Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

HACINAMIENTO EXTREMO EN NUESTROS PENALES: MEDIDAS URGENTES

Una principal preocupación de la nueva ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, es la grave situación de hacinamiento de nuestros penales, y tiene razón, porque actualmente hay 91,200 personas con problemas penales en el sistema penitenciario, de éstas, 13,900 en libertad con beneficios o penas limitativas y 77,300 cumpliendo penas en prisión hacinados en 68 cárceles con capacidad máxima para recibir 33,300, es decir, una increíble sobrepoblación de 44,000 presos (132%).

La ministra ha anunciado el traslado de presos extranjeros a sus países, la implementación de grilletes electrónicos y la aplicación de beneficios penitenciarios y de servicio comunitario. Respecto al traslado de presos extranjeros, tenemos vigente la ley 30219 (julio 2014) que regula el beneficio de retorno a su país de internos extranjeros para su reinserción, pero además de la falta de presupuesto, es solo aplicable a primeras condenas por delitos menores hasta 7 años y haber cumplido un tercio de su pena, actualmente son 1,800 (90% por tráfico de drogas) y podrían acogerse alrededor de 400, lo cual no es significativo para reducir el hacinamiento.

Respecto a grilletes electrónicos, la normatividad para su uso data de 2010, (ley 29499), se consideró la adquisición de 2,000 grilletes y en 2015 se adecuó su empleo (DL1229), pero hasta la fecha no se ha concretado nada. Y en relación a la aplicación de beneficios penitenciarios, estos, como gracias presidenciales, fueron desprestigiados y vilipendiados por la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena, la cual, en el período 2009-2010 otorgó liberación a 3,300 presos de los cuales 57 eran narcos que integraban bandas internacionales de carteles de la droga.

Bajo este panorama, la ministra de Justicia debería: 1) Declarar en emergencia el sistema penitenciario; 2) Gestionar el incremento de recursos para optimizar la administración penitenciaria; 3) Construir nuevas cárceles y ampliar la infraestructura en espacios disponibles de actuales; 4) Mejorar la seguridad (visitas, bloqueadores); 5) Eliminar los altos índices de corrupción; 6) Capacitar a trabajadores penitenciarios; 7) Implementar alternativas de penas para delitos menores (grilletes electrónicos, correccionales para trabajos en talleres y actividades educativas); 8) Agilizar las sentencias en el Poder Judicial (casi la mitad sin sentencia); 9) Estudio de factibilidad para tercerización de la administración y gestión de los penales; y 10) Mejorar las condiciones de los reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción social.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de agosto de 2016

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