INDIGNANTE: ANEMIA INFANTIL AUMENTÓ ENTRE 2011 Y 2016

La anemia infantil es una grave y severa enfermedad que adquieren los niños en sus primeros meses y años de vida por mala alimentación y nutrición (carencia de hierro, vitaminas, calcio y proteínas) originando continua baja de hemoglobina afectando cerebro, pulmones y riñones con secuelas en la capacidad intelectual o cognitiva, psicomotora y psicológica, mermando a futuro la suficiencia de nuestro capital estudiantil y laboral.

Es indignante que nuestro país registre los mayores niveles de incidencia de anemia infantil en Latinoamérica, afectando mayormente niños del ámbito rural y quintiles de pobreza y extrema pobreza. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el período 2011-2016 la anemia aumentó de 30.7% a 32.6% entre niños menores de 5 años afectando 1 de cada 3 (933,276 niños), además aumentó de 41.6 % a 43,5% en menores de 3 años afectando 1 de cada 2. En dicho período aumentó en 15 de 24 regiones y 9 de ellas registraron niveles superiores a 40%, siendo la mayor en Puno donde casi 8 de cada 10 niños la padecen (76 %), y hasta en Lima el porcentaje aumento de 19.6 a 26.8% (+6.7%). Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la anemia se agrava en niños peruanos de 6 a 11 meses afectando al 60%.

  

Existe vasta normatividad para la prevención de la anemia, sin embargo sigue aumentando. El Plan Nacional 2014-2016 para prevenir la anemia (RM 258-2014/MINSA 31 marzo) tenía como objetivo reducirla en menores de 3 años al 10% hasta 2016, pero contrariamente se incrementó hasta 43.5%. El actual gobierno cuenta con dos propuestas de Estrategia Nacional 2017-2021 para reducir la anemia materno infantil y la anemia infantil que plantea reducir al 2021 los índices de menores de 3 años de 43.5% a 19% y de menores de 5 años de 32.6% al 12%, lo cual sería imposible de cumplir porque a menos de una semana del plazo de facultades legislativas se han abocado principalmente a temas de reactivación económica sin priorizar la salud pública. 

Bajo este panorama la anemia infantil debe combatirse frontalmente a nivel nacional el 2017 incrementando su presupuesto, mejorando la eficacia de programas sociales (diagnóstico y tratamiento), aumentando la cobertura de suplementos nutricionales (áreas rurales y pobres), desarrollando monitoreo de indicadores, fortaleciendo la articulación multisectorial y asegurando mayor compromiso y acción de gobiernos regionales y locales. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de diciembre 2016

NAVIDAD: REFLEXIÓN PARA LOS POLÍTICOS

Mañana 25 celebramos el nacimiento de Jesucristo, fecha en la que debemos refugiarnos en la oración y reflexión respondiendo a los valores más olvidados como la solidaridad, la unidad, el bien común, la esperanza, el amor y la paz. Todos debemos reflexionar sobre nuestro comportamiento respecto a estos valores, pero especialmente los políticos quienes tienen la gran responsabilidad de crear las condiciones para satisfacer las necesidades primarias y promover la integración armónica de los peruanos, propender a su fortalecimiento y asegurar su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Como una constante, cada vez que se inicia un período gubernamental, se registra a los pocos meses la desaprobación de la ciudadanía al Gobierno y al Congreso porque los políticos no cumplen sus responsabilidades para alcanzar el desarrollo del país y el bien de la población, sino que actúan en base a intereses partidarios y personales, actualmente esta desaprobación es mayor por la conflictiva y entrampada relación entre ambos poderes del Estado y la censura al ministro de Educación donde se percibió por parte de los congresistas de Fuerza Popular (con amplia mayoría parlamentaria) un afán de venganza y un ánimo de desestabilizar al Ejecutivo, y aunque se ha realizado el primer diálogo entre el Jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (promovido por el cardenal Juan Luis Cipriani), los peruanos esperamos ahora un trabajo en conjunto de ambos poderes y una convivencia democrática en paz.

Bajo este panorama, esperamos que la navidad sirva de reflexión al gobierno sobre la necesidad de conseguir el respaldo político del Congreso y abocarse a implementar las urgentes reformas que nuestro país necesita, tales como las reformas del Estado, Poder Judicial, electoral, además, lograr para los ciudadanos la igualdad de oportunidades en educación, trabajo, salud, alimentación y cultura, luchar contra la corrupción, narcotráfico, terrorismo, así como mejorar la seguridad interna y la defensa y seguridad nacional. Por su parte la oposición debería reflexionar sobre la importancia de anteponer los intereses del país y la comunidad por encima de los intereses partidarios o personales, además, que la confrontación con el Ejecutivo es absolutamente contraria al rol de la oposición que consiste en el contrapeso, equilibrio, y fijación de caminos comunes con el gobierno con miras al Bicentenario y para bien de todos los peruanos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 diciembre de 2016

NO MIRAMOS EL HORIZONTE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

Nuestra situación de país atrasado se debe fundamentalmente a que desde hace muchos años no promovemos ni invertimos suficientemente en ciencia, tecnología e innovación (CTI) incumpliendo el mandato constitucional: “Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país” (artículo 14°). Increíblemente solo destinamos 0.14% del PBI (S/ 84 millones el 2016) que debe ser distribuido entre universidades, Ministerios de Agricultura y Producción y otras entidades; para el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) el presupuesto al 2021 debería llegar a S/ 1,000 millones.

El problema es que desde los colegios no se promocionan las ciencias básicas, y en las universidades las carreras de investigación y ciencias (naturales, médicas, agrícolas, ingeniería y tecnología) están rezagadas respecto a las ciencias administrativas y económicas. Igualmente, los centros de investigación y desarrollo tecnológico presentan muy bajo nivel de calidad, y lo que es peor, las universidades y centros de investigación están absolutamente separados de la actividad empresarial. Otro grave problema es que solo contamos 2,200 investigadores (necesitamos 17,500), también faltan científicos, contamos con un programa piloto “Magnet” para atraerlos del exterior, pero solo existen fondos para atraer unos 20.

El 29 mayo 2014 Concytec presentó la Política Nacional para desarrollo de CTI “Crear para Crecer” para mejorar y fortalecer la innovación tecnológica e investigación con metas para impulsar la biotecnología, ciencia de materiales, TIC y transferencia tecnológica, previéndose el incremento de inversión del actual 0.14% del PBI al 0.37% para el 2016, lo cual fue imposible de lograrse. Esta Política recién fue aprobada casi 2 años después según DS 015-2016-PCM (8 marzo 2016), disponiéndose un plazo de 90 días para que Concytec diseñe y proponga la estrategia para implementar dicha Política en coordinación con los sectores competentes, pero hasta la fecha no se ha cumplido.

Bajo este panorama nuestro país debe mirar hacia el horizonte científico y tecnológico, y aunque no gana votos porque implica mayores inversiones y los resultados son de largo aliento (15 a 30 años), esta es una de las pocas inversiones que mejoraría nuestra posición en la frontera de producción mundial porque agrega valor a nuestra industria y exportaciones. No hacerlo significa arriesgarnos a no tener a futuro un crecimiento económico sustentable, a seguir dependiendo de las materias primas (principalmente la minería con crecientes conflictos sociales) y las condiciones externas de precios para venderlas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 diciembre 2016

TRIÁNGULO TERRESTRE ES PARTE DE NUESTRA SOBERANÍA

El pasado 11 de noviembre nuestro canciller, Ricardo Luna, aseguró que no existen problemas limítrofes con Chile, “ni en el mar ni en la tierra” y “no hay de que preocuparse” a pesar de que existe un tema muy sensible que el gobierno no quiere enfrentar sobre el triángulo terrestre (37,610 m2), un territorio que nos pertenece plenamente pero Chile no lo reconoce como peruano a pesar que el Tratado de 1929 establece que “la frontera entre los territorios de Perú y Chile partirá de un punto de costa que se denominará Concordia” representado por el Hito 1 (orilla del Mar) y fijado por una Comisión mixta ad hoc (28 abril 1930) a distancia prudencial para evitar su destrucción por oleaje.

En marzo 2001 Chile instaló una caseta de vigilancia invadiendo dicha área pero la protesta peruana obligó a retirarla. El punto Concordia se encuentra incluido en nuestra ley 28261 de Líneas de Bases del Dominio Marítimo (3 de noviembre 2005). En diciembre 2006 Chile trató de usar el hito 1 en la creación de la XV Región Arica-Parinacota, no logrando su cometido, y en el marco de la demanda boliviana contra Chile en la Corte de la Haya (24 abril 2013), en sus alegatos Chile, desconociendo el punto Concordia, presentó un mapa que señala como Punto 1 el inicio de la frontera con Perú. Además, sobre el fallo de La Haya por nuestra demanda marítima (27 enero 2014), Chile asegura que la Corte decidió a su favor sobre la soberanía del triángulo terrestre, lo cual fue desvirtuado por la misma Corte, finalmente el 7 noviembre 2015 se crea en Tacna el distrito La Yarada-Los Palos que incluye el triángulo terrestre.

  

Bajo este panorama, el pasado 29 de noviembre el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y su homóloga chilena Michelle Bachelet suscribieron una declaración conjunta sobre temas de interés común (hasta la voluntad de proveerle electricidad y gas a Chile), y según nuestro Canciller, Ricardo Luna, entre Perú y Chile confluyen factores favorables para dinamizar y potenciar la agenda común, pero nada de esto se debería concretar si Chile, sin respetar las obligaciones pactadas en el Tratado de 1929, insista en desconocer unilateralmente el triángulo terrestre como peruano, asegure que le pertenece soberanamente y hasta señale que se encuentre minado, lo cual el gobierno peruano jamás debe aceptar ni soslayar.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de diciembre de 2016

MINAS ANTIPERSONALES DEBEN SER ELIMINADAS

Entre el 28 noviembre y 1° diciembre se realizó en Santiago (Chile) la 15ª Reunión de la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Destrucción de Minas Antipersonales”, para evaluar los avances en la meta de eliminar al 2025 todos los campos sembrados en el mundo. Esta Convención fue suscrita en 1997 en Ottawa, Canadá, y entró en vigor desde 1999 con el fin de destruir alrededor de 100 millones de minas repartidas en 70 países, hasta la fecha se han destruido 48 millones. Está suscrita por 162 países, sin embargo, 35 no aceptan sujetarse a la Convención, entre ellos, EE UU, China, India, Rusia, Pakistán, Palestina, Cuba, Irán e Israel.

En Sudamérica Chile, Colombia, Perú y Ecuador tienen minas en sus territorios. En Chile, durante la dictadura militar de Pinochet (1973-1990), fueron sembradas en sus fronteras con Perú, Bolivia y Argentina unas 430,000 minas con el argumento de posibles conflictos bélicos (según informe de Landmine Monitor-2001 podrían llegar a 1’000,000). Actualmente Chile acepta el sembrado de 181,864 quedando por desactivar 35,000, sin embargo, para la ONU al 2014 todavía mantenían 65,000 minas enterradas. Lo cierto es que continúan sucedido decenas de muertes o mutilaciones de peruanos y Chile no ha cumplido en materia de asistencia a las víctimas como obliga la Convención. También en la frontera de Chile con Bolivia existen 9,700 minas por remover, y con Argentina (Región Magallanes y Antártica chilena) unas 3,600.

Colombia, después de Afganistán, es el 2° país con mayor cantidad de víctimas por minas (11,460 entre 1990 y 2016), en 5 décadas de conflicto armado con las FARC tiene más de la mitad de sus municipios con minas (650 de 1,122) con 52’000,000 de m2 de territorio minado. En el caso del Perú, en la frontera con Ecuador se estima existen 6,300 minas en la Cordillera del Cóndor (Tiwinza) dispersadas en 128 zonas, cuya labor de desminado tiene plazo hasta diciembre 2024 a un costo de casi US$ 40’000,000, asimismo Ecuador tiene pendiente la destrucción de 5,500 minas en la frontera con Perú y solicitará nuevo plazo ya que el actual vence en octubre 2017.

Bajo este panorama, las minas antipersonales deben eliminarse en el mundo, unas 16.000 personas mueren o resultan mutiladas anualmente por estas letales armas y lo más grave que permanecen activas durante períodos indeterminados.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de diciembre de 2016

   

INGRESO A OCDE: DEPENDE DE REFORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante las actividades desarrolladas en la Cumbre APEC Perú 2016 el presidente Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que al reunirse en Palacio de Gobierno con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, le pidió apoyo para el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) quien tomó nota de tal deseo para iniciar conversaciones “a su debido tiempo”, el presidente peruano también conversó con los primeros ministros de Canadá y Nueva Zelanda quienes le manifestaron su apoyo a esta aspiración, y hasta el presidente de EE UU, Barack Obama, resaltó la voluntad de Perú de integrar esta organización, sin embargo, esta adhesión que Perú aspira alcanzar para el Bicentenario depende no solo del apoyo unánime de los 34 países miembros, sino principalmente en cumplir con sus indicadores de desarrollo. Los países miembros de OCDE cuentan con altos estándares de transparencia, productividad e inclusión que en su conjunto producen 67% de bienes y servicios del mundo y representan 70% de la economía global.

Esta organización nos consideró en enero 2015 en un “Programa País” (que concluye este diciembre) justamente para apoyar la elaboración de reformas económicas, sociales e institucionales y políticas públicas que debería llevar a cabo nuestro país, y ya hemos recibido sus informes, documentos y dos estudios multidimensionales (octubre 2015 y agosto 2016) que diagnostica nuestras restricciones y barreras. Al culminar dicho Programa País se esperaría que continuemos con una hoja de ruta o programa formal de acceso para posteriormente ser considerados como invitados.

Pero si aspiramos ingresar a la OCDE al 2021 debemos ejecutar reformas institucionales y diseño de políticas públicas de calidad. Nuestro crecimiento debe ser inclusivo e incluyente (con un PBI per cápita de US$ 6,300 no llegamos ni a la tercera parte del promedio de países miembros), en educación y habilidades requerimos formar jóvenes para alcanzar empleos de calidad, también estamos muy lejos del promedio en salud, energía, gasto público, innovación y preparación tecnológica, lo mismo en mercado laboral, infraestructura de transporte y portuaria y logística, gobernanza e instituciones, ordenamiento territorial y protección ambiental, todo lo cual repercute en nuestros bajos niveles de productividad (30% del promedio OCDE) y diversificación de la economía, elevada desigualdad e informalidad laboral (70%). Para enfrentar esta situación es indispensable ampliar la base impositiva, mejorar el sistema tributario y fortalecer la institucionalidad y confianza del Estado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de noviembre de 2016

APOLOGÍA AL TERRORISMO: NINGUNA SENTENCIA CONDENATORIA

La apología al terrorismo es un antiguo tema que debatimos circunstancialmente cada vez que los terroristas de Sendero Luminoso (SL) y sus seguidores se manifiestan en acciones de apología con defensa y alineación como en la reciente “marcha fúnebre” en Comas con cánticos y pancartas y el caso del mausoleo construido sin autorización en dicho distrito donde rinden culto a sus muertos ante la pasividad de nuestras autoridades, porque los cuerpos ya debieron ser trasladados y el mausoleo derrumbado. La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Luciana León, anunció la revisión de leyes contra este delito porque los terroristas “le sacan la vuelta”, así, el congresista Carlos Tubino presentó el pasado día 13 el proyecto de ley 611/2016-CR para modificar el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal incluyendo la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito o de persona condenada por terrorismo.

Sin embargo hace muchos años venimos tratando este delito sin resultados porque no existe ninguna sentencia condenatoria. El 3 enero 2003 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 7 del Decreto Ley 25475 (Expediente N° 010-2002-AI/TC) por constituir una violación a la libertad de información y expresión, además representar una expresión innecesaria de sobrecriminalización al encontrarse vigente el artículo 316 del Código Penal. Con DL N° 924 (19 febrero 2003) se reformó dicho artículo incrementando las penas (6 a 12 años) si la apología se hace del terrorismo o de condenados (autor o partícipe) y con DL N° 982 (22 julio 2007) aumentaron las penas (8 a 15 años) si la apología se realiza en medios de comunicación o internet.

    

Bajo este panorama, la apología al terrorismo, a la violencia y a cabecillas terroristas cruza los límites permisibles dentro de un Estado de derecho. Es inconcebible que no exista ningún sentenciado por este delito a pesar de que seguidores de SL hayan utilizado todas las formas posibles de apología, desde mensajes proselitistas y prédicas violentistas en páginas web creadas en internet con homenajes a héroes caídos y desfiles de presos en cárceles, bloqueos de carreteras para adoctrinar pobladores, grupos pro senderistas en universidades luchando por la amnistía general y libertad de presos políticos (léase terroristas), profesores haciendo apología con estudiantes, marchas rindiendo culto a sus muertos con exaltaciones de violencia y hasta un mausoleo donde rinden culto y enaltecen a sus muertos.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 noviembre de 2016

DECLARACIÓN DE SUCRE PERÚ-BOLIVIA: TREN BIOCEÁNICO Y CONVENIOS DE ILO

El pasado día 4 se realizó en Sucre la 2ª Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia donde los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Evo Morales suscribieron la “Declaración de Sucre”. En el punto N° 20: “reiteran su interés en el Corredor Ferroviario Bioceánico Central destacando la suscripción del memorándum de entendimiento para promover su viabilidad”. Este corredor bioceánico proyecta conectar el puerto brasilero de Santos, pasando por la ciudad boliviana Puerto Suárez, hasta el puerto de Ilo. Inicialmente Perú, Brasil y China suscribieron un acuerdo tripartito (mayo 2015) en que el tren bioceánico (de 8,000 km a un costo preliminar de US$ 60,000 millones) uniría el puerto de Bayovar (Piura) con el brasileño de Acu cruzando la Amazonía peruana (peligroso impacto ambiental), pero por impulso boliviano cruzaría su territorio a menor costo (US$ 10,000 millones) por ser la ruta más corta (400 km por Perú y 3,100 km por Bolivia y Brasil).

  

Este proyecto se justifica porque abarataría los costos de importación y exportación y además podría transportar al final de su construcción unas 7 millones de personas y 10 millones de toneladas de carga beneficiando a Perú, Brasil y Bolivia, pero también a Paraguay, Argentina y Uruguay con la conexión del tren con la hidrovía Paraguay-Paraná, sin embargo, es un proyecto de largo plazo que recién se encuentra en etapa de evaluación, estudios de factibilidad y viabilidad.

En el punto N° 14: “expresaron su interés en la pronta implementación de los Convenios de Ilo suscritos en enero 1992, los mismos que se encuentran plenamente vigentes”. Recordemos que dicho convenio (“Boliviamar”) se suscribió hace casi 25 años con la cesión de Perú a Bolivia (por 99 años) de una zona franca en Ilo (163 hectáreas y 5 kilómetros de litoral) para zona de desarrollo comercial y turística, pero Bolivia jamás la utilizó, a pesar de ello el ex presidente García suscribió en octubre 2010 un “Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios del Proyecto Playa Bolivia” incluyendo abrumadoras concesiones (acceso permanente al Pacífico, punto de atraque propio, derecho de navegación de buques bolivianos, 8,000 m2 de terreno para la construcción de su Escuela Naval, libre uso de instalaciones portuarias, zona franca industrial y económica especial, etc.), el cual desde hace 3 años se encuentra en el Congreso y no debe ser aprobado por contravenir nuestra Constitución (art. 54 y 55).  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 noviembre

2016

SITUACIÓN DEL TRABAJO JUVENIL REQUIERE URGENTE SOLUCIÓN

Actualmente nuestra población nacional registra 31’150,000 habitantes, de ésta, la población juvenil (15 y 24 años) ocupa el 27% (8’410,000), de los cuales 5’067,000 conforman la PEA. El pasado día 24 la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2016 “Más habilidades para el trabajo y la vida”, en su capítulo 4 trata sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes de América Latina para insertarse laboralmente, en el caso peruano señala que entre los que finalizan su educación 60% consigue un empleo, pero solo 17% un empleo formal, el 22% consigue un empleo independiente (la mayoría subempleados con ingresos menores al sueldo mínimo vital), el restante 18% ocupa trabajos familiares sin remuneración o trabajos precarios (sin aportes para su desarrollo laboral).

Los jóvenes que terminan su educación se demoran, en promedio, 9 meses para conseguir un empleo asalariado, y hasta 2 años y medio por un empleo decente (contratados, con ingresos suficientes y beneficios de salud y previsión social). También la informalidad laboral juvenil es altísima, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llega a 82% (una de las 4 más altas a nivel regional) afectando más de 1 millón de jóvenes, en microempresas sobrepasa el 90%, y hasta en empresas formales 72% trabaja en malas condiciones, con bajos ingresos, inestabilidad laboral, desprotección y sin derechos sociales ni laborales.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) nos advierte sobre otra dramática realidad, un millón de jóvenes peruanos entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan (ninis), igualmente, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los jóvenes peruanos ninis entre 15 y 29 años llegan a 26.7% en mujeres y a 15.4% en hombres. La mayoría de jóvenes ninis proviene de hogares pobres o vulnerables que no encuentran oportunidades de estudio o trabajo y están expuestos a caer en delincuencia o drogadicción.

Bajo este panorama, los jóvenes peruanos son uno de los grupos sociales más vulnerables, postergados y relegados de las prioridades en agendas públicas, el gobierno debe mejorar esta crítica situación promoviendo la generación de empleo juvenil y reforzando la capacitación laboral con programas en formación académica y técnica para desarrollar sus capacidades productivas, porque la población juvenil representa un valioso potencial de capital humano, imprescindible para mejorar la productividad nacional, favorecer el crecimiento económico y alcanzar nuestro desarrollo sostenible. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de noviembre de 2016

CHILE: 26 AÑOS DEBATIENDO DEROGACIÓN DE LEY RESERVADA DEL COBRE

El pasado día 23 el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Valdés, señaló que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) requiere mayor financiamiento para que Chile continúe siendo el mayor productor mundial de cobre, lo cual se ve obstaculizado porque “la Ley Reservada del Cobre exige que se dé el 10% de sus ventas a la FF AA, lo que está drenando sus reservas”. Del mismo modo, el presidente de Codelco, Óscar Landerretche, manifestó que esta corporación “entregó por dicha ley a la FF AA, entre el 2000 y 2015, la cantidad de US$ 14,300 millones”.

Esta ley se estableció hace 58 años (29 octubre 1958) como Ley del Cobre N° 13.196 y gravaba a mineras privadas con 7.5% de sus ventas exclusivamente para adquisición de equipos bélicos. En 1973, a comienzos del Gobierno Militar, la ley se modificó con Decreto N° 239 y leyes 18.445 (1985) y 18.628 (1987) disponiendo un impuesto de 10% para la FF AA sobre las exportaciones totales de Codelco, además de aumentos garantizados y entregas de fondos y contabilizaciones reservadas en cuentas secretas e inversiones mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación.

El asunto es que hace 26 años, desde el primer gobierno de la Concertación (Patricio Aylwin 1990-1994) y el actual de Michelle Bachelet (2014-2018) se viene debatiendo su derogación (hasta se investiga un millonario desfalco a la ley entre 2010 y 2014) pero nunca se ha concretado porque de manera recurrente los proyectos de ley presentados por los diferentes gobiernos no han sido aprobados por el Congreso a pesar de solo requerirse quórum simple, con el argumento de una necesaria estabilidad y un plan anual de adquisiciones de armamento debido a que la paz nunca estará garantizada y porque no existe desarrollo sin seguridad.

Bajo este panorama, la condición imprescindible del gobierno y la oposición chilena para derogar esta ley es que, como política de Estado, se deberá desarrollar un sistema financiero con fondos estables y permanentes para adquisiciones militares (presupuestos plurianuales o planificaciones mayores de 5 años) que facilite las inversiones en armamento para asegurar en el largo plazo la mayor capacidad de defensa del país, por lo que con los exorbitantes recursos provenientes de esta ley más los presupuestos anuales para Defensa, han tenido, y mantienen, una desenfrenada adquisición de armamento netamente ofensivo y de última tecnología. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de octubre de 2016

DE ESPALDAS A LA INNOVACIÓN

Pese a continuos anuncios de nuevas políticas y estrategias en innovación los malos indicadores son una constante nacional. En el último Índice Mundial de Innovación 2016 el Perú ocupa el puesto 71 entre 128 países, sin embargo, en sus principales indicadores ocupa los últimos lugares: eficiencia en innovación (109), conocimiento y tecnología (109), difusión de conocimiento (118), artículos presentados sobre ciencia y tecnología (113), diseños industriales (91), entre otros, asimismo, el último ranking de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-2017 nos ubica en innovación en últimos puestos (119 entre 138 países).

La innovación es un elemento central y principal en la estrategia de crecimiento y desarrollo de un país, es un proceso dinámico que mediante el conocimiento, a partir de la investigación y desarrollo (I&D), modifica procesos y transforma insumos en productos y equipos a partir de nuevos procesos tecnológicos que aprobados en el mercado adquieren mayor valor económico, su fortalecimiento influye en el incremento de productividad y de valor agregado a los recursos exportables y por ende a la generación de empleo y aumento de bienestar social.

Nuestro país se encuentra en un punto crucial de su desarrollo pero se está quedando rezagado en la revolución tecnológica y le da la espalda a la innovación, es increíble que el 2015 el Estado solo invirtió 0.08% del PBI en I&D, una de las más bajas en la región; las empresas también invierten mínimamente en investigación y capital humano, a pesar que la ley 30309 (13 marzo 2015) les otorga incentivos tributarios por gastos en proyectos de innovación (hasta 175%) pero no los usan por falta de capacidad para identificar procesos y presentar proyectos; igualmente, las universidades le dan escasa relevancia a la I&D porque no se fomenta el desarrollo de una cultura de emprendimiento e innovación a  partir del sistema escolar hasta culminar en la universidad y el postgrado.

Bajo este panorama la innovación es parte esencial de la modernidad, sin embargo, en nuestro país es muy escasa y expresada de modo aislado. Con miras al bicentenario debería ser una prioridad la política e inversión nacional en I&D y capital humano con fuertes programas de innovación, educación, cultura emprendedora, apoyo directo a las pymes y mejorando los centros de investigación tecnológica e innovación, todo esto acompañado de un esfuerzo colaborativo y consciente entre el gobierno, empresariado, universidades y centros tecnológicos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de octubre de 2016

NUESTRA DESALENTADA BIBLIOTECA NACIONAL

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) estará siempre ligada a nuestra historia como primera institución cultural de la república. Durante la guerra con Chile (1879-1883) fueron sustraídas por las tropas chilenas las principales colecciones históricas que 127 años después fueron solo en parte restituidas. En mayo de 1943 la BNP se incendió destruyéndose 104,000 volúmenes y 40,000 manuscritos. Esta trágica historia continúa con un sistemático robo de libros y joyas bibliográficas desde hace 25 años. Ya en la actual BNP (inaugurada en marzo 2006) se detectó en 2009 un mercado negro que ofrecía por “delivery” libros editados los siglos XVI al XIX; en 2011 se descubrió el robo de obras de gran valor, disponiendo el director, Ramón Mujica, un inventario que arrojó la pérdida preliminar de 932 ejemplares históricos de valor incalculable (además de gran cantidad de ejemplares nunca codificados) y según la investigación, la mayoría de robos involucran a personal nombrado, habiendo interpuesto la BNP 14 denuncias ante la fiscalía. Los últimos 6 años solo se recuperó un 10% de libros robados.

El pasado día 3 con Resolución Ministerial 357-2016-MC el ministro de Cultura, Jorge Nieto, creó una Comisión que evaluará y analizará la estructura, funcionamiento y estado situacional de la BNP. Dentro de la Comisión de cinco integrantes, uno era el Director, Ramón Mujica, quien renunció irrevocablemente el día 5 con carta al presidente Kuczynski señalando que en medio de una controversia por el archivamiento del caso del robo de 4,000 folios del Archivo Presidencial Cáceres y en plena campaña de lucha contra la corrupción su gestión no goza de la confianza del ministro de Cultura.

Bajo este panorama, el acervo bibliográfico de la BNP es parte de nuestra historia e identidad nacional por lo que la actual Comisión Evaluadora debería considerar: 1) La dirección de la BNP por un profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información cuya preparación coadyuvaría a fortalecer la institución; 2) Efectuarse auditoría bibliográfica y financiera; 3) Mejorar sistemas de seguridad; 4) Recuperación de libros robados y que sus autores no queden impunes; 5) Preparación de profesionales en gestión bibliotecaria; 6) Con miras al Bicentenario, digitalización para acceso de usuarios al catálogo bibliográfico y colecciones; y 7) Verificar el cumplimiento de funciones de la BNP como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, de acuerdo a Ley 30034 fecha 5 junio 2013.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 octubre 2016

ANIVERSARIO DE LA MARINA Y COMBATE DE ANGAMOS: REFLEXIONES

Hoy, 8 de octubre, celebramos el 195° aniversario de creación de nuestra Marina de Guerra, institución cuya historia a través del tiempo es pródiga, protagonista del génesis de la patria y enriquecedora del alma nacional. Pero también conmemoramos el 131° aniversario del glorioso Combate Naval de Angamos, fecha en que Miguel Grau con su sacrificio y amor por la patria nos dejó un legado de patriotismo, y como hombre cabal de convicciones éticas, profesional íntegro, político digno, recto y honesto, nos legó su ejemplo de valores que los peruanos deberíamos seguir.

Esta fecha tiene gran significado para la reflexión: la deplorable situación operativa para enfrentar el conflicto armado contra Chile, que el mismo almirante Grau alertó oportunamente, se debió a la miopía política, soberbia, desidia e imprevisión que no permitieron visualizar esa crítica capacidad operativa, de entrenamiento y mantenimiento por falta de recursos.

Dicha reflexión se enmarca en la principal responsabilidad del Ministerio de Defensa: asegurar las capacidades disuasivas requeridas por la Fuerza Armada para la defensa del país, apoyo al desarrollo y mitigación en caso de desastres naturales, a través del equipamiento necesario y personal capacitado, entrenado y con alta moral. Sin embargo, el ministro de Defensa, Mariano González, ha venido cuestionando las adquisiciones realizadas por el gobierno anterior, las que han recuperado niveles operativos que no teníamos desde los años 80 porque los gobiernos de Toledo y García, irresponsablemente, redujeron el presupuesto de Defensa hasta niveles mínimos (menores a 1.5% del PBI) que solo cubrían gastos fijos e ineludibles.

Las adquisiciones militares del período 2011-2015 por S/ 10,600 millones (según Contraloría), se efectuaron en base a un programa absolutamente necesario de repotenciación y modernización por la crítica situación de obsolescencia y límite de vida útil de nuestras unidades y sistemas militares, sin embargo, dichos gastos, como en cualquier otro sector, no están exentos de investigación y auditoría por parte de la Contraloría General que determinará, si la hubiere, cualquier responsabilidad civil o penal.

Bajo este panorama, al ministro de Defensa, Mariano González, no le corresponde cuestionar, sino completar la actualización del planeamiento estratégico, la gestión de recursos económicos necesarios para continuar la obtención de capacidades operativas requeridas, además de mejorar los niveles de bienestar y salud del personal, incluyendo la solución a la problemática de remuneraciones y pensiones que el propio presidente Kuczynski prometió antes de asumir el gobierno. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de octubre de 2016

EDUCACIÓN: GRAVE TRANSMISIÓN IDEOLÓGICA EXTREMISTA

Hemos visto con gran indignación un mausoleo construido en Comas por grupos de fachada de Sendero Luminoso (SL) para convertirlo en lugar de culto de terroristas, lo cual constituye una afrenta a nuestra sociedad y debe ser destruido, pero más grave aún, hemos constatado el pasado domingo 25 (programa televisivo Punto Final) que maestros y catedráticos que purgaron penas por terrorismo (integrantes del Fudepp y Movadef, grupos de fachada de SL) continúan dando clases en diversos colegios (Carabayllo, Collique, Callao) sobre ciencias histórico sociales, relaciones humanas, orientación educacional, y hasta una catedrática dando clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre psicología del cambio y conflicto social. Si esto sucede en la capital ¿Cuál será la situación regional y en el mismo Vraem?

Estos casos se vienen dando hace muchos años y no reaccionamos, en 2005 el Consejo por la Paz presentó un informe advirtiendo que casi 800 profesores, catedráticos y personal administrativo mantenía vínculos con SL (250 excarcelados, 500 con antecedentes y 38 requisitoriados), igualmente en 2008 hubieron denuncias que en algunos colegios regionales se impartía doctrinas maoísta, marxista y antiimperialismo yanqui. En julio 2010, con 453 condenados por terrorismo en el sector educativo, se promulgó el DS 019.2010-ED, disponiendo su separación en 15 días, lo cual nunca se concretó.

Después de 2 años y medio se promulgó la ley 29988 (18 enero-2013) para separar personal docente y administrativo de centros educativos públicos y privados (colegios, institutos, universidades) implicados en delitos de terrorismo y apología, violación sexual y drogas, pero tampoco se concretó porque esta ley disponía que en 30 días hábiles el órgano del gobierno del Poder Judicial implemente y ejecute un registro de personas implicadas, y el Poder Ejecutivo reglamente la ley (1ª. Y 2ª.disposiciones complementarias finales), lo cual increíblemente en casi 4 años nunca se cumplió, además, para evitar estas infiltraciones terroristas, el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional de Rectores debieron realizar una supervisión anual (art.1).

Bajo este panorama, el principal interés de los terroristas es transmitir su ideología extremista a través de la educación a escolares y universitarios, especialmente en zonas rurales y de bajos recursos, para ganar simpatizantes y adeptos, pero a pesar su gravedad se incumplen las leyes y solo actuamos con una débil respuesta legal e ideológica del sistema político, judicial, educativo e instituciones democráticas del país. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de octubre de 2016

INCONSISTENTE ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 (ENLCD) fue elaborada y aprobada (DS-033-2012-PCM) siendo Carmen Masías presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), dos años después (mayo 2014) fue destituida en forma sorpresiva (reemplazada por Alberto Otárola) debido al inicio de un programa de erradicación en el Vraem, pero la advertencia de los cocaleros que resistirían la interdicción policial hizo retroceder al gobierno de Humala suscribiéndose un acuerdo para no realizarlo y comprometiéndose a reconvertir 5,000 hectáreas (ha) de coca, lo cual  fracasó.

 

Según el monitoreo ONU (UNODC-julio 2016) registramos 40,300 ha de cultivos, pero es mucho más (53,500 ha) para la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de EE UU (ONDCP), sin embargo, lo que más afecta al país es la no erradicación en el Vraem, zona totalmente articulada a la producción y tráfico de drogas con casi la mitad de cultivos (45.5%) del total nacional que alcanzan una densidad de 200,000 plantas por ha (promedio nacional 30,000) produciendo 69% (66,494 TM) del total nacional (96,305 TM) de hoja seca, principal insumo para elaboración de cocaína, no se cumplió la meta de la ENLCD de reducirla hasta 84,350 TM, y con el total se producen 345 TM anuales de cocaína (según la ONDCP) manteniéndonos como primer país productor mundial. Igualmente con los insumos químicos, la meta promedio de decomiso anual (2,500 TM) es ínfima comparada a 40,000 TM anuales usadas para elaborar cocaína (según cifra de IDEI). También se incumplieron metas de disminución de consumo de drogas, prevención y rehabilitación, y con incrementar la cooperación internacional para la lucha contra las drogas.

 

Bajo este panorama el pasado día 12, Carmen Masías, fue nombrada nuevamente presidenta ejecutiva de DEVIDA (RS 219-2016-PCM) y tiene solo dos meses para elaborar y replantear la ENLCD 2017-2021. Debería prioritariamente adecuar la articulación interinstitucional en capacidad, apoyo e inteligencia para control de drogas e insumos químicos, También debería insistir en la corresponsabilidad compartida entre nuestro país (reduciendo la producción) y los principales países consumidores (España, Bélgica, Holanda, Italia y EE UU) reduciendo su consumo y apoyando con tecnología y recursos, y además, lograr un incremento sustantivo de recursos para ejecutar programas de desarrollo social, integral y alternativo en las zonas cocaleras (priorizando el Vraem) con acciones complementarias de erradicación de cultivos ilícitos. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de setiembre de 2016

LAVADO DE ACTIVOS: SIN VOLUNTAD POLÍTICA PARA ENFRENTARLO

El lavado de activos es un grave delito que se desborda en nuestro país y pone en riesgo el sistema económico y financiero por movimiento de ingente cantidad de dinero ilegal proveniente del narcotráfico, corrupción, minería ilegal, contrabando, piratería, industria maderera, trata de personas, etc. (US$ 10,000 millones anuales según el ex Fiscal General José Peláez) que es blanqueado en compras de inmuebles, transferencias de bienes y dinero, creación de empresas de fachada para simular operaciones financieras, cambio de divisas, y hasta “pitufeo” con un ejército de testaferros con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas empresas.

El principal medio para enfrentar el lavado de activos es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la SBS y creada con ley 27693 (marzo 2002) para recibir, analizar, tratar, evaluar, transmitir información y detectar este delito, pero increíblemente, para investigar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) no tiene facultades para levantar directamente el secreto bancario y tributario, debiendo recurrir al Ministerio Público lo cual alarga y entorpece el proceso, además, tampoco puede consultar a la Sunat sobre sospechosos pagos de impuestos o reportes de compras, y ni siquiera supervisar cooperativas de ahorro y crédito. Somos el único país en la región que la entidad que combate el lavado de activos no tiene estas facultades.

Desde hace años la UIF viene presentando proyectos para recibir estas facultades siendo denegadas por la Comisión de Constitución del Congreso, además, para enfrentar el lavado de activos no contamos con una evaluación nacional de riesgos ni un diagnóstico sobre la situación de este delito, ni menos, con un plan nacional actualizado, la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra Lavado de Activos (Contralaft) creada en 2011, no tiene logros importantes que mostrar, además fallan los mecanismos de prevención y control así como la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la UIF.

Bajo este panorama, el pasado día 8 el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley de delegación de facultades legislativas, y dentro del eje de Seguridad Ciudadana solicita legislar sobre el fortalecimiento del sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual incluye el acceso de la UIF al secreto bancario y reserva tributaria, esperándose que esta vez haya voluntad política para aprobarlo por tratarse de un elemento clave para enfrentar este grave delito.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de setiembre de 2016

REUNIONES 2+2 CON CHILE: INOPERANTES E INTRASCENDENTES

El pasado día 4 el Canciller, Ricardo Luna, expresó que deberían ser prontamente reanudadas las reuniones 2+2 Perú-Chile (Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política entre Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores), mecanismo suscrito (setiembre 2001) para fortalecer las medidas de confianza mutua y cooperación en seguridad y defensa. Pero en 15 años de vigencia Chile ha suspendido o congelado estas reuniones la mayor parte del tiempo, contrariamente los Cancilleres y ministros de Defensa peruanos han buscado reiterativamente su reanudación. Cuando Perú anunció en junio 2007 que presentaría una demanda contra Chile en La Haya, este país suspendió las reuniones, y en enero 2008, cuando Perú la interpuso, Chile las postergó indefinidamente congelando la relación política.

  

Las pocas reuniones efectuadas (5 en 15 años) nunca constituyeron un hito relevante para desarrollo de nuestras relaciones ni estrechamiento de vínculos y estuvieron precedidas por tensos y complejos climas bilaterales o llevadas con extrema formalidad. Después de la reunión inicial (2001) solo se realizaron una segunda en Lima (julio 2005) y una tercera en Santiago (octubre 2006) reiterándose los propósitos iniciales e incluyendo algunos acuerdos declarativos, 7 años después se efectuó una cuarta en Lima (mayo 2013) solo para ver aspectos del fallo de la CIJ, y una quinta en Santiago (febrero 2014) para la implementación de la sentencia, en la cual se acordó una nueva reunión para fines de marzo 2014 que también Chile suspendió.

Bajo este panorama, el mecanismo 2+2 ha sido inoperante e intrascendente porque en 15 años no ha coadyuvado a superar diferencias ni a fortalecer medidas de confianza mutua, además, los acuerdos más importantes no fueron concluidos o concretados, entre ellos, la erradicación de minas antipersonales en territorio fronterizo chileno que continúan matando o hiriendo gravemente a ciudadanos peruanos, tampoco se concretó la creación de una fuerza de paz combinada, ni el proceso de atención de desastres naturales, menos aún, la estandarización del sistema de medición de gastos en defensa debido al  impresionante gasto chileno en adquisiciones de armamento para brindar estabilidad y proyección a su FF AA, ya que además del presupuesto anual (US$ 5,230 millones para 2016, uno de los más altos de la región) reciben de Codelco 10% de las ventas anuales de cobre (ley reservada 13.196) que increíblemente opera mediante cuentas secretas y decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de setiembre de 2016

CALLAO: ESTADO DE EMERGENCIA Y TRÁFICO DE DROGAS

Hace 9 meses fue declarado el Callao en Estado de Emergencia (DS 083-2015-PCM fecha 4 diciembre) como medida preventiva para proteger la ciudadanía por probables enfrentamientos de bandas del crimen organizado, pero además, para reforzar en el terminal portuario los efectivos de investigación criminal (Dirincri) e investigación antidrogas (Dirandro) por la gran cantidad de salida de droga. El pasado día 27 fue ampliado por sexta vez (DS 066-2016-PCM) a pesar que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció anteriormente la decisión preliminar de levantarlo. Según la Región Policial del Callao, en sus 9 meses de vigencia han sido capturados 5,000 sospechosos y requisitoriados, sin embargo, no se ha detenido la violencia ni actos ilícitos ni robos, registrándose en este período alrededor de 60 asesinatos, además hay reclamos de otros alcaldes por la migración y aumento de delincuencia en distritos aledaños.

Pero el principal problema del Callao es la salida de droga por el puerto (hilo conductor del crimen organizado, corrupción, lavado de activos, extorsión, violencia, delincuencia) la cual no se ha reducido y continúa siendo el lugar preferido por mafias extranjeras y nacionales para exportar gran parte de droga producida. De 320 TM de cocaína producidas anualmente 120 TM estarían saliendo por este puerto pero muy poco se detecta y decomisa en aforos aleatorios o sospechosos, el 2015 solo se decomisó 0.7 TM (0.38%) en un impresionante movimiento de contenedores que según la Secretaría General de la Comunidad Andina, dicho año se movilizaron 1’910,000 (5,300 diarios), de los cuales, para la Organización Mundial de Aduanas (OMA) se revisa menos del 2% (alrededor de 100).

Bajo este panorama, es prioritaria la reducción de drogas que sale por el puerto del Callao. Según el reporte del Departamento de Estado de EE UU (INCSR-marzo-2015) somos el primer productor mundial de cocaína y segundo en cultivo de coca por lo que aumentan las mafias de narcotraficantes mexicanos y colombianos. Por la capacidad de almacenaje de contenedores (11 almacenes, 4 zonas y 5 patios) y su gran movimiento se requiere redoblar el sistema de seguridad con mayores capacidades humanas (inteligencia, policías, aduanas, fiscalía) y materiales, logística y tecnología (escáneres móviles, equipos de control, inviolabilidad de sellos de seguridad) para la aplicación de controles más estrictos al personal de trabajadores portuarios, así como en la detección de droga sembrada (preñada) en almacenes y contenedores.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de setiembre de 2016

PROYECTO MAJES SIGUAS II: 10 AÑOS DE RETRASO

El pasado día 15, durante las celebraciones del 476° aniversario de la fundación de Arequipa, el presidente Pedro Pablo Kuczynski emplazó a sus ministros de Transportes (Martín Vizcarra) y Agricultura (José Hernández) para que solucionen los problemas que impiden la ejecución del proyecto Majes-Siguas II, sin embargo, esta obra presenta un retraso de 10 años por razones principalmente de gestión, financiamiento y un conflicto legal.

Este proyecto, anhelado por Arequipa desde hace más de 30 años para irrigar 38,500 hectáreas de las pampas de Siguas está retrasado 10 años desde que ProInversión convocara en mayo 2006 la concesión de obras de afianzamiento hídrico e infraestructura de irrigación; en enero 2008 el MEF otorgó la viabilidad del proyecto y en setiembre 2010 se adjudicó la concesión a la empresa Angostura Siguas (Cobra Instalaciones-España y Cosapi-Perú) siendo inmediatamente suspendida por un conflicto legal con el gobierno regional del Cusco por el desvío del río Apurímac que culminó en noviembre 2013, y recién, en abril 2015, se firmó un nuevo contrato de concesión (Adenda 12).

Sin embargo, aún está lejos la construcción de los componentes claves de Majes Siguas II: el embalse de Angostura (cuenca alta del río Apurímac) para almacenamiento de 1,140 millones de metros cúbicos (MMC) y 2 túneles de derivación (7 y 11 km). Sincerando nueva programación sobre la construcción de Angostura, el Gobierno Regional de Arequipa señala que recién se iniciaría en 2017 por optimización de tecnología del proyecto, calculándose su duración 4 años después de concluirse la habilitación de caminos y accesos.

Además de problemas contractuales (preocupación de rescisión, modificaciones, adendas, revisión de expedientes) existe un problema financiero prolongado por parte del gobierno, una obra cuyo monto inicial fue calculado en 2006 en US$ 260 millones, ha sido incrementado más del doble, hasta US$ 550.5 millones, que el consorcio pretende recuperar vendiendo agua a los agricultores por 16 años siempre y cuando se garantice una dotación anual de 530 MMC para el proyecto, pero además, se presentan problemas de gestión: ambiental (falta de profesionales), cultural (plan de monitoreo arqueológico y protección de área con geoglifos) y social (lentitud en adquisición de parcelas en Pusa Pusa donde se construirá Angostura). Actualmente se ejecuta el primer expediente de la fase1 la obra (avance 40%), calculándose que la construcción total de Majes Siguas II culminaría en 7 años, hacia 2023.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de agosto de 2016 

CONSTRUCCIÓN DE HOTEL EN CUSCO ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

En la ciudad del Cusco, declarada por la UNESCO (1983) patrimonio de la humanidad, se construye, en pleno Centro Histórico y cerca de la Plaza Mayor, el Hotel Four Points by Sheraton (US$ 30 millones de inversión, 7 pisos, 3 sótanos, 145 habitaciones), que según Edwin Ruiz Caro, ex Director (dic.2013-dic.2015) de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDCC), se ha autorizado esta enorme construcción (permitido solo 2 pisos) con planos modificados o alterados que vulnera la tipología arquitectónica, trasgrede el Plan Maestro, el Código Municipal de protección y el Reglamento de Edificaciones.

La historia empieza en 2010 cuando, increíblemente, el ex titular de la DDCC, Juan García Rivas, aprobó el proyecto original de 10 pisos. En agosto 2013 el alcalde, Luis Flores García, otorgó licencia por 7 pisos a la empresa R&G SAC, y el 29 diciembre 2014 (a 2 días de dejar el cargo) la amplió 3 años más. El nuevo alcalde a partir del 2 enero 2015, Carlos Moscoso Perea, presentó el 25 julio 2015 una demanda al Poder Judicial para anular dicha licencia, quien conjuntamente con el DDCC Edwin Ruiz Caro conformaron una comisión Ad Hoc que detectó faltas administrativas y patrimoniales, declarando la alcaldía nula la licencia y paralizando las obras (Resolución 882-29 dic.2015).

Sin embargo, el pasado 20 de julio, la Corte Superior de Justicia del Cusco declaró fundada la acción de amparo de la constructora R&G SAC dejando sin efecto la Resolución Municipal 882-29 porque ésta no notificó dicha nulidad a la empresa, lo cual ha causado gran preocupación al Ministerio de Cultura que ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la constructora por vulneración de la Ley 28296 (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación), y también a la UNESCO por potenciales impactos negativos de esta construcción, finalmente, el pasado día 10, la DDCC a cargo de Daniel Maravi Vega-Centeno, paralizó nuevamente las obras (Resolución 171-2016).

Bajo este panorama, la inversión e infraestructura hotelera es positiva y necesaria para nuestro país, sin embargo, esta construcción en el Centro Histórico con indicios de irregularidades para conseguir licencia, debe ser demolida o adecuarse estrictamente el Plan Maestro, además, debe sancionarse con rigurosidad los malos funcionarios ediles y culturales que ocasionaron el indebido avance (61%) de este proyecto que atenta y pone en riesgo la condición de la Ciudad Imperial del Cusco como Patrimonio Mundial.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de agosto de 2016