenta
contra la formación de los escolares, futuro de nuestro país, que requieren de
una buena y adecuada escuela pública, con docentes debidamente preparados,
capacitados y exigentemente evaluados.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de julio de 2023
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