La
extracción de oro aluvial ilegal en nuestro país se intensificó el período
1970-1980 por el aumento de su precio internacional (de US$ 35 la onza a US$
700). Esta actividad ilegal se consolidó en 1980 en las subcuencas de los ríos
Colorado (afluente del río Madre de Dios), Inambari y Tambopata
(estableciéndose el asentamiento Caychive-Inambari y asociaciones de pequeños
mineros Tambopata-Malinowski).
En
1985 llegó a su mayor nivel en Huepetuhe (en 1975 el Banco Minero registraba en
dicha zona 1,500 millones de m3 de oro y en 1999 solo 180 millones de m3) así
como en La Pampa. El oro que se produce en los lavaderos de Madre de Dios (cuya
población aumentó 400% en los últimos años) tiene una calidad de 23 quilates,
superior a otras regiones afectadas por esta ilícita actividad (Puno, Loreto, Huánuco).
Entre
15% y 22% de nuestro oro exportado proviene de la minería ilegal evadiendo impuestos
por más de US$ 300 millones. Según la Sunat el 2014 se vendieron US$ 3,000
millones de oro ilegal peruano (unas 120 toneladas), y una investigación de Ojo
Público advierte que empresas de EU. Suiza, Italia y Emiratos Árabes Unidos (que
centralizaron sus operaciones en Lima los últimos años) y están relacionadas
con el London Bullion Market Association (LBMA) principal financistas de la
minería ilegal de oro en Sudamérica, son sospechosas de lavar cientos de
toneladas de oro presuntamente ilegal.
También
100 kilos de oro ilegal salen del país por la frontera con Bolivia (desde La
Rinconada, Ananea, Sandia y Desaguadero en Puno y desde Madre de Dios a la
selva boliviana), tanto en contrabando “tipo hormiga” y hasta en avionetas (200
kg en cada vuelo). Y la red de Peter Ferrari, solo entre 2012 y 2013 exportó 14
toneladas de oro ilegal a EU por unos US$ 700 millones.
Bajo
este panorama, nuestro oro sigue saliendo ilegalmente del país sin poder
contrarrestarse. Se requiere la formalización de los mineros ilegales y mayores
restricciones y control de ingreso de combustible y mercurio y venta de
maquinarias a zonas de minería ilegal, mayor control en la comercialización del
oro a las empresas exportadoras, compartir datos comerciales con países
importadores de nuestro oro (EE UU., Suiza, Italia, la India, Dubai) para
investigar lavado de activos, y mayor control del contrabando de oro en la
frontera con Bolivia.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de octubre
de 2015
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