Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del
coronavirus los casos de terrorismo estuvieron paralizados cerca de tres meses
y según el procurador Milko Ruiz las audiencias se reiniciarán el 1 de julio de
modo virtual, mencionó también que uno de los procesos más importantes es el
caso Perseo, en el cual se encuentran denunciados el cabecilla del grupo
criminal terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán y sus dirigentes,
además los representantes y seguidores del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales
(Movadef), brazo político-legal de dicho grupo criminal.
Este
caso Perseo es trascendental sin embargo muy poco se conoce, es un antiguo
proceso iniciado hace 8 años, en 2012,
con una minuciosa investigación contra 43 imputados de SL y del Movadef por
delitos de afiliación, pertenencia a un grupo terrorista, financiación al
terrorismo con dinero del narcotráfico y lavado de activos, obteniéndose contundentes pruebas, entre ellas,
declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento, actas de audios
con interceptaciones telefónicas, directivas incautadas de puño y letra del
cabecilla terrorista contactándose con dirigentes del movimiento y hasta
recepciones de dinero de sus dirigentes de manos del terrorista Florindo
Flores “Artemio” para impulsar el movimiento. En marzo 2013 la Fiscalía formalizó denuncia a los imputados por
filiación con la organización terrorista SL y financiamiento al terrorismo,
solicitando al Segundo Juzgado Penal Nacional su detención y captura.
Actualmente este proceso ya tiene acusación, solo falta que en julio se realice
la audiencia de control para procesar a los implicados.
Bajo este panorama, a pesar de la crisis sanitaria y
económica, no debemos mirar de soslayo el terrorismo, aunque el cabecilla terrorista y sus
dirigentes involucrados ya se encuentran presos faltaría procesar y penalizar a
los dirigentes y seguidores implicados del Movadef, brazo político-ideológico
de SL, lo cual sería crucial para desmantelar este movimiento plenamente activo
y peligroso porque se fundamenta en el “Pensamiento Gonzalo”,
ideario político fundamentalista basado en la destrucción del Estado y la
sociedad para implantar un régimen totalitario empleando métodos terroristas y
genocidas. En enero pasado, Alfredo Crespo, a cargo de Movadef, interpuso
acción de inconstitucionalidad ante el TC contra 13 normas (9 leyes y 4
decretos legislativos) que penalizan actos subversivos, entre ellas, la Ley
29936 sobre penas y financiamiento del terrorismo, Ley 30610 sobre delito de apología
y Ley 30794 sobre el requisito de no tener condenas por terrorismo para
trabajar en el sector público.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en
el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2020
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