Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL PENAL

La implementación del sistema de vigilancia electrónica personal penal a través del uso de grilletes electrónicos fue normado con ley 29499, enero 2010 y su reglamento (DS-003-2010-JUS), considerándose la adquisición de 2,000 grilletes con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria por S/150 millones, asegurando el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) su uso para 6,000 internos. Recién 7 años después, en enero del presente año, se reguló su uso (DL 1322) y en abril se otorgó la buena pro al consorcio Geosatis (empresa mexicano-peruana), actualmente hay solo dos reclusos usando grillete.

Estos dispositivos deberían usarse con carácter urgente para 240 procesados que se encuentran con arresto domiciliario por exceso de carcelería u otros motivos y requieren vigilancia policial (presencial y en muchos casos aleatoria), lo cual distrae las labores de muchos policías para verificar que permanezcan en su domicilio, pero esta condición judicial muchas veces es burlada, tal es el caso del delincuente Luis Donayre Flores (a) “Pato Ciego”, que el pasado 24 de noviembre, encontrándose con arresto domiciliario fue detenido en San Isidro tras robar a una cambista. 

Las autoridades penitenciarias resaltan que este sistema personal de vigilancia electrónica es prioritario para solucionar el hacinamiento de los penales, pero no debe considerarse como papel decisivo sino solo como un mecanismo para aliviarlo, tenemos 69 cárceles con capacidad para 36,000 reclusos pero actualmente albergan 84,000 con una terrible sobrepoblación de 133% que reflejan un grave descuido de décadas en políticas penitenciarias urgentes debido, entre otras razones, a cálculos electorales de los políticos porque no representan votos en el corto plazo.

Actualmente el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE están desde inicio de año declarados en emergencia por 2 años (DL 1325 fecha 5 enero) por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura, pero ha pasado un año y no se aprecian mejoras, lo que realmente se requiere es: agilizar las sentencias en el Poder Judicial (de 88,000 internos, menos de la mitad han sido sentenciados); eliminar los altos índices de corrupción penitenciaria y judicial; construir nuevas cárceles y ampliar la infraestructura en los espacios disponibles de las actuales; optimizar la gestión administrativa penitenciaria; implementar correccionales para trabajos en talleres y actividades educativas; mejorar la capacitación de los agentes penitenciarios; estudiar la factibilidad para tercerización de la administración y gestión de los penales; y mejorar las condiciones de los reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción social.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de diciembre de 2017


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