Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

TERRORISMO: REPARACIONES E INDEMNIZACIONES

Tras la liberación de la terrorista Maritza Garrido Lecca el pasado día 11 al cumplir una condena de 25 años, vuelve a ponerse en debate el pago de reparaciones civiles ya que salió libre sin pagar un solo centavo de S/.60 mil impuestos en sentencia, y es realmente indignante que más de 3,400 terroristas que salieron libres durante los gobiernos de Transición y de Toledo y los alrededor de 200 que salieron posteriormente, se hayan negado a pagar las reparaciones que según el procurador antiterrorista Milko Ruiz ascienden a S/ 6,767 millones, y recién, después de tantos años, asegure que tiene como objetivo que los terroristas paguen, y hasta la ministra de Justicia Pérez Tello manifieste que se están buscando mecanismos que garanticen dichos pagos.

Contrariamente, desde 2004 las indemnizaciones a criminales terroristas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si fueron pagadas por el Estado peruano (hasta 2007 se pagó más de US$ 17 millones), como ejemplos tenemos, entre otros, a María de la Cruz US$ 319 mil (estando prófuga), Lori Berenson US$ 30 mil (condonándole el pago de reparación civil de S/ 100 mil), María Loayza US$ 50 mil, Gladys Espinoza US$ 105 mil, Mónica Feria US$ 90 mil, y al chileno Castillo Petruzzi US$10 mil.

Además, entre 2012 y 2015 fueron interpuestas por terroristas (con reparaciones civiles impagas) 423 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las cuales nunca se archivan convirtiéndose en litigios permanentes. Con DU 052-2010 se dispuso que los pagos de indemnizaciones a terroristas servirían para compensar las reparaciones civiles, pero se desconocen los resultados oficiales, y con RM 0116-2012-JUS y Ley 30353 (octubre 2015) se crea el registro de deudores que oficialmente no existe porque la web del Ministerio de Justicia indica sobre dicho listado “sistema en mantenimiento”.
  
Bajo este panorama se requiere mejorar la defensa del Estado ante la CIDH frente a los procesos pendientes e implementar normatividad procesal penal para que el Estado, a través de la procuraduría pública, tome acciones legales para cobrar reparaciones a terroristas, además, mejorar la inteligencia predictiva, vigilar a terroristas que salen libres en sus movimientos o reagrupaciones (al 2024 estarán todos libres excepto una minoría con cadena perpetua) porque no han mostrado arrepentimiento y muchos de ellos pertenecen al Movadef, Fudepp, y otros se encuentran infiltrados en sectores educación, salud y otras instituciones del Estado.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de setiembre de 2017


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