El
pasado día 19 el representante comercial de EE UU, Robert Lighthizer, (quien
asumió el cargo el 15 de mayo pasado) sancionó a la empresa peruana La Oroza que
opera en Loreto, Maynas, disponiendo, en el marco del Acuerdo de Promoción
Comercial Perú-EE UU (capítulo 18-medio ambiente, anexo 18.3.4-manejo del
sector forestal) que la Aduana y Protección Fronteriza de su país bloquee las
importaciones de madera de dicha empresa. En este caso, el Comité de Madera de
EE UU solicitó al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales del Perú
(Osinfor) que verifique si la empresa La Oroza había cumplido las leyes y
normas que rigen en nuestro país sobre extracción y comercio de madera
exportada a EE UU, determinando que gran parte del envío incumplía los
requisitos legales.
Tenemos
una nueva Ley Forestal 29763 y sus 4 reglamentos promulgados en setiembre 2015,
además comisión multisectorial, estrategia nacional de lucha contra la tala y
comercialización ilegal de madera, Osinfor, Sinafor, y hasta altos comisionados
contra la tala ilegal, sin embargo, anualmente perdemos 160,000 hectáreas de
bosques y estamos muy lejos de combatir eficazmente la tala y comercio ilegal.
La tala ilegal continúa imparable, taladores ilegales operan con impunidad por
falta de presencia del Estado, según Osinfor, de 4,420 inspecciones realizadas
entre 2009-2016 sobre extracción de madera de zonas autorizadas, el 80%
presentó irregularidades. Respecto al comercio ilegal, existen empresas con
madera ilegal en su cadena de suministro, asimismo, denuncias sobre
exportaciones ilegales utilizando documentos oficiales otorgados por
autoridades forestales; en noviembre 2015 se inmovilizaron en el puerto de
Iquitos 1,312 m3 de madera de origen ilegal valorizado en S/1.6 millones. Según el Banco Mundial,
80% de madera exportada desde nuestro país proviene de tala ilegal.
Bajo
este panorama, el comercio relacionado con la tala ilegal, incluido su tráfico,
socavan el comercio de productos legales, reducen el valor económico de los
recursos naturales y debilitan su conservación y manejo sostenible. Debemos
mejorar el sistema de prevención de tala ilegal con permanentes y eficientes
inspecciones y supervisiones especialmente en la selva central; controlar
adecuadamente las concesiones, constancias de posesión, titulaciones y uso de
cambio de suelo; investigar y fiscalizar con mayor énfasis el mercado negro de
madera; incentivar la reforestación de árboles maderables aclarando los
procesos para registrarlos; y aplicar con mayor rigurosidad medidas
anticorrupción para funcionarios que atenten contra la administración y control
de recursos forestales.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de octubre de 2017
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