Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

CHILE: 26 AÑOS DEBATIENDO DEROGACIÓN DE LEY RESERVADA DEL COBRE

El pasado día 23 el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Valdés, señaló que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) requiere mayor financiamiento para que Chile continúe siendo el mayor productor mundial de cobre, lo cual se ve obstaculizado porque “la Ley Reservada del Cobre exige que se dé el 10% de sus ventas a la FF AA, lo que está drenando sus reservas”. Del mismo modo, el presidente de Codelco, Óscar Landerretche, manifestó que esta corporación “entregó por dicha ley a la FF AA, entre el 2000 y 2015, la cantidad de US$ 14,300 millones”.

Esta ley se estableció hace 58 años (29 octubre 1958) como Ley del Cobre N° 13.196 y gravaba a mineras privadas con 7.5% de sus ventas exclusivamente para adquisición de equipos bélicos. En 1973, a comienzos del Gobierno Militar, la ley se modificó con Decreto N° 239 y leyes 18.445 (1985) y 18.628 (1987) disponiendo un impuesto de 10% para la FF AA sobre las exportaciones totales de Codelco, además de aumentos garantizados y entregas de fondos y contabilizaciones reservadas en cuentas secretas e inversiones mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación.

El asunto es que hace 26 años, desde el primer gobierno de la Concertación (Patricio Aylwin 1990-1994) y el actual de Michelle Bachelet (2014-2018) se viene debatiendo su derogación (hasta se investiga un millonario desfalco a la ley entre 2010 y 2014) pero nunca se ha concretado porque de manera recurrente los proyectos de ley presentados por los diferentes gobiernos no han sido aprobados por el Congreso a pesar de solo requerirse quórum simple, con el argumento de una necesaria estabilidad y un plan anual de adquisiciones de armamento debido a que la paz nunca estará garantizada y porque no existe desarrollo sin seguridad.

Bajo este panorama, la condición imprescindible del gobierno y la oposición chilena para derogar esta ley es que, como política de Estado, se deberá desarrollar un sistema financiero con fondos estables y permanentes para adquisiciones militares (presupuestos plurianuales o planificaciones mayores de 5 años) que facilite las inversiones en armamento para asegurar en el largo plazo la mayor capacidad de defensa del país, por lo que con los exorbitantes recursos provenientes de esta ley más los presupuestos anuales para Defensa, han tenido, y mantienen, una desenfrenada adquisición de armamento netamente ofensivo y de última tecnología. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de octubre de 2016

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