FINALMENTE EL PODER JUDICIAL SENTENCIA CASO PERSEO Y ORDENA DISOLUCIÓN DEL MOVADEF

El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) fue fundado en noviembre 2009, y desde 2012 venía siendo investigado, se recibieron declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento, se obtuvieron audios de interceptaciones telefónicas autorizadas, se incautaron directivas de puño y letra del cabecilla terrorista Guzmán contactándose con dirigentes del movimiento y hasta dinero del  terrorista Florindo Flores “Artemio” para impulsar el movimiento. 

En marzo 2013 la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes y operadores por filiación con la organización terrorista Sendero Luminoso y financiamiento al terrorismo, y en abril 2014, mediante la “Operación Perseo”, se ejecutó una acción simultánea en Lima, Áncash, Huánuco, Junín y Lambayeque, participaron 300 policías, una brigada especial de inteligencia policial-militar, Ministerio Público, Poder Judicial y procuradurías públicas contra terrorismo y tráfico de drogas, capturándose a 28 integrantes del Movadef, disponiéndose prisión preventiva para siete dirigentes, entre ellos, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, abogados de Abimael Guzmán, fundadores y líderes de dicho movimiento, quienes, en agosto 2014, apelaron dicha sentencia y dos jueces de la Sala F Penal Nacional (Víctor Valladolid y Olga Inga) les cambiaron mandato de prisión por comparecencia restringida, por esta acción dichos jueces fueron removidos de su cargo.

Actualmente, el 28 de octubre pasado, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a cargo de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, dictó sentencia por el caso Perseo, con un voluminoso Expediente 85-2014-0-JR-PE-03 que consta de 559 páginas. Los Jueces Superiores de dicha Sala Penal, fallaron por unanimidad declarando la disolución del Movadef, así como el cierre definitivo de todos sus locales a nivel nacional, conforme lo autoriza el artículo 105 incisos 1 y 2 del Código Penal. Además, la parte resolutiva, impone penas por los delitos contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Terrorismo y Afiliación a organización terrorista, una de 35 años, seis de 16 años 3 meses, y 23 de 15 a 16 años, éstos sentenciados que se encuentran actualmente en libertad, deben ser puestos a disposición del Poder Judicial e internados en un establecimiento penitenciario, entre ellos, nuevamente Alfredo Crespo Bragayrac, quien debe reingresar a la cárcel por los 16 años 3 meses que le han impuesto.

Bajo este panorama, al ser disuelto el Movadef, se está protegiendo a la sociedad peruana, ya que está acreditado que este Movimiento es una estructura política de Sendero Luminoso que sigue el “Pensamiento Gonzalo”, ideario político fundamentalista que busca implantar un régimen totalitario. El permanente accionar del Movadef ha avanzado peligrosamente en el campo ideológico, se ha infiltrado en diferentes organizaciones políticas, pero principalmente en el sector educativo y laboral, adoctrinando y aleccionando a estudiantes y trabajadores.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de noviembre de 2024

 

CON EL GOBIERNO INERTE, AVANZA LA INSANIA CRIMINAL TERRORISTA

 

Grupos de terroristas de Sendero Luminoso que se autodenominan Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) de la organización criminal que dirige Quispe Palomino “camarada José” está avanzando en su accionamiento de violencia para cometer criminales atentados, en combinación con grupos de cabecillas del narcotráfico a los que brindan seguridad y cobertura en transportes de droga a cambio de dinero y armas, mientras la presidenta Boluarte, demostrando falta de decisión política, increíblemente no provee a las fuerzas del orden el presupuesto necesario para dotarlas del equipamiento, material, tecnológico y armamento necesario para combatir a terroristas y narcotraficantes en el Vraem quienes cuentan con ingente cantidad de armamento y dinero sucio, producto de la venta de drogas.

 

El pasado día 4, durante la madrugada, una patrulla de fuerzas combinadas del Ejército y Policía, durante un operativo en el distrito de Putis, provincia de Huanta, en Ayacucho, intervinieron una camioneta que trasladaba droga, siendo emboscados y atacados con insania criminal usando granadas y fusiles AKM, falleciendo 4 heroicos militares y quedando heridos 7 miembros de la patrulla, entre soldados, policías y civiles, según comunicado del Comando Conjunto, las fuerzas del orden abatieron 2 terroristas.

  

Siete meses antes, el 11 de febrero, estos terroristas cometieron otro criminal atentado en el distrito Unión Asháninka, provincia La Convención, Cusco, donde efectivos de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) llegaron a la zona para realizar un operativo, siendo igualmente emboscados, atacados y asesinados 7 heroicos policías. Estos dos últimos ataques tienen un denominador común, se produjeron en zonas donde existe elevado cultivo de coca, actividad del narcotráfico y producción de cocaína.

 

Bajo este panorama, Boluarte incumple la Constitución, porque es deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Si no fuera por las Fuerzas del Orden que enfrentan al terrorismo, el Vraem sería una zona liberada para terroristas y narcotraficantes, sin embargo, el gobierno no está apoyando este combate, urgentemente debería eliminar el pacto social ciudadano con los cocaleros del Vraem para que se autoerradiquen, este nefasto pacto promovido por el corrupto y golpista Castillo, continua irresponsablemente con Boluarte, a pesar que está favoreciendo al narcotráfico porque está ocasionando crecimientos imparables de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína.

 

Además, este gobierno no tiene presencia del Estado ni ejecuta acciones de desarrollo en las zonas cocaleras, principalmente en el Vraem; no adecua contramedidas que contrarresten la infiltración ideológica subversiva en los diferentes campos y sectores de la población; tampoco repotencia la parte administrativa ni presupuestal de la Dirección contra el Terrorismo y unidades especiales del Ministerio de Defensa, y mucho menos, impulsa una adecuada y eficiente inteligencia estratégica.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de setiembre de 2023

 

CRIMINAL ATENTADO TERRORISTA: ABOMINABLE Y BRUTAL

El pasado sábado 11 a 09:40 horas, en el poblado Natividad, provincia de La Convención, Cusco, un grupo de terroristas del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) emboscaron una camioneta con 8 efectivos policiales que se dirigía a Puerto Cocos, y, desde ambos lados de la carretera, usando granadas y fusiles AKM, asesinaron salvajemente a 7 de ellos, sobreviviendo uno. Este abominable y brutal atentado es atribuido, como autor mediato de organización y planificación, al cabecilla Víctor Quispe Palomino, y como autor material, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) habría identificado al sanguinario camarada “Carlos” que perteneció a los “pioneritos”, niños captados desde su nacimiento y formados con la ideología criminal de Sendero Luminoso, quien actualmente tendría unos 28 años.

 

El MPCP habría cometido este criminal atentado como represalia a la ejecución de la Operación Patriota realizada en agosto 2022, un gran despliegue militar-policial que logró ingresar a un paraje de selva montañosa e inaccesible de Vizcatán (Huanta, Ayacucho) desbaratando un campamento escondite del cabecilla Quispe Palomino empleado como sede de su sistema de comando, control y comunicaciones, lográndose incautar fusiles, subametralladoras, escopetas, cacerinas y abundante documentación que servirá para seguir sus pasos.

 

Sendero Luminoso está avanzando en su accionamiento de violencia para cometer criminales atentados, representando un peligro para la sociedad. Según la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) grupos de cabecillas de narcotraficantes del Vraem se han sumado al MPCP habiéndose reunido con Quispe Palomino para que concrete sus demandas (principalmente de armamento) y proyecte compromisos de protección al narcotráfico (seguridad y cobertura en transportes de droga), y, como sicarios, realizar acciones armadas terroristas contra fuerzas del orden por los operativos que éstos realizan donde se elabora pasta básica y clorhidrato de cocaína. Y como lo ha manifestado el jefe del Comando Conjunto de las FF AA, General Gómez de la Torre, este MPCP tiene una organización al estilo comunista con comisarios, responsables del aparato militar y político, además de apoyo en algunas comunidades campesinas del lugar.

  

Bajo este panorama, nuestro Estado, insuficiente, debilitado y desarticulado por falta de una clase política capaz de asumir un proyecto nacional y con una frágil institucionalidad, cada cierto tiempo es rebasado por la organización criminal terrorista de Sendero Luminoso que tiene profundo conocimiento de la zona, se coloca en acción ofensiva ganando espacio e incrementando sus criminales atentados, y  en la actual convulsión social intervienen activamente infiltrándose en las manifestaciones y actuando con extrema violencia, mientras la presidenta Boluarte, demostrando falta de decisión y firmeza, increíblemente no provee a las fuerzas del orden las herramientas legales para pacificar y restablecer la seguridad en nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de febrero de 2023

 

  

SENDERO LUMINOSO Y MOVADEF SIGUEN GANANDO TERRENO EN ESTE GOBIERNO

El 2 diciembre de 2020, tras cinco años de investigaciones, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron el operativo “Olimpo” realizándose 94 allanamientos y capturando 72 presuntos integrantes del grupo criminal Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), según la Fiscalía, serían miembros de la nueva cúpula de SL y estarían creando organismos de fachada para realizar actividades terroristas obedeciendo directivas del comité central de SL desde la cárcel. En febrero de 2021 el Juzgado Penal Nacional Transitorio de Crimen Organizado impuso 18 meses de prisión preventiva contra 51 detenidos, pero hace solo días, el 23 de noviembre, este caso tuvo un grave revés porque increíblemente, la Segunda Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, decidió dejar en libertad a 24 de 49 procesados afines a SL y Movadef cambiándoles la pena privativa por comparecencia restringida.

  

Otro caso “Perseo” es más dramático, hace 9 años, después de una minuciosa investigación policial iniciada al Movadef se obtuvieron contundentes pruebas, actas de audios telefónicos, directivas incautadas de puño y letra del cabecilla Guzmán y hasta pruebas de entregas de dinero del terrorista Florindo Flores “Artemio” a sus dirigentes para impulsar el movimiento. Esta operación ejecutada el 9 de abril 2014, se realizó en acción simultánea en Lima, Áncash, Huánuco, Junín y Lambayeque, participaron 300 policías, una brigada especial de inteligencia policial-militar, Ministerio Público, Poder Judicial y procuradurías públicas contra terrorismo y tráfico de drogas, capturándose 28 integrantes del Movadef, disponiéndose prisión preventiva para 7 ( entre ellos, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, abogados de Guzmán y líderes del movimiento), sin embargo, fueron liberados por la Sala F Penal Nacional. La acusación fiscal ha pedido para los acusados penas privativas entre 20 y 25 años. El inicio del juicio oral, programado para el 11 de junio pasado, ha sido postergado hasta nueva fecha con el argumento de la pandemia.

 

Bajo este panorama, en ambos casos, los procesos judiciales se están tomando con bastante ligereza a pesar de estar involucrados integrantes de SL y Movadef, y, actualmente, otro partido político, Partido Magisterial y Popular (PMP) con su Comité Ejecutivo vinculado al Movadef, y que nace del sindicato Fenate Perú fundado por el comunista Castillo y que quiere liquidar la Derrama Magisterial, está presentando 30 mil firmas al Jurado Nacional de Elecciones para conseguir su inscripción ¿cuál será su radical ideario?, pero hay más, otro frente político Peruanos Como Tú (PCT), iniciales de Castillo, está en camino, ambos provenientes y vinculados al Movadef, brazo político del grupo criminal Sendero Luminoso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de diciembre de 2021

 

EXECRABLES ATAQUES NARCOTERRORISTAS

El pasado lunes 21, tres embarcaciones Hovercraft del componente naval del Vraem, encontrándose en operaciones de control fluvial en el río Apurímac (altura centro poblado Puerto Palmeras, Satipo, Junín), fueron atacadas desde un lugar boscoso de tierra con armas de largo alcance. En este execrable ataque narcoterrorista que fue inmediatamente repelido por personal de abordo, lamentablemente falleció en acto del servicio a la Patria el Oficial de Mar 2°. Gustavo Valladares Neyra, quedando otros tres tripulantes heridos. El río Apurímac es permanentemente custodiado en operaciones de vigilancia por la Marina, especialmente en las zonas adyacentes donde existe alta producción de cocaína a fin de evitar el tránsito fluvial de droga o de insumos químicos.

 

Es muy preocupante que en el Vraem, durante el presente año, además del último ataque al personal de Marina, se produjeron otros tres ataques narcoterroristas, uno en marzo, en Huanta, Ayacucho (dos fallecidos del Ejército y un policía), y en octubre dos ataques, el 20 en ruta del Vraem a Pangoa (un fallecido del Ejército) y el 30 de octubre en Huanta (dos policías fallecidos), sin embargo, detrás de estos ataques estarían involucrados narcotraficantes en alianza con los terroristas que operan en el Vraem, y lo habrían hecho por venganza debido a que patrullas del Ejército y Policía el 19 de junio incautaron 1.5 toneladas de cocaína en La Convención, Cusco, deteniendo a 15 personas, y una semana después allanaron un laboratorio de producción de cocaína en la quebrada Parhuamayo, Huanta, Ayacucho, y detuvieron a 6 narcoterroristas pertenecientes a una columna que es brazo operativo del cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino “José”, incautándoles armas, municiones y droga.

 

Bajo este panorama, todos los integrantes de las FFAA y PNP caídos en estos actos narcoterroristas han dado su vida por la Patria y deben ser reconocidos por todos los peruanos, y los que continúan seguirán luchando con la moral muy alta. El peligroso incremento de ataques y emboscadas en el Vraem demuestra que, con recursos del narcotráfico, los terroristas se están recomponiendo y mejorando su capacidad para ejecutar acciones armadas. Es prioritario que el Gobierno actúe aumentando la presencia del Estado mejorando la situación social y condiciones de vida, además, en el campo militar, debe mejorarse el sistema de inteligencia estratégica, reforzar las medidas de seguridad en desplazamientos, uso de aviones no tripulados (UAV) y destinar mayores recursos para mejorar el equipamiento, armamento y comunicaciones para el combate al narcoterrorismo en esa convulsionada zona.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de diciembre de 2020

 

SENDERO LUMINOSO Y SU FACHADA POLÍTICO-IDEOLÓGICA

 

Los organismos de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) incrementan sus actividades terroristas político-ideológicas, preparándose para posibles ataques violentistas. En enero pasado, Alfredo Crespo, del Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) interpuso, ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad contra 9 leyes y 4 decretos legislativos que penalizan actos subversivos, entre ellas, Ley 29936 (penas y financiamiento del terrorismo), Ley 30610 (delito de apología), Ley 30794 (requisito de no tener condenas por terrorismo para trabajar en el sector público).

 

También Movadef siguió publicando su periódico “Amnistía General” con discursos contra el Estado peruano y la democracia e incentivando el “pensamiento Gonzalo” y la lucha armada. Además, según la ONG Waynakuna, Movadef prepara la filmación de una película “en homenaje” al genocida Abimael Guzmán, al estilo del documental sobre Hugo Blanco (que fuera auspiciado por el Ministerio de Cultura).

Muchos grupos integran la fachada político-ideológica de SL organizados para cumplir sus objetivos, entre éstos: Fudepp (Frente de unidad y defensa del pueblo peruano), Afadevig (Asociación de familiares de presos políticos y desaparecidos del Perú), Acepp (Asociación civil de excarcelados políticos del Perú, amnistía y reconciliación), Cislppm (Coordinadora internacional de solidaridad y por la libertad de presos políticos del mundo).

 

El pasado día 2, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron el operativo “Olimpo” realizándose 94 allanamientos y capturando 72 presuntos integrantes de SL por su vinculación en actos de proselitismo y propaganda, entre ellos a Alfredo Crespo, fundador de Movadef, según el Ministerio del Interior “estarían creando organismos de fachada” para realizar actividades terroristas en Lima y Callao obedeciendo directivas y consignas desde la cárcel del comité central (Guzmán e Iparraguirre). Cabe mencionar que en abril 2014 se ejecutó una operación similar denominada “Perseo” capturándose a 28 integrantes del Movadef, entre ellos también Alfredo Crespo, pero 4 meses después todos fueron liberados con comparecencia restringida por los jueces de la Sala F Penal Nacional, Víctor Valladolid y Olga Inga, quienes dos días después fueron removidos por tal despropósito.

 

Bajo este panorama, esperamos que los resultados del proceso de la actual operación “Olimpo” no se tomen con ligereza judicial, como en el caso “Perseo” (6 años sin ningún sentenciado). No minimicemos el terrorismo, no deben quedar impunes los detenidos de los organismos terroristas de SL Ejército Guerrillero Popular y Frente Único, el Poder Judicial debe darle máxima prioridad al proceso por graves delitos de afiliación al grupo terrorista SL, actividades subversivas y apología al terrorismo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de diciembre de 2020

 

DESFACHATEZ CULTURAL Y AFRENTA CONTRA EL PERÚ

No podemos pasar por alto, ni dejar en el olvido esta grave ofensiva cultural del Ministerio de Cultura contra nuestra patria, es indignante que bajo su auspicio legal y económico promueva la difusión del largometraje comunista “Hugo Blanco, Río Profundo” el cual fomenta la apología al terrorismo, convoca la subversión y pretende, de manera disfrazada e irresponsable, introducir en la mente de los peruanos (especialmente de jóvenes que no han vivido en carne propia los feroces crímenes terroristas) la idea que este trotskista terrorista es un defensor de campesinos, pero contrariamente, este delincuente criminal realizó actos deleznables levantándose contra el Estado en 1962 en el Cusco cometiendo actos terroristas y asesinando a tres policías en el puesto policial de Pucyura, en Anta.   

Increíblemente, el jefe de la Dirección de Industrias Culturales, Santiago Alfaro, responde los pronunciamientos, comunicados, manifiestos y reclamos de diversas instituciones de nuestras FF AA y Policiales, explicando de manera desfachatada que el ministerio destina subsidios que son evaluados por jurados independientes y especializados, por la sociedad civil, diciendo que no hacen dirigismo cultural, que el documental postuló y fue premiado y que no pueden definir el contenido de los proyectos porque significaría una restricción de libertad de expresión. Cabe destacar que el jurado cuenta con tres integrantes que el ministerio nombra a su gusto.

En toda la documentación oficial revisada del Ministerio de Cultura sobre el proceso de convocatoria del Concurso Nacional de Proyectos de Distribución de Largometraje-2019 hemos encontrado una gran incongruencia, la RD-D000122-2019-DAFO/MC (6 agosto) presenta la relación oficial de 166 postulaciones aptos para el concurso y evaluación del jurado, en la que no están incluidos ni el documental del terrorista Hugo Blanco ni la responsable del proyecto Malena Martínez, sin embargo, tres días después con RD-D000217-2019-DGIA/MC (9 agosto) lo declaran como ganador (¿otro caso Swing?). Cabe mencionar que la cineasta Martínez ha producido otros dos documentales sobre Hugo Blanco en 2014 y 2017.  

Bajo este panorama, los ministros de Defensa e Interior tienen la obligación moral de pronunciarse sobre esta afrenta contra el Perú, contra las Fuerzas del Orden y contra los deudos de miles de peruanos que fueron vilmente asesinados por manos terroristas, asimismo, el ministro de Cultura debe explicar sobre este presunto arreglo para que el largometraje comunista del terrorista Hugo Blanco haya ganado sin estar en la lista de postulaciones aptas además de entregar S/.119,322.00 para su difusión a nivel nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de junio de 2020

TERRORISMO: EN JULIO REANUDARÍAN EL CASO PERSEO

Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus los casos de terrorismo estuvieron paralizados cerca de tres meses y según el procurador Milko Ruiz las audiencias se reiniciarán el 1 de julio de modo virtual, mencionó también que uno de los procesos más importantes es el caso Perseo, en el cual se encuentran denunciados el cabecilla del grupo criminal terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán y sus dirigentes, además los representantes y seguidores del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político-legal de dicho grupo criminal.

Este caso Perseo es trascendental sin embargo muy poco se conoce, es un antiguo proceso iniciado hace 8 años, en 2012, con una minuciosa investigación contra 43 imputados de SL y del Movadef por delitos de afiliación, pertenencia a un grupo terrorista, financiación al terrorismo con dinero del narcotráfico y lavado de activos, obteniéndose contundentes pruebas, entre ellas, declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento, actas de audios con interceptaciones telefónicas, directivas incautadas de puño y letra del cabecilla terrorista contactándose con dirigentes del movimiento y hasta recepciones de dinero de sus dirigentes de manos del  terrorista Florindo Flores “Artemio” para impulsar el movimiento. En marzo 2013 la Fiscalía formalizó denuncia a los imputados por filiación con la organización terrorista SL y financiamiento al terrorismo, solicitando al Segundo Juzgado Penal Nacional su detención y captura. Actualmente este proceso ya tiene acusación, solo falta que en julio se realice la audiencia de control para procesar a los implicados.

Bajo este panorama, a pesar de la crisis sanitaria y económica, no debemos mirar de soslayo el terrorismo, aunque el cabecilla terrorista y sus dirigentes involucrados ya se encuentran presos faltaría procesar y penalizar a los dirigentes y seguidores implicados del Movadef, brazo político-ideológico de SL, lo cual sería crucial para desmantelar este movimiento plenamente activo y peligroso porque se fundamenta en el “Pensamiento Gonzalo”, ideario político fundamentalista basado en la destrucción del Estado y la sociedad para implantar un régimen totalitario empleando métodos terroristas y genocidas. En enero pasado, Alfredo Crespo, a cargo de Movadef, interpuso acción de inconstitucionalidad ante el TC contra 13 normas (9 leyes y 4 decretos legislativos) que penalizan actos subversivos, entre ellas, la Ley 29936 sobre penas y financiamiento del terrorismo, Ley 30610 sobre delito de apología y Ley 30794 sobre el requisito de no tener condenas por terrorismo para trabajar en el sector público.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2020

CASO PERSEO: EN AUDIENCIA APLAUDEN A CABECILLA TERRORISTA

El pasado 28 de mayo se realizó en la Sala de Audiencias de la Base Naval del Callao una audiencia pública del proceso judicial “Perseo”, durante la cual, en un video difundido por Latina Televisión, se aprecia que el cabecilla del grupo criminal terrorista Abimael Guzmán recibe efusivos aplausos y aclamaciones de grupos de seguidores mientras que éste sonriendo agradece con los brazos, debe ser la primera vez que en una sala de audiencias se aplauda y aclame a un reo, y aunque las autoridades judiciales llamaron al orden, los seguidores que realizaron semejante espectáculo apológico terrorista debieron ser inmediatamente desalojados.

La Operación “Perseo” se inicia con investigaciones policiales entre 2012 y marzo 2013 fecha en que fueron denunciados 34 integrantes del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) por los delitos de afiliación, pertenencia a un grupo terrorista, financiación al terrorismo con dinero del narcotráfico y lavado de activos, presentándose pruebas fehacientes, declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento, actas de audios telefónicos y directivas incautadas escritas por el cabecilla terrorista Abimael Guzmán contactándose con dirigentes de Movadef quienes recibieron dinero del terrorista Artemio para impulsar el movimiento.

En abril 2014 se dispuso prisión preventiva para siete denunciados, entre ellos, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo (fallecido en junio 2018), abogados de Abimael Guzmán y líderes del movimiento, quienes apelaron dicha sentencia y salieron libres al haberles cambiado la Sala Penal Nacional F el mandato de prisión por comparecencia restringida, por esta acción los jueces Víctor Valladolid y Olga Inga, fueron removidos de sus puestos. En diciembre 2017 la Tercera Fiscalía presentó acusación contra 44 personas solicitando cadena perpetua para la cúpula de Sendero Luminoso y entre 20 y 25 años para los dirigentes e integrantes de Movadef, pero a pesar que el proceso lleva 6 años y haberse creado desde mayo 2018 un Colegiado exclusivo para llevar este caso, hasta la fecha no se inicia al juicio oral.

Finalmente resulta indignante la forma como Movadef en la portada de su página Web http://www.movadef.net/ con el título “Abajo el plan para encarcelar al Movadef” lanza agravios difamatorios indicando textualmente; “…el llamado Caso Perseo, un proceso judicial creado por los corruptos explotadores que controlan el Estado, para encarcelar dirigentes y activistas del Movadef sin haber cometido ningún delito”. Esta grave difamación del brazo político y afiliado al grupo criminal terrorista Sendero Luminoso jamás debe permitirse.

Artículo publicado por Alfredo Palacios Dongo en el diario EXPRESO, fecha 1 de junio de 2019

INTRUSIÒN IDEOLÓGICA TERRORISTA EN SESIÒN 171º DE CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su período de sesiones 171º en Sucre, Bolivia (7 al 16 febrero) efectuando 24 audiencias públicas sobre casos de derechos humanos en doce países, entre ellos el Perú sobre el cual se presentaron informes sobre “Situación de personas defensoras de derechos humanos y política integral de protección” (día 12), y “Denuncias de violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes LGBTI” (día 14), audiencias donde participaron representantes del Estado Peruano. Pero lo más grave sucedió en otra audiencia pública (día 13) sin representantes del Estado peruano donde personas vinculadas a cinco organizaciones afines al grupo criminal Sendero Luminoso (SL) despotricaron y desvariaron ideológicamente contra el Estado.

Un video presentado por la ONG de derechos humanos Waynakuna-Perú, nos permite constatar con gran indignación como Natalia Oslo, representante del Movimiento de amnistía y derechos fundamentales (Movadef), grupo de fachada de SL, denuncia ante comisionados de la CIDH que el Estado peruano aplica una política de persecución contra dicha organización para proscribir los derechos de la sociedad peruana, y los persigue por adoptar una línea ideológica marista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, inclusive se atrevió a presentar al Estado peruano como policiaco, corrupto y explotador. También intervino Alex Cárdenas, representante de la organización Ratio Iuris (brazo legal de SL) manifestando que en Perú existe una política antiterrorista contra quienes tienen ideas afines al marismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, resaltando que Abimael Guzmán está en aislamiento 16 años sin derechos en el penal ilegal de la Base Naval del Callao que no tiene base jurídica, pidiéndole a la CIDH se pronuncie por su vida.

Sendas protestas y explicaciones se difundieron apenas aparecieron las informaciones sobre dicha audiencia, el Ministerio de RR EE expresó su malestar y protesta por permitirse exponentes de ideología terrorista, también el Ministerio de Justicia explicó que el Estado peruano solo fue convocado a dos audiencias públicas pero no a esta tercera donde participaron personas vinculadas a SL, sin embargo, según el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abräo, en el período 14 noviembre-7 diciembre 2018 recibieron inscripciones de 468 personas de organizaciones sociales para participar en las audiencia públicas tomando la palabra 80, solo bastaba que autoridades peruanas verificaran el registro de inscripción de  personas afines a SL. Mientras no efectuemos estricto seguimiento y control de estas organizaciones (existen unos 30 grupos con nexos con SL) su estrategia político-ideológica seguirá avanzando hasta rebasarnos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de marzo de 2019

ALERTA CONTRA EL TERRORISMO IDEOLÓGICO

Nuestro Estado, insuficiente, debilitado y desarticulado por falta de una clase política capaz de asumir un proyecto nacional y con una casi inexistente institucionalidad, cada cierto tiempo es rebasado por la organización criminal de Sendero Luminoso (SL) que se coloca en acción ofensiva y sigue ganando espacio, principalmente en el ámbito ideológico y apologista, preparándose para posibles ataques violentistas. Mientras se incrementa la preocupación nacional por los fenómenos climáticos y en el Congreso persisten las discusiones bizantinas sobre blindajes e impunidades a congresistas y sobre la repartija de contratos ilegales en el Parlamento a trabajadores vinculados a partidos políticos, en los últimos días los terroristas has intensificado una campaña ideológica.

                                                

El pasado día 11 en el Vraem (distritos de Ayahuanco y Llochegua), entregando panfletos con el símbolo senderista titulado “Orden del Militarizado Partido Comunista del Perú” conminando a los pobladores a crear organizaciones propias y promover sus auténticos dirigentes para tomar medidas y acciones ideológicas, políticas, sociales, económicas, militares, organizativas y culturales. Igualmente en Puno, el pasado día 12 durante las fiestas de la Candelaria, apareció una gran banderola de SL en el puente peatonal del Barrio Santa Rosa, exigiendo “el cierre del penal militar de la Base Naval y la liberación de su cabecilla Abimael Guzmán”. Pero no solo en zonas alejadas, también en Lima, el 25 de enero aparecieron pintas con el mismo formato ideológico en los distritos de Independencia, Ventanilla, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Son muchas las evidencias que el terrorismo ideológico sigue operando silenciosa y peligrosamente, en setiembre pasado durante un operativo denominado “Avemo Rojo” se intervino en 13 penales a 290 terroristas presos, incautándose manuscritos y documentos que confirman la vinculación entre SL, Movadef y otros grupos que trabajan ideológicamente en diferentes organizaciones públicas, principalmente en centros escolares y universitarios donde adoctrinan y aleccionan a los estudiantes (según datos de la policía, Movadef cuenta con unos 2,500 integrantes, de los cuales el 70% son estudiantes, ya que buscan contingentes de jóvenes ideologizados).

Bajo este panorama la estrategia de SL para su resurgimiento político-ideológico está avanzando y representa aún un peligro para la sociedad, a los miles de terroristas excarcelados se les ha perdido el rastro y estarían desarrollando actividades apologistas e ideológicas preparándose para futuras acciones organizativas y de violencia terrorista sin tener una adecuada respuesta de parte del sistema político, judicial, educativo y de instituciones democráticas del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de febrero de 2019

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO: ACCIONES PENDIENTES

Tuvieron que pasar 26 años desde que ocurriera el atentado terrorista en la calle Tarata en Miraflores (12 julio 1992), para que el pasado día 11, el Poder Judicial condene a cadena perpetua al cabecilla Abimael Guzmán y 9 integrantes del comité central del grupo criminal terrorista Sendero Luminoso (SL) por la autoría de este perverso atentado con coches bomba que ocasionó 25 personas muertas, 200 heridas y cuantiosas pérdidas materiales. Esta sentencia, aunque tardía, es importante porque condena, además de cabecillas, a autores mediatos del comité central que no tenían cadena perpetua, además, porque reivindica a víctimas y deudos de este acto criminal y eleva la moral del personal de las FF AA y PNP que, ofreciendo sus vidas, han combatido y siguen combatiendo en el Vraem contra el terrorismo y narcotráfico.

Pero quedan todavía acciones pendientes en esta larga lucha como el caso “Perseo” iniciado hace 6 años y no tiene sentencia. En 2012 una exhaustiva investigación policial comprobó con pruebas contundentes que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) es brazo político de SL, en marzo 2013 la Fiscalía formalizó la denuncia, contra sus dirigentes y operadores, por filiación con SL y financiamiento al terrorismo, y en abril 2014 capturaron 28 integrantes, entre ellos, los dirigentes Alfredo Crespo y Manuel Fajardo (fallecido el 6 de junio pasado), abogados del cabecilla Abimael Guzmán, pero increíblemente fueron liberados 2 meses después por jueces que fueron removidos por tal despropósito. Este juicio, actualmente contra 42 involucrados, debe concluirse con prioridad porque Movadef, como fachada de SL, sigue participando activamente en propaganda senderista y apología del terrorismo aquí y en el extranjero, asimismo, infiltrándose en sectores laborales y educativos.

Otra acción pendiente que debe resolverse urgentemente es el caso del mausoleo terrorista construido sin autorización hace más de 2 años (abril-junio 2016) en el cementerio “Mártires 19 de Julio”, en Comas, a vista y paciencia de la Municipalidad, este símbolo terrorista tiene 50 nichos para enterrar los restos de sus militantes (actualmente hay 8 ocupados). La indignante indiferencia del Estado no puede continuar, dicho monumento al crimen y terror denominado por los terroristas “mausoleo de héroes del pueblo” debe ser urgentemente destruido previa exhumación y traslado de los 8 cadáveres porque representa una profunda ofensa para todos los peruanos y principalmente para las decenas de miles de víctimas inocentes que murieron a manos de la insania terrorista.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de setirmbre de 2018

TERRORISTA SENTENCIADA DEL MRTA EN EL CONGRESO

Nancy Madrid, condenada por terrorismo a 18 años de prisión por el delito de afiliación terrorista en agravio del Estado, y quien según la Dirección de Lucha contra el Terrorismo (Dircote) perteneció a la cúpula del grupo terrorista MRTA junto con Peter Cárdenas (lugarteniente del fundador Víctor Polay), increíblemente estuvo trabajando casi dos años en el Congreso de la República (desde el 27 julio 2016) como “asistente” de la legisladora del Frente Amplio (FA) María Foronda, pero lo preocupante es que la presencia de esta terrorista no fue detectada por su partido (FA), ni por nadie del Congreso, ni por alguna entidad del Estado relacionada a lucha antiterrorista, sino por un programa televisivo difundido el domingo pasado (Panorama).

Esta terrorista reconoció ante magistrados de la Sala Penal para Casos de Terrorismo haber alquilado una vivienda en el distrito de San Borja para ser usada como “cárcel del Pueblo” y es sindicada como administradora de esos sórdidos socavones  excavados en sótanos de domicilios particulares donde el MRTA confinó a 46 hombres de negocios entre 1984 y 1997, sometiéndolos a inhumano cautiverio, maltratándolos, torturándolos e interrogándolos en sus “juicios populares” y solo eran liberados después de pagar millonarios “cupos de guerra”, otros perecieron en manos de sus captores que hasta contaban con comandos de aniquilamiento. Además, esta terrorista trabajó anteriormente 5 años (2008-2013) nada menos que como educadora en una asociación de grupos juveniles en El Agustino habiendo tenido la posibilidad de transmitir a los jóvenes su ideología criminal que los terroristas jamás abandonan ni se arrepienten por ello.

Aunque esta terrorista, al ser detectada, debió ser inmediatamente despedida por la congresista Foronda, no lo hizo argumentando que “lo que se dice de mi asistente es una patraña”, dándose el lujo la terrorista de renunciar a un privilegiado “puesto de confianza” que ni siquiera requirió postular a concurso público para recibir del dinero de todos los peruanos un sueldo mensual de S/.3,500, además de bonificaciones, asignación por alimentación diaria, bono navideño, seguro de salud, vacaciones pagadas, un sueldo adicional completo en julio y diciembre y derecho a compensación por tiempo de servicio, habiendo recibido en el año y 10 meses más de S/ 130,000 que deberían ser inmediatamente devueltos al Congreso por la congresista Foronda, independientemente de efectuársele una prioritaria investigación y la evaluación de su desaforo..

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de mayo de 2018

“OPERACIÓN PERSEO” Y MOVADEF: NO A LA IMPUNIDAD

Después de una minuciosa investigación policial iniciada el 2012 al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se obtuvieron contundentes pruebas, entre ellas, declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento, actas de audios con interceptaciones telefónicas autorizadas, directivas incautadas de puño y letra del cabecilla terrorista Abimael Guzmán contactándose con dirigentes del movimiento y hasta recepciones de dinero de sus dirigentes de manos del  terrorista Florindo Flores “Artemio” para impulsar el movimiento. En marzo 2013 la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes y un grupo de operadores por filiación con la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) y financiamiento al terrorismo, solicitando al Segundo Juzgado Penal Nacional la detención de 34 integrantes, quien dispuso las capturas. 

Mediante la “Operación Perseo” (9 abril 2014) se ejecutó una acción simultanea en Lima, Áncash, Huánuco, Junín y Lambayeque, participaron 300 policías, una brigada especial de inteligencia policial-militar, Ministerio Público, Poder Judicial y procuradurías públicas contra terrorismo y tráfico de drogas, capturándose a 28 integrantes del Movadef, esta operación conjunta fue destacada y felicitada por el Gobierno de EE UU. De los 28 integrantes capturados el juzgado dispuso prisión preventiva para siete dirigentes, entre ellos, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, abogados de Abimael Guzmán y líderes de dicho movimiento, quienes apelando dicha sentencia fueron liberados (6 agosto 2014) por los jueces de la Sala F Penal Nacional, Víctor Valladolid y Olga Inga, al cambiarles mandato de prisión por comparecencia restringida, dichos jueces fueron removidos de sus cargos dos días después por tal despropósito.

Bajo este panorama, el proceso judicial a integrantes del Movadef se ha tomado con demasiada ligereza, increíblemente han transcurrieron más de tres años y se encuentra paralizado, mientras que éstos, que pertenecen a SL y reciben directivas de sus cabecillas, participan activamente en propaganda senderista, marchas, apología del terrorismo, protestas, publicaciones, infiltraciones en gremios sindicales, en sectores de la administración pública, frentes regionales, representaciones estudiantiles, y, hace año y medio construyeron un mausoleo terrorista que sigue en pie. No minimicemos el terrorismo, no debe quedar impune este trascendente caso, el Poder Judicial debería darle máxima prioridad a la presentación de la acusación fiscal contra la cúpula e integrantes del Movadef por delito de terrorismo en modalidad de dirigentes, por afiliación a la organización terrorista SL y por tráfico ilícito de drogas en modalidad financiamiento al terrorismo, delitos previstos en el Decreto Ley 25475 y Código Penal.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de setiembre de 2017

TERRORISMO: REPARACIONES E INDEMNIZACIONES

Tras la liberación de la terrorista Maritza Garrido Lecca el pasado día 11 al cumplir una condena de 25 años, vuelve a ponerse en debate el pago de reparaciones civiles ya que salió libre sin pagar un solo centavo de S/.60 mil impuestos en sentencia, y es realmente indignante que más de 3,400 terroristas que salieron libres durante los gobiernos de Transición y de Toledo y los alrededor de 200 que salieron posteriormente, se hayan negado a pagar las reparaciones que según el procurador antiterrorista Milko Ruiz ascienden a S/ 6,767 millones, y recién, después de tantos años, asegure que tiene como objetivo que los terroristas paguen, y hasta la ministra de Justicia Pérez Tello manifieste que se están buscando mecanismos que garanticen dichos pagos.

Contrariamente, desde 2004 las indemnizaciones a criminales terroristas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si fueron pagadas por el Estado peruano (hasta 2007 se pagó más de US$ 17 millones), como ejemplos tenemos, entre otros, a María de la Cruz US$ 319 mil (estando prófuga), Lori Berenson US$ 30 mil (condonándole el pago de reparación civil de S/ 100 mil), María Loayza US$ 50 mil, Gladys Espinoza US$ 105 mil, Mónica Feria US$ 90 mil, y al chileno Castillo Petruzzi US$10 mil.

Además, entre 2012 y 2015 fueron interpuestas por terroristas (con reparaciones civiles impagas) 423 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las cuales nunca se archivan convirtiéndose en litigios permanentes. Con DU 052-2010 se dispuso que los pagos de indemnizaciones a terroristas servirían para compensar las reparaciones civiles, pero se desconocen los resultados oficiales, y con RM 0116-2012-JUS y Ley 30353 (octubre 2015) se crea el registro de deudores que oficialmente no existe porque la web del Ministerio de Justicia indica sobre dicho listado “sistema en mantenimiento”.

  

Bajo este panorama se requiere mejorar la defensa del Estado ante la CIDH frente a los procesos pendientes e implementar normatividad procesal penal para que el Estado, a través de la procuraduría pública, tome acciones legales para cobrar reparaciones a terroristas, además, mejorar la inteligencia predictiva, vigilar a terroristas que salen libres en sus movimientos o reagrupaciones (al 2024 estarán todos libres excepto una minoría con cadena perpetua) porque no han mostrado arrepentimiento y muchos de ellos pertenecen al Movadef, Fudepp, y otros se encuentran infiltrados en sectores educación, salud y otras instituciones del Estado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de setiembre de 2017

MAUSOLEO TERRORISTA: INDIGNANTE INDIFERENCIA DEL ESTADO

Pasó más de un año desde que unos 200 seguidores del grupo criminal terrorista de Sendero Luminoso marcharon por calles de Comas (19 junio 2016) cantando y arengando, portando carteles alusivos a grupos afines (Movadef y Fudepp) y fotografías de miembros de la cúpula terrorista y de supuestos “prisioneros políticos” dirigiéndose a inaugurar un mausoleo construido en el cementerio “Mártires 19 de Julio” para albergar restos de sus militantes, donde realizaron una típica ceremonia senderista con ritos, gritos y cánticos enalteciendo a sus muertos que consideran héroes.

Fue generalizada la indignación por este mausoleo dentro de un cementerio que pertenece al Estado construido a vista y paciencia de la municipalidad de Comas. El presidente Kuczynski señaló: “debe desaparecer y determinarse responsabilidades”, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, pidió su destrucción, y la Comisión de Defensa del Congreso convocó al ministro del Interior, alcalde de Comas y autoridades policiales y de inteligencia para que informen sobre estos hechos, sin embargo, actualmente esta construcción, símbolo de crimen y terror, sigue en pie.

El mausoleo terrorista, con capacidad para 50 nichos (actualmente con 8 ocupados) fue construido entre abril y junio de 2016, según el alcalde de Comas, Miguel Saldaña, la municipalidad fue sorprendida asegurando (hace un año) que inició el proceso de demolición. Existe responsabilidad punible del alcalde y de los gerentes municipal y de servicios porque para construir este enorme mausoleo de concreto armado (4 metros de altura, el más grande del cementerio) se requiere, por resolución de alcaldía, cumplir con varios requisitos como presentación de planos estructurales, distribución de nichos y previa autorización para iniciar trabajos.

El pasado día 18 fue promulgada la ley 30610 que tipifica en el Código Penal el delito de apología de terrorismo e incrementa las condenas hasta con 15 años de cárcel lo cual limitará marchas y apologías terroristas, sin embargo, los senderistas continúan realizando en dicho mausoleo actividades en homenaje a sus muertos que los califican como “héroes de hoy, pregoneros del mañana”. La indignante indiferencia del Estado no puede continuar, dicho monumento al crimen y terror (que los terroristas. denominan “mausoleo de héroes del pueblo”) debe ser urgentemente destruido (previa exhumación y traslado de 8 cadáveres que allí se encuentran) porque representa una profunda ofensa para todos los peruanos y principalmente para las decenas de miles de víctimas inocentes que murieron a manos de la insania terrorista.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de julio de 2017

NO MINIMIZAR EL TERRORISMO

El pasado 1° de mayo el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) realizó otra marcha en Lima, es la 5ª similar en los últimos 12 meses, pero inconcebiblemente por primera vez marcharon con resguardo policial a pesar que portaban pancartas exaltando las figuras de criminales terroristas de Sendero Luminoso (SL) como Guzmán e Iparraguirre entre otros, entonando cánticos y lanzando arengas. Lo sorprendente fueron las discrepancias, respecto al delito de apología del terrorismo, entre el ministro del Interior, Carlos Basombrío, con su viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas y el director de la Policía, Vicente Romero, mientras el ministro aseguraba que si había delito, su viceministro y el director de la Policía decían lo contrario-

Es inadmisible que ambas autoridades aseguren que levantar la fotografía de criminales terroristas no es delito de apología, en el caso del viceministro Vargas, con mayor razón, porque hace 3 años advertía que “Movadef es un tema de seguridad nacional porque fue creado a pedido de Abimael Guzmán”. Siendo estas autoridades responsables directas de combatir al terrorismo, sus aseveraciones son contraproducentes por la imagen de impunidad que transmiten sobre este grupo a nuestra juventud que no ha vivido los años de terror y crimen de SL, y peor cuando argumentan que no es delito porque las denuncias no son acogidas por el Poder Judicial, lo cual debe rectificarse en las normativas, pero el delito de apología está plenamente constituido porque no solo levantan las fotos de criminales terroristas, también los exaltan y alaban a viva voz y hacen propaganda terrorista.

Además, durante los 2 últimos meses han ocurrido acciones terroristas en el Vraem que deben ser evaluadas a fondo, el viceministro Vargas asegura que allí no hay más de 150 terroristas (¿cifras oficiales?). El pasado 12 de marzo fue atacado un helicóptero militar en Junín, seguidamente, el 18 fue emboscado un convoy policial antidrogas en Ayacucho falleciendo 3 policiales, en abril una columna de SL secuestró a una familia en Junín, y hasta han aparecido noticias sobre un supuesto nuevo grupo terrorista “Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército Popular Tupacamarista” (FAR-EPT).

Bajo este panorama, no hay que minimizar ni bajar la guardia contra el terrorismo, el Estado debe enfrentarlo en el Vraem y al Movadef donde se movilice, caso contrario solo nos exponemos al futuro a poder repetir la historia de terror que vivimos entre los años 80 y 90.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de mayo de 2017

MOVADEF: DESCARADA APOLOGÍA DEL TERRORISMO

El pasado día 17 grupos integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) marcharon por calles de Lima mostrando pancartas con fotografías de Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula terrorista de SL. Manuel Fajardo, fundador, representante del movimiento y abogado del cabecilla terrorista Abimael Guzmán dirigió la marcha manifestando que los miembros de Sendero Luminoso (SL) condenados por terrorismo eran presos políticos; el día 20 el procurador en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, denunció a Fajardo por el delito de apología del terrorismo, sin embargo, el Movadef desde que fue fundado en noviembre 2009 (para pretender participar en la vida política nacional usando los procesos electorales) viene cometiendo reiteradas acciones de apología como órgano de fachada de SL

.

Los dirigentes y seguidores del Movadef no condenan las acciones terroristas de los años 80 y 90, sino por el contrario, la justifican aseverando que por causas políticas, económicas y sociales “el pueblo se levantó en armas”. En diciembre 2009 este movimiento presentó el libro del cabecilla terrorista Abimael Guzmán “De puño y Letra” que incluye abierta apología del terrorismo y reafirma la condición totalitaria y extremista de SL. Pero la mayor afrenta a la democracia y apología la hizo Fajardo el 27 octubre 2015 nada menos que como “invitado de honor” en el Congreso de la República (durante un homenaje al político Carlos Malpica) donde manifestó que los militantes del Movadef son “perseguidos políticos”, posteriormente, el 19 junio 2016 unos 200 seguidores marcharon por calles de Comas llevando carteles con fotos de terroristas encarcelados (repartiendo además propaganda senderista) dirigiéndose a rendir culto a sus muertos en un mausoleo construido por ellos sin autorización hace 2 años y que aún no es demolido.

Bajo este panorama, la descarada apología del terrorismo que promueve el Movadef cruza los límites permisibles del Estado de derecho, sus dirigentes y seguidores han utilizado todas las formas posibles (propaganda, alabanza, exaltación, lenguaje sublimal, lenguaje violento e intolerante, legitimación de acciones terroristas, etc.), y a pesar que desde hace 25 años la ley 25744 (5 mayo 1992) y posteriormente el DL 924 (19 febrero 2003) establecen penas de entre 6 y 15 años para este delito, hasta la fecha no ha sido aplicada. Esperamos que la denuncia del procurador Milko Ruiz del pasado día 20 contra el dirigente del Movadef, Manuel Fajardo, sea la primera que se concrete.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario ESPRESO, fecha 29 de abril de 2017