Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

PIEDRAS GORDAS, PENAL DE “MÍNIMA SEGURIDAD”

El pasado 31 de marzo escuchabamos con asombro e incredulidad anunciar al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodriguez, la destitución del director del penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas, Edwin Salazar, y los 180 agentes penitenciarios, por haberse roto los cordones y conductores de bloqueadores de celulares para permitir que los reos de alta peligrosidad efectúen llamadas, añadiendo que este centro “había pasado de ser un penal de máxima a otro de mínima seguridad”.

Sin embargo, a pesar de su costo de US$ 12 millones y dispositivos de seguridad con que fue conceptuado, tales como bloqueadores de celulares y cámaras de circuito cerrado, la historia de este penal señala que nunca ha contado con estándares de “máxima seguridad”. En diciembre de 2004 fue inaugurado, pero un año y medio después, en mayo de 2005, cuando habían más de 260 internos, el entonces jefe del INPE, Pedro Salas, reveló que la cárcel no era de extrema seguridad por insuficiencia de bloqueadores de celulares y equipos para control de visitas, y asimismo, no operaba el sistema eléctrico de las puertas de las celdas.

En una requisa efectuada el 30 de mayo de 2005 fueron incautados 11 celulares, y en noviembre destituyeron a dos ex directores, al administrador y jefe de seguridad por recibir coimas. Un año después, en junio de 2006, su entonces director, José Gamboa, fue destituido por recibir dinero de secuestradores y permitir la desactivación de 6 bloqueadores, y el 29 de agosto de 2007 fue capturado el jefe de seguridad del penal, Jorge Benavides, recibiendo una coima. El 2008 habian 26 bloqueadores, pero según el director en función, Leonardo Caparrós, no funcionaban correctamente por su mala instalación, y el 24 de setiembre de dicho año se volvieron a requisar 16 celulares y ketes de marihuana y cocaína.

Bajo este panorama, la seguridad interna de Piedras Gordas lo cataloga como un penal de “mínima seguridad”, primero, por problemas de corrupción e idoneidad de funcionarios y agentes, a quienes se les debe fortalecer su capacitación y formación ética, y rotarlos continuamente; y segundo, de control y seguridad, debiéndose revisar toda la política de seguridad, instalar más bloquedores fijos de celulares, poner operativos los sistemas de control y vigilancia, y cumplir con el régimen cerrado especial para reos peligrosos (etapa A), que dispone una estricta disciplina y vigilancia, restricciones de visitas y horarios de patio y cierre de celdas, y obligación diaria de trabajo o estudio.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de abril de 2010

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