GRILLETES ELECTRÓNICOS DEBIERON USARSE DESDE HACE 15 AÑOS



Nuestro país viene sufriendo un incremento exponencial de delincuencia y crimen organizado, armado, violento y con poder depredador, convirtiendo en una práctica común casos de homicidios, sicariatos y extorsiones, esta amenaza configura una grave inseguridad ciudadana. El sistema penitenciario representa un factor importante en el incremento del crimen organizado por encontrarse los penales en evidente crisis y totalmente hacinados, con capacidad para 41,600 internos, hay 98,800, con sobrepoblación de 57,200 (137%), agravado por el perfil criminológico de los reclusos, la llegada del crimen organizado transnacional ha modificado el perfil de la población penal, se fortalecen las bandas de secuestradores, narcotraficantes y estarían convirtiendo los penales en base de operaciones de redes delictivas dirigidas desde su interior por el fácil acceso a celulares, lo cual repercute en el incremento de la delincuencia y el crimen organizado. 


Para enfrentar el hacinamiento en los penales, se normó, hace 15 años, el uso de grilletes electrónicos (ley 29499 enero 2010), disponiéndose la adquisición de 2,000 dispositivos con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria por S/150 millones, pero, de manera incomprensible, no se ejecutó, posteriormente, 7 años después, en enero 2017, se reguló su uso (DL 1322) y en abril se otorgó la buena pro al consorcio Geosatis (empresa mexicano-peruana), pero tampoco se materializó.


El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Federico Llaque, en enero 2024, proyectó la instalación de 500 grilletes para usarlos dicho año, lo cual incumplió, posteriormente, en diciembre, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue interpelado por la política penitenciaria, donde anunció la reestructuración del sistema penitenciario con S/ 3,000 millones para la construcción de penales y fortalecer el uso de grilletes electrónicos. Recién, el pasado día 14, con ley 32257, se declaró de interés nacional su uso para personas condenadas con sentencias menores a 12 años sin delitos graves, pero no se muestra ningún avance concreto. 


Bajo este panorama, es tan grave la situación actual en los penales, desde donde se dirigirían crímenes, sicariatos y extorsiones, que el pasado día 24, en una reunión por la sesión “Cuarto de Guerra”, la presidente Boluarte anunció la intensificación de megaoperativos sistemáticos y continuos, que ya se iniciaron. Unos 36,000 internos se encuentran procesados, y 15,000 podrían estar aptos para usar grilletes, sin embargo, el jefe del Inpe estima que al 2026, solo unos 5,000 sentenciados podrían cumplir sus penas con estos dispositivos. Existe mucha irresponsabilidad y falta de gestión en el sistema penitenciario, si se hubieran construido más penales (el último construido fue en 2015), y aplicado el uso de grilletes electrónicos desde hace 15 años (según ley 29499), no hubiera sido tan grave y caótico el hacinamiento y la formación de redes delictivas dentro de los penales.   


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de marzo de 2025



 

POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030 Y USO DE GRILLETES ELECTRÓNICOS


 


El pasado día 12, a raíz de la fuga de un delincuente del penal de Piura (ex Río Seco) que cumplía 20 años de prisión, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, durante una entrevista declaró que actualmente hay 99,600 presos y solo capacidad para 41,700, generándose una sobrepoblación de 57,900 internos (139%), situación que colisiona con la Política Nacional Penitenciaria al 2030 que establece como objetivos prioritarios, la reducción significativa del hacinamiento y mejorar la seguridad y convivencia de los internos para aliviar sus condiciones de vida, lo cual es imposible de lograr con esta imponente sobrepoblación que nos ubica como el país con la mayor crisis carcelaria de Latinoamérica.


El pasado 25 de noviembre, el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE fueron declarados en emergencia por dos (2) años por déficit de capacidad de albergue, para optimizar la prestación de servicios y mejorar la resocialización de los internos, además, se dispone la presentación, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria para resolver dichos problemas, cuyo plazo de 45 días hábiles vence este 30 de enero. 


Según el jefe del INPE, para mejorar la infraestructura penitenciaria, este año se construirá un penal en Abancay para 800 internos, y se reiniciarán 2 penales, uno en Arequipa para 900 y otro en Pucallpa para 1,200. Si se llegaran a culminar estos 3 penales, se podría incrementar la cantidad de albergue para 2,900 internos, lo cual resolvería solo el 5% del problema del hacinamiento.


Bajo este panorama, cualquier Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria, debe considerar como prioritario el uso de grilletes electrónicos para delitos menores, siempre y cuando su implementación, empleo y control sea bien estructurado y absolutamente seguro. Actualmente de los 99,600 internos en el país, 63,600 son condenados, y 36,000 procesados, entre los cuales, hay gran porcentaje de internos que cumplen prisión por delitos menores y podrían usar grilletes electrónicos. 


Sin embargo, recordemos que la normatividad para su uso se inició hace 15 años (Ley 29499 fecha 16 enero 2010) y nunca ha sido debidamente implementada, a pesar de haber sido probada su eficiencia y fiabilidad en México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, y, además, es menos costoso que la pena de encarcelamiento (el mantenimiento de cada interno cuesta unos S/ 900 mensuales), también, en el caso de imputados primerizos o procesados por delitos menores se evitaría que se mezclen con internos más avezados y peligrosos, y tendrían la posibilidad de vivir en su entorno familiar y poder mantener una labor remunerada.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de enero de 2025


SISTEMA PENITENCIARIO EN EMERGENCIA: CONTINÚAN GRAVES DEFICIENCIAS Y HACINAMIENTO EXTREMO


 

El pasado 26 de noviembre fue promulgado el DS 014-2024-JUS declarando en emergencia, por 2 años, el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, para enfrentar las graves deficiencias estructurales y hacinamiento extremo en los penales, disponiéndose la elaboración, en 45 días, de una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria para reducir significativamente el hacinamiento, mejorar la infraestructura y garantizar la resocialización de los internos, enfocada en implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030 que fuera publicada en setiembre 2020 (DS-011-2020-JUS), pero, su Plan Estratégico Multisectorial se ha promulgado tardíamente, en febrero 2024 (DS-003-2024-JUS).

Cada cierto tiempo, a fin de revertir la aguda crisis de los establecimientos penitenciarios, se promulgan estados de emergencia, decretos de urgencia, y hasta existe una sentencia del Tribunal Constitucional. En febrero 2012, se declaró en emergencia dictándose medidas excepcionales y urgentes en materia económica y financiera (DU-007-2012). En 2014, el Tribunal Constitucional declaró estado de cosas inconstitucional los establecimientos penitenciarios, en hacinamiento, calidad de infraestructura y servicios básicos (Expediente-05436-2014-PHC/TC), y hace 5 años concluyó otro estado de emergencia, entre enero 2017-2019, por deficiencias en seguridad, salud, hacinamiento, lucha contra la corrupción, y fortalecimiento de gestión administrativa e infraestructura (DL-1325-enero 2017). 

Pero a pesar estas normativas, nada ha mejorado, por el contrario, el sistema penitenciario mantiene graves deficiencias, las cantidades de internos y hacinamiento continúan incrementándose, actualmente, los 68 penales existentes tienen capacidad para 41,556 internos, pero albergan 98,127 (sobrepoblación 136%, hacinamiento 116%), además, predomina una grave corrupción y discrecionalidad, donde se  promueven excesos y abusos, se fortalecen las bandas de secuestradores y narcotraficantes y escuelas del crimen, motivo por el cual las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, responsable de la Política Nacional Penitenciaria desde el 23 de setiembre 2023, acaba de ser interpelado este miércoles 4 en el Congreso, por la implementación de dicha política y el hacinamiento en los penales.  
 
Bajo este panorama, por la caótica situación del sistema penitenciario, el ministro de Justicia Arana debería tomar acciones urgentes, tales como: 1) Procurar más recursos para optimizar la administración penitenciaria; 2) Construirse nuevos penales (el último construido fue en 2015) y ampliar infraestructura en actuales con espacios disponibles; 3) Mejorar la seguridad (visitas, bloqueadores); 4) Luchar contra la corrupción; 5) Desarrollar un Código de Conducta para los trabajadores penitenciarios; 6) Implementar alternativas de penas para delitos menores (grilletes electrónicos); 7) Coordinar con el Poder Judicial para agilizar sentencias (unos 35,000 internos sin sentencia); 8) Mejorar el régimen penitenciario cuyo objetivo es la  reeducación, rehabilitación y reinserción social de los internos (Constitución, artículo 139-22); y, 9) Estudio de factibilidad para tercerización de la administración y gestión de penales. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de diciembre de 2024
      

LA CRUDA REALIDAD DE NUESTRO SISTEMA PENITENCIARIO





 

El pasado 30 de julio, un artículo del diario Universal de México, publicado en el Grupo Diarios América, presentó un informe sobre la situación de las cárceles de 12 países de América Latina concluyendo que “Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria”. Esta severa “calificación” lamentablemente se corrobora con datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE): el hacinamiento carcelario llega a 72%, del total de 68 cárceles existentes 49 están hacinadas, 10 con sobrepoblación de 300%, y el penal del Callao 500% (su capacidad es para 572 internos, hay 3,450), del total de 91,187 internos 82,781 (90.78%) se encuentran en penales hacinados, y, de dicho total, 34,651 (38%) no han sido sentenciados. En mayo 2020 el Tribunal Constitucional, alertó que dicha situación de hacinamiento era considerada “Estado de cosas inconstitucional”. 

 

En esta segunda etapa del gobierno comunista de Boluarte, en solo 8 meses han pasado dos ministros de Justicia, José Tello de diciembre 2022 a abril 2023 dejó el ministerio porque Otárola pidió su renuncia, y desde abril 2023 a la fecha, quien lo reemplazó, Daniel Maurate, tiene la responsabilidad de revertir esta grave situación penitenciaria, sin embargo, cuando un programa televisivo denunció el 25 de junio pasado que trabajadores del INPE recibieron coimas en el penal del Callao para ingresar droga y celulares, recién anunció su reestructuración, pero increíblemente ratificó a su presidente Javier Llaque argumentando que “hay un problema estructural más grande que el INPE”. Cinco días después expuso con dureza: “El problema carcelario del Perú es una bomba de tiempo, con un hacinamiento grave y condiciones inhumanas”, sin embargo, esta “bomba de tiempo” debería comenzar a desactivarla con urgencia y no solo con palabras.

 

Bajo este panorama, el ministro de Justicia, es rector y conductor de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 con objetivos prioritarios orientados a reducir el hacinamiento, garantizar la seguridad en los penales y fortalecer la reinserción, sin embargo, no solo va a solucionar el problema mejorando la infraestructura, construyendo más penales, otorgando indultos o instalando grupos de trabajo, resulta indispensable coordinar con el Ministerio Público y Poder Judicial sobre la situación de prisión preventiva y con el Gobierno y el Congreso sobre penas y beneficios penitenciarios, además, el uso de grilletes electrónicos es mínimo, a pesar que fue normado con ley 29499 (enero 2010), y el Decreto Legislativo 1514 (junio 2020) dispone su utilización en procesados o condenados entre 4 y 10 años (excluyendo delitos graves), deberían ser usados para reducir el hacinamiento, finalmente, es indispensable incrementar en el sistema penitenciario los medios humanos, logísticos, presupuestales y de servicios para el tratamiento de salud y seguridad penitenciaria.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de julio de 2023

 

 


HACINAMIENTO DE PENALES Y GRILLETES ELECTRÓNICOS


Nuestro sistema penitenciario se encuentra en estado de emergencia hace más de 3 años (desde enero 2017) “por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura” pero la situación empeora, actualmente existen 68 cárceles a nivel nacional con capacidad para 40,000 internos pero albergan 97,000 (sobrepoblación de 143%), adicionalmente el Covid-19 las están convirtiendo en focos mortales (al 16 de junio habían 221 presos muertos por el virus) y varios motines durante esta pandemia. De los 95,000 internos 45,600 (48%) están sin sentencia, de los cuales, según expertos, se tendrían que liberar entre 15,000 y 20,000 para que las cárceles sean manejables, en este contexto el gobierno ha anunciado 12,250 excarcelaciones. 

El pasado 4 de junio, como medida extemporánea e impuesta por la grave epidemia que afecta los penales, fueron promulgados dos Decretos Legislativos, el 1513, sobre criterios excepcionales para deshacinamiento de los penales, y el 1514, para utilización de grilletes electrónicos (sistema de vigilancia electrónica personal penal) en procesados o condenados entre 4 y 10 años (excluyendo a internos que hayan cometido delitos graves), según el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, el INPE está trabajando para contar con 8,000 grilletes e implementarlos (a un costo de S/.50 millones) para que los jueces puedan usar esta medida coercitiva en lugar de presión preventiva, sin embargo, el ministro no ha aclarado la fecha de la implementación ni si existe la infraestructura adecuada para su uso masivo, ya que actualmente la situación de dichos elementos es incierta y la usan solo 25 presos.  

Sin embargo el tema de los grilletes electrónicos ha sido pésimamente gestionado desde hace 10 años cuando fue promulgada la ley 29499 (enero 2010) que establece la vigilancia electrónica personal, y su reglamento (DS-003-2010-JUS agosto 2010), en ese entonces se decidió la adquisición de 2,000 grilletes con expediente técnico y viabilidad presupuestaria aprobada, sin embargo, se desconoce si fueron adquiridos o si se utilizó el recurso asignado.

Bajo este panorama la aplicación de los grilletes electrónicos representa grandes ventajas, además de haber sido probada su eficiencia y fiabilidad en la región (México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay) y es menos costoso que la pena de encarcelamiento (alrededor de S/.10,000 anuales por reo), además, combate el grave hacinamiento actual y en el caso de los procesados evita que imputados primerizos o por delitos de escasa gravedad se mezclen con internos más avezados y peligrosos lo que agrava el problema social carcelario.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de julio de 2020


GRILLETES ELECTRÓNICOS Y SISTEMA PENITENCIARIO


El pasado 21 de marzo, Carlos Sulca, quien habría formado parte de una red de narcotráfico en el Callao, después de haber cumplido 18 meses de prisión preventiva sin que el Ministerio Público concluya la investigación, salió del penal de Challapalca, en Tacna, para cumplir detención domiciliaria en su casa de Lima bajo custodia policial, distrayendo gran cantidad de policías de sus labores. Este es uno de los más de 200 casos que se encuentran con detención domiciliaria incluidos cabecillas de Sendero Luminoso (Osmán Morote y Margot Liendo) además de sicarios, extorsionadores, peligrosos asaltantes, y otros delincuentes, pudiendo usar al sistema de vigilancia electrónica personal a través de grilletes electrónicos los procesados cuyas condenas sean menores de 8 años de prisión o no tengan condena, según reportes policiales muchos procesados con detención domiciliaria burlan la seguridad (el año 2017 de 238 procesados 115 quebraron alguna vez el arresto).

La normatividad para el uso de grilletes electrónicos se remonta hace 9 años al promulgarse la ley 29499 (enero 2010) que establece la vigilancia electrónica personal, y su reglamento (DS-003-2010-JUS agosto 2010). En agosto 2010 se decidió la adquisición de 2,000 grilletes contándose con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria, sin embargo nunca se concretó. Desde julio 2017 existe un contrato con la empresa Geosatís por la operación de solo 33 grilletes, de ellos solo se han usado 14 en el cercado de Lima a manera de plan piloto siendo monitoreados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero no se puede realizar un balance sobre su funcionamiento por la poca cantidad de  grilletes en uso, tampoco se puede ampliar a otros distritos por problemas técnicos de conectividad.

Bajo este panorama los grilletes electrónicos son implementos importantes en el sistema penitenciario y deberían usarse en la mayor cantidad posible de internos con detención domiciliaria para control efectivo y evitar fugas, solucionar en parte el hacinamiento de penales y reducir la cantidad de policías para custodias. Actualmente el Sistema Nacional Penitenciario se encuentra en estado de emergencia desde enero 2017 por 4 años, inicialmente por 2 años hasta enero 2019 y prorrogado 2 años adicionales hasta enero 2021 por persistir los motivos que lo originaron para su reestructuración y la del INPE principalmente por la sobrepoblación de internos en penales (128%), también por falta de medios necesarios: humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de abril de 2019


SISTEMA PENITENCIARIO: NO QUEREMOS VER LA REALIDAD


El pasado día 12 la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial “Retos del Sistema Penitenciario” en el que advierte que el nivel de hacinamiento en 54 de los 69 penales existentes en el país ha sido desbordado, de una capacidad máxima para recibir 39,156 internos actualmente albergan a 89,166, es decir, existe una increíble sobrepoblación de 128%, pero hay penales que tienen extrema sobrepoblación y hacinamiento como el penal del Callao Sarita Colonia casi en 500%, el penal Miguel Castro Castro (300%) y Lurigancho (200%). Además se presentan otros graves problemas, entre ellos, el nivel de internos sin condena llega al 40%, además, para personas vulnerables internadas hay déficit o ausencia de políticas de tratamiento, y los problemas de seguridad dentro de los penales son deficientes, en el penal de Lurigancho hay un solo agente penitenciario disponible para el resguardo de 117 internos y en el penal El Milagro (Trujillo) hay disponible un agente penitenciario para y 131 internos.

La inseguridad de los penales es realmente dramática, se perpetran extorsiones con celulares, se coordinan secuestros y crímenes por encargo y predomina una grave corrupción y discrecionalidad donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen bandas de secuestradores, narcotraficantes y escuelas de crimen, los decomisos de celulares, cocaína, licores, y armas son comunes, por lo que las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas a pesar de que existe un mandato constitucional que dispone que el sistema penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, es decir, su mandato se adscribe a la función resocializadora penitenciaria (Artículo 139 inciso 22), sin embargo esto no se ejecuta en los penales.

Aunque parezca increíble el sistema penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) se encuentran declarados en emergencia desde el 6 enero 2017 por 2 años que culmina el 6 enero 2019 (Decreto Legislativo 1325) a fin de revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional por deficiencias en seguridad, salud, hacinamiento, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la gestión administrativa e infraestructura, sin embargo, ya estamos solo a días de que concluya la declaratoria de emergencia y no se han logrado mejoras. El ministro de Justicia le debe una explicación al país sobre los resultados obtenidos en el sistema penitenciario nacional y en el Inpe durante estos dos años declarados en emergencia.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de diciembre de 2018


SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL PENAL

La implementación del sistema de vigilancia electrónica personal penal a través del uso de grilletes electrónicos fue normado con ley 29499, enero 2010 y su reglamento (DS-003-2010-JUS), considerándose la adquisición de 2,000 grilletes con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria por S/150 millones, asegurando el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) su uso para 6,000 internos. Recién 7 años después, en enero del presente año, se reguló su uso (DL 1322) y en abril se otorgó la buena pro al consorcio Geosatis (empresa mexicano-peruana), actualmente hay solo dos reclusos usando grillete.

Estos dispositivos deberían usarse con carácter urgente para 240 procesados que se encuentran con arresto domiciliario por exceso de carcelería u otros motivos y requieren vigilancia policial (presencial y en muchos casos aleatoria), lo cual distrae las labores de muchos policías para verificar que permanezcan en su domicilio, pero esta condición judicial muchas veces es burlada, tal es el caso del delincuente Luis Donayre Flores (a) “Pato Ciego”, que el pasado 24 de noviembre, encontrándose con arresto domiciliario fue detenido en San Isidro tras robar a una cambista. 

Las autoridades penitenciarias resaltan que este sistema personal de vigilancia electrónica es prioritario para solucionar el hacinamiento de los penales, pero no debe considerarse como papel decisivo sino solo como un mecanismo para aliviarlo, tenemos 69 cárceles con capacidad para 36,000 reclusos pero actualmente albergan 84,000 con una terrible sobrepoblación de 133% que reflejan un grave descuido de décadas en políticas penitenciarias urgentes debido, entre otras razones, a cálculos electorales de los políticos porque no representan votos en el corto plazo.

Actualmente el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE están desde inicio de año declarados en emergencia por 2 años (DL 1325 fecha 5 enero) por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura, pero ha pasado un año y no se aprecian mejoras, lo que realmente se requiere es: agilizar las sentencias en el Poder Judicial (de 88,000 internos, menos de la mitad han sido sentenciados); eliminar los altos índices de corrupción penitenciaria y judicial; construir nuevas cárceles y ampliar la infraestructura en los espacios disponibles de las actuales; optimizar la gestión administrativa penitenciaria; implementar correccionales para trabajos en talleres y actividades educativas; mejorar la capacitación de los agentes penitenciarios; estudiar la factibilidad para tercerización de la administración y gestión de los penales; y mejorar las condiciones de los reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción social.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de diciembre de 2017


HACINAMIENTO EXTREMO EN NUESTROS PENALES: MEDIDAS URGENTES

Una principal preocupación de la nueva ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, es la grave situación de hacinamiento de nuestros penales, y tiene razón, porque actualmente hay 91,200 personas con problemas penales en el sistema penitenciario, de éstas, 13,900 en libertad con beneficios o penas limitativas y 77,300 cumpliendo penas en prisión hacinados en 68 cárceles con capacidad máxima para recibir 33,300, es decir, una increíble sobrepoblación de 44,000 presos (132%).

La ministra ha anunciado el traslado de presos extranjeros a sus países, la implementación de grilletes electrónicos y la aplicación de beneficios penitenciarios y de servicio comunitario. Respecto al traslado de presos extranjeros, tenemos vigente la ley 30219 (julio 2014) que regula el beneficio de retorno a su país de internos extranjeros para su reinserción, pero además de la falta de presupuesto, es solo aplicable a primeras condenas por delitos menores hasta 7 años y haber cumplido un tercio de su pena, actualmente son 1,800 (90% por tráfico de drogas) y podrían acogerse alrededor de 400, lo cual no es significativo para reducir el hacinamiento.

Respecto a grilletes electrónicos, la normatividad para su uso data de 2010, (ley 29499), se consideró la adquisición de 2,000 grilletes y en 2015 se adecuó su empleo (DL1229), pero hasta la fecha no se ha concretado nada. Y en relación a la aplicación de beneficios penitenciarios, estos, como gracias presidenciales, fueron desprestigiados y vilipendiados por la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena, la cual, en el período 2009-2010 otorgó liberación a 3,300 presos de los cuales 57 eran narcos que integraban bandas internacionales de carteles de la droga.

Bajo este panorama, la ministra de Justicia debería: 1) Declarar en emergencia el sistema penitenciario; 2) Gestionar el incremento de recursos para optimizar la administración penitenciaria; 3) Construir nuevas cárceles y ampliar la infraestructura en espacios disponibles de actuales; 4) Mejorar la seguridad (visitas, bloqueadores); 5) Eliminar los altos índices de corrupción; 6) Capacitar a trabajadores penitenciarios; 7) Implementar alternativas de penas para delitos menores (grilletes electrónicos, correccionales para trabajos en talleres y actividades educativas); 8) Agilizar las sentencias en el Poder Judicial (casi la mitad sin sentencia); 9) Estudio de factibilidad para tercerización de la administración y gestión de los penales; y 10) Mejorar las condiciones de los reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción social.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de agosto de 2016

GRILLETES ELECTRÓNICOS: CONGELADOS MÁS DE 6 AÑOS

Según lo informado en enero pasado por el jefe del INPE, Julio Magán, el uso de grilletes electrónicos para evitar el ingreso indiscriminado a las cárceles sería una realidad a partir de mayo porque el contrato de concesión estaría firmado en abril, sin embargo, ya transcurre mayo y en Proinversión la inversión estimada del proyecto continúa en evaluación (con modalidad autosostenible).
Recordemos que la normatividad para su uso se remonta al 16 enero 2010 cuando se promulga la ley 29499 (16-1-10) que establece la vigilancia electrónica personal, y su reglamento (DS-003-2010-JUS del 14-8-10), considerándose la adquisición de 2,000 grilletes con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria, según el ministro de Justicia de dicha época, el sistema sería adquirido por Proinversión y estaría implementado a fines 2010, sin embargo, recién 5 años después, con DL 1229 (25-9-15), se modifican e incorporan artículos a dicha ley para adecuar el empleo de los grilletes electrónicos.
Su uso se encuentra congelado hace más de 6 años, a pesar de que su aplicación representa grandes ventajas, además de haber sido probada su eficiencia y fiabilidad en la región (México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay) y es menos costoso que la pena de encarcelamiento, en el caso de los procesados evita que imputados primerizos o por delitos de escasa gravedad se mezclen con internos más avezados y peligrosos, además, con posibilidad de seguir viviendo en su entorno familiar y mantener una labor remunerada.
Sin embargo, sobre el empleo de grilletes electrónicos debe considerarse los siguientes aspectos: 1) Esta medida debe representar solo un elemento de una indispensable reforma integral penitenciaria, o simplemente no funcionará; 2) No solo debe pensarse en la vigilancia sino poner mayor esfuerzo en cumplir el mandato constitucional (derecho de los reclusos a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, así como a ocupar establecimientos adecuados); 3) No representa un papel decisivo en la solución de sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles que actualmente es muy crítico por malas políticas penitenciarias (hay 77,298 reclusos para una capacidad total de 33,337 equivalente a una sobrepoblación de 132%); 4) El rápido avance tecnológico impide que la legislación esté completamente al día con dichos avances, por lo que uno de los desafíos de esta medida cautelar personal alternativa es la justa y adecuada interpretación de las normas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de mayo de 2016

DRAMÁTICA INSEGURIDAD EN LOS PENALES

La inseguridad en nuestros penales es realmente dramática, según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) un 90% de las extorsiones es perpetrada desde éstos con celulares, también se coordinan secuestros y crímenes por encargo. Hasta el presidente del Poder Judicial recibió en 2013 llamadas telefónicas amenazantes y extorsivas desde un teléfono público del penal de Lurigancho, y desde el penal El Milagro de Trujillo se planifica el 80% de extorsiones de la región La Libertad.

El pasado día 3 un informe televisivo del programa “Domingo al Día” (realizado con cámara oculta) denunció como 14 internos del penal Castro Castro utilizaban modernos celulares a vista y paciencia de los agentes del Inpe, además se verificó recargas de celulares y hasta un locutorio clandestino en el Pabellón 6A. También, otro informe televisivo del programa “Alto al crimen” denunció que en el penal Sarita Colonia los internos se pasean con celulares y hasta tienen señal de internet para hacer recargas.

Sin embargo, para el actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Julio Megán Zevallos (desde febrero pasado), estas graves e indignantes irregularidades las calificó como “hecho anecdótico”. Es inaceptable esta aseveración, como también su comunicado oficial de “ejecución de medidas de prevención que garanticen el pleno restablecimiento de la seguridad y disciplina al interior de las cárceles del país”, lo cual debió realizar hace muchos años al haber sido vicepresidente de esta institución desde agosto 2011.

Durante su gestión ocurrió la “jarana canera” en noviembre 2012 en el mismo pabellón 6A de Castro Castro (hasta pidió disculpas a la población), en marzo 2013 una red de extorsionadores desde Piedras Gordas ordenaba desde celulares arrojar explosivos para amedrentar a sus víctimas, y en setiembre 2013 propuso a 3 congresistas la presentación de un proyecto que favorecía a Antauro Humala.

Bajo este panorama es dramática la inseguridad en los penales del país: frágil custodia policial exterior, corrupción de malos agentes Inpe y complicidad de algunas autoridades, falta de elementos tecnológicos de seguridad, agravado por el inconcebible hacinamiento (72 mil internos para una capacidad de 32 mil), insensible situación jurídica (de 72 mil internos 35 mil no están sentenciados), una inadecuada política penitenciaria y pésimo tratamiento de internos en aspectos laborales, legales, educativos, de salud y psicológicos para lograr su reinserción social, contraviniendo sus derechos constitucionales (artículo 139°, incisos 21 y 22).

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2015


SEGURIDAD EN LOS PENALES: DESIDIA Y CORRUPCIÓN

La mayoría de extorsiones (95% según la Dirincri) –además muchos secuestros y crímenes por encargo– son perpetrados por presos desde los penales con celulares –que allí proliferan– pidiendo con amenazas a sus víctimas cupos o elevadas sumas de dinero. Según el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe, “es muy complicado evitar que sigan ingresando celulares y chips a los penales” porque a pesar de las requisas “a las semanas vuelven a aparecer por acción de la corrupción”, en parte por mafias integradas con personal del propio INPE.
 
El tema de bloqueadores de celulares se presentó al entrar en funcionamiento el penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas el 2005, según las autoridades “inexpugnable” y contaba con 6 de estos equipos –desconociéndose sus características– pero poco tiempo después fueron desconectados por el entonces director del penal, José Gamboa Mendoza, para permitir que delincuentes de alta peligrosidad realicen sus llamadas. Después de este corrupto acontecimiento nunca más se habló de bloqueadores, y poco tiempo después se detectaron decenas de celulares, y hasta los reos, con apoyo del personal INPE, instalaban antenas para mejorar la señal.

En febrero de 2012 el sistema penitenciario fue declarado en emergencia para mejorar las condiciones de seguridad, pero lamentablemente nada cambió. En mayo del mismo año se promulgó la ley 29867 incluyendo penas privativas por ingresar celulares a penales, pero a pesar que entran miles, no hay ningún encarcelado. En marzo de 2013 el INPE firmó un convenio con un procesado por tenencia ilegal de armas que iba a donar bloqueadores para el Penal El Milagro, en Trujillo, resultando ser un presunto negociado del alcalde de La Esperanza.

Bajo este panorama, a pesar que desde hace 8 años era urgente la instalación de bloqueadores, actualmente no existe ninguno. Tampoco se cuenta a nivel nacional con sistemas electrónicos de control como escáner o detectores (de armas, drogas o celulares), videocámaras, sistemas de identificación por huellas digitales, registros computarizados de internos, etc.

A pesar que los penales tienen directa relación con la inseguridad ciudadana –que se torna imparable–, la desidia para mejorar la seguridad y evitar la corrupción en los penales ha sido extrema, nada se ha avanzado, por el contrario, hemos retrocedido peligrosamente a niveles tan graves que los presos utilizan hasta señal de Wi Fi para planear y ejecutar sus actos criminales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de marzo de 2014


POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNA Y SISTEMA PENITENCIARIO

El pasado 28 de julio, el presidente Humala en su mensaje a la Nación, reconoció el crecimiento de acciones delictivas en el país, explicando que además de falta de presencia policial y equipamiento, el hacinamiento de la población penitenciaria facilita la organización de un conjunto de delitos desde su interior, por lo que, dijo, se prevé la construcción de 8 nuevos establecimientos penitenciarios y la remodelación de 11. Es todo lo que planteó sobre el sistema penitenciario –componente importante de la política de seguridad interna–,  cuando lo que se requiere urgentemente es su reforma integral.

Solo una semana antes del mensaje presidencial, en el penal de Piedras Gordas, la Policía Antisecuestros incautó agendas con listas de nombres, teléfonos y direcciones de unos 100 empresarios a los que pretendían extorsionar o secuestrar, incautándose además celulares, chips, cargadores, reproductores, antenas y recibos de depósitos y números de cuentas bancarias. Paradójicamente a este penal se le cataloga como de “máxima seguridad” cuando realmente se trata de un “centro del delito”.

En nuestro país no se cumple el mandato constitucional (artículo 139 inciso 22) sobre el objetivo fundamental del régimen penitenciario: la reeducación y rehabilitación del interno a la sociedad. Lamentablemente en nuestros penales predomina una grave corrupción y discrecionalidad, donde se  promueven excesos y abusos, se fortalecen las bandas de secuestradores y narcotraficantes y las escuelas del crimen, motivo por el cual las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas.

Bajo este panorama, la solución del sistema penitenciario no consiste solo en construir penales al ritmo de crecimiento de la población penal, lo cual es imposible, ya que en los últimos 10 años se incrementó 124% (de 28,800 a 64,600) y todos los penales del actual sistema penitenciario del país solo pueden albergar unos 27,000 internos, lo cual obliga a contar con sistemas de penas en libertad para perfiles menos complejos (uso de brazaletes electrónicos) y mejorar el sistema de justicia (casi el 60% están sin sentencia).

Pero sobre todo se requiere una reforma integral con objetivos, metas e indicadores que incremente la seguridad e institucionalidad penitenciaria para erradicar la corrupción, implementando la supervisión judicial y mejorando la gestión penitenciaria y el tratamiento de los internos en los aspectos laborales, legales, educativos, de salud y psicológicos para lograr su reinserción social.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de agosto de 2013


PERÚ: EXTORSIÓN Y AMENAZA DESDE LOS PENALES


El pasado 17 de enero, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, denunció que desde diciembre pasado viene recibiendo hasta cinco llamadas telefónicas amenazantes y extorsivas desde un teléfono público del penal de Lurigancho. Al respecto, en julio pasado el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe, manifestó que coordinó con la empresa Telefónica la colocación de más cabinas telefónicas en los penales, pero para evitar extorsiones o amenazas, se escucharía previamente una grabación de advertencia que ésta se realiza desde un penal, para el que la reciba opte por atenderla o no. Por supuesto que en el caso del presidente del Poder Judicial esta grabación nunca funcionó.

Sin embargo, la mayoría de extorsiones y amenazas desde los penales se realizan a través de celulares por la facilidad de adquirir chips en el mercado suplantando identidades porque las empresas operadoras no verifican correctamente los datos de los compradores a pesar que el DS 024-2010 las obliga, y por su reducido tamaño y forma es muy fácil introducir éstos chips en los penales. Solo entre agosto 2011 y julio 2012 hubo 1,076 requisas en los 68 penales del país –369 en penales de Lima–, decomisándose 4,000 celulares, 1,000 baterías, 900 chips, 2,200 cargadores y 260 equipos de manos libres.

El 22 de mayo 2012 se promulgó la ley 29867 que incorpora nuevos artículos al Código Penal incrementando penas por el ingreso a los penales, o tenencia en ellos, de celulares, chips, o componentes, sin embargo, éstos siguen incrementándose junto con las extorsiones y amenazas. Según la Policía Nacional el 2012 se registraron, solo en la región La Libertad, 500 denuncias por llamadas para extorsionar, el 70% desde el penal El Milagro de Trujillo, que alberga más del doble de presos (2,650) de su máxima capacidad (1,150).

Bajo este panorama, la seguridad ciudadana es prioridad nacional por lo que es urgente desbaratar estas mafias de extorsionadores y secuestradores que de modo absurdo e indignante operan desde los penales. Uno de los elementos claves y más efectivos es el uso de bloqueadores de señales, omnidireccionales, para neutralizar las comunicaciones de todo el penal hasta 200 metros a la redonda, o unidireccionales, para hacerlo en una zona específica como un pabellón de alta peligrosidad.

Lamentablemente estos equipos brillan por su ausencia en nuestros centros penitenciarios, según el Jefe del INPE, por su elevado costo y falta de recursos, pero a pesar de ello existe actualmente un presunto negociado tras una donación de bloqueadores para el penal El Milagro de Trujillo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de febrero de 2012

PIEDRAS GORDAS: INACEPTABLES PRIVILEGIOS

A raíz de la denuncia que Antauro Humala, hermano del Presidente de la República, tenía un iPhone en el penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas, desde el cual realizaba llamadas telefónicas y transmitía y recibía correos por internet que revelan actividad política y tráfico de influencias, queda claro que este reo sentenciado a 19 años por homicidio y secuestro, ha tenido privilegios absolutamente prohibidos para cualquier condenado, e incluso ha hecho proselitismo político sin recibir sanción alguna. 

Ahora sabemos que muchas personas le solicitaban favores políticos y puestos de trabajo, recibía recomendaciones para efectuar cambios militares y hasta intercedió ante las rondas campesinas de Tabaconas en Cajamarca por el proyecto de la minera Las Palmeras.

De manera inaudita, Antauro Humala, ha dirigido desde dicho penal la campaña nacional del Movimiento Etnocacerista Peruano, recibiendo delegaciones de todo el país, y aunque su sentencia es hasta el año 2024, ha reiterado sus intenciones de obtener su libertad para participar en las elecciones municipales y regionales del 2014 y presidenciales del 2016. En octubre de 2011 grabó un video desde el mismo penal lanzando críticas al gobierno que fue difundido en el VI Congreso Etnocacerista realizado el 29 y 30 de dicho mes, evento en el que fundaron un nuevo partido político bajo su liderazgo.

Los inaceptables privilegios de Humala en Piedras Gordas deterioran la imagen y credibilidad del gobierno por tratarse del hermano del Presidente, y más aún, porque el Jefe del Inpe, José Pérez, y el ministro de Justicia, Juan Jiménez, sin siquiera sonrojarse, minimizan estas irrefutables gollerías –incluyendo su traslado al apacible penal Virgen de la Merced– argumentando que se trata de problemas de seguridad y corrupción en un sistema en crisis heredado. Cuando el Jefe del Inpe asumió el cargo en agosto de 2011, sabía que el 95% de las llamadas de extorsión salen de las cárceles, y anunció la instalación de bloqueadores para celulares, pero en enero admitió que no tenía presupuesto, sin embargo, el pasado día 13 el ministro de Justicia lo refutó y anunció su colocación en todos los penales.

Bajo este panorama, todas las propuestas para implementar dichos bloqueadores, además de instalación de cámaras de videovigilancia, detectores de metales y escáneres, servirán de poco si no se erradica la corrupción en los penales. 

Tanto el ministro de Justicia –quien asumió el cargo en diciembre pasado, pero fue viceministro desde agosto de 2011– así como el Jefe del Inpe, son actualmente directos responsables de las gollerías de Antauro Humala, así como del statu quo en la deplorable situación de hacinamiento, mala infraestructura, inadecuada seguridad y descomunal corrupción, no solo en Piedras Gordas, sino de todo el sistema penitenciario del país. Por tales motivos, deberían renunciar.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de marzo de 2012

PENALES: INCONTROLABLE USO DE CELULARES

Cuando ocurren situaciones graves de delincuencia como las que están sucediendo en el país, el sistema penitenciario se convierte en tema de debate debido a que la modalidad delictiva usando celulares dentro de los penales está creciendo exponencialmente para planear y dirigir extorsiones, secuestros, robos y otros delitos en combinación con cómplices externos. El pasado 23 de agosto el hijo de un empresario coreano fue secuestrado en el distrito de La Molina, y según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), desde el penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas de Ancón se comunicaron por celular con sus familiares para exigirles dinero por su liberación.

Durante los tres primeros meses de 2010, solo en los penales Piedras Gordas y El Milagro de Trujillo, fueron requisados 1,100 celulares. También entre marzo y abril de dicho año, un interno del penal de Río Seco, en Piura, realizó 2,000 llamadas desde su celda para extorsionar empresarios y transportistas del norte del país. Existen además pruebas de extorsiones desde distintos penales donde se han encontrado relaciones de personas, empresarios, hoteles y empresas que iban a ser objeto de este delito.

El ingreso ilegal de celulares a los penales y su tenencia por los internos constituyen solo faltas administrativas, al visitante que intenta ingresarlo le suspenden su visita un año, y al interno, lo sancionan con uno o dos meses de aislamiento sin visitas. En octubre de 2010 el gobierno anterior anunció la penalización del intento de ingreso de celulares, lo cual no cumplió, y recién el pasado 22 de junio fue modificado el Reglamento del Código de Ejecución Penal en su artículo 37 e incorporando el artículo 241-A, prohibiendo el uso de celulares, satélites, radios a transistores en los penales, y disponiendo que las empresas operadoras corten el servicio cuando constaten su uso ilegal, lo cual no tendrá efecto por la espantosa corrupción y complacencia que existe en dichos centros penitenciarios.

Bajo este panorama, para evitar el uso de celulares en los penales resultaría más eficaz, aumentar la seguridad para evitar su ingreso durante las visitas, y además, bloquear la señal de telefonía celular en el perímetro de los penales, sin embargo, tal como lo ha manifestado el nuevo jefe del Instituto penitenciario (INPE), José Pérez, existen carencias en su sector, en personal faltan agentes penitenciarios para revisar a todas las visitas, y en material, faltan recursos para instalar bloqueadores de llamadas por su elevado costo. Claramente está revelando que no se podrá resolver ninguna de las dos situaciones. Es decir, seguirán ingresando celulares a los penales, y continuarán incrementándose los execrables delitos que realizan muchos internos a través de esta modalidad.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de setiembre de 2011

SISTEMA PENITENCIARIO: REFORMA INTEGRAL

Durante las últimas semanas hubo un gran debate sobre la urgente necesidad de resolver la problemática de seguridad interna en nuestro país incluyéndose el tema de los penales. El fiscal de la Nación recomendó la apertura de El Frontón “para recluir los delincuentes más peligrosos y evitar que sigan liderando bandas criminales desde las cárceles”. La congresista Rosa Mávila propuso la construcción de un penal de máxima seguridad en Puno ya que “a esa zona si le temen los malhechores”. El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, sostuvo que cada año se van a construir y ampliar penales ya que “el problema está en el déficit de espacio”, y equivocadamente aseguró que “la resocialización del interno pasa por atender el hacinamiento”.

Ambos aspectos –infraestructura y resocialización– son mandatos constitucionales que el sistema penitenciario incumple de manera flagrante. El artículo 139 de nuestra Constitución, que consagra los principios de la función jurisdiccional, en el inciso 21 dispone: “El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados”, sin embargo la sobrepoblación carcelaria alcanza el 76.53%; existen 48,580 internos pero solo existe capacidad para 27,520, lo cual se traduce en hacinamiento crítico, violencia, abusos, descontrol y desorden, y según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 2017 serán 60,000 (casi 2,000 internos más por año). Asimismo, el inciso 22 dispone: “…el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, es decir, su mandato se adscribe a la función resocializadora penitenciaria como fundamento para el tratamiento de los internos, pero esto no se ejecuta en los penales.

Bajo este panorama, nuestro sistema penitenciario además de no cumplir con la Constitución, encierra una de las más graves manifestaciones de violencia, donde la mayoría de derechos son conculcados y desde donde, dentro de un círculo vicioso, se promueve y fortalece la escuela del crimen, la rearticulación de bandas de secuestradores, narcotraficantes, terroristas, e incremento de delincuentes. Solo desde el 2010 se registraron en diversos penales 9 asesinatos y 30 fugas de internos.

La solución del problema no consiste solamente en construir más penales, sino que es necesaria una reforma integral que busque mejorar la gestión y eficiencia de los servicios penitenciarios en los aspectos de inversión, seguridad, erradicación de corrupción y mafias, revisión de beneficios penitenciarios, y en el tratamiento de internos, los aspectos sociales, laborales, legales, de salud, psicológicos, educativos, bienestar, etc. para que para que aquellos que alcancen su libertad lo hagan como personas rehabilitadas socialmente y no regresen nuevamente a la actividad delictiva.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de agosto de 2011

PENALES: GRAVE SITUACIÓN

Dos graves asesinatos ocurrieron dentro del penal de Lurigancho, en Lima. El primero, un preso estranguló a una mujer enterrándola en su propia celda –hace dos meses y recién fue descubierto–, y el segundo, de un recluso que tenía solo cuatro días internado. Cuando suceden estos casos graves, ritualmente se ejecuta una tardía requisa –en solo dos pabellones encontraron 60 celulares, 130 armas blancas y 30 galones de bebidas alcohólicas–, pero además, las noticias y el debate obliga a las autoridades a tomar acciones coyunturales, sin embargo, después de unos días todo continúa igual hasta el siguiente suceso.
                                     
El sistema penitenciario no da para más. El hacinamiento y sobrepoblación son males endémicos. A nivel nacional existen 79 penales solo para 24,000 internos, pero albergan 46,000 –92% sobrepoblados–, de los cuales alrededor del 45% tienen entre 18 y 28 años de edad. Lurigancho puede recibir 3,500 internos, pero tiene 8,000 –129% sobrepoblado–, e increíblemente continúan ingresando diariamente unos 30 internos. El penal de Sarita Colonia, en el Callao, y los de Cañete y Huaral, tienen individualmente capacidad para 560 internos, pero la sobrepoblación casi se cuadriplica, ya que cada uno de ellos alberga un promedio de 2,500 internos.

Solo durante este año ocurrieron casos muy graves: en el penal Piedras Gordas de “máxima seguridad” los reos sabotearon el sistema de bloqueo de celulares, instalaron antenas, y se detectaron llamadas para extorsionar; en Lurigancho, encontraron una mini ametralladora, y en el Día de la Madre hubo una descomunal juerga consumiéndose miles de latas de cerveza;  en los penales de Huancas en Chachapoyas, Puerto Maldonado en Madre de Dios, y Carquín en Huacho, hubieron motines y reyertas, resultando 5 muertos y 16 heridos; en Abancay, delincuentes tomaron el penal y rescataron 4 narcotraficantes;  en Sarita Colonia, en día de visita, mataron a un interno delante de su esposa por no pagar cupos, y hasta hubieron reuniones de altos mandos terroristas; en Río Seco, Piura, un interno efectuó 1,997 llamadas por celular, y en una requisa se encontraron 863 armas blancas.

Bajo este panorama, en los centros carcelarios prevalece la sobrepoblación, el hacinamiento, descontrol, inseguridad y corrupción. No existe clasificación ni tratamiento que facilite la rehabilitación y reinserción de los internos en la sociedad, sino por el contrario, son verdaderas escuelas del delito donde se planifican robos, extorsiones y crímenes. El gobierno debería declarar en emergencia el sistema penitenciario y emprender urgentes reformas estructurales, en su gestión, modo de funcionamiento y modelo de administración.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de diciembre de 2010


PIEDRAS GORDAS, PENAL DE “MÍNIMA SEGURIDAD”

El pasado 31 de marzo escuchabamos con asombro e incredulidad anunciar al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodriguez, la destitución del director del penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas, Edwin Salazar, y los 180 agentes penitenciarios, por haberse roto los cordones y conductores de bloqueadores de celulares para permitir que los reos de alta peligrosidad efectúen llamadas, añadiendo que este centro “había pasado de ser un penal de máxima a otro de mínima seguridad”.

Sin embargo, a pesar de su costo de US$ 12 millones y dispositivos de seguridad con que fue conceptuado, tales como bloqueadores de celulares y cámaras de circuito cerrado, la historia de este penal señala que nunca ha contado con estándares de “máxima seguridad”. En diciembre de 2004 fue inaugurado, pero un año y medio después, en mayo de 2005, cuando habían más de 260 internos, el entonces jefe del INPE, Pedro Salas, reveló que la cárcel no era de extrema seguridad por insuficiencia de bloqueadores de celulares y equipos para control de visitas, y asimismo, no operaba el sistema eléctrico de las puertas de las celdas.

En una requisa efectuada el 30 de mayo de 2005 fueron incautados 11 celulares, y en noviembre destituyeron a dos ex directores, al administrador y jefe de seguridad por recibir coimas. Un año después, en junio de 2006, su entonces director, José Gamboa, fue destituido por recibir dinero de secuestradores y permitir la desactivación de 6 bloqueadores, y el 29 de agosto de 2007 fue capturado el jefe de seguridad del penal, Jorge Benavides, recibiendo una coima. El 2008 habian 26 bloqueadores, pero según el director en función, Leonardo Caparrós, no funcionaban correctamente por su mala instalación, y el 24 de setiembre de dicho año se volvieron a requisar 16 celulares y ketes de marihuana y cocaína.

Bajo este panorama, la seguridad interna de Piedras Gordas lo cataloga como un penal de “mínima seguridad”, primero, por problemas de corrupción e idoneidad de funcionarios y agentes, a quienes se les debe fortalecer su capacitación y formación ética, y rotarlos continuamente; y segundo, de control y seguridad, debiéndose revisar toda la política de seguridad, instalar más bloquedores fijos de celulares, poner operativos los sistemas de control y vigilancia, y cumplir con el régimen cerrado especial para reos peligrosos (etapa A), que dispone una estricta disciplina y vigilancia, restricciones de visitas y horarios de patio y cierre de celdas, y obligación diaria de trabajo o estudio.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de abril de 2010

INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN PENITENCIARIA

Horas antes de iniciarse el año 2010 se produjo un grave motín en el penal Huancas, en Chachapoyas, Amazonas, en el que unos 250 reclusos –de 560 en total– tomaron el local que contaba con solo nueve agentes –de 45 asignados– del instituto Penitenciario (INPE), manteniendo como rehenes al director del penal y los agentes, con un saldo de dos reclusos muertos y varios heridos. Recién después de 20 horas en que sus demandas fueran aceptadas, el motín fue develado. En febrero de 2009 en este mismo penal se amotinaron 150 internos, quedando once heridos. También el pasado día 2 se fugaron cuatro narcotraficantes del penal de Abancay, Apurímac, en circunstancias que los agentes que vigilaban la entrada le abrieron la puerta a una mujer que en complicidad de dos hombres armados, les dispararon logrando ingresar al interior del penal para cubrir dicho escape.

La inseguridad y corrupción en los penales se incrementó durante el año 2009. En febrero se detectó una escandalosa fuga de cuatro narcotraficantes del penal de Lurigancho en Lima utilizando recursos falsificados de hábeas corpus. La ministra de Justicia de ese entonces, Rosario Fernández, advirtió que declararía el INPE en emergencia para “sacar a toda la gente corrupta”, lo cual nunca se concretó. La ex jefa del INPE, Rosa Mavila, al tratar sobre estas fugas y la necesidad de reestructurar dicho instituto, manifestó que “en las prisiones, la corrupción no es un fenómeno aislado sino sistemático, producto de las alianzas entre los operadores encargados del control y núcleos de presos”.

Asimismo en febrero, en el penal de Quencoro, Cusco, durante una fiesta de carnavales de las internas con participación de los agentes del INPE –autorizado por la directora del penal–, cinco de los agentes violaron a cinco internas. Además en mayo, se escaparon 44 internos del penal de San Humberto, en Bagua Grande, Amazonas, llevándose un fusil AKM de la policía. Lo increíble es que solo 3 meses antes requisaron de este penal 40 armas punzocortantes, droga, marihuana, 300 litros de chicha fermentada, machetes, verduguillos, navajas, once celulares y cámaras fotográficas.

Bajo este panorama, existen graves deficiencias penitenciarias que debería obligar al gobierno a declarar en emergencia al INPE y ejecutar una reforma integral del sistema penitenciario nacional, que busque solucionar los problemas de seguridad, corrupción, coimas, hacinamiento, tugurización, y de una infraestructura en críticas condiciones, con el fin que los penales puedan operar como verdaderos centros de resocialización.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de enero de 2010

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