En el
último Informe de Competitividad 2017-2018 presentado por el Foro Económico
Mundial (WEF), que evalúa los factores que fomentan la productividad y el
crecimiento de 137 países del mundo, nuestro país retrocedió 5 posiciones (del
67° al 72°) respecto al anterior 2015-2016, pero lo más preocupante es que de
los 12 pilares del índice, el mayor retroceso se ha presentado en
institucionalidad (10 puestos, del 106° al 116°), este pilar, el primero y uno
de los más importantes del informe, es analizado en 21 variables, y en más de
la mitad ocupamos los últimos puestos, entre ellos: carga de regulación gubernamental (puesto 131° entre 137°),
fiabilidad de los servicios policiales (130°), crimen organizado (129°),
eficiencia del marco legal en solución de controversias (129°), confianza en
los políticos (126°), costos del crimen y violencia (122°), comportamiento
ético de las empresas (121°), desvío de fondos públicos (118°), favoritismo en
decisiones de funcionarios del gobierno (114°), derechos de propiedad (109°),
independencia judicial (106°), eficiencia del gasto público (104°).
Tenemos innumerables problemas que demuestran una crisis de
institucionalidad, entre otros: Gobierno, reducida capacidad institucional para
disminuir la informalidad laboral y económica, carencia institucional de
gestión y recursos para mantener la ley y el orden, para brindar educación y
salud y proveer servicios básicos a los pobres; Congreso, falta de capacidad
que le impide equilibrar o coadyuvar acciones del gobierno; Partidos Políticos,
escasa credibilidad y bajos niveles de institucionalidad; Poder Judicial,
administración de justicia endeble, de muy baja calidad y falta de
transparencia.
Bajo este panorama el objetivo principal de las instituciones
en la sociedad es reducir la incertidumbre y establecer una estructura estable
de la interacción humana que garantice una gestión eficaz del Estado y
represente el potencial de crecimiento y desarrollo del país. Por falta de
instituciones fuertes todos los avances que se logren en materia económica o
financiera se limitarán a mejoras marginales, requerimos de instituciones
fortalecidas que garanticen la igualdad ante la ley, seguridad jurídica,
respeto al derecho de propiedad y control del crimen organizado y violencia.
Debemos mejorar la calidad y capacidad de nuestras instituciones y construir un
entorno institucional sólido y justo priorizando las reformas del Estado, con
énfasis especial en la recuperación de la capacidad del gobierno, organismos de
gestión centrales, sector público en gestión e innovación, legislativo,
judicial, partidos políticos, electoral, y en descentralización y
participación.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de noviembre 2017
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