El pasado día 4
el Canciller, Ricardo Luna, expresó que deberían ser prontamente reanudadas las
reuniones 2+2 Perú-Chile (Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política
entre Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores), mecanismo suscrito (setiembre
2001) para fortalecer las medidas de confianza mutua y cooperación en seguridad
y defensa. Pero en 15 años de vigencia Chile ha
suspendido o congelado estas reuniones la mayor parte del tiempo, contrariamente
los Cancilleres y ministros de Defensa peruanos han buscado reiterativamente su
reanudación. Cuando Perú anunció en junio 2007 que presentaría una demanda
contra Chile en La Haya, este país suspendió las reuniones, y en enero 2008,
cuando Perú la interpuso, Chile las postergó indefinidamente congelando la
relación política.
Las pocas reuniones efectuadas (5 en
15 años) nunca constituyeron un hito relevante para desarrollo de nuestras
relaciones ni estrechamiento de vínculos y estuvieron precedidas por tensos y
complejos climas bilaterales o llevadas con extrema formalidad. Después de la
reunión inicial (2001) solo se realizaron una segunda en Lima (julio 2005) y una
tercera en Santiago (octubre 2006) reiterándose los propósitos iniciales e
incluyendo algunos acuerdos declarativos, 7 años después se efectuó una cuarta
en Lima (mayo 2013) solo para ver aspectos del fallo de la CIJ, y una quinta en
Santiago (febrero 2014) para la implementación de la sentencia, en la cual se
acordó una nueva reunión para fines de marzo 2014 que también Chile suspendió.
Bajo este panorama, el mecanismo 2+2
ha sido inoperante e intrascendente porque en 15 años no ha coadyuvado a
superar diferencias ni a fortalecer medidas de confianza mutua, además, los
acuerdos más importantes no fueron concluidos o concretados, entre ellos, la erradicación de minas antipersonales
en territorio fronterizo chileno que continúan matando o hiriendo gravemente a ciudadanos peruanos, tampoco se concretó
la creación de una fuerza de paz combinada, ni el
proceso de atención de desastres naturales, menos aún, la
estandarización del sistema de medición de gastos en defensa debido al impresionante gasto chileno en adquisiciones
de armamento para brindar estabilidad y proyección a su FF AA, ya que además del
presupuesto anual (US$ 5,230 millones para 2016, uno de los más altos de la
región) reciben de Codelco 10% de las ventas anuales de cobre (ley reservada 13.196)
que increíblemente opera mediante cuentas secretas y decretos supremos
reservados exentos de toma de razón y refrendación.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de setiembre de 2016
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