Desde
el 11 de octubre de 2001, con Ley 27528, se dispone la construcción del
Aeropuerto de Chinchero (Urubamba, Cusco) declarándolo de necesidad y utilidad
pública y de la más alta prioridad del Estado, autorizando su concesión y
operación, lo cual no se cumplió. Increíblemente, después de 13 años, recién se
firmó, en julio 2014, el contrato con Kuntur Wasi, para su diseño,
financiamiento, construcción y mantenimiento por 40 años, con una inversión de
US$538 millones (aprox. S/1,710 millones). Este contrato fue resuelto
unilateralmente en 2017 por el entonces ex ministro de Transportes, Martín
Vizcarra, la empresa pidió un arbitraje, cuyo fallo nos obligó pagarle más de
US$100 millones (aprox. S/320 millones) en compensaciones.
Ya
durante el gobierno de Vizcarra, en 2019, se firmó un nuevo contrato gobierno a
gobierno (G2G) con la República de Corea por asistencia técnica para su
construcción, pero con una mayor inversión de US$730 millones (aprox. S/2,430
millones), programándose el inicio de los trabajos físicos el segundo semestre
de 2020 y su término en 2024, lo cual tampoco se cumplió, y peor aún, este
contrato ha sido modificado mediante 7 adendas que han incrementado el monto
actual de inversión hasta S/3,068 millones.
Existen
muchos trabajos pendientes del contrato G2G con Corea, pero además, en obras
faltantes, edificios del lado de tierra, playas de estacionamiento, vías de
acceso, terminales de carga, planta de combustible, talleres de mantenimiento,
conectividad, sistemas logísticos, tratamiento de aguas residuales, puentes, y
principalmente la pista de aterrizaje de 4,000 metros de longitud, en ubicación
compleja a 3,710 msnm, que por las constantes lluvias, debe construirse con
base de concreto y tratamiento especial de drenaje.
Este
proyecto que incluye en su historial muchos problemas y postergaciones, no
tiene actualmente una fecha oficial de inicio de operaciones, situándose su
avance actual cerca del 33%. Desde mayo pasado la Contraloría venía advirtiendo
que la construcción del aeropuerto enfrenta posibles retrasos de 2 años tras el
pedido del contratista para entregar la obra recién en diciembre de 2028, a
pesar que el director General del Ministerio de Tierra, Infraestructura y
Transporte de Corea, Taebyung Kim, durante la firma del contrato, aseguró su
término en 2024. Además, existe un déficit presupuestal en el Ministerio de
Transportes (MTC) de S/65 millones, y deudas por casi US$900 mil con
comunidades campesinas locales. Pareciera que el MTC se ha alineado con dichas
advertencias, y, según sus propias informaciones actualizadas, el 2027 será un “año
de construcción” y, recién a fines de 2028, podrían iniciarse sus operaciones.
Bajo
este panorama, el nuevo cronograma presentado por el contratista coreano postergando
el plazo de trabajos del aeropuerto, sin sustento técnico, ha generado alerta e
incertidumbre sobre fechas oficiales y presupuestos finales. Pero además, existe
otro tema muy preocupante que no ha sido aclarado totalmente, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), desde 2019,
así como arqueólogos, antropólogos e historiadores, han mostrado preocupación
sobre los impactos que se podrían producir por la operación del aeropuerto en
el Valle Sagrado de los Incas y principalmente sobre Machu Picchu, entre otros
motivos, por la cantidad de sobrevuelo de aviones de mayor tamaño produciendo
elevados niveles de huellas de vibraciones y ruidos, por la construcción de
nuevas vías de acceso, mayor cantidad de turistas, y sobrepoblación y
contaminación en Aguas Calientes (oficialmente Machu Picchu Pueblo), y en el
distrito de Chinchero.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de noviembre
de 2026
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