Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

SISTEMA PENITENCIARIO: NO QUEREMOS VER LA REALIDAD


El pasado día 12 la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial “Retos del Sistema Penitenciario” en el que advierte que el nivel de hacinamiento en 54 de los 69 penales existentes en el país ha sido desbordado, de una capacidad máxima para recibir 39,156 internos actualmente albergan a 89,166, es decir, existe una increíble sobrepoblación de 128%, pero hay penales que tienen extrema sobrepoblación y hacinamiento como el penal del Callao Sarita Colonia casi en 500%, el penal Miguel Castro Castro (300%) y Lurigancho (200%). Además se presentan otros graves problemas, entre ellos, el nivel de internos sin condena llega al 40%, además, para personas vulnerables internadas hay déficit o ausencia de políticas de tratamiento, y los problemas de seguridad dentro de los penales son deficientes, en el penal de Lurigancho hay un solo agente penitenciario disponible para el resguardo de 117 internos y en el penal El Milagro (Trujillo) hay disponible un agente penitenciario para y 131 internos.

La inseguridad de los penales es realmente dramática, se perpetran extorsiones con celulares, se coordinan secuestros y crímenes por encargo y predomina una grave corrupción y discrecionalidad donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen bandas de secuestradores, narcotraficantes y escuelas de crimen, los decomisos de celulares, cocaína, licores, y armas son comunes, por lo que las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas a pesar de que existe un mandato constitucional que dispone que el sistema penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, es decir, su mandato se adscribe a la función resocializadora penitenciaria (Artículo 139 inciso 22), sin embargo esto no se ejecuta en los penales.

Aunque parezca increíble el sistema penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) se encuentran declarados en emergencia desde el 6 enero 2017 por 2 años que culmina el 6 enero 2019 (Decreto Legislativo 1325) a fin de revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional por deficiencias en seguridad, salud, hacinamiento, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la gestión administrativa e infraestructura, sin embargo, ya estamos solo a días de que concluya la declaratoria de emergencia y no se han logrado mejoras. El ministro de Justicia le debe una explicación al país sobre los resultados obtenidos en el sistema penitenciario nacional y en el Inpe durante estos dos años declarados en emergencia.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de diciembre de 2018


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